En el marco de los planes de expulsión de migrantes en situación irregular en el país, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el Gobierno se encuentra trabajando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, al menos “a nivel consular”. La iniciativa surge luego de que el pasado jueves, 40 extranjeros en situación migratoria irregular fueron expulsados de Chile hacia sus países de origen. No obstante, y debido a que no está permitido el aterrizaje de vuelos chilenos en territorio venezolano, en dicho operativo no hubo ciudadanos de ese país. En diálogo con Estado Nacional, el secretario de Estado fue interrogado sobre lo que ocurrirá con las personas venezolanas que mantienen órdenes de expulsión vigentes. En esa línea, explicó: “ El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”. Asimismo, y sobre los eventuales plazos para concretar estas expulsiones, señaló que como Gobierno están “ tratando de que sea lo más rápido posible y que estas conversaciones, en el corto plazo, puedan llegar a buen término”. Sobre lo anterior, reafirmó que el canciller se encuentra “en conversaciones” con autoridades venezolanas para restablecer las relaciones diplomáticas. Finalmente, valoró la gestión del presidente José Antonio Kast en materia migratoria. “En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva”, zanjó. Fuente: biobiochile.cl
Tras años de lucha por un servicio digno y de calidad, adviertió que no aceptará retrocesos ni obstrucciones: “Durante años hemos peleado para que Punta Arenas tenga un transporte público digno y de calidad. Asimismo, exigimos que pronto sea posible en toda la calle y que venga alguien recién designado a ver, cuyo único mérito es ser militante de un partido político, y advierte que está puesto en duda hoy día un gran proyecto y no lo vamos aceptar”. Ante esta situación, Bianchi anunció que citará al ministro de Transportes ante la Comisión de Transportes del Senado para que dé cuenta y explicaciones sobre lo manifestado por su Seremi, quien habría sembrado incertidumbre respecto al proyecto. “No se puede hoy día colocar en dudas un proyecto que es parte fundamental del transporte público de la ciudad”, sentenció. El proyecto es considerado por la comunidad como una pieza clave para resolver décadas de déficit en movilidad urbana. La citación al ministro busca aclarar el respaldo del gobierno central a esta iniciativa y despejar cualquier intento de desviar recursos o frenar su ejecución por intereses políticos. Se espera que en los próximos días la comisión senatorial confirme la fecha de la comparecencia.
El periodista consultó al secretario de Estado si el actual Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, había cumplido con su compromiso de derogar esa norma, que Chile considera contraria a los Tratados de Límites de 1881 y el de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que reconocen la soberanía plena de Chile sobre esas aguas. Barros reconoció que se trata de un tema complejo, aunque enfatizó el excelente estado de las relaciones bilaterales. Tenemos muy buenas relaciones con Argentina. De hecho, terminando esta conversación voy a recibir al embajador de Argentina en Chile, quien me hace una visita de cortesía tras mi designación como ministro, señaló. El ministro destacó los avances concretos en cooperación: Estamos trabajando con comisiones conjuntas en ejercicios, en acciones de rescate, tenemos instrucciones comunes. Nuestra gente va, ellos vienen. Hay un par de temas que están pendientes, pero vienen más del mundo político que del mundo de las Fuerzas Armadas y de la Argentina oficial. Respecto al punto específico del Estrecho, Barros fue claro: Yo sé que es parte de la política de defensa algunas referencias a la boca oriental del Estrecho de Magallanes como algo compartido, pero los tratados que tenemos son clarísimos. Las mismas autoridades serias, formales y técnicas sobre la materia dejan en claro que la línea que está trazada en la boca oriental es el límite oficial, y desde allí hacia el oriente ya no es el Estrecho de Magallanes, sino el Atlántico. Ante la insistencia del periodista sobre la vigencia del decreto, el ministro explicó que más que un decreto se trató de una directriz presidencial del exmandatario Fernández, cuyo texto aún permanece formalmente. Sin embargo, Barros transmitió tranquilidad desde el punto de vista del derecho internacional y la posición oficial de ambos países. Es importante que se resuelva a la brevedad, porque de allí surgen peticiones y empiezan las asperezas, donde uno finalmente no quiere llegar, admitió el ministro. No obstante, concluyó que en este caso no se genera un precedente negativo: Desde el punto de vista de los precedentes del derecho internacional y de la posición oficial de los países, estamos tranquilos. Contexto actual En marzo de 2025, el Gobierno argentino informó oficialmente a Chile que se encontraba elaborando una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que, una vez publicada, dejaría sin efecto el Decreto 457/2021, reconociendo que la administración anterior había cometido un error de interpretación de los tratados vigentes. Hasta la fecha de la entrevista, la nueva directiva aún no había sido promulgada, lo que explica la cautela expresada por el ministro Barros. Esta cuestión, aunque delicada, no ha afectado el buen clima de colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países, que mantienen ejercicios conjuntos y mecanismos de confianza mutua consolidados en los últimos años. (Luis Andres Lautaro) Fuente: defensa.com
El proyecto del Serviu consideraba transformar el terreno en un parque urbano con viviendas. El juez César Millanao, del 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas, ordenó la retención de los montos consignados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, como parte de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas para la construcción de viviendas y áreas verdes, dictada en noviembre del año pasado. Esto, en respuesta a un escrito presentado por el Serviu ante el tribunal, en el cual se solicitó retener los montos como parte de la expropiación, pues desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, se decidió desistirse del mencionado procedimiento. “Se ordena la retención de los montos consignados por el expropiante”, dijo el juez en una resolución del pasado 27 de marzo. El proceso fue iniciado en la administración Boric y se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario del terreno activó una arremetida judicial exigiendo un pago de al menos US$ 53,8 millones. La expropiación forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que busca habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales. Sin embargo, el pasado 23 de marzo, el ministro Poduje envió un oficio ordinario dirigido al director del Serviu de Magallanes “con el objeto de instruir el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas”. En el mencionado oficio, el secretario de Estado detalló que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. “A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco”, sostuvo. Además, hizo referencia al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gasto bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible. “El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular, en tanto no constituye aún una obligación legal exigible -atendido que el cheque no ha sido girado- y que la obra o fin público que motivó la expropiación no se encuentra en condición de ejecución inmediata”, dijo el ministro. El abogado de la sociedad, Felipe Molina, sostiene que, conforme al artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, “el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante”. Velaremos porque cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso, dijo a este medio. Fuente: df.cl
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al hecho de que la Contraloría pidió explicaciones por el polémico posteo en redes oficiales en que se indicó que el Estado de Chile estaba “en quiebra”. Fue a través de un oficio, al que accedió BBCL Investiga, que el ente contralor solicitó a la titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aclarar las circunstancias de dicha publicación. Esto en un plazo de cinco días hábiles. “Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, dice el oficio. Consultado al respecto, el titular de Hacienda contestó: “Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado”. “Siempre he dicho que es estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión que es la correcta”, complementó. Finalmente, respecto a si fue un error —o no — de la vocería, Quiroz zanjó: “No me voy a pronunciar sobre la vocería”. Fuente: biobiochile.cl
En el marco de los planes de expulsión de migrantes en situación irregular en el país, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el Gobierno se encuentra trabajando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, al menos “a nivel consular”. La iniciativa surge luego de que el pasado jueves, 40 extranjeros en situación migratoria irregular fueron expulsados de Chile hacia sus países de origen. No obstante, y debido a que no está permitido el aterrizaje de vuelos chilenos en territorio venezolano, en dicho operativo no hubo ciudadanos de ese país. En diálogo con Estado Nacional, el secretario de Estado fue interrogado sobre lo que ocurrirá con las personas venezolanas que mantienen órdenes de expulsión vigentes. En esa línea, explicó: “ El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”. Asimismo, y sobre los eventuales plazos para concretar estas expulsiones, señaló que como Gobierno están “ tratando de que sea lo más rápido posible y que estas conversaciones, en el corto plazo, puedan llegar a buen término”. Sobre lo anterior, reafirmó que el canciller se encuentra “en conversaciones” con autoridades venezolanas para restablecer las relaciones diplomáticas. Finalmente, valoró la gestión del presidente José Antonio Kast en materia migratoria. “En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva”, zanjó. Fuente: biobiochile.cl
Tras años de lucha por un servicio digno y de calidad, adviertió que no aceptará retrocesos ni obstrucciones: “Durante años hemos peleado para que Punta Arenas tenga un transporte público digno y de calidad. Asimismo, exigimos que pronto sea posible en toda la calle y que venga alguien recién designado a ver, cuyo único mérito es ser militante de un partido político, y advierte que está puesto en duda hoy día un gran proyecto y no lo vamos aceptar”. Ante esta situación, Bianchi anunció que citará al ministro de Transportes ante la Comisión de Transportes del Senado para que dé cuenta y explicaciones sobre lo manifestado por su Seremi, quien habría sembrado incertidumbre respecto al proyecto. “No se puede hoy día colocar en dudas un proyecto que es parte fundamental del transporte público de la ciudad”, sentenció. El proyecto es considerado por la comunidad como una pieza clave para resolver décadas de déficit en movilidad urbana. La citación al ministro busca aclarar el respaldo del gobierno central a esta iniciativa y despejar cualquier intento de desviar recursos o frenar su ejecución por intereses políticos. Se espera que en los próximos días la comisión senatorial confirme la fecha de la comparecencia.
El periodista consultó al secretario de Estado si el actual Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, había cumplido con su compromiso de derogar esa norma, que Chile considera contraria a los Tratados de Límites de 1881 y el de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que reconocen la soberanía plena de Chile sobre esas aguas. Barros reconoció que se trata de un tema complejo, aunque enfatizó el excelente estado de las relaciones bilaterales. Tenemos muy buenas relaciones con Argentina. De hecho, terminando esta conversación voy a recibir al embajador de Argentina en Chile, quien me hace una visita de cortesía tras mi designación como ministro, señaló. El ministro destacó los avances concretos en cooperación: Estamos trabajando con comisiones conjuntas en ejercicios, en acciones de rescate, tenemos instrucciones comunes. Nuestra gente va, ellos vienen. Hay un par de temas que están pendientes, pero vienen más del mundo político que del mundo de las Fuerzas Armadas y de la Argentina oficial. Respecto al punto específico del Estrecho, Barros fue claro: Yo sé que es parte de la política de defensa algunas referencias a la boca oriental del Estrecho de Magallanes como algo compartido, pero los tratados que tenemos son clarísimos. Las mismas autoridades serias, formales y técnicas sobre la materia dejan en claro que la línea que está trazada en la boca oriental es el límite oficial, y desde allí hacia el oriente ya no es el Estrecho de Magallanes, sino el Atlántico. Ante la insistencia del periodista sobre la vigencia del decreto, el ministro explicó que más que un decreto se trató de una directriz presidencial del exmandatario Fernández, cuyo texto aún permanece formalmente. Sin embargo, Barros transmitió tranquilidad desde el punto de vista del derecho internacional y la posición oficial de ambos países. Es importante que se resuelva a la brevedad, porque de allí surgen peticiones y empiezan las asperezas, donde uno finalmente no quiere llegar, admitió el ministro. No obstante, concluyó que en este caso no se genera un precedente negativo: Desde el punto de vista de los precedentes del derecho internacional y de la posición oficial de los países, estamos tranquilos. Contexto actual En marzo de 2025, el Gobierno argentino informó oficialmente a Chile que se encontraba elaborando una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que, una vez publicada, dejaría sin efecto el Decreto 457/2021, reconociendo que la administración anterior había cometido un error de interpretación de los tratados vigentes. Hasta la fecha de la entrevista, la nueva directiva aún no había sido promulgada, lo que explica la cautela expresada por el ministro Barros. Esta cuestión, aunque delicada, no ha afectado el buen clima de colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países, que mantienen ejercicios conjuntos y mecanismos de confianza mutua consolidados en los últimos años. (Luis Andres Lautaro) Fuente: defensa.com
El proyecto del Serviu consideraba transformar el terreno en un parque urbano con viviendas. El juez César Millanao, del 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas, ordenó la retención de los montos consignados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, como parte de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas para la construcción de viviendas y áreas verdes, dictada en noviembre del año pasado. Esto, en respuesta a un escrito presentado por el Serviu ante el tribunal, en el cual se solicitó retener los montos como parte de la expropiación, pues desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, se decidió desistirse del mencionado procedimiento. “Se ordena la retención de los montos consignados por el expropiante”, dijo el juez en una resolución del pasado 27 de marzo. El proceso fue iniciado en la administración Boric y se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario del terreno activó una arremetida judicial exigiendo un pago de al menos US$ 53,8 millones. La expropiación forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que busca habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales. Sin embargo, el pasado 23 de marzo, el ministro Poduje envió un oficio ordinario dirigido al director del Serviu de Magallanes “con el objeto de instruir el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas”. En el mencionado oficio, el secretario de Estado detalló que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. “A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco”, sostuvo. Además, hizo referencia al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gasto bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible. “El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular, en tanto no constituye aún una obligación legal exigible -atendido que el cheque no ha sido girado- y que la obra o fin público que motivó la expropiación no se encuentra en condición de ejecución inmediata”, dijo el ministro. El abogado de la sociedad, Felipe Molina, sostiene que, conforme al artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, “el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante”. Velaremos porque cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso, dijo a este medio. Fuente: df.cl
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al hecho de que la Contraloría pidió explicaciones por el polémico posteo en redes oficiales en que se indicó que el Estado de Chile estaba “en quiebra”. Fue a través de un oficio, al que accedió BBCL Investiga, que el ente contralor solicitó a la titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aclarar las circunstancias de dicha publicación. Esto en un plazo de cinco días hábiles. “Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, dice el oficio. Consultado al respecto, el titular de Hacienda contestó: “Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado”. “Siempre he dicho que es estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión que es la correcta”, complementó. Finalmente, respecto a si fue un error —o no — de la vocería, Quiroz zanjó: “No me voy a pronunciar sobre la vocería”. Fuente: biobiochile.cl
