Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los estudiantes respecto a la normativa que regula la responsabilidad de adolescentes frente a la comisión de delitos, se llevó a cabo una charla sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) enfocada al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, de Punta Arenas, establecimiento que ha registrado episodios de violencia escolar en las últimas semanas. La actividad fue organizada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes) y contó además con el apoyo de la oficina de integración Carabineros - Comunidad de Magallanes, del Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas 2026 y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, como ente especializado. El trabajo de intervención que se está llevando a cabo está orientado a entregar herramientas preventivas a los adolescentes de enseñanza media entre los 14 y 18 años, como una forma de educar respecto a la comisión de delitos y promover la resolución de conflictos de manera pacífica mediante el fortalecimiento del autocuidado de los jóvenes y del cumplimiento de la ley. Así lo explicó el director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Jorge Paredes, quien agradeció la participación y compromiso de los organismos públicos que participaron en estas charlas. Lo que esperamos con estas actividades es que los chicos tomen consciencia respecto a lo que puede ocurrir si se toman malas decisiones. Este trabajo lo venimos haciendo recurrentemente, para que nuestros estudiantes comprendan el valor de dialogar y resolver los conflictos. Estamos centrados en apoyarlos en estrategias socioemocionales de cómo compartir y convivir, y enseñarles a solucionar los problemas sin violencia. Queremos reforzar la identidad de los chicos con su liceo, que es uno de los mejor implementados del país. Por su parte, Andrés Araneda, jefe de Gabinete del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, señaló que este taller nace de una preocupación de las mismas comunidades educativas, por lo que se solicitó a los servicios especializados a entregar sus conocimientos a jóvenes de primero y segundo medio a través de charlas en las cuales nos preocupamos de generar las condiciones de seguridad y acogimiento para que pudieran hacer sus con total libertad. A partir de ahora, y gracias a un acuerdo con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y Carabineros de Chile se continuará aplicando la misma metodología en otros establecimientos que ya han solicitado estos talleres. La jornada, que se extendió por 2 días, estuvo liderada por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel y apoyada por 3 efectivos de Carabineros quienes se refirieron a los protocolos policiales para adolescentes frente a controles de detención. Mientras que lo relacionado a derechos y penas por delitos fue explicado por el abogado y encargado de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Octavio Villarroel. Esto fue ratificado por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel quien destacó el trabajo preventivo que se está llevado a cabo en este establecimiento educacional. Muchos jóvenes cometen errores graves simplemente por desconocer la ley. Capacitarlos no es solo enseñarles normas; es darles las herramientas para tomar decisiones responsables y proteger su futuro. La información es la mejor forma de prevención. Conocer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente nos involucra a todos, por eso capacitar a los adolescentes en sus derechos y deberes penales es una necesidad urgente, y lo estanos haciendo con ejemplos claros para que comprendan que sus actos tienen consecuencias, pero también haciendo especial énfasis que la sociedad y nuestro Servicio apuesta por la reinserción. En total fueron cerca de 200 estudiantes los capacitados efectivamente en el Liceo Industrial, quienes pudieron además aclarar dudas y hacer consultas directamente al abogado Octavio Villarroel. A este grupo, se suman 60 estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi y un número similar en el Instituto Don Bosco. El ciclo de charlas sobre RPA considera la participación de distintos organismos públicos especializados, cuya expertise permite abordar la temática desde una perspectiva preventiva, educativa y de apoyo comunitario, trabajo que continuará desarrollándose en otros establecimientos de la región como parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de violencia.
Estudiantes de cuarto medio del Instituto Don Bosco de Punta Arenas participaron en una jornada educativa sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), iniciativa desarrollada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil junto a Carabineros de Chile y con el apoyo del Plan Comunal de Seguridad Pública de Punta Arenas 2026. La actividad tuvo como objetivo informar a los jóvenes sobre los delitos contemplados en la Ley N°20.084, además de fortalecer el conocimiento sobre sus derechos, deberes y las consecuencias asociadas a la comisión de delitos. La instancia también abordó aspectos relacionados con la prevención de conductas de riesgo y la promoción de la responsabilidad ciudadana. La jornada fue encabezada por el director de Seguridad Pública de Punta Arenas, Carlos Sanhueza, y el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. Los contenidos incluyeron protocolos policiales aplicados a adolescentes, el funcionamiento del sistema de reinserción social juvenil y las sanciones contempladas en la normativa vigente. Carlos Sanhueza destacó la importancia de generar espacios informativos dirigidos a estudiantes, señalando que estas acciones permiten fortalecer la prevención y entregar herramientas que contribuyan al desarrollo de una convivencia responsable. Por su parte, César Montiel resaltó que la prevención temprana es una herramienta clave para evitar la comisión de delitos y fomentar el respeto por el entorno y las normas de convivencia. Las instituciones participantes informaron que esta actividad forma parte de una programación de charlas que continuará durante el año en establecimientos educacionales de la región. Entre las próximas actividades se contempla una intervención en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, coordinada junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.
La dirección regional de Gendarmería en Magallanes informa que mediante un instructivo de carácter nacional y acorde al análisis del Consejo Técnico del establecimiento se resolvió ajustar la recepción de elementos que ingresan desde el exterior. Una de estas medidas apunta a la restricción de alimentos preparados, con el fin de proteger a la población penal, ante el potencial riesgo de intoxicación por comidas en mal estado. Las nuevas indicaciones tuvieron un periodo de marcha blanca de tres semanas, para sensibilizar a internos y sus familias, buscando optimizar los estándares de seguridad y eficiencia operativa en el recinto. El director regional (S) teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, aseguró que Los internos tienen todas sus necesidades cubiertas. La entrega de alimentación diaria está validada por nuestra área de nutricionista regional y de nivel central. Por tanto, bajo este esquema, las encomiendas permitidas constituyen aportes adicionales y no una fuente de la cual dependa la nutrición de los privados de Libertad. Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el buen trato de todas las personas que tiene bajo su custodia, así como del personal institucional.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Defensoría Penal Pública avanzan en la elaboración de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la labor de seguridad municipal, con foco en la protección, capacitación y respaldo jurídico de los funcionarios que cumplen funciones en esta área. La iniciativa surge en un contexto en que los municipios han asumido un rol cada vez más activo en tareas preventivas y de apoyo en los territorios. Desde la ACHM señalaron que el objetivo es “proteger a quienes nos protegen”, incorporando además un enfoque que garantice el respeto a los derechos fundamentales en cada intervención. El convenio en desarrollo contempla tres ejes principales. El primero es la capacitación de los funcionarios de seguridad municipal, con el fin de fortalecer sus competencias y mejorar sus estándares de actuación. El segundo apunta a la defensa jurídica del personal, entregando mayor respaldo frente a situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones. El tercer eje considera la elaboración conjunta de protocolos de operación, orientados a entregar mayor claridad en los procedimientos y asegurar intervenciones ajustadas a la normativa vigente. En ese marco, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de avanzar en herramientas que otorguen mayor certeza a los equipos municipales. Como parte del proceso, ambas instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que permitirá definir los contenidos del convenio y establecer una hoja de ruta para su implementación, buscando fortalecer la seguridad municipal con un enfoque preventivo, técnico y respetuoso de las garantías fundamentales.
El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, encabezó la primera sesión del año de la Mesa de Supervisión Carcelaria, instancia en la que se analizaron las principales necesidades de las personas privadas de libertad y de los recintos penitenciarios de la región. La reunión se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada y tuvo como objetivo revisar las condiciones en que los internos cumplen condenas en recintos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, considerando tanto regímenes cerrados como situaciones de prisión preventiva. Durante la jornada, se relevó el aumento de la población penal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas, donde actualmente hay 509 personas privadas de libertad, pese a que el recinto fue diseñado para 421 internos. Esta situación representa una sobrepoblación cercana al 20,9%, según datos informados por Gendarmería. Asimismo, se informaron avances en infraestructura, especialmente en el mantenimiento de sistemas de calefacción y redes contra incendio. No obstante, también se advirtió una eventual falta de personal en la zona, debido al retiro de funcionarios sin una reposición acorde a las vacantes proyectadas. En la instancia participaron representantes de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Gendarmería e Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes acordaron continuar el trabajo coordinado para mejorar las condiciones del sistema penitenciario en Magallanes.
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los estudiantes respecto a la normativa que regula la responsabilidad de adolescentes frente a la comisión de delitos, se llevó a cabo una charla sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) enfocada al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, de Punta Arenas, establecimiento que ha registrado episodios de violencia escolar en las últimas semanas. La actividad fue organizada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes) y contó además con el apoyo de la oficina de integración Carabineros - Comunidad de Magallanes, del Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas 2026 y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, como ente especializado. El trabajo de intervención que se está llevando a cabo está orientado a entregar herramientas preventivas a los adolescentes de enseñanza media entre los 14 y 18 años, como una forma de educar respecto a la comisión de delitos y promover la resolución de conflictos de manera pacífica mediante el fortalecimiento del autocuidado de los jóvenes y del cumplimiento de la ley. Así lo explicó el director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Jorge Paredes, quien agradeció la participación y compromiso de los organismos públicos que participaron en estas charlas. Lo que esperamos con estas actividades es que los chicos tomen consciencia respecto a lo que puede ocurrir si se toman malas decisiones. Este trabajo lo venimos haciendo recurrentemente, para que nuestros estudiantes comprendan el valor de dialogar y resolver los conflictos. Estamos centrados en apoyarlos en estrategias socioemocionales de cómo compartir y convivir, y enseñarles a solucionar los problemas sin violencia. Queremos reforzar la identidad de los chicos con su liceo, que es uno de los mejor implementados del país. Por su parte, Andrés Araneda, jefe de Gabinete del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, señaló que este taller nace de una preocupación de las mismas comunidades educativas, por lo que se solicitó a los servicios especializados a entregar sus conocimientos a jóvenes de primero y segundo medio a través de charlas en las cuales nos preocupamos de generar las condiciones de seguridad y acogimiento para que pudieran hacer sus con total libertad. A partir de ahora, y gracias a un acuerdo con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y Carabineros de Chile se continuará aplicando la misma metodología en otros establecimientos que ya han solicitado estos talleres. La jornada, que se extendió por 2 días, estuvo liderada por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel y apoyada por 3 efectivos de Carabineros quienes se refirieron a los protocolos policiales para adolescentes frente a controles de detención. Mientras que lo relacionado a derechos y penas por delitos fue explicado por el abogado y encargado de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Octavio Villarroel. Esto fue ratificado por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel quien destacó el trabajo preventivo que se está llevado a cabo en este establecimiento educacional. Muchos jóvenes cometen errores graves simplemente por desconocer la ley. Capacitarlos no es solo enseñarles normas; es darles las herramientas para tomar decisiones responsables y proteger su futuro. La información es la mejor forma de prevención. Conocer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente nos involucra a todos, por eso capacitar a los adolescentes en sus derechos y deberes penales es una necesidad urgente, y lo estanos haciendo con ejemplos claros para que comprendan que sus actos tienen consecuencias, pero también haciendo especial énfasis que la sociedad y nuestro Servicio apuesta por la reinserción. En total fueron cerca de 200 estudiantes los capacitados efectivamente en el Liceo Industrial, quienes pudieron además aclarar dudas y hacer consultas directamente al abogado Octavio Villarroel. A este grupo, se suman 60 estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi y un número similar en el Instituto Don Bosco. El ciclo de charlas sobre RPA considera la participación de distintos organismos públicos especializados, cuya expertise permite abordar la temática desde una perspectiva preventiva, educativa y de apoyo comunitario, trabajo que continuará desarrollándose en otros establecimientos de la región como parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de violencia.
Estudiantes de cuarto medio del Instituto Don Bosco de Punta Arenas participaron en una jornada educativa sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), iniciativa desarrollada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil junto a Carabineros de Chile y con el apoyo del Plan Comunal de Seguridad Pública de Punta Arenas 2026. La actividad tuvo como objetivo informar a los jóvenes sobre los delitos contemplados en la Ley N°20.084, además de fortalecer el conocimiento sobre sus derechos, deberes y las consecuencias asociadas a la comisión de delitos. La instancia también abordó aspectos relacionados con la prevención de conductas de riesgo y la promoción de la responsabilidad ciudadana. La jornada fue encabezada por el director de Seguridad Pública de Punta Arenas, Carlos Sanhueza, y el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. Los contenidos incluyeron protocolos policiales aplicados a adolescentes, el funcionamiento del sistema de reinserción social juvenil y las sanciones contempladas en la normativa vigente. Carlos Sanhueza destacó la importancia de generar espacios informativos dirigidos a estudiantes, señalando que estas acciones permiten fortalecer la prevención y entregar herramientas que contribuyan al desarrollo de una convivencia responsable. Por su parte, César Montiel resaltó que la prevención temprana es una herramienta clave para evitar la comisión de delitos y fomentar el respeto por el entorno y las normas de convivencia. Las instituciones participantes informaron que esta actividad forma parte de una programación de charlas que continuará durante el año en establecimientos educacionales de la región. Entre las próximas actividades se contempla una intervención en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, coordinada junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.
La dirección regional de Gendarmería en Magallanes informa que mediante un instructivo de carácter nacional y acorde al análisis del Consejo Técnico del establecimiento se resolvió ajustar la recepción de elementos que ingresan desde el exterior. Una de estas medidas apunta a la restricción de alimentos preparados, con el fin de proteger a la población penal, ante el potencial riesgo de intoxicación por comidas en mal estado. Las nuevas indicaciones tuvieron un periodo de marcha blanca de tres semanas, para sensibilizar a internos y sus familias, buscando optimizar los estándares de seguridad y eficiencia operativa en el recinto. El director regional (S) teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, aseguró que Los internos tienen todas sus necesidades cubiertas. La entrega de alimentación diaria está validada por nuestra área de nutricionista regional y de nivel central. Por tanto, bajo este esquema, las encomiendas permitidas constituyen aportes adicionales y no una fuente de la cual dependa la nutrición de los privados de Libertad. Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el buen trato de todas las personas que tiene bajo su custodia, así como del personal institucional.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Defensoría Penal Pública avanzan en la elaboración de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la labor de seguridad municipal, con foco en la protección, capacitación y respaldo jurídico de los funcionarios que cumplen funciones en esta área. La iniciativa surge en un contexto en que los municipios han asumido un rol cada vez más activo en tareas preventivas y de apoyo en los territorios. Desde la ACHM señalaron que el objetivo es “proteger a quienes nos protegen”, incorporando además un enfoque que garantice el respeto a los derechos fundamentales en cada intervención. El convenio en desarrollo contempla tres ejes principales. El primero es la capacitación de los funcionarios de seguridad municipal, con el fin de fortalecer sus competencias y mejorar sus estándares de actuación. El segundo apunta a la defensa jurídica del personal, entregando mayor respaldo frente a situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones. El tercer eje considera la elaboración conjunta de protocolos de operación, orientados a entregar mayor claridad en los procedimientos y asegurar intervenciones ajustadas a la normativa vigente. En ese marco, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de avanzar en herramientas que otorguen mayor certeza a los equipos municipales. Como parte del proceso, ambas instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que permitirá definir los contenidos del convenio y establecer una hoja de ruta para su implementación, buscando fortalecer la seguridad municipal con un enfoque preventivo, técnico y respetuoso de las garantías fundamentales.
El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, encabezó la primera sesión del año de la Mesa de Supervisión Carcelaria, instancia en la que se analizaron las principales necesidades de las personas privadas de libertad y de los recintos penitenciarios de la región. La reunión se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada y tuvo como objetivo revisar las condiciones en que los internos cumplen condenas en recintos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, considerando tanto regímenes cerrados como situaciones de prisión preventiva. Durante la jornada, se relevó el aumento de la población penal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas, donde actualmente hay 509 personas privadas de libertad, pese a que el recinto fue diseñado para 421 internos. Esta situación representa una sobrepoblación cercana al 20,9%, según datos informados por Gendarmería. Asimismo, se informaron avances en infraestructura, especialmente en el mantenimiento de sistemas de calefacción y redes contra incendio. No obstante, también se advirtió una eventual falta de personal en la zona, debido al retiro de funcionarios sin una reposición acorde a las vacantes proyectadas. En la instancia participaron representantes de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Gendarmería e Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes acordaron continuar el trabajo coordinado para mejorar las condiciones del sistema penitenciario en Magallanes.
