Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
El Diputado de la República por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, ingresó un oficio de fiscalización dirigido al Rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, y al Consejo Superior de la institución. La acción responde a la denuncia por la instalación de carteles con contenido político-contingente en las dependencias del Campus Punta Arenas. De acuerdo con los antecedentes presentados por el parlamentario, se detectó la presencia de afiches con la consigna NO AL KASTIGO en los cuatro pisos de la Facultad de Ingeniería durante la presente semana. Los carteles incluyen gráficas alusivas a Colonia Dignidad, el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y fauna local, elementos que, según el oficio, remiten de manera evidente a la contingencia política nacional. Cuestionamientos a la Probidad y Neutralidad El diputado Riquelme fundamentó su requerimiento en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política y el Dictamen N°70 de la Superintendencia de Educación, normativas que establecen que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse a propagar tendencias político-partidistas. Asimismo, el documento invoca la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que prohíbe el uso de recursos y bienes públicos para fines de propaganda. Es inadmisible que una universidad estatal, que administra recursos de todos los chilenos, sea utilizada como plataforma de proselitismo. La autonomía universitaria no es un cheque en blanco para vulnerar la probidad administrativa ni para convertir las aulas en centros de propaganda partidista, señaló el legislador. Contraste con la Situación Financiera La fiscalización ocurre en un contexto crítico para la casa de estudios, luego de que recientemente el Ministerio de Hacienda autorizara una garantía estatal para un crédito de $9.500 millones destinado a la UMAG. Al respecto, Riquelme fue enfático: Mientras la universidad requiere que el Estado sea su aval para créditos millonarios debido a su situación financiera, vemos un nulo control sobre el uso de su infraestructura. Resulta contradictorio exigir apoyo fiscal y, al mismo tiempo, permitir que los espacios públicos se desvíen de su fin educativo para fines ideológicos. Finalmente, el diputado solicitó a la rectoría informar si estas acciones fueron autorizadas, si se utilizaron insumos institucionales para su confección y qué medidas se adoptarán para retirar el material y sancionar a los responsables.Exigimos transparencia total. Queremos saber si estas intervenciones cuentan con la tolerancia de las autoridades universitarias o si se trata de una toma arbitraria de espacios que deben garantizar el pluralismo y la libre deliberación académica, no el adoctrinamiento, concluyó.
El viento no da tregua. El frío tampoco. Pero en distintos puntos de Punta Arenas, dos agricultores buscan sostener la producción. Johana Cárdenas, en Altos de Leñadura, avanza con un sistema hidropónico que busca ganarle al invierno, con energía propia y uso eficiente del agua. Pedro Tenorio, en Río Seco, ha mejorado sostenidamente su infraestructura y este invierno apuesta por producir lechugas en invernadero con calefacción. Dos trayectorias distintas. Un mismo objetivo. Seguir produciendo en el extremo sur. Hasta estos predios llegó el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, acompañado por Jefe de área INDAP Punta Arenas, Pablo Fernández y el ejecutivo integral de área Moisés Vivar. La visita permitió observar en terreno sistemas productivos en funcionamiento, donde la experiencia acumulada se cruza con la incorporación de soluciones tecnológicas concretas. En el caso de Johana Cárdenas, su trabajo se orienta precisamente a eso. A sostener producción en condiciones adversas a partir de un sistema hidropónico que optimiza recursos y reduce la dependencia de factores externos. Es usuaria de INDAP desde octubre de 2022 y hoy recibe asesoría técnica y un capital inicial de 448 mil 078 pesos para iniciar el proceso. Ese camino tuvo un punto de inflexión en 2025, cuando se adjudicó fondos del Programa de Desarrollo de Inversiones, PDI, por 3 millones 500 mil pesos. La inversión destinada a la implementación de un sistema fotovoltaico y a la recolección de aguas lluvias, le permite proyectar un funcionamiento más autónomo y sustentable de su unidad productiva. En paralelo, la experiencia de Pedro Tenorio sigue una línea similar, pero construida a lo largo de más años. Es usuario de INDAP desde diciembre de 2014 y ha ido afinando su sistema productivo de manera sostenida, con foco en enfrentar las condiciones del invierno. Actualmente recibe asesoría técnica especializada y, en 2025, se adjudicó una inversión de 2 millones 861 mil 915 pesos para implementar calefacción en su sistema hidropónico, un elemento clave para asegurar continuidad productiva en un entorno climático exigente. La lógica es clara. Sin calefacción no hay continuidad. Con calefacción, la producción se extiende. En ese escenario, ahora apunta a un desafío mayor: este invierno iniciará ensayos de lechugas en invernadero, buscando producir en una de las épocas más complejas del año en Punta Arenas. En ese contexto, desde la autoridad se relevó que el desafío está en fortalecer la eficiencia productiva mediante la incorporación de tecnologías aplicadas directamente en el territorio, ampliando la capacidad de producción y mejorando los rendimientos. Fortaleceremos la eficiencia productiva mediante incorporación de tecnologías con soluciones concretas en terreno, aumentando la ventana productiva lo que se traduce en un mayor número de cosechas y de rendimientos productivas, sostuvo el seremi Cavada. En esa línea, la autoridad también valoró el compromiso de Pedro Tenorio, destacando su disposición a invertir recursos propios para mejorar su sistema productivo, en una lógica donde la innovación no solo pasa por el acceso a instrumentos, sino también por la decisión del agricultor de arriesgar y apostar por su trabajo. Desde INDAP, el director regional (s), Petar Bradasic, puso el acento en el rol de los agricultores. Aquí hay esfuerzo real, innovación desde el territorio y una Agricultura Familiar Campesina que no se detiene. Estas inversiones permiten que los agricultores sigan produciendo, mejorando sus sistemas y proyectando su trabajo en el tiempo, afirmó. En Magallanes, esa idea se confirma en terreno. No es discurso. Es práctica. Johana Cárdenas y Pedro Tenorio no aparecen en grandes cifras. Sostienen algo más concreto. La posibilidad de producir en el sur.
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al hecho de que la Contraloría pidió explicaciones por el polémico posteo en redes oficiales en que se indicó que el Estado de Chile estaba “en quiebra”. Fue a través de un oficio, al que accedió BBCL Investiga, que el ente contralor solicitó a la titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aclarar las circunstancias de dicha publicación. Esto en un plazo de cinco días hábiles. “Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, dice el oficio. Consultado al respecto, el titular de Hacienda contestó: “Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado”. “Siempre he dicho que es estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión que es la correcta”, complementó. Finalmente, respecto a si fue un error —o no — de la vocería, Quiroz zanjó: “No me voy a pronunciar sobre la vocería”. Fuente: biobiochile.cl
El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, informó que ofició al Director Nacional de Educación Pública solicitando aclarar, a la brevedad, la denuncia relativa al retraso en el pago de cotizaciones previsionales correspondientes a diciembre de 2025 por parte del Servicio Local de Educación Pública Magallanes. El parlamentario dijo que, si bien el problema se habría manifestado en un mes específico, este hecho podría reflejar un problema estructural de gestión financiera y presupuestaria, lo que genera una legítima preocupación entre las comunidades educativas, las organizaciones sindicales y las familias de la región. “Resulta lamentable tener que seguir hablando de incumplimientos laborales y no de mejoras en la educación pública. De confirmarse las deudas denunciadas, no es aceptable que sea el propio Estado quien incurra en infracciones a la normativa laboral y previsional”, enfatizó el diputado Bianchi. Asimismo, recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. El legislador agregó que ya se ha tomado contacto con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes le han señalado que actualmente se encuentran recopilando los antecedentes del caso, y que de manera preliminar han estimado que se trataría de una situación puntual. No obstante, el diputado fue enfático en señalar que esta afirmación debe ser aclarada con prontitud, de manera transparente y documentada, tanto en sus causas como en las responsabilidades que pudieran corresponder. Finalmente, Carlos Bianchi sostuvo que resulta vital asegurar la estabilidad financiera del sistema de educación pública, así como fortalecer los mecanismos de supervisión y control presupuestario, para evitar que situaciones como esta se repitan y sigan afectando la confianza en el sistema.
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
El Diputado de la República por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, ingresó un oficio de fiscalización dirigido al Rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, y al Consejo Superior de la institución. La acción responde a la denuncia por la instalación de carteles con contenido político-contingente en las dependencias del Campus Punta Arenas. De acuerdo con los antecedentes presentados por el parlamentario, se detectó la presencia de afiches con la consigna NO AL KASTIGO en los cuatro pisos de la Facultad de Ingeniería durante la presente semana. Los carteles incluyen gráficas alusivas a Colonia Dignidad, el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y fauna local, elementos que, según el oficio, remiten de manera evidente a la contingencia política nacional. Cuestionamientos a la Probidad y Neutralidad El diputado Riquelme fundamentó su requerimiento en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política y el Dictamen N°70 de la Superintendencia de Educación, normativas que establecen que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse a propagar tendencias político-partidistas. Asimismo, el documento invoca la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que prohíbe el uso de recursos y bienes públicos para fines de propaganda. Es inadmisible que una universidad estatal, que administra recursos de todos los chilenos, sea utilizada como plataforma de proselitismo. La autonomía universitaria no es un cheque en blanco para vulnerar la probidad administrativa ni para convertir las aulas en centros de propaganda partidista, señaló el legislador. Contraste con la Situación Financiera La fiscalización ocurre en un contexto crítico para la casa de estudios, luego de que recientemente el Ministerio de Hacienda autorizara una garantía estatal para un crédito de $9.500 millones destinado a la UMAG. Al respecto, Riquelme fue enfático: Mientras la universidad requiere que el Estado sea su aval para créditos millonarios debido a su situación financiera, vemos un nulo control sobre el uso de su infraestructura. Resulta contradictorio exigir apoyo fiscal y, al mismo tiempo, permitir que los espacios públicos se desvíen de su fin educativo para fines ideológicos. Finalmente, el diputado solicitó a la rectoría informar si estas acciones fueron autorizadas, si se utilizaron insumos institucionales para su confección y qué medidas se adoptarán para retirar el material y sancionar a los responsables.Exigimos transparencia total. Queremos saber si estas intervenciones cuentan con la tolerancia de las autoridades universitarias o si se trata de una toma arbitraria de espacios que deben garantizar el pluralismo y la libre deliberación académica, no el adoctrinamiento, concluyó.
El viento no da tregua. El frío tampoco. Pero en distintos puntos de Punta Arenas, dos agricultores buscan sostener la producción. Johana Cárdenas, en Altos de Leñadura, avanza con un sistema hidropónico que busca ganarle al invierno, con energía propia y uso eficiente del agua. Pedro Tenorio, en Río Seco, ha mejorado sostenidamente su infraestructura y este invierno apuesta por producir lechugas en invernadero con calefacción. Dos trayectorias distintas. Un mismo objetivo. Seguir produciendo en el extremo sur. Hasta estos predios llegó el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, acompañado por Jefe de área INDAP Punta Arenas, Pablo Fernández y el ejecutivo integral de área Moisés Vivar. La visita permitió observar en terreno sistemas productivos en funcionamiento, donde la experiencia acumulada se cruza con la incorporación de soluciones tecnológicas concretas. En el caso de Johana Cárdenas, su trabajo se orienta precisamente a eso. A sostener producción en condiciones adversas a partir de un sistema hidropónico que optimiza recursos y reduce la dependencia de factores externos. Es usuaria de INDAP desde octubre de 2022 y hoy recibe asesoría técnica y un capital inicial de 448 mil 078 pesos para iniciar el proceso. Ese camino tuvo un punto de inflexión en 2025, cuando se adjudicó fondos del Programa de Desarrollo de Inversiones, PDI, por 3 millones 500 mil pesos. La inversión destinada a la implementación de un sistema fotovoltaico y a la recolección de aguas lluvias, le permite proyectar un funcionamiento más autónomo y sustentable de su unidad productiva. En paralelo, la experiencia de Pedro Tenorio sigue una línea similar, pero construida a lo largo de más años. Es usuario de INDAP desde diciembre de 2014 y ha ido afinando su sistema productivo de manera sostenida, con foco en enfrentar las condiciones del invierno. Actualmente recibe asesoría técnica especializada y, en 2025, se adjudicó una inversión de 2 millones 861 mil 915 pesos para implementar calefacción en su sistema hidropónico, un elemento clave para asegurar continuidad productiva en un entorno climático exigente. La lógica es clara. Sin calefacción no hay continuidad. Con calefacción, la producción se extiende. En ese escenario, ahora apunta a un desafío mayor: este invierno iniciará ensayos de lechugas en invernadero, buscando producir en una de las épocas más complejas del año en Punta Arenas. En ese contexto, desde la autoridad se relevó que el desafío está en fortalecer la eficiencia productiva mediante la incorporación de tecnologías aplicadas directamente en el territorio, ampliando la capacidad de producción y mejorando los rendimientos. Fortaleceremos la eficiencia productiva mediante incorporación de tecnologías con soluciones concretas en terreno, aumentando la ventana productiva lo que se traduce en un mayor número de cosechas y de rendimientos productivas, sostuvo el seremi Cavada. En esa línea, la autoridad también valoró el compromiso de Pedro Tenorio, destacando su disposición a invertir recursos propios para mejorar su sistema productivo, en una lógica donde la innovación no solo pasa por el acceso a instrumentos, sino también por la decisión del agricultor de arriesgar y apostar por su trabajo. Desde INDAP, el director regional (s), Petar Bradasic, puso el acento en el rol de los agricultores. Aquí hay esfuerzo real, innovación desde el territorio y una Agricultura Familiar Campesina que no se detiene. Estas inversiones permiten que los agricultores sigan produciendo, mejorando sus sistemas y proyectando su trabajo en el tiempo, afirmó. En Magallanes, esa idea se confirma en terreno. No es discurso. Es práctica. Johana Cárdenas y Pedro Tenorio no aparecen en grandes cifras. Sostienen algo más concreto. La posibilidad de producir en el sur.
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al hecho de que la Contraloría pidió explicaciones por el polémico posteo en redes oficiales en que se indicó que el Estado de Chile estaba “en quiebra”. Fue a través de un oficio, al que accedió BBCL Investiga, que el ente contralor solicitó a la titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aclarar las circunstancias de dicha publicación. Esto en un plazo de cinco días hábiles. “Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, dice el oficio. Consultado al respecto, el titular de Hacienda contestó: “Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado”. “Siempre he dicho que es estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión que es la correcta”, complementó. Finalmente, respecto a si fue un error —o no — de la vocería, Quiroz zanjó: “No me voy a pronunciar sobre la vocería”. Fuente: biobiochile.cl
El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, informó que ofició al Director Nacional de Educación Pública solicitando aclarar, a la brevedad, la denuncia relativa al retraso en el pago de cotizaciones previsionales correspondientes a diciembre de 2025 por parte del Servicio Local de Educación Pública Magallanes. El parlamentario dijo que, si bien el problema se habría manifestado en un mes específico, este hecho podría reflejar un problema estructural de gestión financiera y presupuestaria, lo que genera una legítima preocupación entre las comunidades educativas, las organizaciones sindicales y las familias de la región. “Resulta lamentable tener que seguir hablando de incumplimientos laborales y no de mejoras en la educación pública. De confirmarse las deudas denunciadas, no es aceptable que sea el propio Estado quien incurra en infracciones a la normativa laboral y previsional”, enfatizó el diputado Bianchi. Asimismo, recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales. El legislador agregó que ya se ha tomado contacto con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes le han señalado que actualmente se encuentran recopilando los antecedentes del caso, y que de manera preliminar han estimado que se trataría de una situación puntual. No obstante, el diputado fue enfático en señalar que esta afirmación debe ser aclarada con prontitud, de manera transparente y documentada, tanto en sus causas como en las responsabilidades que pudieran corresponder. Finalmente, Carlos Bianchi sostuvo que resulta vital asegurar la estabilidad financiera del sistema de educación pública, así como fortalecer los mecanismos de supervisión y control presupuestario, para evitar que situaciones como esta se repitan y sigan afectando la confianza en el sistema.
