El Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Magallanes definió las prioridades que orientarán la acción coordinada de las instituciones del Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito en la región. La sesión fue presidida por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y contó con la participación del seremi de Seguridad Pública, Ronald López, en su rol de secretario ejecutivo. Tras un proceso de análisis y votación sustentado en el Diagnóstico Regional de Seguridad Pública, los integrantes del Consejo acordaron priorizar el tráfico y microtráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, y las violaciones y delitos sexuales. La decisión consideró el impacto de estos ilícitos en la seguridad de las personas, su incidencia en la percepción ciudadana y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para su prevención y persecución. Asimismo, el Consejo acordó priorizar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública como la principal incivilidad de la zona, debido a sus efectos sobre la convivencia y el uso de los espacios públicos. A ello se suman la violencia escolar como fenómeno regional y el abordaje del abigeato como prioridad para las comunas rurales, considerando las características territoriales de la región. Las prioridades acordadas constituirán la hoja de ruta para la acción coordinada de las instituciones que integran el Sistema Regional de Seguridad Pública, orientando la elaboración del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural. Con ello, se busca focalizar los esfuerzos del Estado en las problemáticas que más afectan a la región, fortaleciendo la prevención del delito y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad. La delegada presidencial regional, Ericka Farías, manifestó que “nos reunimos como Consejo de Seguridad Pública y de Prevención del Delito para votar la priorización de delitos, incivilidades y el fenómeno regional. El delito más recurrente y que ganó por amplia mayoría es el tráfico de drogas, que es una preocupación para nuestra región, seguido del microtráfico, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Ahora, a partir de esta priorización, debemos definir el eje que vamos a plantear para iniciar el trabajo que hemos anunciado en el plan estratégico regional, el cual comenzará en el mes de julio”. Por su parte, el seremi López detalló el proceso que se inicia tras el Consejo: “Esta es una metodología que se desprende desde el Ministerio de Seguridad Pública hacia las regiones. Como región hemos dado el paso de determinar, a través de este Consejo, cuáles son los acentos que vamos a poner en materia de delitos e incivilidades, así como los fenómenos delictuales que están aquejando a la zona. Se toman estos delitos y se comienzan a desarrollar las líneas de acción que estarán incluidas en el plan de seguridad regional. En estas líneas de acción, cada una de las instituciones participantes se compromete con tareas que serán ejecutadas desde julio de 2026 a julio de 2027, con su respectiva evaluación sobre cómo estamos impactando, si estamos logrando el objetivo trazado y si estamos llegando a la comunidad que queremos blindar”. El jefe de la región policial de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez, indicó que “la priorización es la misma que tenemos nosotros como Policía de Investigaciones. El tráfico ilícito de drogas en sus distintas formas sabemos que está asociado directamente al crimen organizado. Además, estos fenómenos posteriormente derivan en otro tipo de violencia, como el uso de armas de fuego. Nosotros lo tenemos como la prioridad número uno a nivel nacional y regional. Asimismo, hay otros delitos que afectan demasía a la población: se trató el tema de la violencia intrafamiliar, investigada por la PDI en base a instrucciones ordenadas por el Ministerio Público, y también otros delitos a nivel rural, como el abigeato”. Finalmente, la fiscal regional (s), Johanna Irribarra, enfatizó que estas sesiones tienen como objetivo que “todos los estamentos del Estado que estamos a cargo de la seguridad y de combatir los delitos podamos trabajar de forma mancomunada y en conjunto, para tener un plan de trabajo enfocado directamente en la seguridad de la ciudadanía”. Las otras instituciones que participaron en el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito fueron: el Gobierno Regional, Carabineros, Gendarmería, los seremis de Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Educación, Mujer y Equidad de Género, Hacienda, y un representante del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Una extensa conversación sostuvo este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero Valle, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales lineamientos de su gestión, el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad y los alcances del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. A 16 días de haber asumido el cargo, la autoridad destacó el proceso de adaptación y conocimiento del equipo humano de la repartición. En ese contexto, valoró la experiencia de los funcionarios de carrera y sostuvo que el trabajo en seguridad debe construirse sobre la base de políticas públicas de largo plazo. “Hay cuestiones que son políticas de Estado y naturalmente uno tiene que valorar y construir sobre lo que hacen los distintos gobiernos, pero el gobierno en definitiva lo que señala y lo que marca son énfasis, pero en definitiva las políticas públicas son una construcción que se va desarrollando en el tiempo”, afirmó. Guerrero resaltó además que el combate a la delincuencia requiere del trabajo conjunto entre múltiples organismos, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima, los tribunales de justicia y Gendarmería. “Es una cuestión que es crucial. La Subsecretaría y el Ministerio de Seguridad Pública no pueden y tampoco están capacitados ni mandatados por la ley para hacer todo. Aquí necesitamos a quienes conocen de esto por larga data y quiénes son los brazos operativos”, señaló. En ese escenario, destacó la importancia del programa Denuncia Seguro (*4242), mecanismo que permite entregar información de manera anónima para apoyar investigaciones penales. “Lo más importante es que la ciudadanía lo sepa. Primero, invitar a que se hagan denuncias. Toda la información que entrega la persona está totalmente desambiguada de su identidad. Es totalmente anónima, es totalmente segura”, sostuvo. Asimismo, aseguró que el sistema ha permitido obtener resultados concretos, señalando que “el Denuncia Seguro tiene una alta tasa de éxito” y precisó que en recientes operativos desarrollados junto a la Policía de Investigaciones, tres procedimientos tuvieron origen en información entregada mediante este canal. También mencionó el reciente desbaratamiento de una red de explotación sexual en Iquique, cuya investigación se inició a partir de una denuncia anónima. Respecto del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, Guerrero enfatizó que la iniciativa no contempla una doble sanción para quienes sean condenados. “Este proyecto de ley lo quiero ser muy categórico. No establece una doble sanción. Aquí no estamos hablando de que van a haber dos sanciones a una persona que cometió un acto vandálico, sino que simplemente se está colocando un efecto adicional”, explicó. La autoridad comparó la iniciativa con otros registros existentes, como el de inhabilidades para condenados por delitos sexuales y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, asegurando que se trata de mecanismos ya conocidos por el ordenamiento jurídico. “Nosotros creemos que sí merece reproche. No puede ser que una persona que, por ejemplo, por una incivilidad sea condenada a pagar una multa y no pase nada”, indicó. Consultado sobre si estas medidas podrían aplicarse también a autoridades y representantes públicos, Guerrero fue enfático al señalar que la ley debe regir para todos por igual. “Frente a la ley la verdad somos todos iguales. Y eso es la regla que nosotros vamos a man
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitó la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. La decisión fue comunicada durante la mañana de este martes 2 de junio y se produce a cerca de dos semanas del arribo del nuevo secretario de Estado a la cartera. El ajuste confirma el reordenamiento interno anticipado tras la salida de la exministra Trinidad Steinert, en el marco del primer cambio de gabinete del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Al asumir, Arrau inició una revisión de la estructura y de los equipos del ministerio, incluyendo la continuidad de ambas subsecretarías. La remoción ocurre en la antesala de la comparecencia del ministro ante el Senado, instancia en la que deberá abordar la estrategia de seguridad pública del Ejecutivo. La salida de Jouannet y Quintana abre una nueva etapa en una de las carteras prioritarias para el Gobierno, que ahora deberá definir quiénes asumirán ambas responsabilidades. Hasta el momento, no se han informado oficialmente los nombres de sus reemplazantes. Medios nacionales han mencionado distintas alternativas que estarían siendo evaluadas, pero las designaciones deberán ser confirmadas por el Ejecutivo antes de ser incorporadas como parte definitiva del equipo ministerial. El cambio será seguido con atención en Magallanes y el resto de las regiones, considerando que las definiciones nacionales en materia de seguridad inciden directamente en la coordinación territorial, la prevención del delito y el despliegue de las instituciones encargadas de responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía.
La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizaron el seminario nacional “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, instancia que reunió a autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y organizaciones gremiales para abordar los desafíos que enfrenta la seguridad en los sectores rurales del país. Durante la jornada, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, entregó oficialmente el Segundo Informe de Seguridad en los Territorios Rurales, documento que expone las principales problemáticas que afectan a estas comunas. Además, anunció la implementación de una alianza público-privada que permitirá la instalación de 36 cámaras de televigilancia con lectores de patentes en la Región Metropolitana, iniciativa que comenzará con un plan piloto en la comuna de Peñaflor. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, destacó la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad de las comunas rurales, señalando que la seguridad en estos territorios debe transformarse en una prioridad para el Estado. En la misma línea, se enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en zonas afectadas por el desplazamiento de organizaciones delictuales. Otro de los temas abordados fue la inversión en infraestructura y equipamiento para la prevención del delito. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, informó que actualmente se están destinando importantes recursos a proyectos de televigilancia, vehículos de seguridad, drones e iluminación pública, además de iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las comunas rurales. El seminario también permitió analizar estrategias para combatir las estructuras económicas del crimen organizado. Desde el Ministerio Público se destacó la coordinación con los municipios para recuperar inmuebles vinculados a actividades ilícitas y destinarlos posteriormente a fines comunitarios, fortaleciendo así el uso social de estos espacios en beneficio de los vecinos.
La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizarán este lunes 25 de mayo el seminario “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, encuentro que busca analizar el impacto de la delincuencia y el crimen organizado en territorios rurales y alejados de los grandes centros urbanos. La jornada será encabezada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y el presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, quienes abordarán la necesidad de fortalecer una respuesta coordinada del Estado frente a los desafíos de seguridad que enfrentan distintas comunas rurales del país. El seminario contará además con exposiciones de representantes de Carabineros de Chile, el Ministerio Público, autoridades del Ministerio de Agricultura, alcaldes de comunas rurales y representantes de gremios vinculados al sector agrícola y forestal. Entre los participantes confirmados se encuentran el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, además de dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), IDICAM y CORMA. La actividad se desarrollará desde las 09:00 horas en el Le Méridien Santiago, en Santiago.
El Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Magallanes definió las prioridades que orientarán la acción coordinada de las instituciones del Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito en la región. La sesión fue presidida por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y contó con la participación del seremi de Seguridad Pública, Ronald López, en su rol de secretario ejecutivo. Tras un proceso de análisis y votación sustentado en el Diagnóstico Regional de Seguridad Pública, los integrantes del Consejo acordaron priorizar el tráfico y microtráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, y las violaciones y delitos sexuales. La decisión consideró el impacto de estos ilícitos en la seguridad de las personas, su incidencia en la percepción ciudadana y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para su prevención y persecución. Asimismo, el Consejo acordó priorizar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública como la principal incivilidad de la zona, debido a sus efectos sobre la convivencia y el uso de los espacios públicos. A ello se suman la violencia escolar como fenómeno regional y el abordaje del abigeato como prioridad para las comunas rurales, considerando las características territoriales de la región. Las prioridades acordadas constituirán la hoja de ruta para la acción coordinada de las instituciones que integran el Sistema Regional de Seguridad Pública, orientando la elaboración del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural. Con ello, se busca focalizar los esfuerzos del Estado en las problemáticas que más afectan a la región, fortaleciendo la prevención del delito y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad. La delegada presidencial regional, Ericka Farías, manifestó que “nos reunimos como Consejo de Seguridad Pública y de Prevención del Delito para votar la priorización de delitos, incivilidades y el fenómeno regional. El delito más recurrente y que ganó por amplia mayoría es el tráfico de drogas, que es una preocupación para nuestra región, seguido del microtráfico, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Ahora, a partir de esta priorización, debemos definir el eje que vamos a plantear para iniciar el trabajo que hemos anunciado en el plan estratégico regional, el cual comenzará en el mes de julio”. Por su parte, el seremi López detalló el proceso que se inicia tras el Consejo: “Esta es una metodología que se desprende desde el Ministerio de Seguridad Pública hacia las regiones. Como región hemos dado el paso de determinar, a través de este Consejo, cuáles son los acentos que vamos a poner en materia de delitos e incivilidades, así como los fenómenos delictuales que están aquejando a la zona. Se toman estos delitos y se comienzan a desarrollar las líneas de acción que estarán incluidas en el plan de seguridad regional. En estas líneas de acción, cada una de las instituciones participantes se compromete con tareas que serán ejecutadas desde julio de 2026 a julio de 2027, con su respectiva evaluación sobre cómo estamos impactando, si estamos logrando el objetivo trazado y si estamos llegando a la comunidad que queremos blindar”. El jefe de la región policial de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez, indicó que “la priorización es la misma que tenemos nosotros como Policía de Investigaciones. El tráfico ilícito de drogas en sus distintas formas sabemos que está asociado directamente al crimen organizado. Además, estos fenómenos posteriormente derivan en otro tipo de violencia, como el uso de armas de fuego. Nosotros lo tenemos como la prioridad número uno a nivel nacional y regional. Asimismo, hay otros delitos que afectan demasía a la población: se trató el tema de la violencia intrafamiliar, investigada por la PDI en base a instrucciones ordenadas por el Ministerio Público, y también otros delitos a nivel rural, como el abigeato”. Finalmente, la fiscal regional (s), Johanna Irribarra, enfatizó que estas sesiones tienen como objetivo que “todos los estamentos del Estado que estamos a cargo de la seguridad y de combatir los delitos podamos trabajar de forma mancomunada y en conjunto, para tener un plan de trabajo enfocado directamente en la seguridad de la ciudadanía”. Las otras instituciones que participaron en el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito fueron: el Gobierno Regional, Carabineros, Gendarmería, los seremis de Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Educación, Mujer y Equidad de Género, Hacienda, y un representante del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Una extensa conversación sostuvo este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero Valle, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales lineamientos de su gestión, el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad y los alcances del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. A 16 días de haber asumido el cargo, la autoridad destacó el proceso de adaptación y conocimiento del equipo humano de la repartición. En ese contexto, valoró la experiencia de los funcionarios de carrera y sostuvo que el trabajo en seguridad debe construirse sobre la base de políticas públicas de largo plazo. “Hay cuestiones que son políticas de Estado y naturalmente uno tiene que valorar y construir sobre lo que hacen los distintos gobiernos, pero el gobierno en definitiva lo que señala y lo que marca son énfasis, pero en definitiva las políticas públicas son una construcción que se va desarrollando en el tiempo”, afirmó. Guerrero resaltó además que el combate a la delincuencia requiere del trabajo conjunto entre múltiples organismos, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima, los tribunales de justicia y Gendarmería. “Es una cuestión que es crucial. La Subsecretaría y el Ministerio de Seguridad Pública no pueden y tampoco están capacitados ni mandatados por la ley para hacer todo. Aquí necesitamos a quienes conocen de esto por larga data y quiénes son los brazos operativos”, señaló. En ese escenario, destacó la importancia del programa Denuncia Seguro (*4242), mecanismo que permite entregar información de manera anónima para apoyar investigaciones penales. “Lo más importante es que la ciudadanía lo sepa. Primero, invitar a que se hagan denuncias. Toda la información que entrega la persona está totalmente desambiguada de su identidad. Es totalmente anónima, es totalmente segura”, sostuvo. Asimismo, aseguró que el sistema ha permitido obtener resultados concretos, señalando que “el Denuncia Seguro tiene una alta tasa de éxito” y precisó que en recientes operativos desarrollados junto a la Policía de Investigaciones, tres procedimientos tuvieron origen en información entregada mediante este canal. También mencionó el reciente desbaratamiento de una red de explotación sexual en Iquique, cuya investigación se inició a partir de una denuncia anónima. Respecto del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, Guerrero enfatizó que la iniciativa no contempla una doble sanción para quienes sean condenados. “Este proyecto de ley lo quiero ser muy categórico. No establece una doble sanción. Aquí no estamos hablando de que van a haber dos sanciones a una persona que cometió un acto vandálico, sino que simplemente se está colocando un efecto adicional”, explicó. La autoridad comparó la iniciativa con otros registros existentes, como el de inhabilidades para condenados por delitos sexuales y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, asegurando que se trata de mecanismos ya conocidos por el ordenamiento jurídico. “Nosotros creemos que sí merece reproche. No puede ser que una persona que, por ejemplo, por una incivilidad sea condenada a pagar una multa y no pase nada”, indicó. Consultado sobre si estas medidas podrían aplicarse también a autoridades y representantes públicos, Guerrero fue enfático al señalar que la ley debe regir para todos por igual. “Frente a la ley la verdad somos todos iguales. Y eso es la regla que nosotros vamos a man
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitó la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. La decisión fue comunicada durante la mañana de este martes 2 de junio y se produce a cerca de dos semanas del arribo del nuevo secretario de Estado a la cartera. El ajuste confirma el reordenamiento interno anticipado tras la salida de la exministra Trinidad Steinert, en el marco del primer cambio de gabinete del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Al asumir, Arrau inició una revisión de la estructura y de los equipos del ministerio, incluyendo la continuidad de ambas subsecretarías. La remoción ocurre en la antesala de la comparecencia del ministro ante el Senado, instancia en la que deberá abordar la estrategia de seguridad pública del Ejecutivo. La salida de Jouannet y Quintana abre una nueva etapa en una de las carteras prioritarias para el Gobierno, que ahora deberá definir quiénes asumirán ambas responsabilidades. Hasta el momento, no se han informado oficialmente los nombres de sus reemplazantes. Medios nacionales han mencionado distintas alternativas que estarían siendo evaluadas, pero las designaciones deberán ser confirmadas por el Ejecutivo antes de ser incorporadas como parte definitiva del equipo ministerial. El cambio será seguido con atención en Magallanes y el resto de las regiones, considerando que las definiciones nacionales en materia de seguridad inciden directamente en la coordinación territorial, la prevención del delito y el despliegue de las instituciones encargadas de responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía.
La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizaron el seminario nacional “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, instancia que reunió a autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y organizaciones gremiales para abordar los desafíos que enfrenta la seguridad en los sectores rurales del país. Durante la jornada, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, entregó oficialmente el Segundo Informe de Seguridad en los Territorios Rurales, documento que expone las principales problemáticas que afectan a estas comunas. Además, anunció la implementación de una alianza público-privada que permitirá la instalación de 36 cámaras de televigilancia con lectores de patentes en la Región Metropolitana, iniciativa que comenzará con un plan piloto en la comuna de Peñaflor. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, destacó la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad de las comunas rurales, señalando que la seguridad en estos territorios debe transformarse en una prioridad para el Estado. En la misma línea, se enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en zonas afectadas por el desplazamiento de organizaciones delictuales. Otro de los temas abordados fue la inversión en infraestructura y equipamiento para la prevención del delito. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, informó que actualmente se están destinando importantes recursos a proyectos de televigilancia, vehículos de seguridad, drones e iluminación pública, además de iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las comunas rurales. El seminario también permitió analizar estrategias para combatir las estructuras económicas del crimen organizado. Desde el Ministerio Público se destacó la coordinación con los municipios para recuperar inmuebles vinculados a actividades ilícitas y destinarlos posteriormente a fines comunitarios, fortaleciendo así el uso social de estos espacios en beneficio de los vecinos.
La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizarán este lunes 25 de mayo el seminario “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, encuentro que busca analizar el impacto de la delincuencia y el crimen organizado en territorios rurales y alejados de los grandes centros urbanos. La jornada será encabezada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y el presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, quienes abordarán la necesidad de fortalecer una respuesta coordinada del Estado frente a los desafíos de seguridad que enfrentan distintas comunas rurales del país. El seminario contará además con exposiciones de representantes de Carabineros de Chile, el Ministerio Público, autoridades del Ministerio de Agricultura, alcaldes de comunas rurales y representantes de gremios vinculados al sector agrícola y forestal. Entre los participantes confirmados se encuentran el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, además de dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), IDICAM y CORMA. La actividad se desarrollará desde las 09:00 horas en el Le Méridien Santiago, en Santiago.
