El senador Karim Bianchi Retamales, solicitó hoy al Gobierno el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con los asistentes de la educación de la Región de Magallanes, exigiendo que se respete el pago del bono de zonas extremas, conforme a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas y a la normativa vigente. Lo anterior, tras conocerse el dictamen N° D11 de 29 de enero de 2026 de la Contraloría General de la República, que analiza la procedencia de la asignación de zona en el contexto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. El parlamentario fue enfático en señalar que el bono de zonas extremas no dice relación con la asignación legal de zona, por lo que no existe dualidad de pago. “Aquí no hay doble beneficio por el mismo concepto. Estamos hablando de derechos adquiridos en negociaciones colectivas válidamente celebradas, que deben ser respetados”, sostuvo. Asimismo, indicó que, sin perjuicio de que se está pidiendo la reconsideración a la Contraloría, lo que corresponde de manera inmediata es que se paguen los montos comprometidos, especialmente considerando que la Dirección de Presupuestos está descontando recursos a los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales para estos efectos. “Si los recursos están siendo descontados a los municipios para financiar estos bonos, no existe justificación alguna para que los asistentes de la educación no estén recibiendo sus pagos. No hay espacio a dudas respecto de su derecho, como tampoco respecto de que los descuentos se están realizando”, afirmó. En ese sentido, el senador anunció que desde el Senado se requerirá formalmente toda la información a la Dirección de Presupuestos para esclarecer por qué no se ha materializado el pago a los trabajadores. “Una vez más, la Dirección de Presupuestos no está cumpliendo. No puede ser que quienes cumplen un rol fundamental en la educación de nuestros niños, particularmente en la Región de Magallanes, vean vulnerados sus derechos a días del inicio del año escolar. Es una situación inaceptable”, concluyó el legislador.
Hoy quiero alzar la voz no sólo como deportista, sino como joven magallánica que ha crecido y se ha formado en el Club Hípico. Lo que estamos viviendo no es simplemente el cierre de un recinto. Es la extinción forzada de un deporte que le ha dado grandes logros a Magallanes y que ha formado a muchos jinetes y amazonas con enorme proyección futura. Aquí, no sólo aprendimos técnica, aprendimos disciplina, respeto, constancia y amor por los caballos. Perderemos el único espacio que nos permitía entrenar con seguridad y en condiciones óptimas. No existe en Punta Arenas otro lugar con la infraestructura, amplitud y características necesarias para la práctica ecuestre responsable. Sin ese espacio, muchos jóvenes simplemente no podrán continuar. El legado de este gobierno en esta materia será privar a Punta Arenas de una gran área verde, con enorme potencial para múltiples actividades deportivas, culturales y recreativas. En vez de proyectar un parque integral, moderno y abierto a la comunidad —como ejemplos exitosos en otras ciudades del país— se opta por eliminar un espacio histórico que pudo transformarse en un verdadero pulmón verde y centro deportivo para todos. Hoy, están matando al Club Hípico más austral del mundo. Y lo hacen en un terreno que fue donado para que fuera una gran área verde al servicio de la comunidad. No se trata sólo de caballos. Se trata de identidad, de historia y de oportunidades para las nuevas generaciones. Se trata de decidir qué tipo de ciudad queremos: una que borre su tradición deportiva o una que la proyecte hacia el futuro. Como deportista joven, duele ver cómo se apaga un espacio que nos permitió soñar en grande y representar a nuestra región con orgullo. Punta Arenas se está llenando de cemento a un ritmo que preocupa. Cada vez vemos menos espacios abiertos, menos áreas verdes, menos lugares donde las familias puedan encontrarse con la naturaleza y con su propia historia. Estamos perdiendo parte de nuestra identidad magallánica, esa que siempre estuvo ligada al viento, a los grandes espacios y a la vida al aire libre. Quitar este terreno es quitar uno de los pocos pulmones verdes que aún quedan, es seguir avanzando hacia una ciudad gris que olvida sus raíces y su esencia.
La elección de José Antonio Kast como presidente marca un hito para Chile, prometiendo mano dura contra la delincuencia y mayor transparencia en el Estado. Sin embargo, la designación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública genera interrogantes que no pueden ignorarse. Jouannet, diputado por La Araucanía y líder de Amarillos por Chile, tiene experiencia en la zona sur, pero sus vínculos societarios con figuras investigadas por delitos graves plantean dudas razonables sobre su idoneidad para un cargo clave en la lucha contra el crimen organizado. Primero, examinemos su trayectoria. Nacido en Temuco en 1967, Jouannet fue militante demócrata cristiano, intendente bajo Bachelet y diputado desde 2022. Su salto al gobierno de Kast, de corte conservador, ya despierta sospechas de oportunismo político. ¿Cómo un exconcertacionista se alinea con un proyecto que critica el progresismo? Esta versatilidad ideológica podría indicar falta de convicciones firmes, esenciales en seguridad pública donde se necesita coherencia para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo en el sur. Pero las dudas van más allá de la política. Jouannet mantiene sociedades con empresarios imputados en causas penales. Por ejemplo, es socio de Bo Emilio Yang en Forestal Comercial (2019) y Labs Latin America Business Strategy SpA (2021). Yang está investigado por tráfico de influencias en un caso que involucra a Karol Cariola y posibles nexos con el Partido Comunista. ¿Es prudente que un subsecretario de seguridad tenga lazos con alguien vinculado a redes de influencia extranjera, especialmente chinas, en un contexto de crecientes preocupaciones geopolíticas? Aún más preocupante es su empresa Impresiones Quizapú Limitada (2015), compartida con Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Hadad fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas, ligado al gremio de tragamonedas (Fiden). Salazar, por su parte, representa Pagadoor, una firma acusada de facilitar transacciones para apuestas online ilegales. Recientemente, el Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra Salazar por asociación criminal y lavado de activos, presentada por Polla Chilena de Beneficencia. La acción imputa a nueve personas la creación de una red para procesar pagos ilícitos y remitir fondos al extranjero. Estos nexos con el mundo de las tragamonedas y apuestas clandestinas —sectores propensos al lavado de dinero y crimen organizado— son incompatibles con un rol en seguridad. ¿Cómo liderará políticas contra el delito si sus socios están bajo escrutinio por actividades similares? Además, Fast Check reveló que Jouannet omitió estas sociedades en sus declaraciones de intereses y patrimonio desde 2021, violando normas de transparencia. Esto no solo genera sospechas de ocultamiento, sino que erosiona la credibilidad del nuevo gobierno antes de asumir. Kast ha defendido a Jouannet, citando su experiencia y desestimando las críticas como maniobras extemporáneas. Pero el presidente electo prometió probidad absoluta. Mantener esta designación podría abrir flancos a la oposición y distraer de prioridades como el control de fronteras y la macrozona sur. Jouannet responde citando a Churchill: A las personas hay que analizarlas por sus acciones. Precisamente por eso, sus acciones pasadas —sociedades no declaradas y vínculos controvertidos— invitan a la cautela. En redes, usuarios como @pdhernandezf y @CarlosAmpuero cuestionan si esto pasó por un chequeo riguroso, advirtiendo que genera ruido y desgaste. Otros, como @Wbrokering, critican su transfuguismo ideológico. Desde Punta Arenas, donde la seguridad es vital ante el aislamiento, urge que el gobierno priorice perfiles intachables. ¿Debe Jouannet asumir? Las dudas son razonables y merecen respuestas claras. Kast ganó con un mandato de orden; ignorar estos flancos podría costar caro. Mejor rectificar ahora que lamentar después.
A propósito de las recientes declaraciones del senador Alejandro Kusanovic sobre la Zona Franca de Magallanes, es necesario recordar un antecedente que el debate público parece omitir. El 25 de enero de 2023, en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, se expusieron antecedentes técnicos sobre el funcionamiento del sistema franco y sus efectos en la región. Ese día, el senador Kusanovic presidía dicha comisión. Hoy, además, ya no integra esa instancia. Por ello surge una pregunta inevitable: ¿qué acciones concretas se impulsaron desde entonces para investigar, fiscalizar o proponer mejoras verificables al modelo vigente? La preocupación actual no es menor. Existe el riesgo de que decisiones de alto impacto —como eventuales modificaciones o extensiones del contrato de administración— puedan adoptarse sin fiscalización activa ni transparencia pública suficiente. La comisión regional creada para supervisar dicho contrato prácticamente no ha sesionado, no existen reportes sistemáticos de acceso público y la revisión de instrumentos como el Reglamento Interno de Operaciones no ha sido objeto de un seguimiento técnico visible. Este escenario instala una inquietud legítima: que decisiones estructurales se tomen sin control efectivo y que, cuando sus efectos se materialicen, ya no exista margen de corrección. El propio senador Kusanovic ha advertido en sus reflexiones recientes cómo decisiones adoptadas sin revisión oportuna pueden volverse irreversibles. Por ello, más allá de declaraciones, corresponde avanzar hacia acciones concretas. Resulta pertinente que el nuevo gobierno y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, revisen y transparenten lo ocurrido en el modelo de administración de la Zona Franca desde 2007 a la fecha. No con ánimo de confrontación, sino para determinar con claridad si el sistema actual cumple su propósito de desarrollo regional o si requiere ajustes estructurales que protejan al usuario final y aseguren transparencia. La región necesita certezas, no solo diagnósticos. Atentamente, Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes
El senador Karim Bianchi Retamales, solicitó hoy al Gobierno el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con los asistentes de la educación de la Región de Magallanes, exigiendo que se respete el pago del bono de zonas extremas, conforme a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas y a la normativa vigente. Lo anterior, tras conocerse el dictamen N° D11 de 29 de enero de 2026 de la Contraloría General de la República, que analiza la procedencia de la asignación de zona en el contexto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. El parlamentario fue enfático en señalar que el bono de zonas extremas no dice relación con la asignación legal de zona, por lo que no existe dualidad de pago. “Aquí no hay doble beneficio por el mismo concepto. Estamos hablando de derechos adquiridos en negociaciones colectivas válidamente celebradas, que deben ser respetados”, sostuvo. Asimismo, indicó que, sin perjuicio de que se está pidiendo la reconsideración a la Contraloría, lo que corresponde de manera inmediata es que se paguen los montos comprometidos, especialmente considerando que la Dirección de Presupuestos está descontando recursos a los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales para estos efectos. “Si los recursos están siendo descontados a los municipios para financiar estos bonos, no existe justificación alguna para que los asistentes de la educación no estén recibiendo sus pagos. No hay espacio a dudas respecto de su derecho, como tampoco respecto de que los descuentos se están realizando”, afirmó. En ese sentido, el senador anunció que desde el Senado se requerirá formalmente toda la información a la Dirección de Presupuestos para esclarecer por qué no se ha materializado el pago a los trabajadores. “Una vez más, la Dirección de Presupuestos no está cumpliendo. No puede ser que quienes cumplen un rol fundamental en la educación de nuestros niños, particularmente en la Región de Magallanes, vean vulnerados sus derechos a días del inicio del año escolar. Es una situación inaceptable”, concluyó el legislador.
Hoy quiero alzar la voz no sólo como deportista, sino como joven magallánica que ha crecido y se ha formado en el Club Hípico. Lo que estamos viviendo no es simplemente el cierre de un recinto. Es la extinción forzada de un deporte que le ha dado grandes logros a Magallanes y que ha formado a muchos jinetes y amazonas con enorme proyección futura. Aquí, no sólo aprendimos técnica, aprendimos disciplina, respeto, constancia y amor por los caballos. Perderemos el único espacio que nos permitía entrenar con seguridad y en condiciones óptimas. No existe en Punta Arenas otro lugar con la infraestructura, amplitud y características necesarias para la práctica ecuestre responsable. Sin ese espacio, muchos jóvenes simplemente no podrán continuar. El legado de este gobierno en esta materia será privar a Punta Arenas de una gran área verde, con enorme potencial para múltiples actividades deportivas, culturales y recreativas. En vez de proyectar un parque integral, moderno y abierto a la comunidad —como ejemplos exitosos en otras ciudades del país— se opta por eliminar un espacio histórico que pudo transformarse en un verdadero pulmón verde y centro deportivo para todos. Hoy, están matando al Club Hípico más austral del mundo. Y lo hacen en un terreno que fue donado para que fuera una gran área verde al servicio de la comunidad. No se trata sólo de caballos. Se trata de identidad, de historia y de oportunidades para las nuevas generaciones. Se trata de decidir qué tipo de ciudad queremos: una que borre su tradición deportiva o una que la proyecte hacia el futuro. Como deportista joven, duele ver cómo se apaga un espacio que nos permitió soñar en grande y representar a nuestra región con orgullo. Punta Arenas se está llenando de cemento a un ritmo que preocupa. Cada vez vemos menos espacios abiertos, menos áreas verdes, menos lugares donde las familias puedan encontrarse con la naturaleza y con su propia historia. Estamos perdiendo parte de nuestra identidad magallánica, esa que siempre estuvo ligada al viento, a los grandes espacios y a la vida al aire libre. Quitar este terreno es quitar uno de los pocos pulmones verdes que aún quedan, es seguir avanzando hacia una ciudad gris que olvida sus raíces y su esencia.
La elección de José Antonio Kast como presidente marca un hito para Chile, prometiendo mano dura contra la delincuencia y mayor transparencia en el Estado. Sin embargo, la designación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública genera interrogantes que no pueden ignorarse. Jouannet, diputado por La Araucanía y líder de Amarillos por Chile, tiene experiencia en la zona sur, pero sus vínculos societarios con figuras investigadas por delitos graves plantean dudas razonables sobre su idoneidad para un cargo clave en la lucha contra el crimen organizado. Primero, examinemos su trayectoria. Nacido en Temuco en 1967, Jouannet fue militante demócrata cristiano, intendente bajo Bachelet y diputado desde 2022. Su salto al gobierno de Kast, de corte conservador, ya despierta sospechas de oportunismo político. ¿Cómo un exconcertacionista se alinea con un proyecto que critica el progresismo? Esta versatilidad ideológica podría indicar falta de convicciones firmes, esenciales en seguridad pública donde se necesita coherencia para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo en el sur. Pero las dudas van más allá de la política. Jouannet mantiene sociedades con empresarios imputados en causas penales. Por ejemplo, es socio de Bo Emilio Yang en Forestal Comercial (2019) y Labs Latin America Business Strategy SpA (2021). Yang está investigado por tráfico de influencias en un caso que involucra a Karol Cariola y posibles nexos con el Partido Comunista. ¿Es prudente que un subsecretario de seguridad tenga lazos con alguien vinculado a redes de influencia extranjera, especialmente chinas, en un contexto de crecientes preocupaciones geopolíticas? Aún más preocupante es su empresa Impresiones Quizapú Limitada (2015), compartida con Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Hadad fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas, ligado al gremio de tragamonedas (Fiden). Salazar, por su parte, representa Pagadoor, una firma acusada de facilitar transacciones para apuestas online ilegales. Recientemente, el Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra Salazar por asociación criminal y lavado de activos, presentada por Polla Chilena de Beneficencia. La acción imputa a nueve personas la creación de una red para procesar pagos ilícitos y remitir fondos al extranjero. Estos nexos con el mundo de las tragamonedas y apuestas clandestinas —sectores propensos al lavado de dinero y crimen organizado— son incompatibles con un rol en seguridad. ¿Cómo liderará políticas contra el delito si sus socios están bajo escrutinio por actividades similares? Además, Fast Check reveló que Jouannet omitió estas sociedades en sus declaraciones de intereses y patrimonio desde 2021, violando normas de transparencia. Esto no solo genera sospechas de ocultamiento, sino que erosiona la credibilidad del nuevo gobierno antes de asumir. Kast ha defendido a Jouannet, citando su experiencia y desestimando las críticas como maniobras extemporáneas. Pero el presidente electo prometió probidad absoluta. Mantener esta designación podría abrir flancos a la oposición y distraer de prioridades como el control de fronteras y la macrozona sur. Jouannet responde citando a Churchill: A las personas hay que analizarlas por sus acciones. Precisamente por eso, sus acciones pasadas —sociedades no declaradas y vínculos controvertidos— invitan a la cautela. En redes, usuarios como @pdhernandezf y @CarlosAmpuero cuestionan si esto pasó por un chequeo riguroso, advirtiendo que genera ruido y desgaste. Otros, como @Wbrokering, critican su transfuguismo ideológico. Desde Punta Arenas, donde la seguridad es vital ante el aislamiento, urge que el gobierno priorice perfiles intachables. ¿Debe Jouannet asumir? Las dudas son razonables y merecen respuestas claras. Kast ganó con un mandato de orden; ignorar estos flancos podría costar caro. Mejor rectificar ahora que lamentar después.
A propósito de las recientes declaraciones del senador Alejandro Kusanovic sobre la Zona Franca de Magallanes, es necesario recordar un antecedente que el debate público parece omitir. El 25 de enero de 2023, en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, se expusieron antecedentes técnicos sobre el funcionamiento del sistema franco y sus efectos en la región. Ese día, el senador Kusanovic presidía dicha comisión. Hoy, además, ya no integra esa instancia. Por ello surge una pregunta inevitable: ¿qué acciones concretas se impulsaron desde entonces para investigar, fiscalizar o proponer mejoras verificables al modelo vigente? La preocupación actual no es menor. Existe el riesgo de que decisiones de alto impacto —como eventuales modificaciones o extensiones del contrato de administración— puedan adoptarse sin fiscalización activa ni transparencia pública suficiente. La comisión regional creada para supervisar dicho contrato prácticamente no ha sesionado, no existen reportes sistemáticos de acceso público y la revisión de instrumentos como el Reglamento Interno de Operaciones no ha sido objeto de un seguimiento técnico visible. Este escenario instala una inquietud legítima: que decisiones estructurales se tomen sin control efectivo y que, cuando sus efectos se materialicen, ya no exista margen de corrección. El propio senador Kusanovic ha advertido en sus reflexiones recientes cómo decisiones adoptadas sin revisión oportuna pueden volverse irreversibles. Por ello, más allá de declaraciones, corresponde avanzar hacia acciones concretas. Resulta pertinente que el nuevo gobierno y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, revisen y transparenten lo ocurrido en el modelo de administración de la Zona Franca desde 2007 a la fecha. No con ánimo de confrontación, sino para determinar con claridad si el sistema actual cumple su propósito de desarrollo regional o si requiere ajustes estructurales que protejan al usuario final y aseguren transparencia. La región necesita certezas, no solo diagnósticos. Atentamente, Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes
