En el programa Buenos Días Región, el consejero regional, presidente del PDC, exalcalde y exdiputado, Juan Morano Cornejo, se refirió a la compleja situación presupuestaria que afectó a los gobiernos regionales del país, particularmente por el retraso en la transferencia de recursos correspondientes al cierre del año 2025. La situación motivó una reunión de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANACORE), en la que participó el gobernador de Magallanes, confirmándose el compromiso del Ejecutivo para regularizar los pagos pendientes. Morano explicó que los recursos adeudados de noviembre y diciembre ya fueron transferidos a la región y que se espera que los pagos comiencen a realizarse de manera inmediata, permitiendo ponerse al día con empresas y proveedores. Destacó que la demora impactó especialmente a pequeñas y medianas empresas, generando riesgos de quiebra, paralización de obras y afectación laboral. Además, se proyecta que hacia fines de febrero queden regularizados también los pagos correspondientes a enero y febrero de 2026, por un monto cercano a los 18 mil millones de pesos. El consejero indicó que la situación se debió a una combinación de factores: estrechez de caja del Gobierno central, retraso en la aprobación del presupuesto nacional y dificultades administrativas en algunas regiones. Finalmente, planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía presupuestaria para los gobiernos regionales, permitiendo que puedan presentar y administrar su propio presupuesto, evitando así futuras crisis que afecten el desarrollo regional.
Un primer desembolso por $15.500 millones fue autorizado para la Región de Magallanes, recursos que permitirán comenzar a pagar la denominada “deuda flotante” del Gobierno Regional, correspondiente a compromisos adquiridos hasta el 31 de diciembre y que no habían sido transferidos oportunamente por la Dirección de Presupuestos (Dipres). El consejero regional Juan Morano (DC) señaló que la medida representa un avance en la superación del problema presupuestario de caja que afectaba a la región. Explicó que esta situación había generado dificultades en empresas ejecutoras de obras y proyectos, especialmente por retrasos en pagos durante noviembre y diciembre, lo que impactó el cumplimiento de obligaciones laborales y el desarrollo de trabajos en curso. Las gestiones se concretaron en una reunión entre la Dipres y representantes de los Gobiernos Regionales, instancia en la que participó la Asociación de Gobernadores Regionales (Agore). Desde Magallanes, el CORE había advertido hace dos semanas sobre la gravedad del escenario financiero, buscando acelerar una solución. Morano indicó que los recursos debieran comenzar a transferirse en los próximos días, permitiendo que los pagos se regularicen durante la próxima semana. No obstante, precisó que aún restan montos por liberar y expresó su expectativa de que la totalidad de los fondos pendientes pueda completarse antes de marzo, para retomar un funcionamiento presupuestario normal en la región.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025. El informe reveló un escenario mixto para las arcas fiscales chilenas: por un lado, una estabilización histórica de la deuda pública, y por otro, un déficit fiscal que superó las expectativas iniciales debido a una debilidad en la recaudación. Estabilización de la deuda y factores clave Uno de los hitos más destacados por el jefe de la billetera fiscal fue que la deuda como porcentaje del PIB cerró en 41,7%. El secretario de Estado subrayó que esta es la primera vez en 18 años que la deuda pública se mantiene en el mismo nivel que el año anterior. Según Grau, este resultado positivo se explica por un mayor crecimiento económico y el comportamiento del tipo de cambio, factores que aportaron en partes iguales a esta mejora. Déficit fiscal y caída de ingresos Sin embargo, el déficit fiscal efectivo se situó en un 2,8% del PIB, cifra superior al 2% que se había proyectado originalmente. El ministro Grau fue enfático en señalar que el desvío no responde a un aumento del gasto público, sino a que los ingresos fiscales estuvieron por debajo de lo esperado. Específicamente, durante el último trimestre de 2025, los ingresos percibieron una caída del 3,4%, impactando el balance anual. Medidas de ajuste y comisión de expertos Ante este escenario de menor recaudación, el Gobierno anunció dos medidas inmediatas: Recorte del gasto: Se ejecutará un ajuste de $800 mil millones (aproximadamente US$ 920 millones), que afectará tanto partidas bajo como sobre la línea presupuestaria. Comisión técnica: Hacienda convocó a una comisión de expertos para analizar las causas del déficit en los ingresos y corregir los problemas detectados en las metodologías de proyección. Fuente: adnradio.cl
La consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, realizó un balance de su primer año como integrante del Consejo Regional para el período 2025-2029, abordando además la auditoría externa al Gobierno Regional y los desafíos en materia presupuestaria, durante la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la instancia, la autoridad regional reflexionó sobre las expectativas con las que asumió su rol y cómo estas se han ido contrastando con la realidad del funcionamiento del Consejo y del sistema presupuestario regional. En ese contexto, señaló que “tenía la esperanza de que terminara el discurso de que aprobar un proyecto no restaba recursos a otros pero así es, los marcos presupuestarios son específicos”, agregando que también existía la expectativa de que no se priorizaran iniciativas alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía. Gallardo enfatizó que uno de los principales desafíos ha sido orientar la discusión y aprobación de proyectos hacia demandas más inmediatas de las personas, indicando que existía “la esperanza de que no se aprobaran temas que no eran relevantes para el ciudadano de a pie y responder a cosas que las personas quieren de forma más inmediata”, poniendo como ejemplo la urgencia de avanzar en servicios básicos para sectores periurbanos de la comuna. Respecto de la auditoría externa al Gobierno Regional, la consejera sostuvo que las observaciones detectadas confirman advertencias que ya se venían realizando desde hace tiempo al interior del Consejo. “Muchos habíamos advertido pero no teníamos las herramientas para demostrarlo”, afirmó, apuntando a debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros del organismo. En esa línea, Gallardo explicó que desde las propias divisiones del Gobierno Regional, la persona a cargo de la auditoría e incluso el gobernador, se ha reconocido que “tenemos un sistema que funciona con un desorden, con un desfase”, situación que, a su juicio, requiere cambios profundos. “Necesitamos un sistema mucho más ágil y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo”, sostuvo. Finalmente, la consejera regional manifestó su preocupación por la magnitud de los recursos observados, señalando que “se habla de 600.000 millones de pesos que no han tenido cierre durante estos 8 años”, lo que —según indicó— refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, modernizar la gestión pública regional y asegurar un uso más eficiente y transparente de los recursos en beneficio directo de la ciudadanía.
Nicolás Grau, ministro de Hacienda, aseguró que las condiciones que tendrá el próximo Gobierno en materia presupuestaria serán mejores que las que tuvo la actual administración en 2022. “Las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria, desde el punto de vista de las obligaciones que existen y por ende las reasignaciones que probablemente se deban hacer durante el ejercicio presupuestario, van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022″, afirmó el secretario de Estado en conversación con Radio Pauta. Grau sustentó lo anterior explicando que cuando llegaron a La Moneda tuvieron que financiar a través de una resignación de “miles de millones de dólares la PGU, que tuvo un informe financiero que no permitía un financiamiento completo “. Ministro Grau por condiciones presupuestarias para el próximo Gobierno “Además los cambios tributarios que se hicieron en ese momento no rindieron lo que se esperaba, y por ende hubo que hacer un esfuerzo aún mayor que lo que estaba especificado en el informe financiero”, siguió el titular de Hacienda. En palabras del ministro, todos los gobiernos que asumen hacen normalmente reasignaciones de acuerdo a sus prioridades. “Para nosotros era muy importante, por supuesto, financiar la PGU. De hecho, durante el gobierno del presidente Boric la PGU fue aumentada, pero eso requirió en su momento una reasignación muy relevante “, detalló. “El próximo Gobierno no va a tener que hacer una reasignación de esa magnitud en ningún caso “, evaluó Grau de igual manera. El secretario de Estado añadió que lo que se especificó en la Ley de Presupuesto fue que se le dio al Gobierno, por más de 700 millones de dólares, una “mayor flexibilidad que la que se tiene regularmente en el presupuesto para poder reasignar de acuerdo a las prioridades que tenga el nuevo Gobierno”. “Por lo tanto, sumando y restando, creo que las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria (…) van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022 “, finalizó. Fuente: biobiochile.cl
En el programa Buenos Días Región, el consejero regional, presidente del PDC, exalcalde y exdiputado, Juan Morano Cornejo, se refirió a la compleja situación presupuestaria que afectó a los gobiernos regionales del país, particularmente por el retraso en la transferencia de recursos correspondientes al cierre del año 2025. La situación motivó una reunión de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANACORE), en la que participó el gobernador de Magallanes, confirmándose el compromiso del Ejecutivo para regularizar los pagos pendientes. Morano explicó que los recursos adeudados de noviembre y diciembre ya fueron transferidos a la región y que se espera que los pagos comiencen a realizarse de manera inmediata, permitiendo ponerse al día con empresas y proveedores. Destacó que la demora impactó especialmente a pequeñas y medianas empresas, generando riesgos de quiebra, paralización de obras y afectación laboral. Además, se proyecta que hacia fines de febrero queden regularizados también los pagos correspondientes a enero y febrero de 2026, por un monto cercano a los 18 mil millones de pesos. El consejero indicó que la situación se debió a una combinación de factores: estrechez de caja del Gobierno central, retraso en la aprobación del presupuesto nacional y dificultades administrativas en algunas regiones. Finalmente, planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía presupuestaria para los gobiernos regionales, permitiendo que puedan presentar y administrar su propio presupuesto, evitando así futuras crisis que afecten el desarrollo regional.
Un primer desembolso por $15.500 millones fue autorizado para la Región de Magallanes, recursos que permitirán comenzar a pagar la denominada “deuda flotante” del Gobierno Regional, correspondiente a compromisos adquiridos hasta el 31 de diciembre y que no habían sido transferidos oportunamente por la Dirección de Presupuestos (Dipres). El consejero regional Juan Morano (DC) señaló que la medida representa un avance en la superación del problema presupuestario de caja que afectaba a la región. Explicó que esta situación había generado dificultades en empresas ejecutoras de obras y proyectos, especialmente por retrasos en pagos durante noviembre y diciembre, lo que impactó el cumplimiento de obligaciones laborales y el desarrollo de trabajos en curso. Las gestiones se concretaron en una reunión entre la Dipres y representantes de los Gobiernos Regionales, instancia en la que participó la Asociación de Gobernadores Regionales (Agore). Desde Magallanes, el CORE había advertido hace dos semanas sobre la gravedad del escenario financiero, buscando acelerar una solución. Morano indicó que los recursos debieran comenzar a transferirse en los próximos días, permitiendo que los pagos se regularicen durante la próxima semana. No obstante, precisó que aún restan montos por liberar y expresó su expectativa de que la totalidad de los fondos pendientes pueda completarse antes de marzo, para retomar un funcionamiento presupuestario normal en la región.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025. El informe reveló un escenario mixto para las arcas fiscales chilenas: por un lado, una estabilización histórica de la deuda pública, y por otro, un déficit fiscal que superó las expectativas iniciales debido a una debilidad en la recaudación. Estabilización de la deuda y factores clave Uno de los hitos más destacados por el jefe de la billetera fiscal fue que la deuda como porcentaje del PIB cerró en 41,7%. El secretario de Estado subrayó que esta es la primera vez en 18 años que la deuda pública se mantiene en el mismo nivel que el año anterior. Según Grau, este resultado positivo se explica por un mayor crecimiento económico y el comportamiento del tipo de cambio, factores que aportaron en partes iguales a esta mejora. Déficit fiscal y caída de ingresos Sin embargo, el déficit fiscal efectivo se situó en un 2,8% del PIB, cifra superior al 2% que se había proyectado originalmente. El ministro Grau fue enfático en señalar que el desvío no responde a un aumento del gasto público, sino a que los ingresos fiscales estuvieron por debajo de lo esperado. Específicamente, durante el último trimestre de 2025, los ingresos percibieron una caída del 3,4%, impactando el balance anual. Medidas de ajuste y comisión de expertos Ante este escenario de menor recaudación, el Gobierno anunció dos medidas inmediatas: Recorte del gasto: Se ejecutará un ajuste de $800 mil millones (aproximadamente US$ 920 millones), que afectará tanto partidas bajo como sobre la línea presupuestaria. Comisión técnica: Hacienda convocó a una comisión de expertos para analizar las causas del déficit en los ingresos y corregir los problemas detectados en las metodologías de proyección. Fuente: adnradio.cl
La consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, realizó un balance de su primer año como integrante del Consejo Regional para el período 2025-2029, abordando además la auditoría externa al Gobierno Regional y los desafíos en materia presupuestaria, durante la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la instancia, la autoridad regional reflexionó sobre las expectativas con las que asumió su rol y cómo estas se han ido contrastando con la realidad del funcionamiento del Consejo y del sistema presupuestario regional. En ese contexto, señaló que “tenía la esperanza de que terminara el discurso de que aprobar un proyecto no restaba recursos a otros pero así es, los marcos presupuestarios son específicos”, agregando que también existía la expectativa de que no se priorizaran iniciativas alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía. Gallardo enfatizó que uno de los principales desafíos ha sido orientar la discusión y aprobación de proyectos hacia demandas más inmediatas de las personas, indicando que existía “la esperanza de que no se aprobaran temas que no eran relevantes para el ciudadano de a pie y responder a cosas que las personas quieren de forma más inmediata”, poniendo como ejemplo la urgencia de avanzar en servicios básicos para sectores periurbanos de la comuna. Respecto de la auditoría externa al Gobierno Regional, la consejera sostuvo que las observaciones detectadas confirman advertencias que ya se venían realizando desde hace tiempo al interior del Consejo. “Muchos habíamos advertido pero no teníamos las herramientas para demostrarlo”, afirmó, apuntando a debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros del organismo. En esa línea, Gallardo explicó que desde las propias divisiones del Gobierno Regional, la persona a cargo de la auditoría e incluso el gobernador, se ha reconocido que “tenemos un sistema que funciona con un desorden, con un desfase”, situación que, a su juicio, requiere cambios profundos. “Necesitamos un sistema mucho más ágil y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo”, sostuvo. Finalmente, la consejera regional manifestó su preocupación por la magnitud de los recursos observados, señalando que “se habla de 600.000 millones de pesos que no han tenido cierre durante estos 8 años”, lo que —según indicó— refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, modernizar la gestión pública regional y asegurar un uso más eficiente y transparente de los recursos en beneficio directo de la ciudadanía.
Nicolás Grau, ministro de Hacienda, aseguró que las condiciones que tendrá el próximo Gobierno en materia presupuestaria serán mejores que las que tuvo la actual administración en 2022. “Las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria, desde el punto de vista de las obligaciones que existen y por ende las reasignaciones que probablemente se deban hacer durante el ejercicio presupuestario, van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022″, afirmó el secretario de Estado en conversación con Radio Pauta. Grau sustentó lo anterior explicando que cuando llegaron a La Moneda tuvieron que financiar a través de una resignación de “miles de millones de dólares la PGU, que tuvo un informe financiero que no permitía un financiamiento completo “. Ministro Grau por condiciones presupuestarias para el próximo Gobierno “Además los cambios tributarios que se hicieron en ese momento no rindieron lo que se esperaba, y por ende hubo que hacer un esfuerzo aún mayor que lo que estaba especificado en el informe financiero”, siguió el titular de Hacienda. En palabras del ministro, todos los gobiernos que asumen hacen normalmente reasignaciones de acuerdo a sus prioridades. “Para nosotros era muy importante, por supuesto, financiar la PGU. De hecho, durante el gobierno del presidente Boric la PGU fue aumentada, pero eso requirió en su momento una reasignación muy relevante “, detalló. “El próximo Gobierno no va a tener que hacer una reasignación de esa magnitud en ningún caso “, evaluó Grau de igual manera. El secretario de Estado añadió que lo que se especificó en la Ley de Presupuesto fue que se le dio al Gobierno, por más de 700 millones de dólares, una “mayor flexibilidad que la que se tiene regularmente en el presupuesto para poder reasignar de acuerdo a las prioridades que tenga el nuevo Gobierno”. “Por lo tanto, sumando y restando, creo que las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria (…) van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022 “, finalizó. Fuente: biobiochile.cl
