El gobierno nos vuelve a demostrar de qué lado está. El ministro Jorge Quiroz ha confirmado que vetará una norma aprobada democráticamente por el Congreso para poner fin al anatocismo, que es una práctica que permite capitalizar intereses y seguir cobrando intereses sobre ellos, en lugar de corregir un mecanismo que agrava el sobreendeudamiento que pasan miles de familias en nuestro país. El Ejecutivo ha decidido defender los intereses de la banca y resulta incomprensible que un gobierno que dice proteger a la clase media utilice su facultad de veto para mantener una norma que favorece a las instituciones financieras y perjudica a quienes enfrentan dificultades para poder cumplir con sus obligaciones. El Estado tiene como misión garantizar reglas justas, no privilegiar con mecanismos que incrementan artificialmente el costo de las deudas. Este veto es una mala decisión política. El gobierno tuvo que elegir entre proteger a las personas o proteger un privilegio del sistema financiero, y ha optado por lo segundo. El ministro Quiroz deberá explicar por qué considera más importante resguardar los intereses de la banca que alivianar la carga que hoy día están pasando muchas familias por el alto costo de la vida, que deben pagar con créditos que pagan intereses sobre intereses.
El diputado Carlos Bianchi junto a la Bancada PPD e Independientes expresaron su molestia luego de conocer un estudio solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional, que arrojó que el beneficio per-cápita del proyecto de ley presentado por el PDG, que reembolsa la compra de pañales y algunos medicamentos, es de sólo $3.534 mensuales. ¿Cómo se llega a esta cifra?. Según el documento, el costo fiscal anual del proyecto que se utilizó como moneda de cambio con el Gobierno para la aprobación de la megarreforma , de acuerdo a su informe financiero, es de $90.115 millones de pesos anuales. Al dividir el costo anual del beneficio directo a las personas por el número de beneficiarios, se obtiene un beneficio anual por beneficiario de $42.410, y desglosado de forma mensual corresponde a sólo $3.534 pesos. Tenemos una legítima indignación que, de manera responsable, quisimos llevarla a cifras, dado el acuerdo del ministro Quiroz con quienes han sido cómplices de la reforma tributaria. Junto a la Biblioteca del Congreso Nacional, hicimos una estimación del beneficio per cápita al que podrían llegar las chilenas y chilenos producto del proyecto de pañales y algunos medicamentos, explicó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi. El parlamentario señaló que mientras la reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile alrededor de 4.200 millones de dólares, ¿sabe usted cuánto podría obtener este acuerdo del señor Quiroz?. Una chilena y chileno con discapacidad, una chilena y chileno del 80% más vulnerable de Chile, podría llegar a recibir $3.534 per cápita mensuales. Esto es lo que hoy queremos desenmascarar. Nos parece que esto es irritante, es una publicidad engañosa, es darle un portazo a la vulnerabilidad de nuestro país. Por su parte, el diputado, José Montalva, sostuvo que el PDG vendió a los chilenos, a la clase media, a las Pyme, por un plato de lentejas al mes. Por $3.500 pesos al mes para 1 de 10 chilenos. Es decir, 9 chilenos no reciben nada. O sea, un plato de lentejas al mes significó que hasta por 20 años hipotequemos los tributos que se van a recibir para poder generar derechos sociales. Los recursos de todos los chilenos no se pueden usar en campañas presidenciales del futuro. Eso no se hace. De esa forma, no se construye un país mejor. En tanto, la diputada PPD por La Araucanía, Andrea Parra, manifestó que el PDG dice que está colocando la música en el gobierno y pareciera que es así. Pero vaya manera de colocar la música bien barata. No podemos persistir en la publicidad engañosa. Aquí hay que demostrar de manera técnica quiénes son los más favorecidos con la mega reforma, y claramente son los más ricos. Hipotecaron al país por los próximos años. Si alguien cree que en los próximos 5 años no van a haber recortes feroces, si no se va a dañar la cohesión social, si no se va a desincentivar la inversión, está muy equivocado. Y el precio fue bastante barato. $3.500 no ameritan el sacrificio al que sometemos a la gran mayoría de la población.
Su “alegría” manifestó el diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, tras la aprobación en tercer trámite del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Recuperación Económica y Social, tras la sesión de este martes en la Cámara Baja, donde se ratificaron todas excepto una de las enmiendas del Senado a la propuesta del Ejecutivo. Para el legislador, esto significa una “excelente noticias para Magallanes, toda vez que hoy día, una de cada 10 mujeres está desempleada”. “Con el proyecto de reconstrucción que acabamos de aprobar en la Cámara Baja, salvo un solo artículo que dirimirá una comisión mixta, se ha aprobado este proyecto de ley que va a cambiar el destino de nuestro país”, recalcó Riquelme. “Mientras los gobiernos anteriores llamaban a tener más impuestos”, continuó, “nosotros llamamos y aprobamos un proyecto de ley que apunta a generar mayor inversión para que se creen más empresas y, por ende, más pega para todos los magallánicos”. Para el parlamentario magallánico, la aprobación del proyecto, significa que el país “volverá a recuperar la esperanza de ser un país que se pone de pie y crece, y que después de mucho tiempo de estancamiento económico, estamos creando las condiciones que que generan crecimiento, inversión y le van a traer empleo a los chilenos”. La Comisión Mixta -compuesta por cinco senadores y cinco diputados-, resolverá en los próximos días una propuesta que debe ser ratificada por la Cámara y el Senado, para ser despachada a ley, por lo que Riquelme no descartó que “tengamos una sesión especial para votar y darle certeza a todos los chilenos que de en el más breve plazo esta legislación entrará en vigencia y se puedan ver cambios sustantivos en su calidad de vida en el mediano plazo”.
Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones. Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados. Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto. La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio). No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración. Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir , ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales. Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo). Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso. El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto. Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda. Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto. Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar. La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial). La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso. No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico. El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación. Fuente: latercera.com
El vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó este miércoles la situación económica del país, los desafíos del empleo regional, las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y la agenda de seguridad, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Respecto de las cifras de desocupación, Roa sostuvo que, si bien Magallanes mantiene una tasa inferior al promedio nacional, el aumento del desempleo responde a problemas estructurales que, a juicio del Ejecutivo, deben enfrentarse mediante incentivos a la inversión. La región estamos en torno al 6,5 que una tasa de desocupación. Que ha ido al alza, señaló, agregando que el Gobierno busca impulsar el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que contempla, entre otras medidas, reducir el impuesto corporativo desde un 27% a un 23% y agilizar la tramitación de proyectos de inversión. En ese contexto, afirmó que tomar lo que son esta permisologia que se da que se demora mucho en los proyectos en salir por traba administrativa, reducir los tiempos de espera para que a través de esa forma se pueda promover lo que es la inversión y se pueda generar empleo. Potencial productivo de Magallanes Durante la entrevista, el seremi destacó las oportunidades de desarrollo que presenta la región, especialmente en sectores como la salmonicultura y el turismo. Magallanes tiene, tiene un un gran futuro, afirmó, precisando que actualmente nosotros acá estamos explotando el menos del 1% de las hectáreas disponible para lo que es la salmonicultura. Asimismo, indicó que el Ejecutivo trabaja en modificaciones laborales para fortalecer la actividad turística, buscando entregar mayor flexibilidad durante la temporada alta y estabilidad laboral en invierno. Deuda fiscal y reconstrucción Consultado por el financiamiento del plan económico y el aumento del endeudamiento del Estado, Roa explicó que la actual administración debió asumir compromisos financieros pendientes provenientes del gobierno anterior. Hay por lo menos 3000 millones de pesos en deudas que tiene el estado con estas empresas que trabajan, lo cual afecta directamente a las empresas que prestan estos servicios, sostuvo. Añadió que la auditoría realizada al inicio del mandato permitió detectar obligaciones pendientes, entre ellas pagos atrasados a proveedores y situaciones como la demora en la entrega de útiles escolares durante el año pasado. Proyecto de ley Alejandro Otro de los temas abordados fue el denominado proyecto de ley Alejandro, relacionado con la responsabilidad penal adolescente tras recientes hechos de violencia. Sobre esta materia, Roa expresó que el Gobierno respalda avanzar en sanciones más severas cuando corresponda. No puede ser que muchas veces personas que cometen este tipo de actos por después tener buena conducta terminen saliendo mucho antes de lo que inicialmente se les condenó, afirmó. Además, señaló que si es necesario seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente... tenemos que hacerlo con el fin de poder reducir la violencia en nuestro país, enfatizando que el foco debe estar en las víctimas de estos delitos. Emprendimiento femenino El vocero también realizó un balance positivo de los diálogos ciudadanos desarrollados recientemente con organizaciones de mujeres emprendedoras y dirigentes sociales. Destacó el rol que cumplen las mujeres en el desarrollo económico y familiar de la región. Las mujeres en nuestro país son resilientes muy fuertes y por eso es que nosotros como gobierno tenemos que potenciarla, darle todas las herramientas para que ellas puedan cumplir con este rol, indicó. En esa línea, manifestó que el Ejecutivo busca impulsar la ley de sala cuna universal incorporando modificaciones que permitan facilitar la contratación femenina sin generar mayores costos para los empleadores. Seguridad y control fronterizo En materia de seguridad, Roa destacó el aumento de las fiscalizaciones y el trabajo coordinado entre distintas instituciones en Magallanes. Según indicó, una de las medidas implementadas en la frontera norte permitió disminuir significativamente los ingresos irregulares al país. Después que se terminó esta zanja que estábamos construyendo en el norte. Los ingresos irregulares disminuyeron un 86%, aseguró. Añadió que la condición geográfica de Magallanes permite implementar experiencias piloto que posteriormente pueden replicarse en otras regiones del país. Acusación constitucional y gestión regional Consultado por el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Grau, Roa sostuvo que el Gobierno respeta las decisiones adoptadas por el Congreso. Nosotros somos bien respetuosos del trabajo que hace cada poder del Estado, afirmó, agregando que el Ejecutivo continuará promoviendo acuerdos para sacar adelante los proyectos que considera prioritarios para el desarrollo del país. Finalmente, al evaluar sus primeros meses como vocero de Gobierno en Magallanes, aseguró que la etapa de instalación ya fue superada y que el objetivo ahora es mantener una presencia permanente en terreno. Tenemos una instrucción de parte del presidente, de ser un gobierno en terreno, es ser un gobierno que responde, expresó. Asimismo, destacó que la labor de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno no solo consiste en comunicar las políticas públicas, sino también en acercar la gestión del Estado a las organizaciones sociales y apoyar la resolución de sus necesidades mediante la coordinación con otros servicios públicos.
El gobierno nos vuelve a demostrar de qué lado está. El ministro Jorge Quiroz ha confirmado que vetará una norma aprobada democráticamente por el Congreso para poner fin al anatocismo, que es una práctica que permite capitalizar intereses y seguir cobrando intereses sobre ellos, en lugar de corregir un mecanismo que agrava el sobreendeudamiento que pasan miles de familias en nuestro país. El Ejecutivo ha decidido defender los intereses de la banca y resulta incomprensible que un gobierno que dice proteger a la clase media utilice su facultad de veto para mantener una norma que favorece a las instituciones financieras y perjudica a quienes enfrentan dificultades para poder cumplir con sus obligaciones. El Estado tiene como misión garantizar reglas justas, no privilegiar con mecanismos que incrementan artificialmente el costo de las deudas. Este veto es una mala decisión política. El gobierno tuvo que elegir entre proteger a las personas o proteger un privilegio del sistema financiero, y ha optado por lo segundo. El ministro Quiroz deberá explicar por qué considera más importante resguardar los intereses de la banca que alivianar la carga que hoy día están pasando muchas familias por el alto costo de la vida, que deben pagar con créditos que pagan intereses sobre intereses.
El diputado Carlos Bianchi junto a la Bancada PPD e Independientes expresaron su molestia luego de conocer un estudio solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional, que arrojó que el beneficio per-cápita del proyecto de ley presentado por el PDG, que reembolsa la compra de pañales y algunos medicamentos, es de sólo $3.534 mensuales. ¿Cómo se llega a esta cifra?. Según el documento, el costo fiscal anual del proyecto que se utilizó como moneda de cambio con el Gobierno para la aprobación de la megarreforma , de acuerdo a su informe financiero, es de $90.115 millones de pesos anuales. Al dividir el costo anual del beneficio directo a las personas por el número de beneficiarios, se obtiene un beneficio anual por beneficiario de $42.410, y desglosado de forma mensual corresponde a sólo $3.534 pesos. Tenemos una legítima indignación que, de manera responsable, quisimos llevarla a cifras, dado el acuerdo del ministro Quiroz con quienes han sido cómplices de la reforma tributaria. Junto a la Biblioteca del Congreso Nacional, hicimos una estimación del beneficio per cápita al que podrían llegar las chilenas y chilenos producto del proyecto de pañales y algunos medicamentos, explicó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi. El parlamentario señaló que mientras la reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile alrededor de 4.200 millones de dólares, ¿sabe usted cuánto podría obtener este acuerdo del señor Quiroz?. Una chilena y chileno con discapacidad, una chilena y chileno del 80% más vulnerable de Chile, podría llegar a recibir $3.534 per cápita mensuales. Esto es lo que hoy queremos desenmascarar. Nos parece que esto es irritante, es una publicidad engañosa, es darle un portazo a la vulnerabilidad de nuestro país. Por su parte, el diputado, José Montalva, sostuvo que el PDG vendió a los chilenos, a la clase media, a las Pyme, por un plato de lentejas al mes. Por $3.500 pesos al mes para 1 de 10 chilenos. Es decir, 9 chilenos no reciben nada. O sea, un plato de lentejas al mes significó que hasta por 20 años hipotequemos los tributos que se van a recibir para poder generar derechos sociales. Los recursos de todos los chilenos no se pueden usar en campañas presidenciales del futuro. Eso no se hace. De esa forma, no se construye un país mejor. En tanto, la diputada PPD por La Araucanía, Andrea Parra, manifestó que el PDG dice que está colocando la música en el gobierno y pareciera que es así. Pero vaya manera de colocar la música bien barata. No podemos persistir en la publicidad engañosa. Aquí hay que demostrar de manera técnica quiénes son los más favorecidos con la mega reforma, y claramente son los más ricos. Hipotecaron al país por los próximos años. Si alguien cree que en los próximos 5 años no van a haber recortes feroces, si no se va a dañar la cohesión social, si no se va a desincentivar la inversión, está muy equivocado. Y el precio fue bastante barato. $3.500 no ameritan el sacrificio al que sometemos a la gran mayoría de la población.
Su “alegría” manifestó el diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, tras la aprobación en tercer trámite del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Recuperación Económica y Social, tras la sesión de este martes en la Cámara Baja, donde se ratificaron todas excepto una de las enmiendas del Senado a la propuesta del Ejecutivo. Para el legislador, esto significa una “excelente noticias para Magallanes, toda vez que hoy día, una de cada 10 mujeres está desempleada”. “Con el proyecto de reconstrucción que acabamos de aprobar en la Cámara Baja, salvo un solo artículo que dirimirá una comisión mixta, se ha aprobado este proyecto de ley que va a cambiar el destino de nuestro país”, recalcó Riquelme. “Mientras los gobiernos anteriores llamaban a tener más impuestos”, continuó, “nosotros llamamos y aprobamos un proyecto de ley que apunta a generar mayor inversión para que se creen más empresas y, por ende, más pega para todos los magallánicos”. Para el parlamentario magallánico, la aprobación del proyecto, significa que el país “volverá a recuperar la esperanza de ser un país que se pone de pie y crece, y que después de mucho tiempo de estancamiento económico, estamos creando las condiciones que que generan crecimiento, inversión y le van a traer empleo a los chilenos”. La Comisión Mixta -compuesta por cinco senadores y cinco diputados-, resolverá en los próximos días una propuesta que debe ser ratificada por la Cámara y el Senado, para ser despachada a ley, por lo que Riquelme no descartó que “tengamos una sesión especial para votar y darle certeza a todos los chilenos que de en el más breve plazo esta legislación entrará en vigencia y se puedan ver cambios sustantivos en su calidad de vida en el mediano plazo”.
Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones. Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados. Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto. La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio). No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración. Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir , ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales. Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo). Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso. El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto. Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda. Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto. Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar. La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial). La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso. No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico. El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación. Fuente: latercera.com
El vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó este miércoles la situación económica del país, los desafíos del empleo regional, las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y la agenda de seguridad, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Respecto de las cifras de desocupación, Roa sostuvo que, si bien Magallanes mantiene una tasa inferior al promedio nacional, el aumento del desempleo responde a problemas estructurales que, a juicio del Ejecutivo, deben enfrentarse mediante incentivos a la inversión. La región estamos en torno al 6,5 que una tasa de desocupación. Que ha ido al alza, señaló, agregando que el Gobierno busca impulsar el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que contempla, entre otras medidas, reducir el impuesto corporativo desde un 27% a un 23% y agilizar la tramitación de proyectos de inversión. En ese contexto, afirmó que tomar lo que son esta permisologia que se da que se demora mucho en los proyectos en salir por traba administrativa, reducir los tiempos de espera para que a través de esa forma se pueda promover lo que es la inversión y se pueda generar empleo. Potencial productivo de Magallanes Durante la entrevista, el seremi destacó las oportunidades de desarrollo que presenta la región, especialmente en sectores como la salmonicultura y el turismo. Magallanes tiene, tiene un un gran futuro, afirmó, precisando que actualmente nosotros acá estamos explotando el menos del 1% de las hectáreas disponible para lo que es la salmonicultura. Asimismo, indicó que el Ejecutivo trabaja en modificaciones laborales para fortalecer la actividad turística, buscando entregar mayor flexibilidad durante la temporada alta y estabilidad laboral en invierno. Deuda fiscal y reconstrucción Consultado por el financiamiento del plan económico y el aumento del endeudamiento del Estado, Roa explicó que la actual administración debió asumir compromisos financieros pendientes provenientes del gobierno anterior. Hay por lo menos 3000 millones de pesos en deudas que tiene el estado con estas empresas que trabajan, lo cual afecta directamente a las empresas que prestan estos servicios, sostuvo. Añadió que la auditoría realizada al inicio del mandato permitió detectar obligaciones pendientes, entre ellas pagos atrasados a proveedores y situaciones como la demora en la entrega de útiles escolares durante el año pasado. Proyecto de ley Alejandro Otro de los temas abordados fue el denominado proyecto de ley Alejandro, relacionado con la responsabilidad penal adolescente tras recientes hechos de violencia. Sobre esta materia, Roa expresó que el Gobierno respalda avanzar en sanciones más severas cuando corresponda. No puede ser que muchas veces personas que cometen este tipo de actos por después tener buena conducta terminen saliendo mucho antes de lo que inicialmente se les condenó, afirmó. Además, señaló que si es necesario seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente... tenemos que hacerlo con el fin de poder reducir la violencia en nuestro país, enfatizando que el foco debe estar en las víctimas de estos delitos. Emprendimiento femenino El vocero también realizó un balance positivo de los diálogos ciudadanos desarrollados recientemente con organizaciones de mujeres emprendedoras y dirigentes sociales. Destacó el rol que cumplen las mujeres en el desarrollo económico y familiar de la región. Las mujeres en nuestro país son resilientes muy fuertes y por eso es que nosotros como gobierno tenemos que potenciarla, darle todas las herramientas para que ellas puedan cumplir con este rol, indicó. En esa línea, manifestó que el Ejecutivo busca impulsar la ley de sala cuna universal incorporando modificaciones que permitan facilitar la contratación femenina sin generar mayores costos para los empleadores. Seguridad y control fronterizo En materia de seguridad, Roa destacó el aumento de las fiscalizaciones y el trabajo coordinado entre distintas instituciones en Magallanes. Según indicó, una de las medidas implementadas en la frontera norte permitió disminuir significativamente los ingresos irregulares al país. Después que se terminó esta zanja que estábamos construyendo en el norte. Los ingresos irregulares disminuyeron un 86%, aseguró. Añadió que la condición geográfica de Magallanes permite implementar experiencias piloto que posteriormente pueden replicarse en otras regiones del país. Acusación constitucional y gestión regional Consultado por el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Grau, Roa sostuvo que el Gobierno respeta las decisiones adoptadas por el Congreso. Nosotros somos bien respetuosos del trabajo que hace cada poder del Estado, afirmó, agregando que el Ejecutivo continuará promoviendo acuerdos para sacar adelante los proyectos que considera prioritarios para el desarrollo del país. Finalmente, al evaluar sus primeros meses como vocero de Gobierno en Magallanes, aseguró que la etapa de instalación ya fue superada y que el objetivo ahora es mantener una presencia permanente en terreno. Tenemos una instrucción de parte del presidente, de ser un gobierno en terreno, es ser un gobierno que responde, expresó. Asimismo, destacó que la labor de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno no solo consiste en comunicar las políticas públicas, sino también en acercar la gestión del Estado a las organizaciones sociales y apoyar la resolución de sus necesidades mediante la coordinación con otros servicios públicos.
