El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme (REP), presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue la eventual utilización de infraestructura y recursos públicos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) con fines político-partidistas, luego de la grabación en sus dependencias del programa “Gustavo Platica”, conducido por el diputado Gustavo Gatica y que tuvo como invitada a la excandidata presidencial Jeannette Jara. El episodio fue difundido el 20 de octubre de 2026 y, según los antecedentes presentados al organismo fiscalizador, fue grabado en el patio central del nuevo edificio de la Facultad de Administración y Economía de la universidad. Durante la conversación, Jara abordó la reconstrucción de un proyecto político progresista y sostuvo que había que hacer “todo lo posible para que la derecha no vuelva a ser reelegida nunca más en nuestro país”. Frente a estos antecedentes, Riquelme cuestionó que dependencias de una universidad estatal puedan ser utilizadas para actividades de carácter político. “Las universidades estatales no son sucursales del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Son instituciones públicas financiadas con los impuestos de todos los chilenos, incluidos millones de ciudadanos que no comparten sus ideas políticas. La libertad de expresión no puede transformarse en una autorización para disponer de infraestructura pública al servicio de proyectos partidistas”, sostuvo. La denuncia incorpora como antecedente el Dictamen N.º D209N26, de abril de 2026, de la Contraloría General de la República, referido a una actividad política realizada en dependencias de la Universidad de Chile. Según la presentación, dicho pronunciamiento estableció que la autonomía de las universidades estatales no las exime de cumplir los principios de juridicidad y probidad administrativa. “Aquí existe un precedente administrativo concreto. No basta con decir que alguien prestó un patio o que la universidad no pagó directamente la grabación. Los edificios, los servicios, la seguridad y el funcionamiento de una universidad estatal tienen costos que pagan todos los chilenos. Por eso queremos saber quién autorizó esta actividad, bajo qué condiciones y con qué finalidad institucional”, afirmó Riquelme. El parlamentario solicitó establecer quién autorizó la grabación, bajo qué procedimiento se facilitó el recinto, si participaron funcionarios durante su jornada laboral y si fueron utilizados servicios, equipamiento u otros recursos institucionales. “Nadie pretende prohibir que Jeannette Jara tenga opiniones políticas o que Gustavo Gatica realice entrevistas. Lo que cuestionamos es que una universidad del Estado pueda convertirse en plataforma de difusión de una determinada causa partidista. La libertad de expresión es un derecho; utilizar recursos públicos para fines ajenos a los institucionales es un asunto completamente distinto”, señaló. Riquelme pidió además que, si la fiscalización determina una infracción grave a los deberes de probidad y prescindencia política, se establezcan las responsabilidades administrativas correspondientes. “Si se acredita que Jeannette Jara utilizó su condición de funcionaria universitaria o recursos del Estado para favorecer una actividad partidista, voy a exigir que se aplique la máxima sanción que corresponda, incluida su destitución cuando proceda legalmente. La trayectoria política o haber sido candidata presidencial no puede convertirse en un privilegio frente a las normas de probidad”, manifestó. “Las universidades pertenecen a todos los chilenos, no a los partidos políticos. Y quien confunda el patrimonio público con una herramienta de propaganda debe responder ante la ley”, concluyó.
Oposición de Magallanes ante la crisis regional 15 de septiembre de 2026 A la ciudadanía de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Las organizaciones sociales y sindicales, dirigentes y representantes de los partidos políticos de oposición regional, reunidos tras un proceso de análisis y reflexión profunda, declaramos nuestra preocupación ante el actual estado de deterioro que enfrenta nuestra región a consecuencia de la Gestión del gobierno de la ultra derecha de José Antonio Kast. Constatamos con pesar la falta de planificación, los recortes presupuestarios en servicios públicos clave, y la precarización de las condiciones de vida de las familias magallánicas incompatible con la alza en los costos de vida y decisiones evitables en desmedro de los ciudadanos, como la subida histórica del precio de combustibles. Como oposición, asumimos el compromiso de avanzar hacia una articulación política y social sólida. Nuestras prioridades inmediatas incluyen: •Fiscalización y Contraloría Ciudadana: Implementar mecanismos de vigilancia activa sobre el gasto público, el funcionamiento de los servicios públicos, como el SLEP, y monitorear focos de corrupción. •Defensa de los Servicios Públicos: Rechazar el desmantelamiento de organismos esenciales, tales como salud y educación, exigiendo mejoras en infraestructura y atención, priorizando la salud mental y la cobertura de especialistas. •Agenda Social: Garantizar el derecho al Trabajo y procurar que se desarrollen programas que aborden el desempleo, alto costo de la vida, precarización laboral, sobreendeudamiento y la protección a los sectores más vulnerables: juventudes, adultos mayores, pueblos indígenas y población vulnerable. •Unidad Regional: Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, sindicales y territoriales a unificarse bajo un bloque de defensa de los derechos humanos y los intereses de Magallanes, rompiendo el estigma y recuperando la capacidad de interlocución con la ciudadanía. Es imperativo que el sector político de oposición actúe unido, sin miedo y con una voz clara en todas las instancias de representación y decisión nacionales y locales. La oposición no solo debe fiscalizar, sino proponer un camino de desarrollo regional que recupere la soberanía y el bienestar de nuestros habitantes.
El Comité Regional Magallanes del Partido Comunista de Chile manifiesta su absoluto rechazo a la presencia del Presidente José Antonio Kast en nuestra región. Su viaje no busca el desarrollo, sino maquillar un gobierno de ultraderecha que violenta a las mayorías para favorecer a los grandes grupos económicos. La cesantía en Magallanes es dramática; los empleos de mera supervivencia superan el 32,6%, golpeando severamente a las mujeres trabajadoras. Mientras las familias sufren el alza continua de combustibles, el gobierno ejecuta recortes criminales en salud, educación y vivienda, paralizando la infraestructura regional, como ya advirtió la Cámara Chilena de la Construcción. Denunciamos con fuerza la eliminación del Plan de Zonas Extremas y la retención ilegal de fondos comprometidos. Esta medida centralista asfixia financieramente a Magallanes y desampara por completo a nuestra población. El Presidente es una persona no grata porque busca desmantelar los derechos históricos de los trabajadores, pretendiendo precarizar la jornada laboral y reducir las indemnizaciones por años de servicio, mientras impulsa una reforma tributaria hecha a la medida de los superricos. Tras fracasar en seguridad pública, ahora el Ejecutivo pretende instalar una Reforma Constitucional que vulnera los Derechos Humanos. Como un “ladrón en la noche”, busca un Estado de Excepción permanente para concentrar el poder absoluto de detener y perseguir. Magallanes no aceptará conductas dictatoriales. El gobierno de Kast ha quitado su máscara multicultural demostrando un profundo desprecio por las primeras naciones. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, constituyen una amenaza explícita de carácter abiertamente racista. Al tildar a los pueblos indígenas como “un peligro para el país” y calificar leyes de resguardo básico —como el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y la Ley Lafkenche— como una “amenaza”, el ministro vulnera sus garantías fundamentales. Esta postura de Estado revela una alarmante intención por eliminar, asfixiar y exterminar los intereses, derechos territoriales y la cosmogonía de los pueblos originarios. Por último, la visita presidencial a nuestra región combativa es un distractor mediático. Utilizan un falso patriotismo para ocultar el fracaso de una diplomacia que nos cuesta aranceles del 12,5% con EE. UU, mientras intentan sumarnos a una peligrosa escalada armamentística vecinal. Los trabajadores sufren por igual la opresión en ambos países. La discordia o guerra les conviene a los opresores, la Paz, a los trabajadores. Sepa el Presidente que la miseria de su gestión no se puede esconder detrás de granjas de bots falsos en redes sociales, y que gente de su sector los ha denunciado. Magallanes tiene memoria, dignidad ancestral y defenderá con firmeza su soberanía, su democracia, los derechos de sus trabajadores y el respeto irrestricto a los pueblos originarios. PARTIDO COMUNISTA DE CHILE - REGIONAL MAGALLANES.
DECLARACIÓN PÚBLICA: Ante la gravedad de los hechos conocidos el pasado viernes, que involucran el allanamiento de dependencias y la incautación de dispositivos tecnológicos al senador de derecha Alejandro Kusanovic por parte de la PDI y la Fiscalía, el Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes declara el repudio total a las prácticas de explotación y abuso. Condenamos de forma tajante el vergonzoso mecanismo de extorsión laboral denunciado. Obligar a un trabajador a devolver parte de su sueldo, es una práctica patronal abusiva e inmoral, que se vuelve aún más intolerable al ser ejecutada con fondos públicos destinados a la labor legislativa. Un imputado por fraude al fisco y abuso contra los trabajadores no tiene la legitimidad ética para seguir representando a la región, ni para legislar las leyes de la República. Exigimos que el senador de un paso al costado de manera inmediata, y que las bancadas parlamentarias impulsen urgentemente su desafuero para que enfrente a la justicia, como cualquier ciudadano común. El desvío de más de $23 millones de pesos de asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas constituye un robo directo a los recursos de todas y todos los magallánicos y ciudadanos del país. Por tanto, exigimos la restitución total de los fondos defraudados al Estado. Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de hacer política de la derecha regional y del país, y que ya vimos en una parlamentaria la misma práctica, y que “confunden” los recursos públicos con sus patrimonios personales. Emplazamos a los partidos que sustentan al parlamentario, especialmente al Social Cristiano, a romper el silencio cómplice y dejar de blindar la corrupción. El Partido Comunista de Chile no permitirá perdonazos políticos, presiones al Ministerio Público, ni que las influencias de las élites locales terminen sepultando este caso en la impunidad. Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes.
Tras el desgarrador suicidio de un joven de 17 años ocurrido este fin de semana en Puerto Natales, el Partido Comunista se hace presente y emitimos el presente comunicado para manifestar nuestro más absoluto repudio ante las declaraciones públicas emitidas por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza. Sus dichos configuran una inadmisible vulneración a la memoria del adolescente fallecido y una confesión explícita de la inoperancia del Estado que él administra. En su reciente alocución, en Radio Presidente Ibáñez, la máxima autoridad provincial desglosó públicamente el historial clínico, judicial y educacional del menor, calificándolo bajo conceptos estigmatizantes y deslindando la responsabilidad institucional hacia diferentes situaciones familiares y del entorno. A través de este comunicado, presentamos nuestro rechazo a esas declaraciones y determinando las responsabilidades políticas, legales y éticas a las que se ha hecho merecedora de manera inmediata. El delegado provincial Liber Lazo a re-victimizado y estigmatizado Post – Mortem al exponer un historial de drogadicción, alcoholismo, rendimiento escolar pésimo y judicialización lo que criminaliza de manera póstuma a una víctima de 17 años. La autoridad utiliza estas vulnerabilidades de forma lapidaria para desviar la atención pública de la inoperancia del sistema, y de su gobierno transformando la desprotección social en fallas de carácter individual. Al mismo tiempo, el delegado ha hecho públicamente una declaración y confesión explícita de falta de servicios sociales básicos al declarar textualmente que: no logramos llegar a él de forma oportuna, el Delegado Provincial emite una confesión jurídica. El Estado, a través de sus oficinas de protección y salud del adolescente, tenía pleno conocimiento del caso por su larga data y omitió de manera negligente las medidas de resguardo necesarias para salvar su vida. Intentar justificar que el menor no ingresó a un hogar de protección penal o social porque por diferente situación el joven se mantuvo en la casa es un acto de deslindamiento inaceptable. Como representante del Poder Ejecutivo, es deber de la Delegación coordinar e instar por la fiscalización de las órdenes judiciales y programas de intervención, no justificarse bajo las circunstancias. Tratar una pérdida humana evitable bajo una postura de reflexión pasiva o sociológica (la pregunta nos abre un escenario dramático, ¿en qué estamos fallando?) denota una alarmante falta de capacidad ejecutiva. Una autoridad del Estado debe instruir sumarios, fiscalizar redes y asumir responsabilidades directas en lugar de interactuar como un observador ajeno al aparato estatal. Como Partido Comunista de Chile, institución de más de 114 años de vida, y que defendemos la vida, afirmamos que la severa asimetría de poder ejercida en este discurso, las adicciones, la deserción o bajo rendimiento escolar, y el conflicto con la justicia penal juvenil son síntomas del abandono previo del Estado, nunca factores justificantes para abandonar un caso. Al actuar como un juez moral de la víctima una vez muerta, el Estado devela un intento coordinado por encubrir que fue un actor negligente en su cuidado mientras estaba con vida. Por tanto, solicitamos formalmente al Gobierno central la remoción inmediata del Delegado Presidencial Provincial. Ha perdido la idoneidad política, la sensibilidad ética y la legitimidad social necesarias para encabezar las políticas de seguridad y protección de la infancia y juventud en el territorio. Exigimos la apertura inmediata de una auditoría o sumario clínico, y un sumario administrativo exhaustivo a toda la red de protección local, oficinas de salud mental comunal, programas de Mejor Niñez y redes educacionales asociadas para identificar en qué eslabón se vulneraron los protocolos de resguardo del menor. Hacemos un llamado a la Defensoría de la Niñez, y a los organismos jurídicos pertinentes, a asesorar a la familia afectada para entablar una demanda civil contra el Fisco por Falta de Servicio. Las declaraciones grabadas de la autoridad provincial constituyen una prueba irrefutable de omisión institucional con resultado de muerte. La desprotección de nuestra juventud no puede seguir siendo abordada con indolencia burocrática. El suicidio de este joven natalino exige justicia, reparación y un cambio estructural inmediato en el manejo de las políticas públicas de protección social. Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes
El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme (REP), presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue la eventual utilización de infraestructura y recursos públicos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) con fines político-partidistas, luego de la grabación en sus dependencias del programa “Gustavo Platica”, conducido por el diputado Gustavo Gatica y que tuvo como invitada a la excandidata presidencial Jeannette Jara. El episodio fue difundido el 20 de octubre de 2026 y, según los antecedentes presentados al organismo fiscalizador, fue grabado en el patio central del nuevo edificio de la Facultad de Administración y Economía de la universidad. Durante la conversación, Jara abordó la reconstrucción de un proyecto político progresista y sostuvo que había que hacer “todo lo posible para que la derecha no vuelva a ser reelegida nunca más en nuestro país”. Frente a estos antecedentes, Riquelme cuestionó que dependencias de una universidad estatal puedan ser utilizadas para actividades de carácter político. “Las universidades estatales no son sucursales del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Son instituciones públicas financiadas con los impuestos de todos los chilenos, incluidos millones de ciudadanos que no comparten sus ideas políticas. La libertad de expresión no puede transformarse en una autorización para disponer de infraestructura pública al servicio de proyectos partidistas”, sostuvo. La denuncia incorpora como antecedente el Dictamen N.º D209N26, de abril de 2026, de la Contraloría General de la República, referido a una actividad política realizada en dependencias de la Universidad de Chile. Según la presentación, dicho pronunciamiento estableció que la autonomía de las universidades estatales no las exime de cumplir los principios de juridicidad y probidad administrativa. “Aquí existe un precedente administrativo concreto. No basta con decir que alguien prestó un patio o que la universidad no pagó directamente la grabación. Los edificios, los servicios, la seguridad y el funcionamiento de una universidad estatal tienen costos que pagan todos los chilenos. Por eso queremos saber quién autorizó esta actividad, bajo qué condiciones y con qué finalidad institucional”, afirmó Riquelme. El parlamentario solicitó establecer quién autorizó la grabación, bajo qué procedimiento se facilitó el recinto, si participaron funcionarios durante su jornada laboral y si fueron utilizados servicios, equipamiento u otros recursos institucionales. “Nadie pretende prohibir que Jeannette Jara tenga opiniones políticas o que Gustavo Gatica realice entrevistas. Lo que cuestionamos es que una universidad del Estado pueda convertirse en plataforma de difusión de una determinada causa partidista. La libertad de expresión es un derecho; utilizar recursos públicos para fines ajenos a los institucionales es un asunto completamente distinto”, señaló. Riquelme pidió además que, si la fiscalización determina una infracción grave a los deberes de probidad y prescindencia política, se establezcan las responsabilidades administrativas correspondientes. “Si se acredita que Jeannette Jara utilizó su condición de funcionaria universitaria o recursos del Estado para favorecer una actividad partidista, voy a exigir que se aplique la máxima sanción que corresponda, incluida su destitución cuando proceda legalmente. La trayectoria política o haber sido candidata presidencial no puede convertirse en un privilegio frente a las normas de probidad”, manifestó. “Las universidades pertenecen a todos los chilenos, no a los partidos políticos. Y quien confunda el patrimonio público con una herramienta de propaganda debe responder ante la ley”, concluyó.
Oposición de Magallanes ante la crisis regional 15 de septiembre de 2026 A la ciudadanía de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Las organizaciones sociales y sindicales, dirigentes y representantes de los partidos políticos de oposición regional, reunidos tras un proceso de análisis y reflexión profunda, declaramos nuestra preocupación ante el actual estado de deterioro que enfrenta nuestra región a consecuencia de la Gestión del gobierno de la ultra derecha de José Antonio Kast. Constatamos con pesar la falta de planificación, los recortes presupuestarios en servicios públicos clave, y la precarización de las condiciones de vida de las familias magallánicas incompatible con la alza en los costos de vida y decisiones evitables en desmedro de los ciudadanos, como la subida histórica del precio de combustibles. Como oposición, asumimos el compromiso de avanzar hacia una articulación política y social sólida. Nuestras prioridades inmediatas incluyen: •Fiscalización y Contraloría Ciudadana: Implementar mecanismos de vigilancia activa sobre el gasto público, el funcionamiento de los servicios públicos, como el SLEP, y monitorear focos de corrupción. •Defensa de los Servicios Públicos: Rechazar el desmantelamiento de organismos esenciales, tales como salud y educación, exigiendo mejoras en infraestructura y atención, priorizando la salud mental y la cobertura de especialistas. •Agenda Social: Garantizar el derecho al Trabajo y procurar que se desarrollen programas que aborden el desempleo, alto costo de la vida, precarización laboral, sobreendeudamiento y la protección a los sectores más vulnerables: juventudes, adultos mayores, pueblos indígenas y población vulnerable. •Unidad Regional: Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, sindicales y territoriales a unificarse bajo un bloque de defensa de los derechos humanos y los intereses de Magallanes, rompiendo el estigma y recuperando la capacidad de interlocución con la ciudadanía. Es imperativo que el sector político de oposición actúe unido, sin miedo y con una voz clara en todas las instancias de representación y decisión nacionales y locales. La oposición no solo debe fiscalizar, sino proponer un camino de desarrollo regional que recupere la soberanía y el bienestar de nuestros habitantes.
El Comité Regional Magallanes del Partido Comunista de Chile manifiesta su absoluto rechazo a la presencia del Presidente José Antonio Kast en nuestra región. Su viaje no busca el desarrollo, sino maquillar un gobierno de ultraderecha que violenta a las mayorías para favorecer a los grandes grupos económicos. La cesantía en Magallanes es dramática; los empleos de mera supervivencia superan el 32,6%, golpeando severamente a las mujeres trabajadoras. Mientras las familias sufren el alza continua de combustibles, el gobierno ejecuta recortes criminales en salud, educación y vivienda, paralizando la infraestructura regional, como ya advirtió la Cámara Chilena de la Construcción. Denunciamos con fuerza la eliminación del Plan de Zonas Extremas y la retención ilegal de fondos comprometidos. Esta medida centralista asfixia financieramente a Magallanes y desampara por completo a nuestra población. El Presidente es una persona no grata porque busca desmantelar los derechos históricos de los trabajadores, pretendiendo precarizar la jornada laboral y reducir las indemnizaciones por años de servicio, mientras impulsa una reforma tributaria hecha a la medida de los superricos. Tras fracasar en seguridad pública, ahora el Ejecutivo pretende instalar una Reforma Constitucional que vulnera los Derechos Humanos. Como un “ladrón en la noche”, busca un Estado de Excepción permanente para concentrar el poder absoluto de detener y perseguir. Magallanes no aceptará conductas dictatoriales. El gobierno de Kast ha quitado su máscara multicultural demostrando un profundo desprecio por las primeras naciones. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, constituyen una amenaza explícita de carácter abiertamente racista. Al tildar a los pueblos indígenas como “un peligro para el país” y calificar leyes de resguardo básico —como el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y la Ley Lafkenche— como una “amenaza”, el ministro vulnera sus garantías fundamentales. Esta postura de Estado revela una alarmante intención por eliminar, asfixiar y exterminar los intereses, derechos territoriales y la cosmogonía de los pueblos originarios. Por último, la visita presidencial a nuestra región combativa es un distractor mediático. Utilizan un falso patriotismo para ocultar el fracaso de una diplomacia que nos cuesta aranceles del 12,5% con EE. UU, mientras intentan sumarnos a una peligrosa escalada armamentística vecinal. Los trabajadores sufren por igual la opresión en ambos países. La discordia o guerra les conviene a los opresores, la Paz, a los trabajadores. Sepa el Presidente que la miseria de su gestión no se puede esconder detrás de granjas de bots falsos en redes sociales, y que gente de su sector los ha denunciado. Magallanes tiene memoria, dignidad ancestral y defenderá con firmeza su soberanía, su democracia, los derechos de sus trabajadores y el respeto irrestricto a los pueblos originarios. PARTIDO COMUNISTA DE CHILE - REGIONAL MAGALLANES.
DECLARACIÓN PÚBLICA: Ante la gravedad de los hechos conocidos el pasado viernes, que involucran el allanamiento de dependencias y la incautación de dispositivos tecnológicos al senador de derecha Alejandro Kusanovic por parte de la PDI y la Fiscalía, el Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes declara el repudio total a las prácticas de explotación y abuso. Condenamos de forma tajante el vergonzoso mecanismo de extorsión laboral denunciado. Obligar a un trabajador a devolver parte de su sueldo, es una práctica patronal abusiva e inmoral, que se vuelve aún más intolerable al ser ejecutada con fondos públicos destinados a la labor legislativa. Un imputado por fraude al fisco y abuso contra los trabajadores no tiene la legitimidad ética para seguir representando a la región, ni para legislar las leyes de la República. Exigimos que el senador de un paso al costado de manera inmediata, y que las bancadas parlamentarias impulsen urgentemente su desafuero para que enfrente a la justicia, como cualquier ciudadano común. El desvío de más de $23 millones de pesos de asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas constituye un robo directo a los recursos de todas y todos los magallánicos y ciudadanos del país. Por tanto, exigimos la restitución total de los fondos defraudados al Estado. Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de hacer política de la derecha regional y del país, y que ya vimos en una parlamentaria la misma práctica, y que “confunden” los recursos públicos con sus patrimonios personales. Emplazamos a los partidos que sustentan al parlamentario, especialmente al Social Cristiano, a romper el silencio cómplice y dejar de blindar la corrupción. El Partido Comunista de Chile no permitirá perdonazos políticos, presiones al Ministerio Público, ni que las influencias de las élites locales terminen sepultando este caso en la impunidad. Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes.
Tras el desgarrador suicidio de un joven de 17 años ocurrido este fin de semana en Puerto Natales, el Partido Comunista se hace presente y emitimos el presente comunicado para manifestar nuestro más absoluto repudio ante las declaraciones públicas emitidas por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza. Sus dichos configuran una inadmisible vulneración a la memoria del adolescente fallecido y una confesión explícita de la inoperancia del Estado que él administra. En su reciente alocución, en Radio Presidente Ibáñez, la máxima autoridad provincial desglosó públicamente el historial clínico, judicial y educacional del menor, calificándolo bajo conceptos estigmatizantes y deslindando la responsabilidad institucional hacia diferentes situaciones familiares y del entorno. A través de este comunicado, presentamos nuestro rechazo a esas declaraciones y determinando las responsabilidades políticas, legales y éticas a las que se ha hecho merecedora de manera inmediata. El delegado provincial Liber Lazo a re-victimizado y estigmatizado Post – Mortem al exponer un historial de drogadicción, alcoholismo, rendimiento escolar pésimo y judicialización lo que criminaliza de manera póstuma a una víctima de 17 años. La autoridad utiliza estas vulnerabilidades de forma lapidaria para desviar la atención pública de la inoperancia del sistema, y de su gobierno transformando la desprotección social en fallas de carácter individual. Al mismo tiempo, el delegado ha hecho públicamente una declaración y confesión explícita de falta de servicios sociales básicos al declarar textualmente que: no logramos llegar a él de forma oportuna, el Delegado Provincial emite una confesión jurídica. El Estado, a través de sus oficinas de protección y salud del adolescente, tenía pleno conocimiento del caso por su larga data y omitió de manera negligente las medidas de resguardo necesarias para salvar su vida. Intentar justificar que el menor no ingresó a un hogar de protección penal o social porque por diferente situación el joven se mantuvo en la casa es un acto de deslindamiento inaceptable. Como representante del Poder Ejecutivo, es deber de la Delegación coordinar e instar por la fiscalización de las órdenes judiciales y programas de intervención, no justificarse bajo las circunstancias. Tratar una pérdida humana evitable bajo una postura de reflexión pasiva o sociológica (la pregunta nos abre un escenario dramático, ¿en qué estamos fallando?) denota una alarmante falta de capacidad ejecutiva. Una autoridad del Estado debe instruir sumarios, fiscalizar redes y asumir responsabilidades directas en lugar de interactuar como un observador ajeno al aparato estatal. Como Partido Comunista de Chile, institución de más de 114 años de vida, y que defendemos la vida, afirmamos que la severa asimetría de poder ejercida en este discurso, las adicciones, la deserción o bajo rendimiento escolar, y el conflicto con la justicia penal juvenil son síntomas del abandono previo del Estado, nunca factores justificantes para abandonar un caso. Al actuar como un juez moral de la víctima una vez muerta, el Estado devela un intento coordinado por encubrir que fue un actor negligente en su cuidado mientras estaba con vida. Por tanto, solicitamos formalmente al Gobierno central la remoción inmediata del Delegado Presidencial Provincial. Ha perdido la idoneidad política, la sensibilidad ética y la legitimidad social necesarias para encabezar las políticas de seguridad y protección de la infancia y juventud en el territorio. Exigimos la apertura inmediata de una auditoría o sumario clínico, y un sumario administrativo exhaustivo a toda la red de protección local, oficinas de salud mental comunal, programas de Mejor Niñez y redes educacionales asociadas para identificar en qué eslabón se vulneraron los protocolos de resguardo del menor. Hacemos un llamado a la Defensoría de la Niñez, y a los organismos jurídicos pertinentes, a asesorar a la familia afectada para entablar una demanda civil contra el Fisco por Falta de Servicio. Las declaraciones grabadas de la autoridad provincial constituyen una prueba irrefutable de omisión institucional con resultado de muerte. La desprotección de nuestra juventud no puede seguir siendo abordada con indolencia burocrática. El suicidio de este joven natalino exige justicia, reparación y un cambio estructural inmediato en el manejo de las políticas públicas de protección social. Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes
