La Organización Mundial de la Salud (OMS) consagra a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Tal garantía se extiende también a las personas privadas de libertad y, en especial, las mujeres en esta condición, como grupo vulnerable respecto del cual el Estado debe asumir la responsabilidad de cuidar su salud, considerando la promoción y prevención de la misma y su respectivo tratamiento. Este imperativo de atención de salud de las personas privadas de libertad, que responde a las orientaciones y políticas emanadas de la autoridad de Salud, adquiere una nueva connotación en Magallanes, a través del trabajo que desarrolla la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes. Dentro de los estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), en materia de operación de los espacios materno infantiles al interior de las unidades penales, esta instancia de trabajo acaba de elaborar un Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica Integral de Persona Gestante y/o Madre de Menor de Dos Años en Condición de Privación de Libertad. Este jueves, en la Dirección Regional de Gendarmería, las autoridades de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, junto al Director Regional de la institución penitenciaria, ofrecieron un hito comunicacional acerca de este nuevo Protocolo, que constituye una guía técnica para facilitar el resguardo de la salud materna, perinatal e infantil de las personas gestantes privadas de libertad, madres de menores de dos años e infantes. Para ello, el documento integra y promueve acciones coordinadas, seguras y humanizadas entre el Sistema de Salud y Gendarmería de Chile para asegurar el cumplimiento de los estándares éticos, legales y sanitarios que deben protegerlos. Al respecto, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, remarcó que en todo lo referido a mujeres con hijos dentro de la Unidad Penal, según los principios de derechos humanos, prevalece el interés superior por el niño(a). Así también el principio de igualdad y no discriminación, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral del niño/a lactante y las garantías asociadas a los derechos sexuales y reproductivos. Esto, según la normativa regulatoria ministerial para dichas actuaciones y en concordancia, con los lineamientos técnicos asociados al Programa Creciendo Juntos de Gendarmería de Chile. En ese sentido expuso que: “Este protocolo representa un avance concreto en la reducción de la brecha de género que afecta a las mujeres privadas de libertad y un mejoramiento de sus condiciones carcelarias, al fortalecer la coordinación interinstitucional para resguardar el derecho a la salud. La gestación en contextos penitenciarios plantea desafíos relevantes para la salud pública y los derechos humanos, dada la mayor vulnerabilidad de las personas gestantes y la exposición a factores de riesgo físicos, psicosociales y estructurales que pueden incidir tanto en su bienestar como en el de quien está por nacer. Nuestra tarea como Estado es reducir esos riesgos y garantizar condiciones de cuidado y dignidad para todas las personas”. Por su parte, el Seremi (S) de Salud, Eduardo Castillo, señaló: “Este es un protocolo respecto de las atenciones que van a recibir las mujeres gestantes y también los niños menores de 2 años. No es un trato que da privilegios, sino que da justicia, de manera que todas las mujeres privadas de libertad puedan recibir las atenciones durante el periodo del embarazo y durante los 2 años de sus hijos, así como a los controles que los niños requieren hasta esa edad. Esto lo que nos va a asegurar es que la atención se entregue de manera adecuada y cumpliendo con las necesidades de todas las mujeres”. A grandes rasgos, el Protocolo asegurará la atención integral de salud para las personas gestantes privadas de libertad y/o madres de bebé menor de dos años de edad (control prenatal, atención de urgencia obstétrica, parto y seguimiento postnatal, neonatal e infantil de salud), respetando sus derechos y considerando sus condiciones de vulnerabilidad. Esto llevará asociado la oportuna identificación de signos y síntomas de alarma que permitan su derivación inmediata mediante traslado operativo y coordinado para los programas indicados. Asimismo, se estandariza el procedimiento de traslado hacia los centros de salud, según nivel de atención requerido, asegurando condiciones seguras, oportunas y dignas durante todo el proceso, como parte de una atención continua y de calidad. Esencialmente, aquí se fortalece la coordinación intersectorial entre el Sistema de Salud y Gendarmería, promoviendo una gestión eficiente, articulada y centrada en las necesidades de salud de las personas gestantes y madres de niños menores de dos años, en contexto de privación de libertad. Con ello, se busca disminuir los riesgos y complicaciones maternas y perinatales, mediante una atención oportuna, integral y especializada, que considere la derivación como una herramienta esencial en el proceso de cuidado y protección de la salud. Los equipos de Gendarmería aplicarán esta herramienta en todos los niveles operativos y asistenciales. Del mismo modo lo harán los equipos de salud de la Red Asistencial Magallanes, que intervengan durante el proceso de atención de la persona gestante privada de libertad y/o madre de recién nacido/a o menor de dos años de edad. Para todos los efectos, la asistencia clínica de personas privadas de libertad de este protocolo se regirá de acuerdo a las normativas y protocolos asistenciales vigentes en salud sexual, reproductiva e infantil del Ministerio de Salud. Finalmente, el Director Regional de Gendamería, coronel Rodrigo Campusano, enfatizó que la finalidad del Protocolo es disponer de las medidas conducentes a evitar situaciones de violencia, abuso y/o discriminación de las que puedan ser víctimas las mujeres gestantes privadas de libertad, en razón de su condición. Ante la limitada disponibilidad de servicios especializados al interior del Complejo Penitenciario, indicó que se ha requerido disponer de un proceso claro, eficiente y oportuno de derivación, hacia los establecimientos de salud, desde el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, se debe asegurar las condiciones adecuadas durante traslado y atención clínica. Para su implementación, destacó que se incorpora el enfoque de género y de derechos humanos, orientado a resguardar la dignidad de las personas asistidas, promoviendo condiciones adecuadas de atención, respeto a la privacidad y confidencialidad, evitando toda forma de vulneración en el contexto de su privación de libertad.
En una sesión telemática, la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes informó esta semana en detalle los nuevos estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), que aborda la operación de los espacios materno infantiles en las unidades penitenciarias de todo el país, como forma parte del “Plan de Mejora de Condiciones Carcelarias para Mujeres” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, quien lidera esta instancia interinstitucional, en la que participan la SEREMÍA de Salud, Gendarmería, Servicio de Salud Magallanes, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. Este esfuerzo apunta a mejorar las condiciones de reclusión de mujeres gestantes privadas de libertad y sus hijos(as) menores de dos años, a una mayor sensibilización del personal penitenciario y a un resguardo de su atención médica y fortalecimiento del vínculo materno-infantil. Al respecto, se hizo una bajada de esta nueva normativa desde el nivel central, abordando en detalle algunas disposiciones referidas a cómo se ingresará y se utilizará una sección materna infantil. Todo esto, bajo el principio rector de garantizar en todo momento un trato humano y respetar la dignidad inherente de las personas gestantes y/o con niños(as) lactantes que permanezcan privadas de libertad, de acuerdo a estándares internacionales en la materia (Unicef). “Esta resolución exenta, en el fondo, viene a proveer las instrucciones al personal de Gendarmería respecto al trato que deben tener las personas y adolescentes gestantes o con niños(as) lactantes y el funcionamiento de la misma sección materno infantil. Su definición es poder tener un espacio diferenciado dentro de un establecimiento penitenciario, que cuente con una infraestructura acondicionada y equipada adecuadamente, para poder recibir a personas gestantes con sus hijos(as) y con acceso a espacios seguros para niños(as) que permitan su estimulación temprana, debiendo todas las regiones del país contar con al menos una sección materna infantil para esta población de especial protección”, subrayó. Dentro de las priorizaciones, clasificación y segmentación, el documento se centra en ingresos y egresos de la sección materno infantil, aborda el tema de los procedimientos penitenciarios, regula el tema de salidas, traslados, régimen interno, registros, allanamientos, visitas, encomiendas, el uso de la fuerza, régimen disciplinario y situaciones de emergencia. Además contempla infraestructura penitenciaria, promoción y capacitación de los funcionarios que trabajarán en esa sección. Un aspecto novedoso dice relación ante casos de traslados operativos de personas gestantes (Artículos 22-24), en que a nivel regional o interregional se considerará la condición de embarazo y variables técnico-penitenciarias para determinar la unidad penitenciaria de destino. La medida no se ejecutará si sus condiciones de salud no permiten realizarla sin riesgo para su embarazo, vida o integridad personal. Cuando se trate de traslados fuera de la región, éstos se harán preferentemente por vía aérea en vuelo directo. En tanto, los traslados terrestres no podrán superar un máximo de seis horas, y con al menos una detención para descanso, lactancia y uso de servicios higiénicos. En salidas o traslados al exterior de madres con niños(as) lactantes se realizarán en vehículos distintos a los de Gendarmería, sin usar las medidas de coerción, descartando además el uso de chaleco amarillo. La autoridad sectorial enfatizó que “en el fondo, esto es parte del trabajo que ha marcado el sello de nuestra gestión y una de las prioridades desde que asumimos, que no se había visto antes, que es reducir la brecha de género al interior de las unidades penales. Particularmente de Punta Arenas, donde se aloja la mayor cantidad de la población femenina, y cuya realidad estaba un tanto postergada. Al respecto, no sólo trabajamos en la renovación de la Sección Femenina, sino también en la ampliación de convenios para poder desarrollar un trabajo de reinserción con la población penal. Y hoy día, se traduce también en hacernos cargo de la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad con lactantes”.
Con el objetivo de hacer seguimiento a los casos de mujeres privadas de libertad en condición de embarazo o con hijos menores de dos años, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, encabeza la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes. Esta instancia, de carácter interinstitucional, se reúne mensualmente y cuenta con la participación de la Seremi de Salud, Gendarmería de Chile, el Servicio de Salud Magallanes, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. La autoridad sectorial destacó los avances sustantivos alcanzados durante el último año, los que han permitido monitorear de forma más sistemática las condiciones de mujeres embarazadas y madres en contexto de encierro, ya sea como imputadas o condenadas. Uno de los principales resultados de este trabajo es la elaboración del Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica de Personas Gestantes y/o Madres de Recién Nacidos Menores de Dos Años Privadas de Libertad, a cargo de profesionales de la Seremi de Salud. Este documento complementará el protocolo interno de Gendarmería de Chile en caso de urgencias obstétricas, permitiendo así una respuesta articulada y con enfoque de derechos. Actualmente, el módulo materno-infantil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se encuentra ocupado en su totalidad, albergando a dos madres junto a sus hijos lactantes. En ese contexto, se destaca como avance significativo el que, fruto de una serie acciones desarrolladas en este ámbito, se fortalezca el trabajo entre las instituciones a través de este protocolo, pudiendo disponer de una herramienta definitoria, en materia de criterios y reglamentaciones. Esto, pensando que las personas al interior de las instituciones van rotando, por lo que el tener esta coordinación garantiza una actuación estandarizada tanto para el personal del Servicio de Salud como para Gendarmería. Además de lo anterior, el trabajo desarrollado por la Mesa permitió identificar una brecha en la etapa de gestación de una de las internas del módulo materno infantil. Esta detección oportuna contribuyó a generar ajustes y fortalecer la articulación intersectorial para resguardar de mejor manera los derechos de estas mujeres y sus hijos en relación con el reconocimiento de la sección materno-infantil como un espacio seguro, considerando no solo las condiciones materiales, sino también aspectos fundamentales vinculados al apego y acompañamiento significativo. En este sentido, se han visibilizado situaciones que requieren especial atención, como la posibilidad de incorporar el apoyo emocional del padre del lactante, cuando este también se encuentra privado de libertad. Todo lo anterior responde a la necesidad fortalecer una coordinación intersectorial anticipada, que permita resguardar de manera integral el bienestar tanto del bebé como de la madre, reconociendo la importancia del vínculo temprano y el enfoque de derechos en contextos de encierro. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos valora que, durante el reciente parto de una de las internas, el padre del bebé pudiera, estando bajo custodia de Gendarmería, disfrutar de ese momento en tranquilidad, disponiendo de todas las condiciones tanto de seguridad como de apoyo emocional: “Aquí se reconoce el interés superior del niño, garantizando que llegue al mundo en las mejores condiciones posibles, acompañado de ambos progenitores, quienes, aun estando privados de libertad, no pierden sus derechos como padres. Por ello, se requieren protocolos que definan estándares mínimos que permitan el ejercicio de esos derechos en condiciones de seguridad y dignidad.” En el mismo sentido, resalta que avances tan significativos como los alcanzados en esta mesa de trabajo, “inciden en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya sido galardonado recientemente como la primera Secretaría de Estado del país en recibir el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su nivel Oro”. Esto representa la máxima distinción en dicha certificación, fruto de diversos avances institucionales, entre los cuales se destaca la incorporación del enfoque de género en el acceso a la justicia, en la forma de enfrentar las condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad, capacitación en derechos de mujeres indígenas y protección especial de niñas y adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) consagra a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Tal garantía se extiende también a las personas privadas de libertad y, en especial, las mujeres en esta condición, como grupo vulnerable respecto del cual el Estado debe asumir la responsabilidad de cuidar su salud, considerando la promoción y prevención de la misma y su respectivo tratamiento. Este imperativo de atención de salud de las personas privadas de libertad, que responde a las orientaciones y políticas emanadas de la autoridad de Salud, adquiere una nueva connotación en Magallanes, a través del trabajo que desarrolla la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes. Dentro de los estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), en materia de operación de los espacios materno infantiles al interior de las unidades penales, esta instancia de trabajo acaba de elaborar un Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica Integral de Persona Gestante y/o Madre de Menor de Dos Años en Condición de Privación de Libertad. Este jueves, en la Dirección Regional de Gendarmería, las autoridades de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, junto al Director Regional de la institución penitenciaria, ofrecieron un hito comunicacional acerca de este nuevo Protocolo, que constituye una guía técnica para facilitar el resguardo de la salud materna, perinatal e infantil de las personas gestantes privadas de libertad, madres de menores de dos años e infantes. Para ello, el documento integra y promueve acciones coordinadas, seguras y humanizadas entre el Sistema de Salud y Gendarmería de Chile para asegurar el cumplimiento de los estándares éticos, legales y sanitarios que deben protegerlos. Al respecto, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, remarcó que en todo lo referido a mujeres con hijos dentro de la Unidad Penal, según los principios de derechos humanos, prevalece el interés superior por el niño(a). Así también el principio de igualdad y no discriminación, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral del niño/a lactante y las garantías asociadas a los derechos sexuales y reproductivos. Esto, según la normativa regulatoria ministerial para dichas actuaciones y en concordancia, con los lineamientos técnicos asociados al Programa Creciendo Juntos de Gendarmería de Chile. En ese sentido expuso que: “Este protocolo representa un avance concreto en la reducción de la brecha de género que afecta a las mujeres privadas de libertad y un mejoramiento de sus condiciones carcelarias, al fortalecer la coordinación interinstitucional para resguardar el derecho a la salud. La gestación en contextos penitenciarios plantea desafíos relevantes para la salud pública y los derechos humanos, dada la mayor vulnerabilidad de las personas gestantes y la exposición a factores de riesgo físicos, psicosociales y estructurales que pueden incidir tanto en su bienestar como en el de quien está por nacer. Nuestra tarea como Estado es reducir esos riesgos y garantizar condiciones de cuidado y dignidad para todas las personas”. Por su parte, el Seremi (S) de Salud, Eduardo Castillo, señaló: “Este es un protocolo respecto de las atenciones que van a recibir las mujeres gestantes y también los niños menores de 2 años. No es un trato que da privilegios, sino que da justicia, de manera que todas las mujeres privadas de libertad puedan recibir las atenciones durante el periodo del embarazo y durante los 2 años de sus hijos, así como a los controles que los niños requieren hasta esa edad. Esto lo que nos va a asegurar es que la atención se entregue de manera adecuada y cumpliendo con las necesidades de todas las mujeres”. A grandes rasgos, el Protocolo asegurará la atención integral de salud para las personas gestantes privadas de libertad y/o madres de bebé menor de dos años de edad (control prenatal, atención de urgencia obstétrica, parto y seguimiento postnatal, neonatal e infantil de salud), respetando sus derechos y considerando sus condiciones de vulnerabilidad. Esto llevará asociado la oportuna identificación de signos y síntomas de alarma que permitan su derivación inmediata mediante traslado operativo y coordinado para los programas indicados. Asimismo, se estandariza el procedimiento de traslado hacia los centros de salud, según nivel de atención requerido, asegurando condiciones seguras, oportunas y dignas durante todo el proceso, como parte de una atención continua y de calidad. Esencialmente, aquí se fortalece la coordinación intersectorial entre el Sistema de Salud y Gendarmería, promoviendo una gestión eficiente, articulada y centrada en las necesidades de salud de las personas gestantes y madres de niños menores de dos años, en contexto de privación de libertad. Con ello, se busca disminuir los riesgos y complicaciones maternas y perinatales, mediante una atención oportuna, integral y especializada, que considere la derivación como una herramienta esencial en el proceso de cuidado y protección de la salud. Los equipos de Gendarmería aplicarán esta herramienta en todos los niveles operativos y asistenciales. Del mismo modo lo harán los equipos de salud de la Red Asistencial Magallanes, que intervengan durante el proceso de atención de la persona gestante privada de libertad y/o madre de recién nacido/a o menor de dos años de edad. Para todos los efectos, la asistencia clínica de personas privadas de libertad de este protocolo se regirá de acuerdo a las normativas y protocolos asistenciales vigentes en salud sexual, reproductiva e infantil del Ministerio de Salud. Finalmente, el Director Regional de Gendamería, coronel Rodrigo Campusano, enfatizó que la finalidad del Protocolo es disponer de las medidas conducentes a evitar situaciones de violencia, abuso y/o discriminación de las que puedan ser víctimas las mujeres gestantes privadas de libertad, en razón de su condición. Ante la limitada disponibilidad de servicios especializados al interior del Complejo Penitenciario, indicó que se ha requerido disponer de un proceso claro, eficiente y oportuno de derivación, hacia los establecimientos de salud, desde el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, se debe asegurar las condiciones adecuadas durante traslado y atención clínica. Para su implementación, destacó que se incorpora el enfoque de género y de derechos humanos, orientado a resguardar la dignidad de las personas asistidas, promoviendo condiciones adecuadas de atención, respeto a la privacidad y confidencialidad, evitando toda forma de vulneración en el contexto de su privación de libertad.
En una sesión telemática, la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes informó esta semana en detalle los nuevos estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), que aborda la operación de los espacios materno infantiles en las unidades penitenciarias de todo el país, como forma parte del “Plan de Mejora de Condiciones Carcelarias para Mujeres” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, quien lidera esta instancia interinstitucional, en la que participan la SEREMÍA de Salud, Gendarmería, Servicio de Salud Magallanes, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. Este esfuerzo apunta a mejorar las condiciones de reclusión de mujeres gestantes privadas de libertad y sus hijos(as) menores de dos años, a una mayor sensibilización del personal penitenciario y a un resguardo de su atención médica y fortalecimiento del vínculo materno-infantil. Al respecto, se hizo una bajada de esta nueva normativa desde el nivel central, abordando en detalle algunas disposiciones referidas a cómo se ingresará y se utilizará una sección materna infantil. Todo esto, bajo el principio rector de garantizar en todo momento un trato humano y respetar la dignidad inherente de las personas gestantes y/o con niños(as) lactantes que permanezcan privadas de libertad, de acuerdo a estándares internacionales en la materia (Unicef). “Esta resolución exenta, en el fondo, viene a proveer las instrucciones al personal de Gendarmería respecto al trato que deben tener las personas y adolescentes gestantes o con niños(as) lactantes y el funcionamiento de la misma sección materno infantil. Su definición es poder tener un espacio diferenciado dentro de un establecimiento penitenciario, que cuente con una infraestructura acondicionada y equipada adecuadamente, para poder recibir a personas gestantes con sus hijos(as) y con acceso a espacios seguros para niños(as) que permitan su estimulación temprana, debiendo todas las regiones del país contar con al menos una sección materna infantil para esta población de especial protección”, subrayó. Dentro de las priorizaciones, clasificación y segmentación, el documento se centra en ingresos y egresos de la sección materno infantil, aborda el tema de los procedimientos penitenciarios, regula el tema de salidas, traslados, régimen interno, registros, allanamientos, visitas, encomiendas, el uso de la fuerza, régimen disciplinario y situaciones de emergencia. Además contempla infraestructura penitenciaria, promoción y capacitación de los funcionarios que trabajarán en esa sección. Un aspecto novedoso dice relación ante casos de traslados operativos de personas gestantes (Artículos 22-24), en que a nivel regional o interregional se considerará la condición de embarazo y variables técnico-penitenciarias para determinar la unidad penitenciaria de destino. La medida no se ejecutará si sus condiciones de salud no permiten realizarla sin riesgo para su embarazo, vida o integridad personal. Cuando se trate de traslados fuera de la región, éstos se harán preferentemente por vía aérea en vuelo directo. En tanto, los traslados terrestres no podrán superar un máximo de seis horas, y con al menos una detención para descanso, lactancia y uso de servicios higiénicos. En salidas o traslados al exterior de madres con niños(as) lactantes se realizarán en vehículos distintos a los de Gendarmería, sin usar las medidas de coerción, descartando además el uso de chaleco amarillo. La autoridad sectorial enfatizó que “en el fondo, esto es parte del trabajo que ha marcado el sello de nuestra gestión y una de las prioridades desde que asumimos, que no se había visto antes, que es reducir la brecha de género al interior de las unidades penales. Particularmente de Punta Arenas, donde se aloja la mayor cantidad de la población femenina, y cuya realidad estaba un tanto postergada. Al respecto, no sólo trabajamos en la renovación de la Sección Femenina, sino también en la ampliación de convenios para poder desarrollar un trabajo de reinserción con la población penal. Y hoy día, se traduce también en hacernos cargo de la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad con lactantes”.
Con el objetivo de hacer seguimiento a los casos de mujeres privadas de libertad en condición de embarazo o con hijos menores de dos años, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, encabeza la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes. Esta instancia, de carácter interinstitucional, se reúne mensualmente y cuenta con la participación de la Seremi de Salud, Gendarmería de Chile, el Servicio de Salud Magallanes, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. La autoridad sectorial destacó los avances sustantivos alcanzados durante el último año, los que han permitido monitorear de forma más sistemática las condiciones de mujeres embarazadas y madres en contexto de encierro, ya sea como imputadas o condenadas. Uno de los principales resultados de este trabajo es la elaboración del Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica de Personas Gestantes y/o Madres de Recién Nacidos Menores de Dos Años Privadas de Libertad, a cargo de profesionales de la Seremi de Salud. Este documento complementará el protocolo interno de Gendarmería de Chile en caso de urgencias obstétricas, permitiendo así una respuesta articulada y con enfoque de derechos. Actualmente, el módulo materno-infantil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se encuentra ocupado en su totalidad, albergando a dos madres junto a sus hijos lactantes. En ese contexto, se destaca como avance significativo el que, fruto de una serie acciones desarrolladas en este ámbito, se fortalezca el trabajo entre las instituciones a través de este protocolo, pudiendo disponer de una herramienta definitoria, en materia de criterios y reglamentaciones. Esto, pensando que las personas al interior de las instituciones van rotando, por lo que el tener esta coordinación garantiza una actuación estandarizada tanto para el personal del Servicio de Salud como para Gendarmería. Además de lo anterior, el trabajo desarrollado por la Mesa permitió identificar una brecha en la etapa de gestación de una de las internas del módulo materno infantil. Esta detección oportuna contribuyó a generar ajustes y fortalecer la articulación intersectorial para resguardar de mejor manera los derechos de estas mujeres y sus hijos en relación con el reconocimiento de la sección materno-infantil como un espacio seguro, considerando no solo las condiciones materiales, sino también aspectos fundamentales vinculados al apego y acompañamiento significativo. En este sentido, se han visibilizado situaciones que requieren especial atención, como la posibilidad de incorporar el apoyo emocional del padre del lactante, cuando este también se encuentra privado de libertad. Todo lo anterior responde a la necesidad fortalecer una coordinación intersectorial anticipada, que permita resguardar de manera integral el bienestar tanto del bebé como de la madre, reconociendo la importancia del vínculo temprano y el enfoque de derechos en contextos de encierro. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos valora que, durante el reciente parto de una de las internas, el padre del bebé pudiera, estando bajo custodia de Gendarmería, disfrutar de ese momento en tranquilidad, disponiendo de todas las condiciones tanto de seguridad como de apoyo emocional: “Aquí se reconoce el interés superior del niño, garantizando que llegue al mundo en las mejores condiciones posibles, acompañado de ambos progenitores, quienes, aun estando privados de libertad, no pierden sus derechos como padres. Por ello, se requieren protocolos que definan estándares mínimos que permitan el ejercicio de esos derechos en condiciones de seguridad y dignidad.” En el mismo sentido, resalta que avances tan significativos como los alcanzados en esta mesa de trabajo, “inciden en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya sido galardonado recientemente como la primera Secretaría de Estado del país en recibir el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su nivel Oro”. Esto representa la máxima distinción en dicha certificación, fruto de diversos avances institucionales, entre los cuales se destaca la incorporación del enfoque de género en el acceso a la justicia, en la forma de enfrentar las condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad, capacitación en derechos de mujeres indígenas y protección especial de niñas y adolescentes.
