La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza realizó la entrega de elementos de seguridad a trabajadores del Gremio “La Hermandad” de Puerto Natales, gracias al financiamiento del Fondo de Organización Regional de Acción Social (ORASMI) del Ministerio del Interior. Esta iniciativa busca fortalecer la protección y el bienestar de quienes desempeñan labores de descarga de productos del mar en el muelle de pesca artesanal. El proyecto benefició a 20 trabajadores, quienes recibieron chaquetas, jardineras y guantes de PVC, además de botas de seguridad con punta y plantilla de acero, implementos fundamentales para resguardar su integridad física en un oficio exigente y de alto riesgo. La inversión total alcanzó los $1.283.653, con la Delegación como entidad ejecutora. El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, encabezó la entrega y destacó el valor de esta gestión, “Estamos realizando la entrega de esta implementación a los amigos de la agrupación de descargadores del terminal pesquero. Sabemos de la necesidad que tenían de contar con vestimenta adecuada, que sea abrigada pero también segura. Gracias a los fondos ORASMI, hoy podemos dar respuesta a esta urgencia, beneficiando a 20 trabajadores con elementos que protegen su vida y salud. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, queremos reforzar nuestro compromiso con quienes cumplen una labor tan relevante para la economía y la vida de la provincia”. Desde la organización beneficiada, el presidente de la Asociación Gremial La Hermandad, José Faúndez Quintullanca, expresó su agradecimiento, “La prioridad fueron siempre los descargadores, porque han trabajado por décadas en condiciones precarias, sin apoyo. Hoy podemos entregarles por primera vez trajes, botas y guantes que harán más seguro su trabajo. Este es un paso importante y esperamos que marque el inicio de una mayor preocupación hacia quienes son parte fundamental de la cadena productiva del mar”. Por su parte, el trabajador de la agrupación, Diego Araya Godoy, valoró la implementación recibida, “Un traje de agua o unas botas significan mucho para nosotros, porque son costosos y esenciales en la descarga. Es la primera vez en más de 30 años que recibimos un aporte de este tipo. Estamos agradecidos de la autoridad y de la directiva de la Asociación Gremial por gestionar este apoyo”. El Fondo ORASMI tiene como objetivo entregar atención transitoria a personas en situación de vulnerabilidad, a través de prestaciones de contingencia social que permiten responder a necesidades excepcionales. En este caso, la falta de implementos de seguridad en el trabajo ponía en riesgo la integridad y la salud de los descargadores del muelle, quienes ahora cuentan con equipamiento adecuado para enfrentar las exigencias de su labor. Con esta entrega, la Delegación Presidencial reafirma su compromiso con los hombres y mujeres de mar, cuyo esfuerzo y trabajo diario sostienen la economía local y constituyen una parte esencial de la identidad de la Provincia de Última Esperanza.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Christian Matheson Villán, se refirió a la investigación por la colusión en la comercialización de la centolla, señalando la gravedad del caso y el impacto directo en las familias de la pesca artesanal. El parlamentario remarcó que la coordinación entre las empresas es “de la más alta gravedad” y que “perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias”. En esa línea, enfatizó que alrededor de siete mil personas dependen de la pesca artesanal en la región, por lo que las consecuencias de este tipo de prácticas “van directamente a los pescadores artesanales y sus familias, más allá de toda la población”. Matheson sostuvo que la denuncia abre la puerta para cuestionar la justicia con que ha sido tratado el sector artesanal en comparación con ciertos actores de la industria, planteando además la necesidad de ampliar las indagatorias: “yo promovería una investigación sobre qué ha pasado a través de los años con las ventas que realizan los pescadores sobre el erizo y el ostión, vale la pena también investigar esos ámbitos de extracción, también pudo haber pasado con otros productos”. En cuanto a la multa de 54 millones de dólares que estaría solicitando la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Matheson expresó reparos: “se está pidiendo una multa de 54 millones de dólares, ahí tengo reparos, quién se beneficia con esta multa, esto llega al Estado pero no a los perjudicados”. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en una reparación concreta: “propongo que se tiene que indemnizar a los pescadores artesanales”.
Tras conocerse los antecedentes presentados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que acreditan la colusión de empresas de la industria pesquera en la compra de centolla a pescadores artesanales, la diputada por Magallanes y la Antártica Chilena, Javiera Morales, aseguró su compromiso con la pesca artesanal en la búsqueda de compensaciones. La legisladora aclaró que la denuncia fue presentada en 2020, cuando aún no ejercía como parlamentaria, y que desde el inicio de su gestión nunca recibió información ni antecedentes sobre esta situación. En caso contrario, hubiese recurrido a los organismos correspondientes, tal como lo hizo el año 2022 por el alza abusiva en los precios de los pasajes aéreos. Desde su llegada al Congreso, la diputada ha mantenido un trabajo constante con sindicatos y organizaciones del sector. Entre sus aportes se cuenta la aprobación de la Ley de Fraccionamiento de la Pesca, que otorgó una mayor cuota a la pesca artesanal en especies como la merluza austral y el congrio dorado, fortaleciendo la participación de los trabajadores del mar en la distribución de recursos.
Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el consejero regional Max Salas Illanes se refirió al proceso judicial que investiga la colusión en la comercialización de centollas, planteando críticas al trato histórico hacia la pesca artesanal y la falta de reconocimiento al sector. “El mundo de la pesca artesanal no está reconocido en su complejidad, es un sector infravalorado”, afirmó Salas, quien valoró el avance de la denuncia y señaló que “la colusión en Chile particularmente en Magallanes es total, no es solo del poder comprador, aquí deben estar coludidas las autoridades, el poder comprador y capaz los medios de comunicación para hacer difícil la situación para la pesca artesanal”. El consejero cuestionó la histórica lejanía de las autoridades con los pescadores y enfatizó: “No es que se le deba gratitud a la pesca artesanal por algo en particular pero sí se les debe respeto, se les respeta poco a la pesca artesanal”. Respecto a la disponibilidad del recurso, Salas indicó que siempre se ha sostenido que la centolla no está al alcance del consumo local por su alto precio, aunque planteó que el problema es estructural: “En verdad me doy cuenta de que el problema es más de fondo, que son las restricciones que hay para procesar centolla. La regulación actual facilita que se monopolicen los mercados”. Sobre la multa de 54 millones de dólares propuesta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a las empresas involucradas, el consejero expresó que si bien celebra la sanción, existe un riesgo para la economía regional: “Me alegro que se castigue y sancione a los malos empresarios pero tengo que decir que viendo el volumen de negocio que es la venta de centollas en Magallanes creo que si aplican esa multa esas plantas van a cerrar, me parece que les sería más viable declararse en quiebra que pagar la multa”.
La colusión de siete empresas procesadoras de centolla en Magallanes, confirmada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), no solo reveló prácticas abusivas que perjudicaron a más de 2.000 familias de pescadores artesanales, sino también el abandono político. En concreto, fue José Reinaldo Hernández Villarroel, secretario del Sindicato Sitoners, quien inició la investigación presentando los antecedentes al organismo competente y comunicándole la denuncia a los parlamentarios de la región. “Invitamos a Carlos Bianchi (IND), Christian Matheson (IND) y Javiera Morales (FA) y no llegaron”, afirmó Hernández, dando a entender que su denuncia no recibió el apoyo que esperaba. El dirigente fue quien tuvo el valor de denunciar los intercambios de mensajes por WhatsApp y las reuniones informales en el muelle entre ejecutivos de ocho compañías, quienes acordaban precios perjudiciales para los trabajadores del mar. “Los pescadores no se animaban a denunciar porque temían represalias de las empresas. Yo decidí hacerlo porque era insostenible”, recordó en una entrevista reciente. Su denuncia no solo motivó una investigación formal por parte de la FNE, sino también generó una reacción desde el propio Gobierno. El Subsecretario de Pesca, Julio Salas, reconoció la gravedad del caso y declaró que “cerca de dos mil familias se vieron afectadas por la colusión de la centolla”. Urge nueva Ley de Pesca Más allá del impacto económico, Hernández alertó sobre las fallas estructurales del sistema de fiscalización. “La legislación pesquera es débil, permite que se cometan estos hechos, por eso se requiere fortalecer la institucionalidad pesquera, dotando a organismos como Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca de mayores recursos y atribuciones para fiscalizar no solo la pesca ilegal, sino también la manipulación de precios y las conductas anticompetitivas, señaló. El caso, conocido públicamente como la “colusión de la centolla magallánica”, ha sido considerado un punto de inflexión en el debate sobre el modelo pesquero chileno. Para Hernández, la solución no solo pasa por castigar a los responsables, sino también por reformar el marco regulatorio de fondo. “La nueva Ley de Pesca debe garantizar la protección y empoderamiento del sector artesanal, con una participación efectiva y vinculante en los comités de manejo y en las decisiones regulatorias”, afirmó. En esa misma línea, fue enfático en señalar que “los comités deben dejar de ser vitrinas de validación y transformarse en espacios de fiscalización real donde los pescadores tengan voz y voto”. Con la discusión de la nueva ley avanzando en el Congreso, el dirigente insiste en que el Estado tiene la oportunidad de corregir décadas de abusos. “Las empresas están acostumbradas a hacer lo que les plazca si eso les significa aumentar sus ganancias a costa de los pescadores y sus familias”, advirtió. Fuente: eldesconcierto.cl
La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza realizó la entrega de elementos de seguridad a trabajadores del Gremio “La Hermandad” de Puerto Natales, gracias al financiamiento del Fondo de Organización Regional de Acción Social (ORASMI) del Ministerio del Interior. Esta iniciativa busca fortalecer la protección y el bienestar de quienes desempeñan labores de descarga de productos del mar en el muelle de pesca artesanal. El proyecto benefició a 20 trabajadores, quienes recibieron chaquetas, jardineras y guantes de PVC, además de botas de seguridad con punta y plantilla de acero, implementos fundamentales para resguardar su integridad física en un oficio exigente y de alto riesgo. La inversión total alcanzó los $1.283.653, con la Delegación como entidad ejecutora. El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, encabezó la entrega y destacó el valor de esta gestión, “Estamos realizando la entrega de esta implementación a los amigos de la agrupación de descargadores del terminal pesquero. Sabemos de la necesidad que tenían de contar con vestimenta adecuada, que sea abrigada pero también segura. Gracias a los fondos ORASMI, hoy podemos dar respuesta a esta urgencia, beneficiando a 20 trabajadores con elementos que protegen su vida y salud. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, queremos reforzar nuestro compromiso con quienes cumplen una labor tan relevante para la economía y la vida de la provincia”. Desde la organización beneficiada, el presidente de la Asociación Gremial La Hermandad, José Faúndez Quintullanca, expresó su agradecimiento, “La prioridad fueron siempre los descargadores, porque han trabajado por décadas en condiciones precarias, sin apoyo. Hoy podemos entregarles por primera vez trajes, botas y guantes que harán más seguro su trabajo. Este es un paso importante y esperamos que marque el inicio de una mayor preocupación hacia quienes son parte fundamental de la cadena productiva del mar”. Por su parte, el trabajador de la agrupación, Diego Araya Godoy, valoró la implementación recibida, “Un traje de agua o unas botas significan mucho para nosotros, porque son costosos y esenciales en la descarga. Es la primera vez en más de 30 años que recibimos un aporte de este tipo. Estamos agradecidos de la autoridad y de la directiva de la Asociación Gremial por gestionar este apoyo”. El Fondo ORASMI tiene como objetivo entregar atención transitoria a personas en situación de vulnerabilidad, a través de prestaciones de contingencia social que permiten responder a necesidades excepcionales. En este caso, la falta de implementos de seguridad en el trabajo ponía en riesgo la integridad y la salud de los descargadores del muelle, quienes ahora cuentan con equipamiento adecuado para enfrentar las exigencias de su labor. Con esta entrega, la Delegación Presidencial reafirma su compromiso con los hombres y mujeres de mar, cuyo esfuerzo y trabajo diario sostienen la economía local y constituyen una parte esencial de la identidad de la Provincia de Última Esperanza.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Christian Matheson Villán, se refirió a la investigación por la colusión en la comercialización de la centolla, señalando la gravedad del caso y el impacto directo en las familias de la pesca artesanal. El parlamentario remarcó que la coordinación entre las empresas es “de la más alta gravedad” y que “perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias”. En esa línea, enfatizó que alrededor de siete mil personas dependen de la pesca artesanal en la región, por lo que las consecuencias de este tipo de prácticas “van directamente a los pescadores artesanales y sus familias, más allá de toda la población”. Matheson sostuvo que la denuncia abre la puerta para cuestionar la justicia con que ha sido tratado el sector artesanal en comparación con ciertos actores de la industria, planteando además la necesidad de ampliar las indagatorias: “yo promovería una investigación sobre qué ha pasado a través de los años con las ventas que realizan los pescadores sobre el erizo y el ostión, vale la pena también investigar esos ámbitos de extracción, también pudo haber pasado con otros productos”. En cuanto a la multa de 54 millones de dólares que estaría solicitando la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Matheson expresó reparos: “se está pidiendo una multa de 54 millones de dólares, ahí tengo reparos, quién se beneficia con esta multa, esto llega al Estado pero no a los perjudicados”. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en una reparación concreta: “propongo que se tiene que indemnizar a los pescadores artesanales”.
Tras conocerse los antecedentes presentados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que acreditan la colusión de empresas de la industria pesquera en la compra de centolla a pescadores artesanales, la diputada por Magallanes y la Antártica Chilena, Javiera Morales, aseguró su compromiso con la pesca artesanal en la búsqueda de compensaciones. La legisladora aclaró que la denuncia fue presentada en 2020, cuando aún no ejercía como parlamentaria, y que desde el inicio de su gestión nunca recibió información ni antecedentes sobre esta situación. En caso contrario, hubiese recurrido a los organismos correspondientes, tal como lo hizo el año 2022 por el alza abusiva en los precios de los pasajes aéreos. Desde su llegada al Congreso, la diputada ha mantenido un trabajo constante con sindicatos y organizaciones del sector. Entre sus aportes se cuenta la aprobación de la Ley de Fraccionamiento de la Pesca, que otorgó una mayor cuota a la pesca artesanal en especies como la merluza austral y el congrio dorado, fortaleciendo la participación de los trabajadores del mar en la distribución de recursos.
Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el consejero regional Max Salas Illanes se refirió al proceso judicial que investiga la colusión en la comercialización de centollas, planteando críticas al trato histórico hacia la pesca artesanal y la falta de reconocimiento al sector. “El mundo de la pesca artesanal no está reconocido en su complejidad, es un sector infravalorado”, afirmó Salas, quien valoró el avance de la denuncia y señaló que “la colusión en Chile particularmente en Magallanes es total, no es solo del poder comprador, aquí deben estar coludidas las autoridades, el poder comprador y capaz los medios de comunicación para hacer difícil la situación para la pesca artesanal”. El consejero cuestionó la histórica lejanía de las autoridades con los pescadores y enfatizó: “No es que se le deba gratitud a la pesca artesanal por algo en particular pero sí se les debe respeto, se les respeta poco a la pesca artesanal”. Respecto a la disponibilidad del recurso, Salas indicó que siempre se ha sostenido que la centolla no está al alcance del consumo local por su alto precio, aunque planteó que el problema es estructural: “En verdad me doy cuenta de que el problema es más de fondo, que son las restricciones que hay para procesar centolla. La regulación actual facilita que se monopolicen los mercados”. Sobre la multa de 54 millones de dólares propuesta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a las empresas involucradas, el consejero expresó que si bien celebra la sanción, existe un riesgo para la economía regional: “Me alegro que se castigue y sancione a los malos empresarios pero tengo que decir que viendo el volumen de negocio que es la venta de centollas en Magallanes creo que si aplican esa multa esas plantas van a cerrar, me parece que les sería más viable declararse en quiebra que pagar la multa”.
La colusión de siete empresas procesadoras de centolla en Magallanes, confirmada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), no solo reveló prácticas abusivas que perjudicaron a más de 2.000 familias de pescadores artesanales, sino también el abandono político. En concreto, fue José Reinaldo Hernández Villarroel, secretario del Sindicato Sitoners, quien inició la investigación presentando los antecedentes al organismo competente y comunicándole la denuncia a los parlamentarios de la región. “Invitamos a Carlos Bianchi (IND), Christian Matheson (IND) y Javiera Morales (FA) y no llegaron”, afirmó Hernández, dando a entender que su denuncia no recibió el apoyo que esperaba. El dirigente fue quien tuvo el valor de denunciar los intercambios de mensajes por WhatsApp y las reuniones informales en el muelle entre ejecutivos de ocho compañías, quienes acordaban precios perjudiciales para los trabajadores del mar. “Los pescadores no se animaban a denunciar porque temían represalias de las empresas. Yo decidí hacerlo porque era insostenible”, recordó en una entrevista reciente. Su denuncia no solo motivó una investigación formal por parte de la FNE, sino también generó una reacción desde el propio Gobierno. El Subsecretario de Pesca, Julio Salas, reconoció la gravedad del caso y declaró que “cerca de dos mil familias se vieron afectadas por la colusión de la centolla”. Urge nueva Ley de Pesca Más allá del impacto económico, Hernández alertó sobre las fallas estructurales del sistema de fiscalización. “La legislación pesquera es débil, permite que se cometan estos hechos, por eso se requiere fortalecer la institucionalidad pesquera, dotando a organismos como Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca de mayores recursos y atribuciones para fiscalizar no solo la pesca ilegal, sino también la manipulación de precios y las conductas anticompetitivas, señaló. El caso, conocido públicamente como la “colusión de la centolla magallánica”, ha sido considerado un punto de inflexión en el debate sobre el modelo pesquero chileno. Para Hernández, la solución no solo pasa por castigar a los responsables, sino también por reformar el marco regulatorio de fondo. “La nueva Ley de Pesca debe garantizar la protección y empoderamiento del sector artesanal, con una participación efectiva y vinculante en los comités de manejo y en las decisiones regulatorias”, afirmó. En esa misma línea, fue enfático en señalar que “los comités deben dejar de ser vitrinas de validación y transformarse en espacios de fiscalización real donde los pescadores tengan voz y voto”. Con la discusión de la nueva ley avanzando en el Congreso, el dirigente insiste en que el Estado tiene la oportunidad de corregir décadas de abusos. “Las empresas están acostumbradas a hacer lo que les plazca si eso les significa aumentar sus ganancias a costa de los pescadores y sus familias”, advirtió. Fuente: eldesconcierto.cl
