La aprobación de casi la totalidad de la megarreforma en su tercer trámite constitucional no puso fin a la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno. Apenas concluida la votación en la Cámara de Diputados este martes, parlamentarios de oposición concretaron la ofensiva que habían anticipado durante la tramitación de la iniciativa e ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando declarar inconstitucionales algunas de sus disposiciones más relevantes. Aunque las presentaciones tienen distintos patrocinantes, todas apuntan a frenar normas que la oposición considera incompatibles con la Constitución. Dos de ellas se enfocan en el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, mientras que la tercera cuestiona el régimen de indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales. El primer frente: la invariabilidad tributaria en la megarreforma El primero de los requerimientos fue presentado por 21 senadores de oposición y busca que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales los artículos 29 y 38 del proyecto, que crean un régimen de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones por plazos de 10, 15 y hasta 20 años. En la presentación, los parlamentarios sostienen que impedir durante esos períodos la modificación de determinadas reglas tributarias vulnera el principio democrático y la alternancia en el poder, al limitar la capacidad de futuros gobiernos y del Congreso para modificar la legislación tributaria. A juicio de los requirentes, el proyecto no solo protege los contratos que eventualmente se suscriban con inversionistas, sino que busca hacer inalterables las propias normas legales, lo que califican como incompatible con una república democrática. El segundo: indemnizaciones por RCAs anuladas La segunda acción constitucional también fue ingresada por senadores y apunta a los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecen un régimen especial de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada mediante una sentencia firme. La norma permitiría que el titular de un proyecto reciba una compensación con cargo al Fisco por los gastos directos y efectivos en que incurrió, sin necesidad de acreditar una falta de servicio por parte del Estado. Según el requerimiento, ello configura un estatuto privilegiado que vulnera la igualdad ante la ley, altera el régimen constitucional de responsabilidad estatal y puede afectar la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, advierte que la anulación de una RCA puede obedecer tanto a errores de la administración como a deficiencias del propio proyecto, por lo que consideran injustificado que el Estado deba asumir ese costo. El requerimiento de diputados de oposición La última presentación fue patrocinada por diputados de oposición y también centra sus cuestionamientos en la invariabilidad tributaria, aunque amplía las objeciones constitucionales respecto del diseño del proyecto. Los parlamentarios sostienen que permitir que una ley establezca su propia invariabilidad abre la puerta a que futuras legislaciones pretendan hacer lo mismo, afectando las potestades del Congreso y el funcionamiento del sistema democrático. En el escrito incluso se califica la figura como un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”. Con los tres requerimientos ya ingresados, el Tribunal Constitucional deberá revisar primero si cumplen los requisitos de admisibilidad. En caso de acogerlos a trámite, el organismo deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones y determinar si las normas cuestionadas se ajustan o no a la Constitución antes de la promulgación definitiva de la megarreforma. Fuente: biobiochile.cl
Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones. Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados. Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto. La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio). No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración. Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir , ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales. Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo). Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso. El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto. Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda. Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto. Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar. La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial). La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso. No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico. El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación. Fuente: latercera.com
Un llamado a defender la autonomía regional y el desarrollo de la infraestructura del extremo sur realizó el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales. Esto, tras ingresar formalmente una solicitud de oficio dirigida al presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA), exigiendo transparentar de manera urgente el estado de la cartera de inversiones ante el riesgo de que el nivel central recorte o postergue obras clave. El parlamentario manifestó su preocupación por las señales del Ministerio de Hacienda que apuntan a una revisión restrictiva de los créditos internacionales de la EPA —como los gestionados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— bajo argumentos de estrechez fiscal. A juicio del senador Bianchi, esta situación amenaza directamente la ejecución de la ampliación del muelle Mardones, la mejora del muelle Prat y la conectividad en Puerto Williams. Las decisiones de Magallanes no se toman en Santiago No podemos permitir que las urgencias de caja del nivel central terminen pagándose con el aislamiento de nuestra región. La infraestructura portuaria no es un lujo para Magallanes, es conectividad básica, es abastecimiento y es el motor de industrias clave como el Hidrógeno Verde y la proyección antártica. La EPA tiene autonomía por ley y su deber es defender el desarrollo estratégico regional por sobre las presiones de Santiago, enfatizó el parlamentario. El legislador criticó también que este tipo de decisiones se manejen con hermetismo. El desarrollo de nuestra zona exige una discusión técnica seria y de cara a la ciudadanía. Menos reuniones protocolares de cortesía y más transparencia real con los recursos que legalmente le corresponden a Magallanes, finalizó. Fiscalización e información financiera urgente A través del oficio ingresado bajo las potestades del artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el senador Bianchi exigió formalmente a la Empresa Portuaria Austral la entrega de tres antecedentes clave: - Copia íntegra de las actas de directorio del primer semestre de 2026, específicamente en las sesiones donde se haya debatido o resuelto modificar, suspender o reevaluar proyectos debido a la situación fiscal del Estado. - Detalle del estado de priorización de obras, individualizando con precisión qué proyectos para las comunas de Magallanes mantendrán su financiamiento y cuáles se encuentran congelados o bajo revisión técnica. - Transparencia sobre los créditos internacionales, informando si los dineros aprobados por entidades internacionales se encuentran íntegramente en el patrimonio de la EPA o si han sufrido retenciones o retrasos por orden de la Dirección de Presupuestos (Dipres) o el Ministerio de Hacienda.
Finalmente, el gobierno de José Antonio Kast publicó la meta fiscal que guiará el manejo de las finanzas públicas durante esta administración. Y como se anticipó, no cumplirá con la promesa de campaña de llegar a balance fiscal de 0% estructural al 2030. De acuerdo a lo informado este martes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al 2030 el gobierno se compromete a un balance fiscal estructural de -1,5% del PIB, es decir, se mantendrá el déficit. La ruta parte de un -2,6% del PIB en 2026, -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030. La meta al 2030 es levemente inferior a lo proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que fue de -1,8% del PIB. Lo que sí se mantuvo como meta fue que la deuda pública como porcentaje del PIB no superará el 45% del PIB. El ministro aclaró que la meta de mantener el límite de la deuda en 45% del PIB es anual, es decir, el objetivo es no superar ese límite, aunque reconoció que pueden haber imponderables que podrían llevar a que ese techo se sobrepase. Según lo señalado por Quiroz, en este compromiso fiscal se incluyeron los efectos de la megarreforma que hoy se tramita en el Senado. El ministro afirmó que la reducción del déficit fiscal tendrá directa relación con el crecimiento económico. Además, explicó que los supuestos detrás del crecimiento económico son los mismos que contiene el proyecto de reconstrucción o megarreforma. Fuente: latercera.com
Cerca de las 10:20 horas de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general la megarreforma para la reconstrucción, por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Tras la votación desde el oficialismo celebraron con un “Ce Hache I”. Mientrras en la sala de la Cámara también estaban presentes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior y Segegob, Claudio Alvarado y de Segrpres, José García Ruminot, quienes festejaron con mesura. A favor del proyecto votaron los parlamentarios oficialistas y del PDG. Mientras la oposición, que contó con varias ausencias, votó en contra. La abstención vino de parte del diputado Jaime Mulet del FRVS. Para la aprobación del proyecto, se requerían 78 votos, por lo que el gobierno logró un respaldo holgado. Posteriormente, vino la votación en general del Artículo 11, 14, 16 y 17 del proyecto que también requería de 78 votos para asu aprobación. Acá se lograron 84 votos a favor y 67 3n contra. Fuente: latercera.com
La aprobación de casi la totalidad de la megarreforma en su tercer trámite constitucional no puso fin a la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno. Apenas concluida la votación en la Cámara de Diputados este martes, parlamentarios de oposición concretaron la ofensiva que habían anticipado durante la tramitación de la iniciativa e ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando declarar inconstitucionales algunas de sus disposiciones más relevantes. Aunque las presentaciones tienen distintos patrocinantes, todas apuntan a frenar normas que la oposición considera incompatibles con la Constitución. Dos de ellas se enfocan en el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, mientras que la tercera cuestiona el régimen de indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales. El primer frente: la invariabilidad tributaria en la megarreforma El primero de los requerimientos fue presentado por 21 senadores de oposición y busca que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales los artículos 29 y 38 del proyecto, que crean un régimen de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones por plazos de 10, 15 y hasta 20 años. En la presentación, los parlamentarios sostienen que impedir durante esos períodos la modificación de determinadas reglas tributarias vulnera el principio democrático y la alternancia en el poder, al limitar la capacidad de futuros gobiernos y del Congreso para modificar la legislación tributaria. A juicio de los requirentes, el proyecto no solo protege los contratos que eventualmente se suscriban con inversionistas, sino que busca hacer inalterables las propias normas legales, lo que califican como incompatible con una república democrática. El segundo: indemnizaciones por RCAs anuladas La segunda acción constitucional también fue ingresada por senadores y apunta a los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecen un régimen especial de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada mediante una sentencia firme. La norma permitiría que el titular de un proyecto reciba una compensación con cargo al Fisco por los gastos directos y efectivos en que incurrió, sin necesidad de acreditar una falta de servicio por parte del Estado. Según el requerimiento, ello configura un estatuto privilegiado que vulnera la igualdad ante la ley, altera el régimen constitucional de responsabilidad estatal y puede afectar la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, advierte que la anulación de una RCA puede obedecer tanto a errores de la administración como a deficiencias del propio proyecto, por lo que consideran injustificado que el Estado deba asumir ese costo. El requerimiento de diputados de oposición La última presentación fue patrocinada por diputados de oposición y también centra sus cuestionamientos en la invariabilidad tributaria, aunque amplía las objeciones constitucionales respecto del diseño del proyecto. Los parlamentarios sostienen que permitir que una ley establezca su propia invariabilidad abre la puerta a que futuras legislaciones pretendan hacer lo mismo, afectando las potestades del Congreso y el funcionamiento del sistema democrático. En el escrito incluso se califica la figura como un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”. Con los tres requerimientos ya ingresados, el Tribunal Constitucional deberá revisar primero si cumplen los requisitos de admisibilidad. En caso de acogerlos a trámite, el organismo deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones y determinar si las normas cuestionadas se ajustan o no a la Constitución antes de la promulgación definitiva de la megarreforma. Fuente: biobiochile.cl
Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones. Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados. Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto. La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio). No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración. Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir , ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales. Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo). Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso. El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto. Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda. Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto. Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar. La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial). La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso. No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico. El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación. Fuente: latercera.com
Un llamado a defender la autonomía regional y el desarrollo de la infraestructura del extremo sur realizó el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales. Esto, tras ingresar formalmente una solicitud de oficio dirigida al presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA), exigiendo transparentar de manera urgente el estado de la cartera de inversiones ante el riesgo de que el nivel central recorte o postergue obras clave. El parlamentario manifestó su preocupación por las señales del Ministerio de Hacienda que apuntan a una revisión restrictiva de los créditos internacionales de la EPA —como los gestionados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— bajo argumentos de estrechez fiscal. A juicio del senador Bianchi, esta situación amenaza directamente la ejecución de la ampliación del muelle Mardones, la mejora del muelle Prat y la conectividad en Puerto Williams. Las decisiones de Magallanes no se toman en Santiago No podemos permitir que las urgencias de caja del nivel central terminen pagándose con el aislamiento de nuestra región. La infraestructura portuaria no es un lujo para Magallanes, es conectividad básica, es abastecimiento y es el motor de industrias clave como el Hidrógeno Verde y la proyección antártica. La EPA tiene autonomía por ley y su deber es defender el desarrollo estratégico regional por sobre las presiones de Santiago, enfatizó el parlamentario. El legislador criticó también que este tipo de decisiones se manejen con hermetismo. El desarrollo de nuestra zona exige una discusión técnica seria y de cara a la ciudadanía. Menos reuniones protocolares de cortesía y más transparencia real con los recursos que legalmente le corresponden a Magallanes, finalizó. Fiscalización e información financiera urgente A través del oficio ingresado bajo las potestades del artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el senador Bianchi exigió formalmente a la Empresa Portuaria Austral la entrega de tres antecedentes clave: - Copia íntegra de las actas de directorio del primer semestre de 2026, específicamente en las sesiones donde se haya debatido o resuelto modificar, suspender o reevaluar proyectos debido a la situación fiscal del Estado. - Detalle del estado de priorización de obras, individualizando con precisión qué proyectos para las comunas de Magallanes mantendrán su financiamiento y cuáles se encuentran congelados o bajo revisión técnica. - Transparencia sobre los créditos internacionales, informando si los dineros aprobados por entidades internacionales se encuentran íntegramente en el patrimonio de la EPA o si han sufrido retenciones o retrasos por orden de la Dirección de Presupuestos (Dipres) o el Ministerio de Hacienda.
Finalmente, el gobierno de José Antonio Kast publicó la meta fiscal que guiará el manejo de las finanzas públicas durante esta administración. Y como se anticipó, no cumplirá con la promesa de campaña de llegar a balance fiscal de 0% estructural al 2030. De acuerdo a lo informado este martes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al 2030 el gobierno se compromete a un balance fiscal estructural de -1,5% del PIB, es decir, se mantendrá el déficit. La ruta parte de un -2,6% del PIB en 2026, -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030. La meta al 2030 es levemente inferior a lo proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que fue de -1,8% del PIB. Lo que sí se mantuvo como meta fue que la deuda pública como porcentaje del PIB no superará el 45% del PIB. El ministro aclaró que la meta de mantener el límite de la deuda en 45% del PIB es anual, es decir, el objetivo es no superar ese límite, aunque reconoció que pueden haber imponderables que podrían llevar a que ese techo se sobrepase. Según lo señalado por Quiroz, en este compromiso fiscal se incluyeron los efectos de la megarreforma que hoy se tramita en el Senado. El ministro afirmó que la reducción del déficit fiscal tendrá directa relación con el crecimiento económico. Además, explicó que los supuestos detrás del crecimiento económico son los mismos que contiene el proyecto de reconstrucción o megarreforma. Fuente: latercera.com
Cerca de las 10:20 horas de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general la megarreforma para la reconstrucción, por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Tras la votación desde el oficialismo celebraron con un “Ce Hache I”. Mientrras en la sala de la Cámara también estaban presentes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior y Segegob, Claudio Alvarado y de Segrpres, José García Ruminot, quienes festejaron con mesura. A favor del proyecto votaron los parlamentarios oficialistas y del PDG. Mientras la oposición, que contó con varias ausencias, votó en contra. La abstención vino de parte del diputado Jaime Mulet del FRVS. Para la aprobación del proyecto, se requerían 78 votos, por lo que el gobierno logró un respaldo holgado. Posteriormente, vino la votación en general del Artículo 11, 14, 16 y 17 del proyecto que también requería de 78 votos para asu aprobación. Acá se lograron 84 votos a favor y 67 3n contra. Fuente: latercera.com
