Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Partido Nacional Libertario, Carlos Sánchez, realizó un balance crítico de los primeros meses del Gobierno, apuntando a una supuesta falta de preparación, debilidades comunicacionales y escasos avances en materia de seguridad. Sánchez comenzó marcando distancia respecto de la administración central, señalando que su colectividad no forma parte del Gobierno, aunque sí respaldará iniciativas que contribuyan al desarrollo del país. “Nosotros no somos parte del equipo, pero vamos a apoyar las iniciativas que generen desarrollo del país y hagan bien a Chile”, afirmó. Respecto a los casi tres meses de gestión, el dirigente sostuvo que existe una percepción de improvisación en distintas áreas del Ejecutivo, cuestionando particularmente la preparación previa al cambio de mando y los posteriores ajustes ministeriales. “A nivel muy personal yo veo mucha improvisación. Se supone que hubo meses para preparar equipos y llegar con una hoja de ruta clara”, señaló. Uno de los principales énfasis de Sánchez estuvo en materia de seguridad, área que calificó como prioritaria y donde aseguró que las expectativas generadas durante la campaña presidencial aún no se traducen en resultados concretos. “La economía está bastante sólida, pero se ha dejado de lado el tema de seguridad. La gente hoy necesita sentir que puede salir tranquila a la calle”, manifestó. En ese contexto, valoró algunos anuncios recientes relacionados con seguridad, aunque indicó que esperaba medidas más profundas tras la cuenta pública presidencial. También sostuvo que la ciudadanía espera respuestas rápidas frente a las promesas realizadas durante la campaña. El dirigente también abordó la situación política regional, planteando críticas hacia la articulación entre autoridades regionales y representantes de sectores afines al oficialismo. Según indicó, existe una sensación de distancia entre autoridades nacionales y actores políticos regionales. “He recibido comentarios de autoridades del sector respecto a que no existe suficiente interacción o coordinación regional. Eso tiene que cambiar”, sostuvo. Consultado sobre las dificultades comunicacionales del Gobierno, Sánchez señaló que algunos ministros han evidenciado problemas para transmitir decisiones complejas a la ciudadanía, especialmente cuando involucran medidas económicas o de alto impacto social. Finalmente, reiteró que los próximos meses serán decisivos para la evaluación del Ejecutivo, insistiendo en que la seguridad debe transformarse en una prioridad transversal entre ministerios y organismos del Estado. “Hoy la gente necesita resultados concretos y sentir que existe una coordinación real frente a los problemas que afectan su vida cotidiana”, concluyó.
La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ya no puede tratarse como un trámite administrativo reservado para autoridades, técnicos y operadores de siempre. Lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que está en juego es el destino de una herramienta que debía impulsar el desarrollo regional y que, bajo el modelo actual, terminó perjudicando a quienes más dependen de ella: los usuarios, los emprendedores, el comercio local y, finalmente, los propios magallánicos. Durante años, la Zona Franca fue perdiendo competitividad y sentido. Los usuarios han debido soportar cobros altos, reglas poco claras y escasas mejoras visibles. Al mismo tiempo, el público dejó de percibir una ventaja real en muchos productos, desapareciendo buena parte de esa exclusividad y atractivo que antes distinguían al sistema. Una Zona Franca que deja de beneficiar con claridad a la región y a sus consumidores deja de cumplir su propósito esencial. Pero el daño no termina ahí. También se ha consolidado un modelo que desplazó el eje comercial, debilitó el centro de Punta Arenas y contribuyó al deterioro de la actividad tradicional de la ciudad. Mientras tanto, la administración sigue operando dentro de un esquema que muchos consideran rentable para unos pocos, pero insuficiente para el desarrollo real de Magallanes. Y eso obliga a una revisión profunda, seria y sin complacencia. Por eso, cualquier discusión sobre una futura licitación debe hacerse con transparencia total. No entre cuatro paredes. No mediante acuerdos reservados. No con decisiones tomadas de antemano para luego ser presentadas como inevitables. La región tiene derecho a saber qué se está evaluando, quiénes participan y bajo qué criterios se pretende definir el futuro de una institución tan relevante. Y hay un punto que debe quedar establecido desde ahora. Cualquier comisión, mesa técnica o instancia que trabaje en las bases de una futura licitación debe incluir representación real de los usuarios y empresarios con trayectoria efectiva en la Zona Franca. No como adorno ni como saludo a la bandera, sino como parte activa del proceso. Son ellos quienes conocen desde dentro las trabas, los cobros, la pérdida de competitividad y los errores que no pueden volver a repetirse. La votación de este martes en el Consejo Regional, CORE, donde los consejeros regionales deberán pronunciarse sobre la creación de una comisión de seguimiento e investigación, será una prueba política y moral. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Quien esté verdaderamente del lado de Magallanes debiera apoyar toda instancia seria de fiscalización, esclarecimiento y control. Y la comunidad estará muy atenta a quienes se opongan, porque si se bloquea la transparencia, también se estará bloqueando la posibilidad de hacer justicia con una región que lleva demasiado tiempo pagando los costos de un modelo agotado. No se puede repetir la historia. Magallanes merece transparencia, representación real y una Zona Franca pensada para la región, no para la comodidad de unos pocos.
El presidente regional del Partido Libertario, Carlos Sánchez, conversó con Buenos Días Región y afirmó que su colectividad espera que al nuevo gobierno le vaya bien, aunque advirtió que el inicio ha estado marcado por “muy malas señales”. Cuestionó especialmente la designación de personas que, según indicó, tendrían vínculos con investigados o imputados, particularmente en un ministerio tan sensible como el de Seguridad, señalando que eso afecta la confianza ciudadana. En relación con la participación del partido en la administración entrante, Sánchez sostuvo que no formarán parte del gobierno, ya que no existieron acuerdos ni ofrecimientos formales oportunos. Indicó que recibieron un llamado a última hora para ofrecer el Ministerio de Minería y algunas subsecretarías, lo que se consideró insuficiente en comparación con el respaldo obtenido en las urnas y la representación parlamentaria alcanzada. Finalmente, aseguró que la postura del Partido Libertario será de “oposición amigable”, con un rol fiscalizador. Señaló que estarán disponibles para apoyar aquellas iniciativas que consideren positivas para el país, pero que también manifestarán públicamente sus críticas si estiman que las cosas no se están haciendo bien, especialmente respecto de las promesas realizadas en campaña.
La elección de José Antonio Kast como presidente marca un hito para Chile, prometiendo mano dura contra la delincuencia y mayor transparencia en el Estado. Sin embargo, la designación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública genera interrogantes que no pueden ignorarse. Jouannet, diputado por La Araucanía y líder de Amarillos por Chile, tiene experiencia en la zona sur, pero sus vínculos societarios con figuras investigadas por delitos graves plantean dudas razonables sobre su idoneidad para un cargo clave en la lucha contra el crimen organizado. Primero, examinemos su trayectoria. Nacido en Temuco en 1967, Jouannet fue militante demócrata cristiano, intendente bajo Bachelet y diputado desde 2022. Su salto al gobierno de Kast, de corte conservador, ya despierta sospechas de oportunismo político. ¿Cómo un exconcertacionista se alinea con un proyecto que critica el progresismo? Esta versatilidad ideológica podría indicar falta de convicciones firmes, esenciales en seguridad pública donde se necesita coherencia para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo en el sur. Pero las dudas van más allá de la política. Jouannet mantiene sociedades con empresarios imputados en causas penales. Por ejemplo, es socio de Bo Emilio Yang en Forestal Comercial (2019) y Labs Latin America Business Strategy SpA (2021). Yang está investigado por tráfico de influencias en un caso que involucra a Karol Cariola y posibles nexos con el Partido Comunista. ¿Es prudente que un subsecretario de seguridad tenga lazos con alguien vinculado a redes de influencia extranjera, especialmente chinas, en un contexto de crecientes preocupaciones geopolíticas? Aún más preocupante es su empresa Impresiones Quizapú Limitada (2015), compartida con Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Hadad fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas, ligado al gremio de tragamonedas (Fiden). Salazar, por su parte, representa Pagadoor, una firma acusada de facilitar transacciones para apuestas online ilegales. Recientemente, el Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra Salazar por asociación criminal y lavado de activos, presentada por Polla Chilena de Beneficencia. La acción imputa a nueve personas la creación de una red para procesar pagos ilícitos y remitir fondos al extranjero. Estos nexos con el mundo de las tragamonedas y apuestas clandestinas —sectores propensos al lavado de dinero y crimen organizado— son incompatibles con un rol en seguridad. ¿Cómo liderará políticas contra el delito si sus socios están bajo escrutinio por actividades similares? Además, Fast Check reveló que Jouannet omitió estas sociedades en sus declaraciones de intereses y patrimonio desde 2021, violando normas de transparencia. Esto no solo genera sospechas de ocultamiento, sino que erosiona la credibilidad del nuevo gobierno antes de asumir. Kast ha defendido a Jouannet, citando su experiencia y desestimando las críticas como maniobras extemporáneas. Pero el presidente electo prometió probidad absoluta. Mantener esta designación podría abrir flancos a la oposición y distraer de prioridades como el control de fronteras y la macrozona sur. Jouannet responde citando a Churchill: A las personas hay que analizarlas por sus acciones. Precisamente por eso, sus acciones pasadas —sociedades no declaradas y vínculos controvertidos— invitan a la cautela. En redes, usuarios como @pdhernandezf y @CarlosAmpuero cuestionan si esto pasó por un chequeo riguroso, advirtiendo que genera ruido y desgaste. Otros, como @Wbrokering, critican su transfuguismo ideológico. Desde Punta Arenas, donde la seguridad es vital ante el aislamiento, urge que el gobierno priorice perfiles intachables. ¿Debe Jouannet asumir? Las dudas son razonables y merecen respuestas claras. Kast ganó con un mandato de orden; ignorar estos flancos podría costar caro. Mejor rectificar ahora que lamentar después.
Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Partido Nacional Libertario, Carlos Sánchez, realizó un balance crítico de los primeros meses del Gobierno, apuntando a una supuesta falta de preparación, debilidades comunicacionales y escasos avances en materia de seguridad. Sánchez comenzó marcando distancia respecto de la administración central, señalando que su colectividad no forma parte del Gobierno, aunque sí respaldará iniciativas que contribuyan al desarrollo del país. “Nosotros no somos parte del equipo, pero vamos a apoyar las iniciativas que generen desarrollo del país y hagan bien a Chile”, afirmó. Respecto a los casi tres meses de gestión, el dirigente sostuvo que existe una percepción de improvisación en distintas áreas del Ejecutivo, cuestionando particularmente la preparación previa al cambio de mando y los posteriores ajustes ministeriales. “A nivel muy personal yo veo mucha improvisación. Se supone que hubo meses para preparar equipos y llegar con una hoja de ruta clara”, señaló. Uno de los principales énfasis de Sánchez estuvo en materia de seguridad, área que calificó como prioritaria y donde aseguró que las expectativas generadas durante la campaña presidencial aún no se traducen en resultados concretos. “La economía está bastante sólida, pero se ha dejado de lado el tema de seguridad. La gente hoy necesita sentir que puede salir tranquila a la calle”, manifestó. En ese contexto, valoró algunos anuncios recientes relacionados con seguridad, aunque indicó que esperaba medidas más profundas tras la cuenta pública presidencial. También sostuvo que la ciudadanía espera respuestas rápidas frente a las promesas realizadas durante la campaña. El dirigente también abordó la situación política regional, planteando críticas hacia la articulación entre autoridades regionales y representantes de sectores afines al oficialismo. Según indicó, existe una sensación de distancia entre autoridades nacionales y actores políticos regionales. “He recibido comentarios de autoridades del sector respecto a que no existe suficiente interacción o coordinación regional. Eso tiene que cambiar”, sostuvo. Consultado sobre las dificultades comunicacionales del Gobierno, Sánchez señaló que algunos ministros han evidenciado problemas para transmitir decisiones complejas a la ciudadanía, especialmente cuando involucran medidas económicas o de alto impacto social. Finalmente, reiteró que los próximos meses serán decisivos para la evaluación del Ejecutivo, insistiendo en que la seguridad debe transformarse en una prioridad transversal entre ministerios y organismos del Estado. “Hoy la gente necesita resultados concretos y sentir que existe una coordinación real frente a los problemas que afectan su vida cotidiana”, concluyó.
La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ya no puede tratarse como un trámite administrativo reservado para autoridades, técnicos y operadores de siempre. Lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que está en juego es el destino de una herramienta que debía impulsar el desarrollo regional y que, bajo el modelo actual, terminó perjudicando a quienes más dependen de ella: los usuarios, los emprendedores, el comercio local y, finalmente, los propios magallánicos. Durante años, la Zona Franca fue perdiendo competitividad y sentido. Los usuarios han debido soportar cobros altos, reglas poco claras y escasas mejoras visibles. Al mismo tiempo, el público dejó de percibir una ventaja real en muchos productos, desapareciendo buena parte de esa exclusividad y atractivo que antes distinguían al sistema. Una Zona Franca que deja de beneficiar con claridad a la región y a sus consumidores deja de cumplir su propósito esencial. Pero el daño no termina ahí. También se ha consolidado un modelo que desplazó el eje comercial, debilitó el centro de Punta Arenas y contribuyó al deterioro de la actividad tradicional de la ciudad. Mientras tanto, la administración sigue operando dentro de un esquema que muchos consideran rentable para unos pocos, pero insuficiente para el desarrollo real de Magallanes. Y eso obliga a una revisión profunda, seria y sin complacencia. Por eso, cualquier discusión sobre una futura licitación debe hacerse con transparencia total. No entre cuatro paredes. No mediante acuerdos reservados. No con decisiones tomadas de antemano para luego ser presentadas como inevitables. La región tiene derecho a saber qué se está evaluando, quiénes participan y bajo qué criterios se pretende definir el futuro de una institución tan relevante. Y hay un punto que debe quedar establecido desde ahora. Cualquier comisión, mesa técnica o instancia que trabaje en las bases de una futura licitación debe incluir representación real de los usuarios y empresarios con trayectoria efectiva en la Zona Franca. No como adorno ni como saludo a la bandera, sino como parte activa del proceso. Son ellos quienes conocen desde dentro las trabas, los cobros, la pérdida de competitividad y los errores que no pueden volver a repetirse. La votación de este martes en el Consejo Regional, CORE, donde los consejeros regionales deberán pronunciarse sobre la creación de una comisión de seguimiento e investigación, será una prueba política y moral. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Quien esté verdaderamente del lado de Magallanes debiera apoyar toda instancia seria de fiscalización, esclarecimiento y control. Y la comunidad estará muy atenta a quienes se opongan, porque si se bloquea la transparencia, también se estará bloqueando la posibilidad de hacer justicia con una región que lleva demasiado tiempo pagando los costos de un modelo agotado. No se puede repetir la historia. Magallanes merece transparencia, representación real y una Zona Franca pensada para la región, no para la comodidad de unos pocos.
El presidente regional del Partido Libertario, Carlos Sánchez, conversó con Buenos Días Región y afirmó que su colectividad espera que al nuevo gobierno le vaya bien, aunque advirtió que el inicio ha estado marcado por “muy malas señales”. Cuestionó especialmente la designación de personas que, según indicó, tendrían vínculos con investigados o imputados, particularmente en un ministerio tan sensible como el de Seguridad, señalando que eso afecta la confianza ciudadana. En relación con la participación del partido en la administración entrante, Sánchez sostuvo que no formarán parte del gobierno, ya que no existieron acuerdos ni ofrecimientos formales oportunos. Indicó que recibieron un llamado a última hora para ofrecer el Ministerio de Minería y algunas subsecretarías, lo que se consideró insuficiente en comparación con el respaldo obtenido en las urnas y la representación parlamentaria alcanzada. Finalmente, aseguró que la postura del Partido Libertario será de “oposición amigable”, con un rol fiscalizador. Señaló que estarán disponibles para apoyar aquellas iniciativas que consideren positivas para el país, pero que también manifestarán públicamente sus críticas si estiman que las cosas no se están haciendo bien, especialmente respecto de las promesas realizadas en campaña.
La elección de José Antonio Kast como presidente marca un hito para Chile, prometiendo mano dura contra la delincuencia y mayor transparencia en el Estado. Sin embargo, la designación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública genera interrogantes que no pueden ignorarse. Jouannet, diputado por La Araucanía y líder de Amarillos por Chile, tiene experiencia en la zona sur, pero sus vínculos societarios con figuras investigadas por delitos graves plantean dudas razonables sobre su idoneidad para un cargo clave en la lucha contra el crimen organizado. Primero, examinemos su trayectoria. Nacido en Temuco en 1967, Jouannet fue militante demócrata cristiano, intendente bajo Bachelet y diputado desde 2022. Su salto al gobierno de Kast, de corte conservador, ya despierta sospechas de oportunismo político. ¿Cómo un exconcertacionista se alinea con un proyecto que critica el progresismo? Esta versatilidad ideológica podría indicar falta de convicciones firmes, esenciales en seguridad pública donde se necesita coherencia para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo en el sur. Pero las dudas van más allá de la política. Jouannet mantiene sociedades con empresarios imputados en causas penales. Por ejemplo, es socio de Bo Emilio Yang en Forestal Comercial (2019) y Labs Latin America Business Strategy SpA (2021). Yang está investigado por tráfico de influencias en un caso que involucra a Karol Cariola y posibles nexos con el Partido Comunista. ¿Es prudente que un subsecretario de seguridad tenga lazos con alguien vinculado a redes de influencia extranjera, especialmente chinas, en un contexto de crecientes preocupaciones geopolíticas? Aún más preocupante es su empresa Impresiones Quizapú Limitada (2015), compartida con Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Hadad fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas, ligado al gremio de tragamonedas (Fiden). Salazar, por su parte, representa Pagadoor, una firma acusada de facilitar transacciones para apuestas online ilegales. Recientemente, el Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra Salazar por asociación criminal y lavado de activos, presentada por Polla Chilena de Beneficencia. La acción imputa a nueve personas la creación de una red para procesar pagos ilícitos y remitir fondos al extranjero. Estos nexos con el mundo de las tragamonedas y apuestas clandestinas —sectores propensos al lavado de dinero y crimen organizado— son incompatibles con un rol en seguridad. ¿Cómo liderará políticas contra el delito si sus socios están bajo escrutinio por actividades similares? Además, Fast Check reveló que Jouannet omitió estas sociedades en sus declaraciones de intereses y patrimonio desde 2021, violando normas de transparencia. Esto no solo genera sospechas de ocultamiento, sino que erosiona la credibilidad del nuevo gobierno antes de asumir. Kast ha defendido a Jouannet, citando su experiencia y desestimando las críticas como maniobras extemporáneas. Pero el presidente electo prometió probidad absoluta. Mantener esta designación podría abrir flancos a la oposición y distraer de prioridades como el control de fronteras y la macrozona sur. Jouannet responde citando a Churchill: A las personas hay que analizarlas por sus acciones. Precisamente por eso, sus acciones pasadas —sociedades no declaradas y vínculos controvertidos— invitan a la cautela. En redes, usuarios como @pdhernandezf y @CarlosAmpuero cuestionan si esto pasó por un chequeo riguroso, advirtiendo que genera ruido y desgaste. Otros, como @Wbrokering, critican su transfuguismo ideológico. Desde Punta Arenas, donde la seguridad es vital ante el aislamiento, urge que el gobierno priorice perfiles intachables. ¿Debe Jouannet asumir? Las dudas son razonables y merecen respuestas claras. Kast ganó con un mandato de orden; ignorar estos flancos podría costar caro. Mejor rectificar ahora que lamentar después.
