ANATRIMP Magallanes expone su labor y aborda movilización por bono asociado a la reforma previsional En la edición de hoy del espacio “La Voz de la ANEF en Magallanes”, conocimos a Gerardo, presidente, y Catalina, tesorera de la Asociación Nacional de Trabajadores IPS (ANATRIMP), organización que reúne a funcionarios del Instituto de Previsión Social en la región. Durante la entrevista, ambos dirigentes explicaron en detalle la labor que desarrolla el IPS en Magallanes, destacando el rol social que cumple la institución al atender a miles de usuarios y garantizar el acceso a beneficios del Estado. Subrayaron además la importancia del trabajo que realizan día a día los funcionarios, muchas veces enfrentando alta demanda y desafíos operativos propios del territorio. Un punto central de la conversación fue la movilización que actualmente lleva adelante ANATRIMP, en el marco de la discusión sobre la reforma previsional. Los representantes explicaron que los trabajadores están solicitando un bono compensatorio, expresando su descontento frente a lo que consideran una falta de reconocimiento a su labor en el proceso de implementación de cambios estructurales en el sistema previsional. Gerardo y Catalina hicieron un llamado a las autoridades a abrir espacios de diálogo y atender las demandas del sector, enfatizando que las movilizaciones continuarán mientras no existan avances concretos. 🔹 Te invitamos a revisar la entrevista completa para conocer en profundidad la labor del IPS, el rol de ANATRIMP en la región y las razones detrás de la movilización de sus trabajadores.
En conversación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba Marín, informó sobre la manifestación que se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre al mediodía en la Plaza de Armas de Punta Arenas, bajo el lema “En defensa de la función pública. Ni un paso atrás en nuestros derechos”. La acción consistió en un banderazo convocado por la organización, cuyo objetivo fue visibilizar el descontento de los trabajadores públicos respecto al proyecto de ley sobre subsidio de incapacidad laboral, actualmente en evaluación en la comisión del Senado. Según indicó, dicho proyecto fue presentado sin consulta previa a los funcionarios y genera preocupación por eventuales retrocesos en derechos ya adquiridos. “Nosotros no estamos en contra que haya una fiscalización a las licencias médicas, pero lo que no queremos es que existan retrocesos en lo que ya hemos adquirido como funcionarios públicos hace mucho tiempo”, afirmó Córdoba. La presidenta de ANEF Magallanes recalcó que la manifestación buscó hacer un llamado tanto a las autoridades regionales como nacionales para retirar el proyecto de ley del Congreso y mejorarlo en un nuevo proceso de trabajo, esta vez con la participación de los trabajadores públicos.
El pasado viernes se realizó en Puerto Natales una manifestación pacífica convocada por la Asociación Gremial de Prestadores de Servicios a la Industria Acuícola y Pesca Natales (Apsia), junto con sindicatos de trabajadores de Australis Seafoods y AquaChile, en rechazo al borrador del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, que ha despertado preocupación en la comunidad local y en los gremios vinculados a la salmonicultura. La actividad reunió a dirigentes gremiales, trabajadores y vecinos, quienes posteriormente sostuvieron un diálogo con el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz, para exponer directamente las inquietudes del sector respecto a la falta de certezas sobre el futuro de la salmonicultura en la región de Magallanes. Pablo Ampuero, gerente general de Apsia, explicó a Salmonexpert que la inquietud principal radica en la falta de certezas técnicas y normativas respecto del borrador. “Lo que hoy día nos preocupa es que no existe claridad con respecto a lo técnico del plan. La Conaf no tiene garantías de que este documento, que aún es preliminar, esté siendo diseñado pensando en la industria acuícola que ya está instalada en la zona. Nada asegura la renovación de las concesiones, tampoco hay certeza sobre la clasificación de las zonas y la consulta ciudadana que se ha impulsado no es vinculante. En la práctica, hoy día no hay nada que garantice que la industria pueda seguir operando en Magallanes, y eso genera especulación, frena inversiones y pone en pausa el desarrollo del sector”, sostuvo Ampuero. El dirigente enfatizó que, si bien se ha planteado la opción de relocalizar concesiones, esta alternativa está lejos de ser una solución realista. “Se habla de relocalización, pero en la práctica esas relocalizaciones no son una garantía. Pueden decirnos que de tal territorio hacia otro lado podemos instalarnos, pero nadie asegura que esos nuevos lugares tengan condiciones técnicas adecuadas para la producción de salmón. No es fácil encontrar áreas con características geográficas y oceanográficas similares, y muchas veces eso resulta inviable. Por eso, la situación es doblemente compleja, ya que por un lado no hay certezas sobre la permanencia en la Reserva Kawésqar y, por otro, las alternativas ofrecidas no son seguras”. Cambio de reglas Otra de las preocupaciones expuestas fue la forma en que se pretende administrar la Reserva. El gerente general de Apsia explicó que, aun cuando se cambie el nombre de la entidad a cargo, el modelo se mantendrá bajo la figura de una corporación de derecho privado, lo que permitiría modificaciones unilaterales en el tiempo. “Indistintamente del nombre que tenga, va a seguir siendo una corporación de derecho privado, y eso significa que podrá tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, no es que lo que quede escrito en un borrador vaya a estar grabado en piedra. Cualquier autoridad podría cambiar las reglas en el futuro, y esa falta de estabilidad institucional nos preocupa porque genera incertidumbre y deja a la industria en un escenario de riesgo permanente”, señaló el dirigente. Trabajadores del salmón solicitan al Gobierno no apoyar más a las ONG ambientalistas Frente a este panorama, Ampuero llamó a conformar una instancia de trabajo seria y amplia que permita abordar el problema desde una perspectiva técnica y participativa. “Lo que nosotros estamos pidiendo es que se establezca una mesa técnica que funcione de verdad, más allá de los esfuerzos que puedan hacer hoy los profesionales de la Universidad de Magallanes, que cumplen con lo que se les solicita. Creemos que debe haber una mesa donde confluyan todos los actores, públicos y privados, que discutan de manera objetiva lo que pueda ser este plan. No se trata de visiones personales o emocionales, sino de contar con un espacio técnico y profesional donde estén representados el gobierno regional, los parlamentarios, la academia, la comunidad, los gremios, los proveedores y la industria. Sólo así se puede lograr un consenso real y dar garantías de estabilidad”. Impacto El representante gremial también se refirió al impacto que tendría la eventual salida de la salmonicultura desde la Reserva. Aunque no precisó cifras exactas, Ampuero señaló que serían al menos cinco las empresas directamente afectadas, lo que equivale a más de 50 concesiones en riesgo. “Si las concesiones tienen que salir y no existe la posibilidad de relocalizarlas, hablamos de una pérdida enorme para la región. Encontrar un lugar idóneo, con las mismas condiciones ambientales, no es sencillo. Y si eso no ocurre, la producción de salmón en Magallanes se verá reducida de forma drástica. Lo que más preocupa es que no estamos diciendo que no se debe preservar el medioambiente, todo lo contrario, creemos que ese es el objetivo, es el ‘desde’. Pero también creemos que deben existir planes integrales que vinculen la preservación con el trabajo, la pesca, el turismo y la industria, de manera que toda la zona pueda desarrollarse en conjunto”, planteó el gerente general de Apsia. Finalmente, Ampuero hizo hincapié en las consecuencias sociales y laborales que la incertidumbre está generando en Puerto Natales. “Nosotros representamos a 45 empresas prestadoras de servicios, y detrás de ellos hay más de 2.500 trabajadores. Actualmente, la mitad de mis asociados está sin prestar servicios a la industria. Esto demuestra que la afectación es transversal, pues no solo golpea a las empresas proveedoras, sino también a la comunidad entera de Natales, porque cada vez hay menos mano de obra ocupada. Lo más preocupante es que la industria salmonicultora son grandes capitales que, si no encuentran condiciones adecuadas aquí, se irán a otro lado. La pérdida no será para las empresas, sino para nuestra gente y nuestro territorio”. Fuente: salmonexpert.cl
En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Pablo Ampuero, gerente general de APSIA; Juan Jara, secretario del sindicato obrero de la pesquera Edén; y Rolando Godoy, presidente de la Federación de Trabajadores de la Patagonia, abordaron junto a la comunidad los alcances de la modificación al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. Los representantes informaron que este viernes en Puerto Natales se llevará a cabo una movilización pacífica, con el objetivo de expresar sus inquietudes frente al documento actualmente en discusión. Según señalaron, de aprobarse tal como está diseñado, el plan generaría fuertes impactos para la industria pesquera y la economía regional, afectando directamente a trabajadores y familias de la zona. Los dirigentes destacaron que la convocatoria busca dar visibilidad a la problemática y abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía y las autoridades, remarcando que la movilización tendrá un carácter pacífico y constructivo.
El senador independiente Karim Bianchi solicitó a los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Transportes adoptar medidas urgentes frente al anuncio del gobernador de la provincia argentina de Chubut, Ignacio Torres, quien declaró públicamente su intención de implementar un cobro por el uso de la Ruta Nacional N° 40 a camiones chilenos. El parlamentario independiente manifestó que la autoridad trasandina es un ignorante y malintencionado, argumentando que dicha medida tendría un impacto en la logística y el abastecimiento de las zonas extremas de Chile, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes, donde la conectividad terrestre internacional es vital. Estamos ante una posible afectación directa a nuestras cadenas de suministro y a la economía regional, basada en una medida unilateral que puede ir en contra de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y Argentina, afirmó Bianchi. El senador pidió que se recopile información oficial sobre la propuesta del gobernador argentino mediante canales diplomáticos formales, se evalúe el impacto logístico, económico y legal de esta iniciativa, se determine la compatibilidad con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, promulgado en Chile por el Decreto 257 de 1990 y se estudien posibles medidas de reciprocidad, en caso que se concrete el cobro. Bianchi fue enfático en señalar que esta situación no solo debe abordarse desde el punto de vista técnico, sino también como un tema de política exterior y diplomacia. El respeto a los tratados internacionales, la no discriminación y la cooperación entre países vecinos deben primar. Cualquier cambio que afecte el libre tránsito de bienes y servicios entre ambas naciones debe ser consensuado a nivel federal y en el marco de los acuerdos vigentes, subrayó. En esa línea, el senador independiente agregó que, a los camioneros, los apoyo. Si hay que paralizar, se tendrá que paralizar, porque no vamos a aceptar. De un lado, no es cierto que no estén aplicando este cobro y aquí no estemos haciendo nada como autoridades de nuestro país. Yo entiendo que no tienen plata, como dicen ellos, y porque se la han robado por diferentes motivos, no tienen la plata. Y lo cierto es que este señor gobernador pidió la plata, no se la dieron, pero no pretenda que Chile le pague a usted una miseria de carretera cuando aquí tenemos todas las condiciones óptimas para que circulen sus camiones. Finalmente, el senador Karim Bianchi instó al Gobierno a actuar con rapidez y firmeza, advirtiendo que decisiones como esta podrían sentar un precedente negativo en las relaciones bilaterales y afectar gravemente a sectores productivos del sur de Chile.
ANATRIMP Magallanes expone su labor y aborda movilización por bono asociado a la reforma previsional En la edición de hoy del espacio “La Voz de la ANEF en Magallanes”, conocimos a Gerardo, presidente, y Catalina, tesorera de la Asociación Nacional de Trabajadores IPS (ANATRIMP), organización que reúne a funcionarios del Instituto de Previsión Social en la región. Durante la entrevista, ambos dirigentes explicaron en detalle la labor que desarrolla el IPS en Magallanes, destacando el rol social que cumple la institución al atender a miles de usuarios y garantizar el acceso a beneficios del Estado. Subrayaron además la importancia del trabajo que realizan día a día los funcionarios, muchas veces enfrentando alta demanda y desafíos operativos propios del territorio. Un punto central de la conversación fue la movilización que actualmente lleva adelante ANATRIMP, en el marco de la discusión sobre la reforma previsional. Los representantes explicaron que los trabajadores están solicitando un bono compensatorio, expresando su descontento frente a lo que consideran una falta de reconocimiento a su labor en el proceso de implementación de cambios estructurales en el sistema previsional. Gerardo y Catalina hicieron un llamado a las autoridades a abrir espacios de diálogo y atender las demandas del sector, enfatizando que las movilizaciones continuarán mientras no existan avances concretos. 🔹 Te invitamos a revisar la entrevista completa para conocer en profundidad la labor del IPS, el rol de ANATRIMP en la región y las razones detrás de la movilización de sus trabajadores.
En conversación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba Marín, informó sobre la manifestación que se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre al mediodía en la Plaza de Armas de Punta Arenas, bajo el lema “En defensa de la función pública. Ni un paso atrás en nuestros derechos”. La acción consistió en un banderazo convocado por la organización, cuyo objetivo fue visibilizar el descontento de los trabajadores públicos respecto al proyecto de ley sobre subsidio de incapacidad laboral, actualmente en evaluación en la comisión del Senado. Según indicó, dicho proyecto fue presentado sin consulta previa a los funcionarios y genera preocupación por eventuales retrocesos en derechos ya adquiridos. “Nosotros no estamos en contra que haya una fiscalización a las licencias médicas, pero lo que no queremos es que existan retrocesos en lo que ya hemos adquirido como funcionarios públicos hace mucho tiempo”, afirmó Córdoba. La presidenta de ANEF Magallanes recalcó que la manifestación buscó hacer un llamado tanto a las autoridades regionales como nacionales para retirar el proyecto de ley del Congreso y mejorarlo en un nuevo proceso de trabajo, esta vez con la participación de los trabajadores públicos.
El pasado viernes se realizó en Puerto Natales una manifestación pacífica convocada por la Asociación Gremial de Prestadores de Servicios a la Industria Acuícola y Pesca Natales (Apsia), junto con sindicatos de trabajadores de Australis Seafoods y AquaChile, en rechazo al borrador del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, que ha despertado preocupación en la comunidad local y en los gremios vinculados a la salmonicultura. La actividad reunió a dirigentes gremiales, trabajadores y vecinos, quienes posteriormente sostuvieron un diálogo con el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz, para exponer directamente las inquietudes del sector respecto a la falta de certezas sobre el futuro de la salmonicultura en la región de Magallanes. Pablo Ampuero, gerente general de Apsia, explicó a Salmonexpert que la inquietud principal radica en la falta de certezas técnicas y normativas respecto del borrador. “Lo que hoy día nos preocupa es que no existe claridad con respecto a lo técnico del plan. La Conaf no tiene garantías de que este documento, que aún es preliminar, esté siendo diseñado pensando en la industria acuícola que ya está instalada en la zona. Nada asegura la renovación de las concesiones, tampoco hay certeza sobre la clasificación de las zonas y la consulta ciudadana que se ha impulsado no es vinculante. En la práctica, hoy día no hay nada que garantice que la industria pueda seguir operando en Magallanes, y eso genera especulación, frena inversiones y pone en pausa el desarrollo del sector”, sostuvo Ampuero. El dirigente enfatizó que, si bien se ha planteado la opción de relocalizar concesiones, esta alternativa está lejos de ser una solución realista. “Se habla de relocalización, pero en la práctica esas relocalizaciones no son una garantía. Pueden decirnos que de tal territorio hacia otro lado podemos instalarnos, pero nadie asegura que esos nuevos lugares tengan condiciones técnicas adecuadas para la producción de salmón. No es fácil encontrar áreas con características geográficas y oceanográficas similares, y muchas veces eso resulta inviable. Por eso, la situación es doblemente compleja, ya que por un lado no hay certezas sobre la permanencia en la Reserva Kawésqar y, por otro, las alternativas ofrecidas no son seguras”. Cambio de reglas Otra de las preocupaciones expuestas fue la forma en que se pretende administrar la Reserva. El gerente general de Apsia explicó que, aun cuando se cambie el nombre de la entidad a cargo, el modelo se mantendrá bajo la figura de una corporación de derecho privado, lo que permitiría modificaciones unilaterales en el tiempo. “Indistintamente del nombre que tenga, va a seguir siendo una corporación de derecho privado, y eso significa que podrá tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, no es que lo que quede escrito en un borrador vaya a estar grabado en piedra. Cualquier autoridad podría cambiar las reglas en el futuro, y esa falta de estabilidad institucional nos preocupa porque genera incertidumbre y deja a la industria en un escenario de riesgo permanente”, señaló el dirigente. Trabajadores del salmón solicitan al Gobierno no apoyar más a las ONG ambientalistas Frente a este panorama, Ampuero llamó a conformar una instancia de trabajo seria y amplia que permita abordar el problema desde una perspectiva técnica y participativa. “Lo que nosotros estamos pidiendo es que se establezca una mesa técnica que funcione de verdad, más allá de los esfuerzos que puedan hacer hoy los profesionales de la Universidad de Magallanes, que cumplen con lo que se les solicita. Creemos que debe haber una mesa donde confluyan todos los actores, públicos y privados, que discutan de manera objetiva lo que pueda ser este plan. No se trata de visiones personales o emocionales, sino de contar con un espacio técnico y profesional donde estén representados el gobierno regional, los parlamentarios, la academia, la comunidad, los gremios, los proveedores y la industria. Sólo así se puede lograr un consenso real y dar garantías de estabilidad”. Impacto El representante gremial también se refirió al impacto que tendría la eventual salida de la salmonicultura desde la Reserva. Aunque no precisó cifras exactas, Ampuero señaló que serían al menos cinco las empresas directamente afectadas, lo que equivale a más de 50 concesiones en riesgo. “Si las concesiones tienen que salir y no existe la posibilidad de relocalizarlas, hablamos de una pérdida enorme para la región. Encontrar un lugar idóneo, con las mismas condiciones ambientales, no es sencillo. Y si eso no ocurre, la producción de salmón en Magallanes se verá reducida de forma drástica. Lo que más preocupa es que no estamos diciendo que no se debe preservar el medioambiente, todo lo contrario, creemos que ese es el objetivo, es el ‘desde’. Pero también creemos que deben existir planes integrales que vinculen la preservación con el trabajo, la pesca, el turismo y la industria, de manera que toda la zona pueda desarrollarse en conjunto”, planteó el gerente general de Apsia. Finalmente, Ampuero hizo hincapié en las consecuencias sociales y laborales que la incertidumbre está generando en Puerto Natales. “Nosotros representamos a 45 empresas prestadoras de servicios, y detrás de ellos hay más de 2.500 trabajadores. Actualmente, la mitad de mis asociados está sin prestar servicios a la industria. Esto demuestra que la afectación es transversal, pues no solo golpea a las empresas proveedoras, sino también a la comunidad entera de Natales, porque cada vez hay menos mano de obra ocupada. Lo más preocupante es que la industria salmonicultora son grandes capitales que, si no encuentran condiciones adecuadas aquí, se irán a otro lado. La pérdida no será para las empresas, sino para nuestra gente y nuestro territorio”. Fuente: salmonexpert.cl
En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Pablo Ampuero, gerente general de APSIA; Juan Jara, secretario del sindicato obrero de la pesquera Edén; y Rolando Godoy, presidente de la Federación de Trabajadores de la Patagonia, abordaron junto a la comunidad los alcances de la modificación al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. Los representantes informaron que este viernes en Puerto Natales se llevará a cabo una movilización pacífica, con el objetivo de expresar sus inquietudes frente al documento actualmente en discusión. Según señalaron, de aprobarse tal como está diseñado, el plan generaría fuertes impactos para la industria pesquera y la economía regional, afectando directamente a trabajadores y familias de la zona. Los dirigentes destacaron que la convocatoria busca dar visibilidad a la problemática y abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía y las autoridades, remarcando que la movilización tendrá un carácter pacífico y constructivo.
El senador independiente Karim Bianchi solicitó a los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Transportes adoptar medidas urgentes frente al anuncio del gobernador de la provincia argentina de Chubut, Ignacio Torres, quien declaró públicamente su intención de implementar un cobro por el uso de la Ruta Nacional N° 40 a camiones chilenos. El parlamentario independiente manifestó que la autoridad trasandina es un ignorante y malintencionado, argumentando que dicha medida tendría un impacto en la logística y el abastecimiento de las zonas extremas de Chile, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes, donde la conectividad terrestre internacional es vital. Estamos ante una posible afectación directa a nuestras cadenas de suministro y a la economía regional, basada en una medida unilateral que puede ir en contra de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y Argentina, afirmó Bianchi. El senador pidió que se recopile información oficial sobre la propuesta del gobernador argentino mediante canales diplomáticos formales, se evalúe el impacto logístico, económico y legal de esta iniciativa, se determine la compatibilidad con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, promulgado en Chile por el Decreto 257 de 1990 y se estudien posibles medidas de reciprocidad, en caso que se concrete el cobro. Bianchi fue enfático en señalar que esta situación no solo debe abordarse desde el punto de vista técnico, sino también como un tema de política exterior y diplomacia. El respeto a los tratados internacionales, la no discriminación y la cooperación entre países vecinos deben primar. Cualquier cambio que afecte el libre tránsito de bienes y servicios entre ambas naciones debe ser consensuado a nivel federal y en el marco de los acuerdos vigentes, subrayó. En esa línea, el senador independiente agregó que, a los camioneros, los apoyo. Si hay que paralizar, se tendrá que paralizar, porque no vamos a aceptar. De un lado, no es cierto que no estén aplicando este cobro y aquí no estemos haciendo nada como autoridades de nuestro país. Yo entiendo que no tienen plata, como dicen ellos, y porque se la han robado por diferentes motivos, no tienen la plata. Y lo cierto es que este señor gobernador pidió la plata, no se la dieron, pero no pretenda que Chile le pague a usted una miseria de carretera cuando aquí tenemos todas las condiciones óptimas para que circulen sus camiones. Finalmente, el senador Karim Bianchi instó al Gobierno a actuar con rapidez y firmeza, advirtiendo que decisiones como esta podrían sentar un precedente negativo en las relaciones bilaterales y afectar gravemente a sectores productivos del sur de Chile.
