En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, el diputado del Partido Republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, valoró el ingreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la seguridad en los establecimientos y reforzar la protección de quienes integran las comunidades educativas. El parlamentario señaló que la discusión sobre seguridad escolar ya no es teórica, recordando hechos recientes que han generado preocupación en el país. El año 2025 en Punta Arenas dos estudiantes fueron acuchillados; hace solo una semana una asistente social fue agredida en un liceo y hoy vimos un hecho igualmente preocupante con la agresión contra la ministra de Ciencias, en la Universidad Austral de Chile, indicó. A juicio de Riquelme, estos hechos demuestran que la violencia está entrando a espacios que deberían ser de educación y respeto, por lo que se requieren medidas concretas para proteger a estudiantes, profesores y funcionarios. En esa línea, destacó que la iniciativa ingresada impulsa herramientas claras para prevenir y enfrentar situaciones de violencia al interior de los establecimientos. Entre ellas, fortalecer la autoridad de los directores para actuar frente a hechos graves, mejorar los mecanismos preventivos dentro de los reglamentos internos y establecer medidas como la revisión de mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen. Para terminar con la violencia en los colegios se requieren decisiones firmes. Este proyecto busca precisamente recuperar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos educacionales, para que estudiantes puedan recibir una educación de calidad y los docentes puedan ejercer su labor con tranquilidad, afirmó el legislador. Asimismo, el diputado recordó que en ciudades como Calama, Puerto Montt, Rancagua, Linares o Valparaíso se han registrado amenazas de tiroteos y hechos de violencia escolar, situaciones que —según señaló— también han tenido expresiones en la región de Magallanes, como el ataque ocurrido en un estudiante del Instituto Don Bosco y la agresión a un alumno del Liceo Politécnico que casi le costó su vida. El objetivo es claro: que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros. No puede ser que los estudiantes que realmente quieren estudiar terminen siendo los más perjudicados por la violencia de unos pocos, sostuvo. Finalmente, Riquelme enfatizó que el Estado debe enviar una señal clara frente a estos hechos. No puede haber impunidad. No debe haber más beneficios del Estado para estudiantes que cometan delitos en los establecimientos educacionales. Si queremos terminar con la violencia en las salas de clases, tenemos que actuar con decisión y no seguir llegando tarde, concluyó.
Ante el anuncio de los proyectos del Presidente José Antonio Kast en relación a la violencia presente en el sistema escolar chileno, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, señaló “en una primera lectura -no conocemos todavía el proyecto en detalle-, nos parece que queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar”. Agregó el líder gremial docente “lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. Acá no hay una sola mención por parte del presidente, a lo que a nuestro entender es uno de los principales focos de problema que se debe enfrentar, la salud mental”. El Presidente de los Profesores recordó “hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo -también con el gobierno anterior- que hay que abordar el problema de salud mental que tiene nuestra sociedad, la que se traduce en serios problemas que se evidencian en los colegios y el caso de Calama lo demuestra dramáticamente. El horror que se vivió tiene la base en un problema serio de salud mental. Es decir, hay una causa”. Mario Aguilar Arévalo insistió “no es solo el efecto lo que debe abordarse, un tema que nos parece muy importante y fundamental, es el Currículum. Hoy las escuelas y colegios tienen el foco en el rendimiento, la productividad, pruebas estandarizadas, competir, hacer lo que sea por subir unos pocos puntos, para ser mejor que la escuela del lado; desatendiendo absolutamente la educación emocional, el aspecto social, el aspecto humano que nunca debe perder la educación”. El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores reflexionó “hoy día tenemos una educación que no es atractiva para los estudiantes, tediosa, agobiante, que presiona por los rendimientos, pero que se despreocupa absolutamente de las personas. Ese también debe ser otro tema que debe ser abordado y el presidente Kast no hace absolutamente ninguna mención al respecto. Por eso decimos que estas medidas se quedan pobres, sin perjuicio que hay algunas que puedan ser necesarias, pero también tiene otras muy tramposas”. En ese aspecto Mario Aguilar Arévalo explicó “cuando se quiere mezclar cualquier manifestación que pudiera producir una interrupción de clase. Es decir, según ese proyecto de ley, sería lo mismo un acto de violencia, el lanzamiento bombas molotov, etcétera, a una protesta pacífica que hagan los estudiantes de un colegio porque tienen baños insalubres, como ha ocurrido tantas veces. No estoy dando un ejemplo solo teórico.” El líder gremial agregó “o cuando los profesores reclamamos por distintas materias y a veces paralizamos actividades, ¿también va a tener exactamente el mismo tratamiento que si fuera una manifestación violenta? Esa mezcla nos parece tramposa y atenta contra derechos fundamentales. Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, añadió “nos parece que es un grave error sancionar de por vida a una persona, por ejemplo, un joven que a los 14 años hubiese cometido una falta o incluso un delito, va a quedar sancionado de por vida respecto al derecho a la gratuidad, lo que nos parece incluso que podría ser inconstitucional. Por eso decimos que estas medidas se quedan pobres y cortas frente a la profundidad que tiene el tema de la violencia en los colegios.
El Gobierno, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, informa que ha decidido otorgar suma urgencia al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural (Boletín 12712-24), actualmente en tramitación en el Senado, con el objetivo de acelerar su discusión legislativa y avanzar en su pronta aprobación. Esta decisión se adopta tras un análisis del contenido del proyecto que recoge el diálogo con diversos actores del sector cultural, patrimonial y académico y que plasma las distintas miradas en torno a una normativa largamente esperada por el país. “Tenemos la convicción de que esta ley es fundamental para modernizar el marco normativo del patrimonio cultural en Chile, fortalecer su protección, ampliar las herramientas de gestión y promover una institucionalidad más robusta y dinámica, acorde a los desafíos que enfrentamos en la actualidad”, dice el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga. El proyecto busca reconocer la diversidad de expresiones patrimoniales presentes en el territorio, resguardando tanto el patrimonio material como inmaterial, e incorporando una mirada descentralizada y participativa en su gestión.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, el diputado del Partido Republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, valoró el ingreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la seguridad en los establecimientos y reforzar la protección de quienes integran las comunidades educativas. El parlamentario señaló que la discusión sobre seguridad escolar ya no es teórica, recordando hechos recientes que han generado preocupación en el país. El año 2025 en Punta Arenas dos estudiantes fueron acuchillados; hace solo una semana una asistente social fue agredida en un liceo y hoy vimos un hecho igualmente preocupante con la agresión contra la ministra de Ciencias, en la Universidad Austral de Chile, indicó. A juicio de Riquelme, estos hechos demuestran que la violencia está entrando a espacios que deberían ser de educación y respeto, por lo que se requieren medidas concretas para proteger a estudiantes, profesores y funcionarios. En esa línea, destacó que la iniciativa ingresada impulsa herramientas claras para prevenir y enfrentar situaciones de violencia al interior de los establecimientos. Entre ellas, fortalecer la autoridad de los directores para actuar frente a hechos graves, mejorar los mecanismos preventivos dentro de los reglamentos internos y establecer medidas como la revisión de mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen. Para terminar con la violencia en los colegios se requieren decisiones firmes. Este proyecto busca precisamente recuperar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos educacionales, para que estudiantes puedan recibir una educación de calidad y los docentes puedan ejercer su labor con tranquilidad, afirmó el legislador. Asimismo, el diputado recordó que en ciudades como Calama, Puerto Montt, Rancagua, Linares o Valparaíso se han registrado amenazas de tiroteos y hechos de violencia escolar, situaciones que —según señaló— también han tenido expresiones en la región de Magallanes, como el ataque ocurrido en un estudiante del Instituto Don Bosco y la agresión a un alumno del Liceo Politécnico que casi le costó su vida. El objetivo es claro: que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros. No puede ser que los estudiantes que realmente quieren estudiar terminen siendo los más perjudicados por la violencia de unos pocos, sostuvo. Finalmente, Riquelme enfatizó que el Estado debe enviar una señal clara frente a estos hechos. No puede haber impunidad. No debe haber más beneficios del Estado para estudiantes que cometan delitos en los establecimientos educacionales. Si queremos terminar con la violencia en las salas de clases, tenemos que actuar con decisión y no seguir llegando tarde, concluyó.
Ante el anuncio de los proyectos del Presidente José Antonio Kast en relación a la violencia presente en el sistema escolar chileno, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, señaló “en una primera lectura -no conocemos todavía el proyecto en detalle-, nos parece que queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar”. Agregó el líder gremial docente “lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. Acá no hay una sola mención por parte del presidente, a lo que a nuestro entender es uno de los principales focos de problema que se debe enfrentar, la salud mental”. El Presidente de los Profesores recordó “hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo -también con el gobierno anterior- que hay que abordar el problema de salud mental que tiene nuestra sociedad, la que se traduce en serios problemas que se evidencian en los colegios y el caso de Calama lo demuestra dramáticamente. El horror que se vivió tiene la base en un problema serio de salud mental. Es decir, hay una causa”. Mario Aguilar Arévalo insistió “no es solo el efecto lo que debe abordarse, un tema que nos parece muy importante y fundamental, es el Currículum. Hoy las escuelas y colegios tienen el foco en el rendimiento, la productividad, pruebas estandarizadas, competir, hacer lo que sea por subir unos pocos puntos, para ser mejor que la escuela del lado; desatendiendo absolutamente la educación emocional, el aspecto social, el aspecto humano que nunca debe perder la educación”. El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores reflexionó “hoy día tenemos una educación que no es atractiva para los estudiantes, tediosa, agobiante, que presiona por los rendimientos, pero que se despreocupa absolutamente de las personas. Ese también debe ser otro tema que debe ser abordado y el presidente Kast no hace absolutamente ninguna mención al respecto. Por eso decimos que estas medidas se quedan pobres, sin perjuicio que hay algunas que puedan ser necesarias, pero también tiene otras muy tramposas”. En ese aspecto Mario Aguilar Arévalo explicó “cuando se quiere mezclar cualquier manifestación que pudiera producir una interrupción de clase. Es decir, según ese proyecto de ley, sería lo mismo un acto de violencia, el lanzamiento bombas molotov, etcétera, a una protesta pacífica que hagan los estudiantes de un colegio porque tienen baños insalubres, como ha ocurrido tantas veces. No estoy dando un ejemplo solo teórico.” El líder gremial agregó “o cuando los profesores reclamamos por distintas materias y a veces paralizamos actividades, ¿también va a tener exactamente el mismo tratamiento que si fuera una manifestación violenta? Esa mezcla nos parece tramposa y atenta contra derechos fundamentales. Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, añadió “nos parece que es un grave error sancionar de por vida a una persona, por ejemplo, un joven que a los 14 años hubiese cometido una falta o incluso un delito, va a quedar sancionado de por vida respecto al derecho a la gratuidad, lo que nos parece incluso que podría ser inconstitucional. Por eso decimos que estas medidas se quedan pobres y cortas frente a la profundidad que tiene el tema de la violencia en los colegios.
El Gobierno, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, informa que ha decidido otorgar suma urgencia al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural (Boletín 12712-24), actualmente en tramitación en el Senado, con el objetivo de acelerar su discusión legislativa y avanzar en su pronta aprobación. Esta decisión se adopta tras un análisis del contenido del proyecto que recoge el diálogo con diversos actores del sector cultural, patrimonial y académico y que plasma las distintas miradas en torno a una normativa largamente esperada por el país. “Tenemos la convicción de que esta ley es fundamental para modernizar el marco normativo del patrimonio cultural en Chile, fortalecer su protección, ampliar las herramientas de gestión y promover una institucionalidad más robusta y dinámica, acorde a los desafíos que enfrentamos en la actualidad”, dice el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga. El proyecto busca reconocer la diversidad de expresiones patrimoniales presentes en el territorio, resguardando tanto el patrimonio material como inmaterial, e incorporando una mirada descentralizada y participativa en su gestión.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
