La parlamentaria ofició a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para solicitar información sobre el estado de los recursos destinados al pago del Bono de Zonas Extremas para las y los asistentes de la educación de la región, ante la incertidumbre existente respecto de su pago correspondiente al trimestre de junio. La gestión surge luego de que dirigentes de los asistentes de la educación manifestaran su preocupación por la falta de información sobre la transferencia de los recursos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, a pocos días de cumplirse el plazo en que debe efectuarse el pago del beneficio. La situación genera especial inquietud debido a que este mismo bono ya registró retrasos en su pago durante el primer trimestre del año. Hoy, a días de finalizar el plazo establecido, dirigentes del gremio señalan que aún no existe claridad respecto de los recursos. Incluso, en reuniones sostenidas recientemente con el SLEP Magallanes, se les habría informado que no cuentan con antecedentes sobre la disponibilidad o transferencia de los fondos necesarios para efectuar el pago por parte del Ministerio de Hacienda. La incertidumbre se produce además en un contexto especialmente complejo para los asistentes de la educación de la región. Durante este año han enfrentado una serie de recortes, el mayor de ellos el descuento de 40% de la zona, derivados de pronunciamientos de la Contraloría General de la República, tras requerimientos presentados por parlamentarios de la región. A ello se suma que las organizaciones de asistentes de la educación ya anunciaron movilizaciones y paralizaciones para este 24 de junio, así como para el retorno de las vacaciones de invierno, advirtiendo que la falta de respuestas respecto del bono y otros temas laborales ha agravado el conflicto con las autoridades educacionales. “Las y los asistentes de la educación han pasado un año muy duro, en que se les han vulnerado sus derechos laborales una y otra vez. Se les ha desconocido sus negociaciones colectivas con las alcaldías, lo que se ha traducido en recortes a sus beneficios salariales. Además, no pueden seguir enfrentando incertidumbre respecto de un beneficio claro que les corresponde y que tiene fechas de pago claramente definidas”, señaló la diputada Morales. A través del oficio, la parlamentaria solicitó a la Dipres informar si los recursos destinados al Bono de Zonas Extremas correspondiente al trimestre que vence en junio de 2026 se encuentran disponibles y fueron transferidos oportunamente. Asimismo, pidió que, en caso de existir retrasos, se expliquen las razones y se informe la fecha en que se concretará el pago a las y los trabajadores.
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
El Diputado de la República por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, ingresó un oficio de fiscalización dirigido al Rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, y al Consejo Superior de la institución. La acción responde a la denuncia por la instalación de carteles con contenido político-contingente en las dependencias del Campus Punta Arenas. De acuerdo con los antecedentes presentados por el parlamentario, se detectó la presencia de afiches con la consigna NO AL KASTIGO en los cuatro pisos de la Facultad de Ingeniería durante la presente semana. Los carteles incluyen gráficas alusivas a Colonia Dignidad, el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y fauna local, elementos que, según el oficio, remiten de manera evidente a la contingencia política nacional. Cuestionamientos a la Probidad y Neutralidad El diputado Riquelme fundamentó su requerimiento en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política y el Dictamen N°70 de la Superintendencia de Educación, normativas que establecen que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse a propagar tendencias político-partidistas. Asimismo, el documento invoca la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que prohíbe el uso de recursos y bienes públicos para fines de propaganda. Es inadmisible que una universidad estatal, que administra recursos de todos los chilenos, sea utilizada como plataforma de proselitismo. La autonomía universitaria no es un cheque en blanco para vulnerar la probidad administrativa ni para convertir las aulas en centros de propaganda partidista, señaló el legislador. Contraste con la Situación Financiera La fiscalización ocurre en un contexto crítico para la casa de estudios, luego de que recientemente el Ministerio de Hacienda autorizara una garantía estatal para un crédito de $9.500 millones destinado a la UMAG. Al respecto, Riquelme fue enfático: Mientras la universidad requiere que el Estado sea su aval para créditos millonarios debido a su situación financiera, vemos un nulo control sobre el uso de su infraestructura. Resulta contradictorio exigir apoyo fiscal y, al mismo tiempo, permitir que los espacios públicos se desvíen de su fin educativo para fines ideológicos. Finalmente, el diputado solicitó a la rectoría informar si estas acciones fueron autorizadas, si se utilizaron insumos institucionales para su confección y qué medidas se adoptarán para retirar el material y sancionar a los responsables.Exigimos transparencia total. Queremos saber si estas intervenciones cuentan con la tolerancia de las autoridades universitarias o si se trata de una toma arbitraria de espacios que deben garantizar el pluralismo y la libre deliberación académica, no el adoctrinamiento, concluyó.
La parlamentaria ofició a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para solicitar información sobre el estado de los recursos destinados al pago del Bono de Zonas Extremas para las y los asistentes de la educación de la región, ante la incertidumbre existente respecto de su pago correspondiente al trimestre de junio. La gestión surge luego de que dirigentes de los asistentes de la educación manifestaran su preocupación por la falta de información sobre la transferencia de los recursos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, a pocos días de cumplirse el plazo en que debe efectuarse el pago del beneficio. La situación genera especial inquietud debido a que este mismo bono ya registró retrasos en su pago durante el primer trimestre del año. Hoy, a días de finalizar el plazo establecido, dirigentes del gremio señalan que aún no existe claridad respecto de los recursos. Incluso, en reuniones sostenidas recientemente con el SLEP Magallanes, se les habría informado que no cuentan con antecedentes sobre la disponibilidad o transferencia de los fondos necesarios para efectuar el pago por parte del Ministerio de Hacienda. La incertidumbre se produce además en un contexto especialmente complejo para los asistentes de la educación de la región. Durante este año han enfrentado una serie de recortes, el mayor de ellos el descuento de 40% de la zona, derivados de pronunciamientos de la Contraloría General de la República, tras requerimientos presentados por parlamentarios de la región. A ello se suma que las organizaciones de asistentes de la educación ya anunciaron movilizaciones y paralizaciones para este 24 de junio, así como para el retorno de las vacaciones de invierno, advirtiendo que la falta de respuestas respecto del bono y otros temas laborales ha agravado el conflicto con las autoridades educacionales. “Las y los asistentes de la educación han pasado un año muy duro, en que se les han vulnerado sus derechos laborales una y otra vez. Se les ha desconocido sus negociaciones colectivas con las alcaldías, lo que se ha traducido en recortes a sus beneficios salariales. Además, no pueden seguir enfrentando incertidumbre respecto de un beneficio claro que les corresponde y que tiene fechas de pago claramente definidas”, señaló la diputada Morales. A través del oficio, la parlamentaria solicitó a la Dipres informar si los recursos destinados al Bono de Zonas Extremas correspondiente al trimestre que vence en junio de 2026 se encuentran disponibles y fueron transferidos oportunamente. Asimismo, pidió que, en caso de existir retrasos, se expliquen las razones y se informe la fecha en que se concretará el pago a las y los trabajadores.
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
El Diputado de la República por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, ingresó un oficio de fiscalización dirigido al Rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, y al Consejo Superior de la institución. La acción responde a la denuncia por la instalación de carteles con contenido político-contingente en las dependencias del Campus Punta Arenas. De acuerdo con los antecedentes presentados por el parlamentario, se detectó la presencia de afiches con la consigna NO AL KASTIGO en los cuatro pisos de la Facultad de Ingeniería durante la presente semana. Los carteles incluyen gráficas alusivas a Colonia Dignidad, el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y fauna local, elementos que, según el oficio, remiten de manera evidente a la contingencia política nacional. Cuestionamientos a la Probidad y Neutralidad El diputado Riquelme fundamentó su requerimiento en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política y el Dictamen N°70 de la Superintendencia de Educación, normativas que establecen que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse a propagar tendencias político-partidistas. Asimismo, el documento invoca la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que prohíbe el uso de recursos y bienes públicos para fines de propaganda. Es inadmisible que una universidad estatal, que administra recursos de todos los chilenos, sea utilizada como plataforma de proselitismo. La autonomía universitaria no es un cheque en blanco para vulnerar la probidad administrativa ni para convertir las aulas en centros de propaganda partidista, señaló el legislador. Contraste con la Situación Financiera La fiscalización ocurre en un contexto crítico para la casa de estudios, luego de que recientemente el Ministerio de Hacienda autorizara una garantía estatal para un crédito de $9.500 millones destinado a la UMAG. Al respecto, Riquelme fue enfático: Mientras la universidad requiere que el Estado sea su aval para créditos millonarios debido a su situación financiera, vemos un nulo control sobre el uso de su infraestructura. Resulta contradictorio exigir apoyo fiscal y, al mismo tiempo, permitir que los espacios públicos se desvíen de su fin educativo para fines ideológicos. Finalmente, el diputado solicitó a la rectoría informar si estas acciones fueron autorizadas, si se utilizaron insumos institucionales para su confección y qué medidas se adoptarán para retirar el material y sancionar a los responsables.Exigimos transparencia total. Queremos saber si estas intervenciones cuentan con la tolerancia de las autoridades universitarias o si se trata de una toma arbitraria de espacios que deben garantizar el pluralismo y la libre deliberación académica, no el adoctrinamiento, concluyó.
