Los partidos políticos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los antecedentes conocidos públicamente respecto de la declaración de intereses y patrimonio del diputado Alejandro Riquelme Ducci, los cuales abren legítimas dudas sobre el estándar de transparencia y probidad que la ciudadanía espera de sus autoridades. En democracia, la transparencia constituye un deber político y ético fundamental para toda autoridad electa, particularmente en lo relativo a la claridad y completitud de la información sobre sus intereses económicos y societarios. En ese contexto, resulta preocupante que, según los antecedentes revisados, no exista claridad respecto de las deudas por contribuciones asociadas a al menos 17 propiedades pertenecientes a una empresa en la que el diputado participa con un 25% de propiedad. Si bien podría argumentarse que la normativa no obliga a declarar individualmente los bienes de una sociedad, creemos que el estándar ético exigible a un parlamentario debiese ir más allá de la mera formalidad legal, particularmente cuando existen obligaciones pendientes que podrían ser de interés público. Asimismo, el diputado debe esclarecer de manera transparente y sin ambigüedades si actualmente participa en una sola empresa —como habría sido declarado— o si mantiene participación en cuatro sociedades distintas, tal como se ha expuesto públicamente y puede observarse en registros de constitución y modificación de sociedades disponibles en sistemas oficiales. La ciudadanía de Magallanes merece respuestas claras. La función parlamentaria exige actuar con total transparencia, evitando cualquier espacio de duda respecto de la información patrimonial y societaria que se entrega al país. Por lo mismo, hacemos un llamado al diputado Alejandro Riquelme Ducci a aclarar estos antecedentes de manera pública, completa y documentada, contribuyendo así a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y en el ejercicio responsable de la representación política. Adhieren a este comunicado: Frente Amplio Partido Comunista Partido Liberal Partido Socialista Partido Radical Partido Por la Democracia
La acción llevada a cabo recae en un perfil anónimo, y apunta directamente a un miembro activo del Ejército, identificado como el administrador de la plataforma digital donde se vertieron las intimidaciones. El sitio de Facebook “Zona Cool”, es gestionado por Cristian Pinto, funcionario militar de la dotación local, quien ha sostenido una constante campaña de hostigamiento contra la autoridad. Pinto, previamente exhibió fotografías del vehículo particular del concejal para cuestionar su conducta pública. La situación estalló cuando usuarios anónimos utilizaron el foro del militar para emitir explícitos avisos de asesinato. Es una situación sumamente grave. No solo genera inseguridad en mi entorno personal, sino que provoca un vacío en seguridad, y un daño a toda la comuna, declaró el concejal Ruiz. Agregó que ha exigido explicaciones al mando superior del Ejército respecto de la conducta del uniformado. Dada la gravedad del caso, la comunidad natalina reaccionó con profunda conmoción ante un nivel de violencia contra sus representantes democráticos. En primera instancia, el concejo municipal entregó su respaldo público a Ruiz. Los ediles dijeron que este tipo de actos no pueden ser tolerados. Tras formalizar el requerimiento ante la PDI, la defensa del concejal prepara nuevas acciones legales ante la justicia ordinaria. Por su parte, la dirección del Partido Comunista, Regional Magallanes, expresó su profunda preocupación ante la campaña de desprestigio y hostigamiento que se lleva a cabo en contra de un miembro de la colectividad política, “y que es parte del concejo municipal, por tanto, autoridad local”. Manifestaron que se ha entregado todo el apoyo, y solidaridad incondicional, frente a las amenazas. Expresaron que los distintos sectores políticos, y la sociedad en general, no pueden ser pasivas ante los hechos descritos.
Frente al evitable fallecimiento del trabajador Gonzalo Hernán Oyarzo Cabero en el muelle de Puerto Williams, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la desidia institucional y declaramos lo siguiente: La muerte de Gonzalo, joven de 36 años, exalumno de la comuna, y trabajador de la centolla, no es un simple accidente fortuito. Es la consecuencia directa de un sistema que abandona a los pescadores artesanales a su suerte, obligándolos a operar en muelles congelados, sin luminarias adecuadas y bajo condiciones climáticas extremas que transforman el terminal pesquero en una trampa mortal. Pedimos públicamente saber cuál ha sido el rol fiscalizador por parte de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams y de la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), para evitar este accidente Creemos que no se puede tolerar que la autoridad marítima limite su rol a firmar resoluciones de Puerto Cerrado desde la comodidad de una oficina, mientras desatiende por completo la fiscalización en el terreno. En este sentido, es imperiosa la presencia de la Policía Marítima en la losa del muelle para controlar las faenas internas de las embarcaciones atracadas. Nos preguntamos que ha dicho y hecho el SEREMI del Trabajo ante la muerte del trabajador, asimismo pedimos a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, y al Delegado Provincial de la Antártica Chilena, para que dejen los discursos protocolares y metafóricos y enfrenten la crisis de seguridad portuaria que golpea a Cabo de Hornos. Por tanto, demandamos un vuelco radical en el estándar de fiscalización. La Armada de Chile cuenta con los recursos y las atribuciones legales para garantizar el orden y la seguridad en el litoral. No basta sólo el argumento del autocuidado para eludir responsabilidades. Exigimos al Ministerio Público que la investigación liderada por la fiscalía local no limite este caso a un mero peritaje técnico de la lancha motor Loreto. Demandamos que se indague a fondo la responsabilidad administrativa y penal de los mandos de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams por la evidente falta de servicio y la nula fiscalización en un recinto público. Partido Comunista de Chile Regional Magallanes.
DECLARACIÓN PÚBLICA. MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES. La improvisación del actual gobierno demuestra la ausencia de un proyecto de país que beneficie a las mayorías. Kast y sus secuaces gobiernan para una minoría privilegiada. Improvisación del gobierno es evidente en el nombramiento de las mal llamadas “autoridades” porque estos en rigor deben ser servidores públicos. 18 Secretarios Regionales Ministeriales a nivel nacional han tenido que renunciar por incompatibilidades con el ejercicio de sus cargos. Kast y la Ministra de Educación legislan para crear una escuela que castiga. El proyecto de ley “Escuela Protegida” esta denominación que esconde una visión educativa parcial, que deja fuera la convivencia como un ámbito preventivo y formativo en el marco de una educación integral. En Magallanes, el actual gobierno quiere una educación a la deriva. Junto con un Servicio Local de Educación Pública que presenta graves problemas de gestión financiera, administrativa y técnica-pedagógica; se suma como guinda de la torta el nombramiento de José Raúl Alvarado Díaz como SEREMI de Educación. El señor Álvarado, en efecto tiene una trayectoria en educación intachable en exclusión, acoso laboral y autoritarismo en cada uno de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su larga carrera como representante de una escuela autoritaria. El prontuario del Sr. Alvarado indica que jamás ha ganado un concurso público en los múltiples cargos que ha desempeñado. En gobiernos de derecha anteriores fue designado como militante de Renovación Nacional. Hoy con más años es un flamante republicano. El actual SEREMI de Educación, volvió desde el olvido a Magallanes para ser nuevamente interino en el Liceo Industrial “Amando Quezada Acharan” para volver hacer lo que mejor hace, hostigar a las y los trabajadores de la educación. El Servicio Local de Educación de Magallanes, debe transparentar de inmediato las denuncias contra del Sr. Alvarado. De lo contrario es cómplice de inaceptables abusos laborales. Así como la Delegada Presidencial de Magallanes debe rápidamente tomar una decisión sobre la permanencia en su cargo como SEREMI de Educación. Pedirle al actual SEREMI de Educación que dé un paso al costado cae en el vacío, porque es una acción ética que no ha estado presente en sus 50 años de “trayectoria”.
Las Direcciones Regionales del Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Frente Amplio y Partido Radical de Magallanes y de la Antártica Chilena, frente a la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar el decreto que definía la distribución de recursos de la Política de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), declaramos: Esta decisión constituye un grave retroceso para el desarrollo de Magallanes y una señal inequívoca de centralismo que vuelve a relegar a nuestra región a un plano secundario. Este acto no solo modifica criterios técnicos, sino que pone en riesgo directo proyectos de infraestructura, conectividad, salud y servicios básicos, afectando la calidad de vida de miles de magallánicos y magallánicas. En adición, nuestra región pierde cientos de puestos de trabajos asociados a las etapas de construcción y operación de las iniciativas que no serán financiadas. El retiro del decreto implica desmantelar una planificación construida durante años, conparticipación regional en cada comuna, con una priorización y validación institucional, generando hoy incertidumbre sobre iniciativas que ya contaban con financiamiento comprometido. Este proceso incluyó instancias de participación ciudadana, donde organizaciones sociales y actores del territorio incidieron en la definición de prioridades para el desarrollo de Magallanes. Desconocer ese trabajo es, en la práctica, ignorar la voz de la ciudadanía y debilitar un proceso legítimo de construcción regional. Esta decisión es especialmente grave en un territorio como Magallanes, donde las condiciones geográficas y de aislamiento hacen que el costo de vida y de inversión sea sustancialmente mayor.Aquí no hay privilegios: hay necesidades estructurales que el Estado tiene la obligación de abordar. Tal como han señalado consejeros regionales en su declaración pública, esta medida representa un menosprecio al trabajo regional, un golpe a las localidades aisladas y una vulneración de la autonomía territorial, afectando directamente obras esenciales para el bienestar de la población. No aceptaremos que Magallanes sea utilizada como variable de ajuste presupuestario ni que se aplique el freno centralista a proyectos validados por la ciudadanía y que son vitales para el esarrollo de los territorios más aislados de nuestra región. Esta decisión no es solo técnica: es profundamente ideológica, no ponderada y plenamente política, perjudicando directamente a quienes vivimos haciendo soberanía en el extremo austral del país Por ello, exigimos al Gobierno central revertir esta improvisada y mala medida, además de requerir claridad inmediata respecto del impacto en la cartera de proyectos PDZE regionales, ante el manto de incertidumbre que cubre a la sociedad magallánica. Asimismo, emplazamos a los consejeros regionales y autoridades de derecha que aprobaron el PEDZE a pronunciarse con claridad frente a esta decisión del Gobierno que hoy respaldan. No basta con haber apoyado el plan: hoy deben defenderlo ante un evidente retroceso. Magallanes no puede retroceder. Magallanes merece respeto. Magallanes debe seguir avanzando. FIRMAN Partido Socialista de Chile Partido Liberal de Chile Partido Comunista de Chile Partido por la Democracia Frente Amplio Partido Radical de Chile
Los partidos políticos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los antecedentes conocidos públicamente respecto de la declaración de intereses y patrimonio del diputado Alejandro Riquelme Ducci, los cuales abren legítimas dudas sobre el estándar de transparencia y probidad que la ciudadanía espera de sus autoridades. En democracia, la transparencia constituye un deber político y ético fundamental para toda autoridad electa, particularmente en lo relativo a la claridad y completitud de la información sobre sus intereses económicos y societarios. En ese contexto, resulta preocupante que, según los antecedentes revisados, no exista claridad respecto de las deudas por contribuciones asociadas a al menos 17 propiedades pertenecientes a una empresa en la que el diputado participa con un 25% de propiedad. Si bien podría argumentarse que la normativa no obliga a declarar individualmente los bienes de una sociedad, creemos que el estándar ético exigible a un parlamentario debiese ir más allá de la mera formalidad legal, particularmente cuando existen obligaciones pendientes que podrían ser de interés público. Asimismo, el diputado debe esclarecer de manera transparente y sin ambigüedades si actualmente participa en una sola empresa —como habría sido declarado— o si mantiene participación en cuatro sociedades distintas, tal como se ha expuesto públicamente y puede observarse en registros de constitución y modificación de sociedades disponibles en sistemas oficiales. La ciudadanía de Magallanes merece respuestas claras. La función parlamentaria exige actuar con total transparencia, evitando cualquier espacio de duda respecto de la información patrimonial y societaria que se entrega al país. Por lo mismo, hacemos un llamado al diputado Alejandro Riquelme Ducci a aclarar estos antecedentes de manera pública, completa y documentada, contribuyendo así a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y en el ejercicio responsable de la representación política. Adhieren a este comunicado: Frente Amplio Partido Comunista Partido Liberal Partido Socialista Partido Radical Partido Por la Democracia
La acción llevada a cabo recae en un perfil anónimo, y apunta directamente a un miembro activo del Ejército, identificado como el administrador de la plataforma digital donde se vertieron las intimidaciones. El sitio de Facebook “Zona Cool”, es gestionado por Cristian Pinto, funcionario militar de la dotación local, quien ha sostenido una constante campaña de hostigamiento contra la autoridad. Pinto, previamente exhibió fotografías del vehículo particular del concejal para cuestionar su conducta pública. La situación estalló cuando usuarios anónimos utilizaron el foro del militar para emitir explícitos avisos de asesinato. Es una situación sumamente grave. No solo genera inseguridad en mi entorno personal, sino que provoca un vacío en seguridad, y un daño a toda la comuna, declaró el concejal Ruiz. Agregó que ha exigido explicaciones al mando superior del Ejército respecto de la conducta del uniformado. Dada la gravedad del caso, la comunidad natalina reaccionó con profunda conmoción ante un nivel de violencia contra sus representantes democráticos. En primera instancia, el concejo municipal entregó su respaldo público a Ruiz. Los ediles dijeron que este tipo de actos no pueden ser tolerados. Tras formalizar el requerimiento ante la PDI, la defensa del concejal prepara nuevas acciones legales ante la justicia ordinaria. Por su parte, la dirección del Partido Comunista, Regional Magallanes, expresó su profunda preocupación ante la campaña de desprestigio y hostigamiento que se lleva a cabo en contra de un miembro de la colectividad política, “y que es parte del concejo municipal, por tanto, autoridad local”. Manifestaron que se ha entregado todo el apoyo, y solidaridad incondicional, frente a las amenazas. Expresaron que los distintos sectores políticos, y la sociedad en general, no pueden ser pasivas ante los hechos descritos.
Frente al evitable fallecimiento del trabajador Gonzalo Hernán Oyarzo Cabero en el muelle de Puerto Williams, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la desidia institucional y declaramos lo siguiente: La muerte de Gonzalo, joven de 36 años, exalumno de la comuna, y trabajador de la centolla, no es un simple accidente fortuito. Es la consecuencia directa de un sistema que abandona a los pescadores artesanales a su suerte, obligándolos a operar en muelles congelados, sin luminarias adecuadas y bajo condiciones climáticas extremas que transforman el terminal pesquero en una trampa mortal. Pedimos públicamente saber cuál ha sido el rol fiscalizador por parte de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams y de la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), para evitar este accidente Creemos que no se puede tolerar que la autoridad marítima limite su rol a firmar resoluciones de Puerto Cerrado desde la comodidad de una oficina, mientras desatiende por completo la fiscalización en el terreno. En este sentido, es imperiosa la presencia de la Policía Marítima en la losa del muelle para controlar las faenas internas de las embarcaciones atracadas. Nos preguntamos que ha dicho y hecho el SEREMI del Trabajo ante la muerte del trabajador, asimismo pedimos a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, y al Delegado Provincial de la Antártica Chilena, para que dejen los discursos protocolares y metafóricos y enfrenten la crisis de seguridad portuaria que golpea a Cabo de Hornos. Por tanto, demandamos un vuelco radical en el estándar de fiscalización. La Armada de Chile cuenta con los recursos y las atribuciones legales para garantizar el orden y la seguridad en el litoral. No basta sólo el argumento del autocuidado para eludir responsabilidades. Exigimos al Ministerio Público que la investigación liderada por la fiscalía local no limite este caso a un mero peritaje técnico de la lancha motor Loreto. Demandamos que se indague a fondo la responsabilidad administrativa y penal de los mandos de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams por la evidente falta de servicio y la nula fiscalización en un recinto público. Partido Comunista de Chile Regional Magallanes.
DECLARACIÓN PÚBLICA. MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES. La improvisación del actual gobierno demuestra la ausencia de un proyecto de país que beneficie a las mayorías. Kast y sus secuaces gobiernan para una minoría privilegiada. Improvisación del gobierno es evidente en el nombramiento de las mal llamadas “autoridades” porque estos en rigor deben ser servidores públicos. 18 Secretarios Regionales Ministeriales a nivel nacional han tenido que renunciar por incompatibilidades con el ejercicio de sus cargos. Kast y la Ministra de Educación legislan para crear una escuela que castiga. El proyecto de ley “Escuela Protegida” esta denominación que esconde una visión educativa parcial, que deja fuera la convivencia como un ámbito preventivo y formativo en el marco de una educación integral. En Magallanes, el actual gobierno quiere una educación a la deriva. Junto con un Servicio Local de Educación Pública que presenta graves problemas de gestión financiera, administrativa y técnica-pedagógica; se suma como guinda de la torta el nombramiento de José Raúl Alvarado Díaz como SEREMI de Educación. El señor Álvarado, en efecto tiene una trayectoria en educación intachable en exclusión, acoso laboral y autoritarismo en cada uno de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su larga carrera como representante de una escuela autoritaria. El prontuario del Sr. Alvarado indica que jamás ha ganado un concurso público en los múltiples cargos que ha desempeñado. En gobiernos de derecha anteriores fue designado como militante de Renovación Nacional. Hoy con más años es un flamante republicano. El actual SEREMI de Educación, volvió desde el olvido a Magallanes para ser nuevamente interino en el Liceo Industrial “Amando Quezada Acharan” para volver hacer lo que mejor hace, hostigar a las y los trabajadores de la educación. El Servicio Local de Educación de Magallanes, debe transparentar de inmediato las denuncias contra del Sr. Alvarado. De lo contrario es cómplice de inaceptables abusos laborales. Así como la Delegada Presidencial de Magallanes debe rápidamente tomar una decisión sobre la permanencia en su cargo como SEREMI de Educación. Pedirle al actual SEREMI de Educación que dé un paso al costado cae en el vacío, porque es una acción ética que no ha estado presente en sus 50 años de “trayectoria”.
Las Direcciones Regionales del Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Frente Amplio y Partido Radical de Magallanes y de la Antártica Chilena, frente a la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar el decreto que definía la distribución de recursos de la Política de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), declaramos: Esta decisión constituye un grave retroceso para el desarrollo de Magallanes y una señal inequívoca de centralismo que vuelve a relegar a nuestra región a un plano secundario. Este acto no solo modifica criterios técnicos, sino que pone en riesgo directo proyectos de infraestructura, conectividad, salud y servicios básicos, afectando la calidad de vida de miles de magallánicos y magallánicas. En adición, nuestra región pierde cientos de puestos de trabajos asociados a las etapas de construcción y operación de las iniciativas que no serán financiadas. El retiro del decreto implica desmantelar una planificación construida durante años, conparticipación regional en cada comuna, con una priorización y validación institucional, generando hoy incertidumbre sobre iniciativas que ya contaban con financiamiento comprometido. Este proceso incluyó instancias de participación ciudadana, donde organizaciones sociales y actores del territorio incidieron en la definición de prioridades para el desarrollo de Magallanes. Desconocer ese trabajo es, en la práctica, ignorar la voz de la ciudadanía y debilitar un proceso legítimo de construcción regional. Esta decisión es especialmente grave en un territorio como Magallanes, donde las condiciones geográficas y de aislamiento hacen que el costo de vida y de inversión sea sustancialmente mayor.Aquí no hay privilegios: hay necesidades estructurales que el Estado tiene la obligación de abordar. Tal como han señalado consejeros regionales en su declaración pública, esta medida representa un menosprecio al trabajo regional, un golpe a las localidades aisladas y una vulneración de la autonomía territorial, afectando directamente obras esenciales para el bienestar de la población. No aceptaremos que Magallanes sea utilizada como variable de ajuste presupuestario ni que se aplique el freno centralista a proyectos validados por la ciudadanía y que son vitales para el esarrollo de los territorios más aislados de nuestra región. Esta decisión no es solo técnica: es profundamente ideológica, no ponderada y plenamente política, perjudicando directamente a quienes vivimos haciendo soberanía en el extremo austral del país Por ello, exigimos al Gobierno central revertir esta improvisada y mala medida, además de requerir claridad inmediata respecto del impacto en la cartera de proyectos PDZE regionales, ante el manto de incertidumbre que cubre a la sociedad magallánica. Asimismo, emplazamos a los consejeros regionales y autoridades de derecha que aprobaron el PEDZE a pronunciarse con claridad frente a esta decisión del Gobierno que hoy respaldan. No basta con haber apoyado el plan: hoy deben defenderlo ante un evidente retroceso. Magallanes no puede retroceder. Magallanes merece respeto. Magallanes debe seguir avanzando. FIRMAN Partido Socialista de Chile Partido Liberal de Chile Partido Comunista de Chile Partido por la Democracia Frente Amplio Partido Radical de Chile
