A propósito de las recientes declaraciones del senador Alejandro Kusanovic sobre la Zona Franca de Magallanes, es necesario recordar un antecedente que el debate público parece omitir. El 25 de enero de 2023, en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, se expusieron antecedentes técnicos sobre el funcionamiento del sistema franco y sus efectos en la región. Ese día, el senador Kusanovic presidía dicha comisión. Hoy, además, ya no integra esa instancia. Por ello surge una pregunta inevitable: ¿qué acciones concretas se impulsaron desde entonces para investigar, fiscalizar o proponer mejoras verificables al modelo vigente? La preocupación actual no es menor. Existe el riesgo de que decisiones de alto impacto —como eventuales modificaciones o extensiones del contrato de administración— puedan adoptarse sin fiscalización activa ni transparencia pública suficiente. La comisión regional creada para supervisar dicho contrato prácticamente no ha sesionado, no existen reportes sistemáticos de acceso público y la revisión de instrumentos como el Reglamento Interno de Operaciones no ha sido objeto de un seguimiento técnico visible. Este escenario instala una inquietud legítima: que decisiones estructurales se tomen sin control efectivo y que, cuando sus efectos se materialicen, ya no exista margen de corrección. El propio senador Kusanovic ha advertido en sus reflexiones recientes cómo decisiones adoptadas sin revisión oportuna pueden volverse irreversibles. Por ello, más allá de declaraciones, corresponde avanzar hacia acciones concretas. Resulta pertinente que el nuevo gobierno y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, revisen y transparenten lo ocurrido en el modelo de administración de la Zona Franca desde 2007 a la fecha. No con ánimo de confrontación, sino para determinar con claridad si el sistema actual cumple su propósito de desarrollo regional o si requiere ajustes estructurales que protejan al usuario final y aseguren transparencia. La región necesita certezas, no solo diagnósticos. Atentamente, Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes
Aunque han pasado más de dos siglos, cada aniversario de la Aurora de Chile es una invitación a mirar el origen de nuestras palabras públicas. No solo las primeras impresas en el país, sino aquellas que aún hoy sostienen —o tensionan— la idea misma de ciudadanía. Fundada en 1812 bajo la dirección de Camilo Henríquez, la Aurora no fue únicamente un periódico, sino un acto político en el sentido más profundo del término, porque se constituyó en una piedra basal de las ideas de libertad y la posterior construcción de la república. Bien lo sabía, José Miguel Carrera. Henríquez comprendió y, así lo expresa en el prospecto publicado el 12 de febrero de 1812 y en su primer número del 13 de febrero del mismo año, que la independencia no podía limitarse a la ruptura con la corona española. Había que emancipar también la conciencia. En sus páginas, impregnadas del pensamiento ilustrado europeo, la razón aparecía como herramienta de liberación, la educación como base de la república y la prensa como espacio de deliberación o ágora. No se trataba de informar solamente, sino de formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. La Ilustración guió a la Aurora que, en su corta vida (1812-1813, 58 números), fue una expresión del ethos de Chile, con base en la confianza de la palabra argumentada, el rechazo al dogma impuesto y la convicción de que el progreso social se construye mediante el debate informado. En un tiempo de alfabetización limitada, Henríquez, el fraile de la Buena Muerte, optó por la circulación de ideas como semilla de igualdad, una apuesta radical para la época y nuestros tiempos. Lo hizo con valentía y coraje en un período turbulento. Hoy, en una era dominada por la inmediatez digital, la fragmentación informativa, la viralización del enojo, el meme y el clip de 20 o 30 segundos, el legado de la Aurora interpela con fuerza sobre qué hacemos con la palabra pública. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ciudadana para ampliar la conversación democrática y evitar las trincheras que no le hacen bien a Chile.
Descubrir y asombrarse ante el mundo es, quizás, uno de los rasgos más primordiales con los que nacemos. Esa curiosidad innata nos prepara para comprender nuestro entorno, permitiéndonos entender nuestro lugar en él y sobrevivir. Este impulso profundo es la fuente de extender sin límites las ansias de conocer, y probablemente es lo que dio origen a la ciencia y al conocimiento. Sin embargo, la curiosidad por sí sola no basta: la ciencia no comienza únicamente con el deseo de saber, sino con el acceso a las condiciones que permiten desarrollarla. Hoy, la ciencia cumple un rol tan importante en el desarrollo de la sociedad que resulta difícil imaginar nuestra vida sin ella. Atraviesa nuestras decisiones cotidianas, orienta el progreso y nos entrega herramientas fundamentales para comprender y enfrentar los desafíos del mundo actual. A pesar de ello, el acceso a la ciencia, y a las trayectorias que conducen a ella, no ha sido históricamente igual para mujeres y hombres. De niña, las preguntas sobre la naturaleza eran parte habitual de mi día a día, sin que entonces pudiera imaginar hacia dónde me llevarían. Con un padre físico y una madre artista, tuve la posibilidad de explorar intereses diversos. Fueron esas vivencias las que, con el tiempo, despertaron mi interés por la ciencia. Sin embargo, mi experiencia dista mucho de la realidad de la mayoría de las niñas y de las mujeres. Partiendo por el hecho de que la desigualdad de género en el acceso a la educación sigue siendo un fenómeno extendido a nivel global: casi una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 años no estudia, no trabaja ni recibe capacitación, en comparación con uno de cada diez chicos de la misma edad (UNICEF). Estas brechas tempranas tienen consecuencias directas en las oportunidades de acceso a la ciencia y no desaparecen con el tiempo; por el contrario, persisten y se reproducen a lo largo de las trayectorias científicas, llegando a influir incluso en las posiciones de liderazgo y en la producción del conocimiento (Foro Económico Mundial, 2024). Estas desigualdades globales también se expresan en el contexto nacional. Si bien en Chile se han registrado algunos avances en materia de género, situando al país en una mejor posición relativa respecto de otros países de Latinoamérica, en los ámbitos de la ciencia y la tecnología estas brechas siguen siendo profundas. Durante el año 2022, sólo el 7,8 % de las mujeres se titularon de carreras en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), posicionando a Chile entre los países con el porcentaje más bajo dentro de la OCDE (OCDE, 2023). De hecho, a medida que se avanza en la trayectoria científica, la proporción de mujeres disminuye en magíster y doctorado, y sólo cerca del 34 % de las doctoras realiza investigación en instituciones de educación superior. Estas brechas no sólo limitan trayectorias individuales, sino que también restringen la diversidad de miradas desde las cuales se construye el conocimiento científico. Cuando las trayectorias científicas se ven interrumpidas o limitadas para las mujeres, se reduce la pluralidad de experiencias, saberes y perspectivas que nutren el conocimiento. El resultado no es sólo una ciencia menos equitativa, sino también una ciencia menos completa, menos situada y con menor capacidad para responder a problemáticas sociales y ambientales complejas. En ámbitos como la conservación de la naturaleza, las mujeres, especialmente en comunidades indígenas y rurales, han desempeñado históricamente un rol central en el cuidado y la gestión de los territorios. Sin embargo, estos conocimientos rara vez se traducen en liderazgo, poder de decisión o acceso a financiamiento. Reconocer y fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia y en la conservación no es sólo una cuestión de justicia social, sino una condición clave para construir respuestas más integrales, arraigadas en el bienestar comunitario y orientadas a las generaciones futuras. Frente a este escenario, la existencia de referentes femeninos en espacios de liderazgo resulta clave. Personalmente, contar con mujeres referentes en la ciencia y en la conservación fue determinante para imaginarme a mí misma recorriendo este camino. No se trató sólo de inspiración, sino de la posibilidad concreta de verse reflejada en otras, de entender que la ciencia y el liderazgo también podían ser un lugar propio. Cuando las mujeres no están visibles, muchas trayectorias ni siquiera alcanzan a imaginarse. Por eso, fortalecer liderazgos femeninos no es un gesto simbólico, sino una forma de abrir caminos, sostener nuevas generaciones y garantizar que la ciencia refleje todas las voces. Porque al final, “lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer” (Jane Goodall).
Hoy vivimos una paradoja tecnológica: nunca fue tan fácil conversar con una inteligencia artificial, pero nunca fue tan complejo delegarle un proceso industrial autónomo. Mientras plataformas como ChatGPT (OpenAI) o Claude (Anthropic) han democratizado el acceso a la consulta rápida, la automatización de procesos críticos permanece bajo un férreo peaje corporativo y técnico. En la minería, esta brecha es crítica. Un geólogo puede pedirle a una IA que resuma un informe técnico en segundos, pero si intenta programar un agente que procese masivamente 1,000 metros de testigos de sondaje —analizando fotografías de alta resolución y datos de QEMSCAN para clasificar mineralogía de cobre—, se enfrenta a muros de pago, APIs costosas y la exposición de datos estratégicos en nubes extranjeras. La GenAI es democrática en el paso a paso, pero la automatización a escala es hoy un privilegio de quienes pueden costear créditos infinitos. Esta restricción no es solo comercial; es física. La demanda de razonamiento por agentes es exponencial: un solo proceso automatizado que analiza mil muestras consume el cómputo de miles de usuarios chateando. Para evitar el colapso, las Big Tech usan la tarjeta de crédito como un firewall operativo. ¿Cuál será la evolución? Probablemente no vendrá de una tarifa plana en la nube, sino de la soberanía local. El futuro del procesamiento masivo de datos reside en modelos de pesos abiertos como Llama 3 o DeepSeek, ejecutándose en servidores propios. Solo cuando el motor de inferencia sea un recurso local, veremos una minería inteligente, privada y sin peajes por cada mineral identificado o documento procesado. Manuel Reyes Facultad de Ingeniería UNAB
En Magallanes, hablar de deporte es hablar de comunidad, clubes, familias, talleres municipales y escuelas que sostienen gran parte del trabajo formativo y recreativo. Ese ecosistema es valioso, pero también heterogéneo y plantea una pregunta decisiva ¿cómo asegurar que quienes forman y conducen procesos deportivos cuenten con competencias técnicas verificables? En este escenario, las certificaciones del Comité Olímpico de Chile (COCH) en disciplinas como vóleibol, básquetbol, balonmano y tenis de mesa, que obtienen estudiantes de Técnico en Deportes del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, adquieren un valor clave al entregar un respaldo objetivo de preparación práctica, estándares comunes y responsabilidad formativa para el mundo laboral. La empleabilidad en deporte no se reduce a “tener trabajo”. Es sostenerse, crecer y moverse con flexibilidad entre escuela, clubes, municipio, entidades gubernamentales, programas comunitarios, centros de adultos mayores, academias, etc. En Punta Arenas, donde los proyectos pueden ser estacionales y la profesionalización avanza a ritmos dispares, la diferencia entre entrar y permanecer se juega en la capacidad demostrable de planificar, ejecutar y evaluar con seguridad y criterio. Para el empleador, la certificación reduce la incertidumbre y traduce la experiencia del estudiante a un lenguaje común, comparable y con evaluación externa. Certificar, entonces, no es un trámite accesorio, sino un puente entre el aula y el terreno. Ordena aprendizajes, exige aplicación práctica y valida competencias con estándares externos, algo especialmente relevante en el deporte formativo, donde la motivación por sí sola no basta. Enseñar deporte implica planificar, dosificar, corregir, prevenir riesgos y adaptar procesos a contextos diversos. En ese sentido, egresar con certificaciones avaladas por el COCH no significa competir por entusiasmo, sino por competencias demostrables. La buena intención inspira; el impacto deportivo sostenible se construye con formación certificada.
A propósito de las recientes declaraciones del senador Alejandro Kusanovic sobre la Zona Franca de Magallanes, es necesario recordar un antecedente que el debate público parece omitir. El 25 de enero de 2023, en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, se expusieron antecedentes técnicos sobre el funcionamiento del sistema franco y sus efectos en la región. Ese día, el senador Kusanovic presidía dicha comisión. Hoy, además, ya no integra esa instancia. Por ello surge una pregunta inevitable: ¿qué acciones concretas se impulsaron desde entonces para investigar, fiscalizar o proponer mejoras verificables al modelo vigente? La preocupación actual no es menor. Existe el riesgo de que decisiones de alto impacto —como eventuales modificaciones o extensiones del contrato de administración— puedan adoptarse sin fiscalización activa ni transparencia pública suficiente. La comisión regional creada para supervisar dicho contrato prácticamente no ha sesionado, no existen reportes sistemáticos de acceso público y la revisión de instrumentos como el Reglamento Interno de Operaciones no ha sido objeto de un seguimiento técnico visible. Este escenario instala una inquietud legítima: que decisiones estructurales se tomen sin control efectivo y que, cuando sus efectos se materialicen, ya no exista margen de corrección. El propio senador Kusanovic ha advertido en sus reflexiones recientes cómo decisiones adoptadas sin revisión oportuna pueden volverse irreversibles. Por ello, más allá de declaraciones, corresponde avanzar hacia acciones concretas. Resulta pertinente que el nuevo gobierno y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, revisen y transparenten lo ocurrido en el modelo de administración de la Zona Franca desde 2007 a la fecha. No con ánimo de confrontación, sino para determinar con claridad si el sistema actual cumple su propósito de desarrollo regional o si requiere ajustes estructurales que protejan al usuario final y aseguren transparencia. La región necesita certezas, no solo diagnósticos. Atentamente, Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes
Aunque han pasado más de dos siglos, cada aniversario de la Aurora de Chile es una invitación a mirar el origen de nuestras palabras públicas. No solo las primeras impresas en el país, sino aquellas que aún hoy sostienen —o tensionan— la idea misma de ciudadanía. Fundada en 1812 bajo la dirección de Camilo Henríquez, la Aurora no fue únicamente un periódico, sino un acto político en el sentido más profundo del término, porque se constituyó en una piedra basal de las ideas de libertad y la posterior construcción de la república. Bien lo sabía, José Miguel Carrera. Henríquez comprendió y, así lo expresa en el prospecto publicado el 12 de febrero de 1812 y en su primer número del 13 de febrero del mismo año, que la independencia no podía limitarse a la ruptura con la corona española. Había que emancipar también la conciencia. En sus páginas, impregnadas del pensamiento ilustrado europeo, la razón aparecía como herramienta de liberación, la educación como base de la república y la prensa como espacio de deliberación o ágora. No se trataba de informar solamente, sino de formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. La Ilustración guió a la Aurora que, en su corta vida (1812-1813, 58 números), fue una expresión del ethos de Chile, con base en la confianza de la palabra argumentada, el rechazo al dogma impuesto y la convicción de que el progreso social se construye mediante el debate informado. En un tiempo de alfabetización limitada, Henríquez, el fraile de la Buena Muerte, optó por la circulación de ideas como semilla de igualdad, una apuesta radical para la época y nuestros tiempos. Lo hizo con valentía y coraje en un período turbulento. Hoy, en una era dominada por la inmediatez digital, la fragmentación informativa, la viralización del enojo, el meme y el clip de 20 o 30 segundos, el legado de la Aurora interpela con fuerza sobre qué hacemos con la palabra pública. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ciudadana para ampliar la conversación democrática y evitar las trincheras que no le hacen bien a Chile.
Descubrir y asombrarse ante el mundo es, quizás, uno de los rasgos más primordiales con los que nacemos. Esa curiosidad innata nos prepara para comprender nuestro entorno, permitiéndonos entender nuestro lugar en él y sobrevivir. Este impulso profundo es la fuente de extender sin límites las ansias de conocer, y probablemente es lo que dio origen a la ciencia y al conocimiento. Sin embargo, la curiosidad por sí sola no basta: la ciencia no comienza únicamente con el deseo de saber, sino con el acceso a las condiciones que permiten desarrollarla. Hoy, la ciencia cumple un rol tan importante en el desarrollo de la sociedad que resulta difícil imaginar nuestra vida sin ella. Atraviesa nuestras decisiones cotidianas, orienta el progreso y nos entrega herramientas fundamentales para comprender y enfrentar los desafíos del mundo actual. A pesar de ello, el acceso a la ciencia, y a las trayectorias que conducen a ella, no ha sido históricamente igual para mujeres y hombres. De niña, las preguntas sobre la naturaleza eran parte habitual de mi día a día, sin que entonces pudiera imaginar hacia dónde me llevarían. Con un padre físico y una madre artista, tuve la posibilidad de explorar intereses diversos. Fueron esas vivencias las que, con el tiempo, despertaron mi interés por la ciencia. Sin embargo, mi experiencia dista mucho de la realidad de la mayoría de las niñas y de las mujeres. Partiendo por el hecho de que la desigualdad de género en el acceso a la educación sigue siendo un fenómeno extendido a nivel global: casi una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 años no estudia, no trabaja ni recibe capacitación, en comparación con uno de cada diez chicos de la misma edad (UNICEF). Estas brechas tempranas tienen consecuencias directas en las oportunidades de acceso a la ciencia y no desaparecen con el tiempo; por el contrario, persisten y se reproducen a lo largo de las trayectorias científicas, llegando a influir incluso en las posiciones de liderazgo y en la producción del conocimiento (Foro Económico Mundial, 2024). Estas desigualdades globales también se expresan en el contexto nacional. Si bien en Chile se han registrado algunos avances en materia de género, situando al país en una mejor posición relativa respecto de otros países de Latinoamérica, en los ámbitos de la ciencia y la tecnología estas brechas siguen siendo profundas. Durante el año 2022, sólo el 7,8 % de las mujeres se titularon de carreras en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), posicionando a Chile entre los países con el porcentaje más bajo dentro de la OCDE (OCDE, 2023). De hecho, a medida que se avanza en la trayectoria científica, la proporción de mujeres disminuye en magíster y doctorado, y sólo cerca del 34 % de las doctoras realiza investigación en instituciones de educación superior. Estas brechas no sólo limitan trayectorias individuales, sino que también restringen la diversidad de miradas desde las cuales se construye el conocimiento científico. Cuando las trayectorias científicas se ven interrumpidas o limitadas para las mujeres, se reduce la pluralidad de experiencias, saberes y perspectivas que nutren el conocimiento. El resultado no es sólo una ciencia menos equitativa, sino también una ciencia menos completa, menos situada y con menor capacidad para responder a problemáticas sociales y ambientales complejas. En ámbitos como la conservación de la naturaleza, las mujeres, especialmente en comunidades indígenas y rurales, han desempeñado históricamente un rol central en el cuidado y la gestión de los territorios. Sin embargo, estos conocimientos rara vez se traducen en liderazgo, poder de decisión o acceso a financiamiento. Reconocer y fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia y en la conservación no es sólo una cuestión de justicia social, sino una condición clave para construir respuestas más integrales, arraigadas en el bienestar comunitario y orientadas a las generaciones futuras. Frente a este escenario, la existencia de referentes femeninos en espacios de liderazgo resulta clave. Personalmente, contar con mujeres referentes en la ciencia y en la conservación fue determinante para imaginarme a mí misma recorriendo este camino. No se trató sólo de inspiración, sino de la posibilidad concreta de verse reflejada en otras, de entender que la ciencia y el liderazgo también podían ser un lugar propio. Cuando las mujeres no están visibles, muchas trayectorias ni siquiera alcanzan a imaginarse. Por eso, fortalecer liderazgos femeninos no es un gesto simbólico, sino una forma de abrir caminos, sostener nuevas generaciones y garantizar que la ciencia refleje todas las voces. Porque al final, “lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer” (Jane Goodall).
Hoy vivimos una paradoja tecnológica: nunca fue tan fácil conversar con una inteligencia artificial, pero nunca fue tan complejo delegarle un proceso industrial autónomo. Mientras plataformas como ChatGPT (OpenAI) o Claude (Anthropic) han democratizado el acceso a la consulta rápida, la automatización de procesos críticos permanece bajo un férreo peaje corporativo y técnico. En la minería, esta brecha es crítica. Un geólogo puede pedirle a una IA que resuma un informe técnico en segundos, pero si intenta programar un agente que procese masivamente 1,000 metros de testigos de sondaje —analizando fotografías de alta resolución y datos de QEMSCAN para clasificar mineralogía de cobre—, se enfrenta a muros de pago, APIs costosas y la exposición de datos estratégicos en nubes extranjeras. La GenAI es democrática en el paso a paso, pero la automatización a escala es hoy un privilegio de quienes pueden costear créditos infinitos. Esta restricción no es solo comercial; es física. La demanda de razonamiento por agentes es exponencial: un solo proceso automatizado que analiza mil muestras consume el cómputo de miles de usuarios chateando. Para evitar el colapso, las Big Tech usan la tarjeta de crédito como un firewall operativo. ¿Cuál será la evolución? Probablemente no vendrá de una tarifa plana en la nube, sino de la soberanía local. El futuro del procesamiento masivo de datos reside en modelos de pesos abiertos como Llama 3 o DeepSeek, ejecutándose en servidores propios. Solo cuando el motor de inferencia sea un recurso local, veremos una minería inteligente, privada y sin peajes por cada mineral identificado o documento procesado. Manuel Reyes Facultad de Ingeniería UNAB
En Magallanes, hablar de deporte es hablar de comunidad, clubes, familias, talleres municipales y escuelas que sostienen gran parte del trabajo formativo y recreativo. Ese ecosistema es valioso, pero también heterogéneo y plantea una pregunta decisiva ¿cómo asegurar que quienes forman y conducen procesos deportivos cuenten con competencias técnicas verificables? En este escenario, las certificaciones del Comité Olímpico de Chile (COCH) en disciplinas como vóleibol, básquetbol, balonmano y tenis de mesa, que obtienen estudiantes de Técnico en Deportes del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, adquieren un valor clave al entregar un respaldo objetivo de preparación práctica, estándares comunes y responsabilidad formativa para el mundo laboral. La empleabilidad en deporte no se reduce a “tener trabajo”. Es sostenerse, crecer y moverse con flexibilidad entre escuela, clubes, municipio, entidades gubernamentales, programas comunitarios, centros de adultos mayores, academias, etc. En Punta Arenas, donde los proyectos pueden ser estacionales y la profesionalización avanza a ritmos dispares, la diferencia entre entrar y permanecer se juega en la capacidad demostrable de planificar, ejecutar y evaluar con seguridad y criterio. Para el empleador, la certificación reduce la incertidumbre y traduce la experiencia del estudiante a un lenguaje común, comparable y con evaluación externa. Certificar, entonces, no es un trámite accesorio, sino un puente entre el aula y el terreno. Ordena aprendizajes, exige aplicación práctica y valida competencias con estándares externos, algo especialmente relevante en el deporte formativo, donde la motivación por sí sola no basta. Enseñar deporte implica planificar, dosificar, corregir, prevenir riesgos y adaptar procesos a contextos diversos. En ese sentido, egresar con certificaciones avaladas por el COCH no significa competir por entusiasmo, sino por competencias demostrables. La buena intención inspira; el impacto deportivo sostenible se construye con formación certificada.
