Esta tarde de miércoles, por solo un voto de diferencia, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley -que se encuentra en primer trámite constitucional- que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, y que beneficiaría a reos condenados por violaciones a derechos humanos y otros delitos. La iniciativa fue visada por 23 votos, mientras que 22 senadores votaron en contra, sin que se registraran abstenciones. A las 16:00 en la sala del Senado comenzó la revisión y votación del proyecto de ley -moción de los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN)-, que ya incluía informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Así, luego de una áspera discusión que incluyó una serie de recriminaciones a los autores y legisladores de derecha que apoyan el proyecto, se definió el plazo para presentar indicaciones, el cual no estuvo exento de polémica, dada la falta de acuerdo entre los presentes. Por lo anterior, el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, abrió la votación para fijar como día final el próximo lunes 16 de marzo hasta el mediodía, a través de la secretaría del Senado, lo que fue respaldado por 27 votos, mientras que otros nueve votaron en contra del lapso. Una vez finalizada la discusión, Yasna Provoste (DC) y Fidel Espinoza (PS) hicieron reserva de constitucionalidad. Doce mil condenados podrían beneficiarse Desde el Congreso, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, cuestionó a los senadores que respaldaron el proyecto y dio luces del universo de condenados que podrían verse beneficiados. “Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niño o niña adolescente? Eso realmente no tiene ninguna explicación, planteó Gajardo. La autoridad también entregó cifras respecto al universo de criminales que se verían beneficiados con la norma y cifró en que se trataría de más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio. “Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad, 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas, de eso estamos hablando, 12.000 condenados por crímenes que el día de mañana podrían volver a sus domicilios y poner en riesgo la seguridad de quiénes fueron sus víctimas, pero además también en riesgo la seguridad de todo el país”, afirmó Gajardo. Discusión en la Sala En medio de la discusión, el senador Daniel Núñez (PC) pidió inhabilitar a Javier Macaya (UDI) porque su padre, Eduardo Macaya, se podría ver beneficiado, tras la condena por cuatro abusos sexuales contra menores de edad. “Quiero pedir que acá la inhabilidad de un senador que según el artículo 8, que establece las inhabilidades, se vería en este caso, un familiar suyo beneficiado por este proyecto de ley. Entonces, yo quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque si este proyecto de ley se aprueba, él podría, o sea el padre de él, se podría haber beneficiado en el momento en que cumple 76 años y no termine en la cárcel de cumplir la condena que corresponde”, señaló Núñez, citando el artículo 169, letra C, del reglamento. A esto respondió su par Rojo Edwards, quienes calificó de “lo más bajo” las declaraciones de Núñez y aclaró que Macaya padre no se vería beneficiado por la ley, a su juicio, e incluso, pidió eliminar las palabras del comunista del acta. A la defensa del UDI también se sumó Cruz-Coke. Avanzada la tramitación, durante la fundamentación de su voto, el senador Fidel Espinoza (PS) cargó directamente contra uno de los autores de la moción: el RN Francisco Chahuán, señalando que “vas a quedar en la historia por esto que estás haciendo” y anunció que su bancada presentará más de 100 indicaciones. Y le espetó: “Porque no solamente con este proyecto vas a liberar a violadores de derecho humano, vas a liberar a cuanto criminal (...) No solamente para los enfermos terminales, como fue tu mentira inicial de este proyecto”. Por su parte, José Miguel Insulza, aseguró que le eventual aprobación del proyecto “sería una vergüenza imborrable para el Senado” y calificó como “basura” la moción. “Aquí se están creando las condiciones para liberar a 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, muchos de los cuales ni siquiera han querido confesar sus delitos, ni siquiera decir dónde están las personas que hicieron desaparecer, mucho menos reconocer las brutales torturas a las que se fueron sometidos algunos de los desaparecidos”, sostuvo Insulza. Chahuán, autor del proyecto, aseguró que “se intenta transformar un debate jurídico serio en una consigna”. “Y lo que es muy grave, se intenta confundir deliberadamente a la ciudadanía afirmando que este proyecto liberaría a personas de 65 y 70 años que violan el derecho internacional y que relativiza crímenes gravísimos o que abre la puerta a la impunidad. Voy a decirlo con toda claridad, esto es jurídicamente falso y esto no es una opinión, es derecho vigente. Ley chilena, jurisprudencia constante de la Corte Suprema y es derecho internacional obligatorio para el Estado”, agregó. “Este proyecto no extingue penas, no anula condenas, no borra sentencias, ni las suspende. La pena se mantiene íntegra y se sigue cumpliendo”, sostuvo Chahuán. Fuente: latercera.com
La actividad consistió en una capacitación en el ámbito del consumo de drogas y alcohol para los equipos técnicos de este Centro de Cumplimiento, que depende del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Profesionales y técnicos que se desempeñan como tutores de los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones y medidas en modalidad de Internación Provisoria (IP), Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IRC) y Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP) fueron los convocados. Para nuestro servicio, esta fue una actividad altamente relevante ya que este grupo de funcionarios y funcionarias trabaja de manera directa con los jóvenes y actividades como estas complementan los planes de intervención en materias como la detección temprana del consumo de sustancias, que puede cambiar drásticamente el curso de la vida de una persona. Nuestra labor como profesionales especializados en reinserción es reconocer las señales a tiempo y buscar ayuda oportuna para prevenir los efectos devastadores del consumo en jóvenes privados de libertad, destacó Rodrigo Trujillo, Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Por su parte, Carlos Sanhueza, jefe de Seguridad Pública Comunal de la Municipalidad de Punta Arenas, destacó el trabajo coordinado entre los servicios participantes. Nos pone muy contentos que a través de Senda y el Servicio de Reinserción Social juvenil podamos concretar esta actividad, capacitando a profesionales que trabajan con los jóvenes, que están más vulnerables al consumo de alcohol y otras sustancias. Para el municipio es satisfactorio también ver que se estén cumpliendo las actividades y objetivos propuestos en el Plan Comunal de Seguridad, porque nuestra labor no sólo es salir en la camioneta a prevenir delitos; nuestro plan es también prevenir a través de capacitaciones como esta. A la actividad asistieron además la Analista de Seguridad Marianela Silva quienes y el Director del Centro de Cumplimiento Juvenil Daniel Cerna, quienes valoraron y destacaron la iniciativa. Apoyo de Senda Magallanes La relatoría técnica de la capacitación estuvo a cargo de la profesional Lorna Retamal, encargada del área de tratamiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) en la Región de Magallanes. Al respecto, Roxana Arancibia Reyes, Directora Regional de SENDA Magallanes señaló que en nuestro servicio, entendemos la detección temprana del consumo de alcohol y otras drogas como una herramienta clave para intervenir oportunamente, reducir riesgos y favorecer trayectorias de vida más saludables, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad como la privación de libertad. Este tipo de instancias formativas permite fortalecer las competencias de los equipos que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes, promoviendo una intervención integral, basada en evidencia y con enfoque de derechos. Asimismo, el trabajo articulado con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el municipio resulta fundamental para avanzar en estrategias de prevención y tratamiento que aporten efectivamente a los procesos de reinserción social y a la seguridad pública a nivel comunal. La capacitación permitió, entre otros objetivos entregar información sobre detección de signos, señales claves o situaciones que hacen presumir un consumo problemático de sustancias psicoactivas de manera de poder intervenir tempranamente y reducir los daños asociados con el abuso de sustancias y las conductas de riesgo.
Esta tarde de miércoles, por solo un voto de diferencia, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley -que se encuentra en primer trámite constitucional- que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, y que beneficiaría a reos condenados por violaciones a derechos humanos y otros delitos. La iniciativa fue visada por 23 votos, mientras que 22 senadores votaron en contra, sin que se registraran abstenciones. A las 16:00 en la sala del Senado comenzó la revisión y votación del proyecto de ley -moción de los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN)-, que ya incluía informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Así, luego de una áspera discusión que incluyó una serie de recriminaciones a los autores y legisladores de derecha que apoyan el proyecto, se definió el plazo para presentar indicaciones, el cual no estuvo exento de polémica, dada la falta de acuerdo entre los presentes. Por lo anterior, el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, abrió la votación para fijar como día final el próximo lunes 16 de marzo hasta el mediodía, a través de la secretaría del Senado, lo que fue respaldado por 27 votos, mientras que otros nueve votaron en contra del lapso. Una vez finalizada la discusión, Yasna Provoste (DC) y Fidel Espinoza (PS) hicieron reserva de constitucionalidad. Doce mil condenados podrían beneficiarse Desde el Congreso, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, cuestionó a los senadores que respaldaron el proyecto y dio luces del universo de condenados que podrían verse beneficiados. “Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niño o niña adolescente? Eso realmente no tiene ninguna explicación, planteó Gajardo. La autoridad también entregó cifras respecto al universo de criminales que se verían beneficiados con la norma y cifró en que se trataría de más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio. “Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad, 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas, de eso estamos hablando, 12.000 condenados por crímenes que el día de mañana podrían volver a sus domicilios y poner en riesgo la seguridad de quiénes fueron sus víctimas, pero además también en riesgo la seguridad de todo el país”, afirmó Gajardo. Discusión en la Sala En medio de la discusión, el senador Daniel Núñez (PC) pidió inhabilitar a Javier Macaya (UDI) porque su padre, Eduardo Macaya, se podría ver beneficiado, tras la condena por cuatro abusos sexuales contra menores de edad. “Quiero pedir que acá la inhabilidad de un senador que según el artículo 8, que establece las inhabilidades, se vería en este caso, un familiar suyo beneficiado por este proyecto de ley. Entonces, yo quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque si este proyecto de ley se aprueba, él podría, o sea el padre de él, se podría haber beneficiado en el momento en que cumple 76 años y no termine en la cárcel de cumplir la condena que corresponde”, señaló Núñez, citando el artículo 169, letra C, del reglamento. A esto respondió su par Rojo Edwards, quienes calificó de “lo más bajo” las declaraciones de Núñez y aclaró que Macaya padre no se vería beneficiado por la ley, a su juicio, e incluso, pidió eliminar las palabras del comunista del acta. A la defensa del UDI también se sumó Cruz-Coke. Avanzada la tramitación, durante la fundamentación de su voto, el senador Fidel Espinoza (PS) cargó directamente contra uno de los autores de la moción: el RN Francisco Chahuán, señalando que “vas a quedar en la historia por esto que estás haciendo” y anunció que su bancada presentará más de 100 indicaciones. Y le espetó: “Porque no solamente con este proyecto vas a liberar a violadores de derecho humano, vas a liberar a cuanto criminal (...) No solamente para los enfermos terminales, como fue tu mentira inicial de este proyecto”. Por su parte, José Miguel Insulza, aseguró que le eventual aprobación del proyecto “sería una vergüenza imborrable para el Senado” y calificó como “basura” la moción. “Aquí se están creando las condiciones para liberar a 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, muchos de los cuales ni siquiera han querido confesar sus delitos, ni siquiera decir dónde están las personas que hicieron desaparecer, mucho menos reconocer las brutales torturas a las que se fueron sometidos algunos de los desaparecidos”, sostuvo Insulza. Chahuán, autor del proyecto, aseguró que “se intenta transformar un debate jurídico serio en una consigna”. “Y lo que es muy grave, se intenta confundir deliberadamente a la ciudadanía afirmando que este proyecto liberaría a personas de 65 y 70 años que violan el derecho internacional y que relativiza crímenes gravísimos o que abre la puerta a la impunidad. Voy a decirlo con toda claridad, esto es jurídicamente falso y esto no es una opinión, es derecho vigente. Ley chilena, jurisprudencia constante de la Corte Suprema y es derecho internacional obligatorio para el Estado”, agregó. “Este proyecto no extingue penas, no anula condenas, no borra sentencias, ni las suspende. La pena se mantiene íntegra y se sigue cumpliendo”, sostuvo Chahuán. Fuente: latercera.com
La actividad consistió en una capacitación en el ámbito del consumo de drogas y alcohol para los equipos técnicos de este Centro de Cumplimiento, que depende del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Profesionales y técnicos que se desempeñan como tutores de los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones y medidas en modalidad de Internación Provisoria (IP), Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IRC) y Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP) fueron los convocados. Para nuestro servicio, esta fue una actividad altamente relevante ya que este grupo de funcionarios y funcionarias trabaja de manera directa con los jóvenes y actividades como estas complementan los planes de intervención en materias como la detección temprana del consumo de sustancias, que puede cambiar drásticamente el curso de la vida de una persona. Nuestra labor como profesionales especializados en reinserción es reconocer las señales a tiempo y buscar ayuda oportuna para prevenir los efectos devastadores del consumo en jóvenes privados de libertad, destacó Rodrigo Trujillo, Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Por su parte, Carlos Sanhueza, jefe de Seguridad Pública Comunal de la Municipalidad de Punta Arenas, destacó el trabajo coordinado entre los servicios participantes. Nos pone muy contentos que a través de Senda y el Servicio de Reinserción Social juvenil podamos concretar esta actividad, capacitando a profesionales que trabajan con los jóvenes, que están más vulnerables al consumo de alcohol y otras sustancias. Para el municipio es satisfactorio también ver que se estén cumpliendo las actividades y objetivos propuestos en el Plan Comunal de Seguridad, porque nuestra labor no sólo es salir en la camioneta a prevenir delitos; nuestro plan es también prevenir a través de capacitaciones como esta. A la actividad asistieron además la Analista de Seguridad Marianela Silva quienes y el Director del Centro de Cumplimiento Juvenil Daniel Cerna, quienes valoraron y destacaron la iniciativa. Apoyo de Senda Magallanes La relatoría técnica de la capacitación estuvo a cargo de la profesional Lorna Retamal, encargada del área de tratamiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) en la Región de Magallanes. Al respecto, Roxana Arancibia Reyes, Directora Regional de SENDA Magallanes señaló que en nuestro servicio, entendemos la detección temprana del consumo de alcohol y otras drogas como una herramienta clave para intervenir oportunamente, reducir riesgos y favorecer trayectorias de vida más saludables, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad como la privación de libertad. Este tipo de instancias formativas permite fortalecer las competencias de los equipos que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes, promoviendo una intervención integral, basada en evidencia y con enfoque de derechos. Asimismo, el trabajo articulado con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el municipio resulta fundamental para avanzar en estrategias de prevención y tratamiento que aporten efectivamente a los procesos de reinserción social y a la seguridad pública a nivel comunal. La capacitación permitió, entre otros objetivos entregar información sobre detección de signos, señales claves o situaciones que hacen presumir un consumo problemático de sustancias psicoactivas de manera de poder intervenir tempranamente y reducir los daños asociados con el abuso de sustancias y las conductas de riesgo.
