Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó una serie de temas de interés público, destacando avances en materia de salud, fiscalización de recursos públicos y seguridad en establecimientos educacionales. En primer término, el parlamentario se refirió a la reciente activación de la Alerta Sanitaria Oncológica a nivel nacional, medida que otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis del cáncer en el país y reducir los tiempos de espera. Esta decisión ya se encuentra vigente tras la toma de razón de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial. Según explicó, este avance se produce luego de diversas gestiones impulsadas en conjunto con organizaciones de pacientes oncológicos, con quienes sostuvo reuniones para visibilizar la urgencia de actuar frente a una situación que afecta a miles de familias, especialmente en la Región de Magallanes. En otro ámbito, Riquelme se refirió al informe emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que confirmó irregularidades en el convenio suscrito entre la Municipalidad de Porvenir y la Fundación Procultura. El documento, correspondiente al Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, ratifica falencias en la contratación para la ejecución del “Programa para Pequeñas Localidades”, incluyendo el uso de trato directo sin justificación adecuada, la tercerización de funciones propias del municipio y la omisión de cláusulas de confidencialidad en un contrato por 52,8 millones de pesos. Esta resolución se origina tras una denuncia presentada hace tres años por el entonces consejero regional, lo que permitió activar la fiscalización del organismo contralor. Finalmente, el diputado valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y ahora continuará su tramitación en el Senado. La propuesta contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, además de herramientas preventivas orientadas a resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, junto con mejoras en los procesos de denuncia, fiscalización y en las atribuciones de la autoridad docente, todo enmarcado en el respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del niño.
Luego que en la mañana de este miércoles, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, el diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, aseguró que la iniciativa “permitirá volver a generar miles de empleos en el corto plazo, llegar a un crecimiento del 4% anual, con un desempleo bajo el 6,5% en 2030 y tener un equilibrio fiscal recuperado, tras la desastrosa gestión de la administración anterior”. El legislador recordó que la reforma tributaria de 2014 —que elevó el impuesto de primera categoría al 27%, por encima del promedio OCDE de 24%— y una complejidad regulatoria conocida como permisología “desalentaron la inversión privada y frenaron la creación de empleo formal”. Riquelme recalcó que en materia de reconstrucción física, se “contempla financiar de más de 4 mil viviendas para afectados por incendios, mientras que lo que se refiere a reconstrucción económica, se busca una exención temporal de IVA a viviendas nuevas, reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, el establecimiento de la integración total del sistema tributario, un crédito por empleo formal para proteger puestos de trabajo, invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares, y exención de contribuciones a mayores de 65 años sobre su primera vivienda, lo que será muy beneficioso para los habitantes de la región de Magallanes. El diputado aseguró que este proyecto “es la corrección que Chile necesitaba hace más de una década: menos impuestos a las empresas, más certeza para invertir y un crédito directo para proteger cada puesto de trabajo formal.” “Las metas proyectadas son concretas: 180 mil nuevos empleos en el corto plazo, reducción de la tasa de desempleo del 8,3% al 6,5% hacia 2030, con un crecimiento promedio del 4% anual”, subrayó el diputado republicano. Por último, Riquelme afirmó que Chile “lleva doce años estancado. La reforma tributaria de 2014 no generó la riqueza que prometió: contrajo la inversión y destruyó miles de empleos. Hoy tenemos una tasa de desocupación del 6,2% en la región, con chilenos buscando trabajo sin encontrarlo y uno de cada cinco jóvenes desempleado”.
Su “satisfacción” manifestó este martes el diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, tras aprobarse el proyecto de ley denominado ‘Escuelas Protegidas’, que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. La iniciativa -que fue aprobada en Sala por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones-, busca que, mediante herramientas preventivas se proteja la integridad física y psíquica de la comunidad. A esto se suman medidas de gestión para mejorar los procesos de denuncia, fiscalización y de la autoridad docente, todo bajo un marco de respeto a los Derechos Fundamentales y el interés superior del niño. Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, no de miedo. Con este voto reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de las familias: queremos a los delincuentes fuera de los colegios y a los estudiantes honestos protegidos. indicó el legislador. Para Riquelme, la propuesta que superó el primer trámite legislativo, representa “un avance relevante en materia de seguridad escolar, al dotar a los sostenedores con herramientas concretas para lograr resguardar la integridad de estudiantes y trabajadores del recinto educacional, tales como la facultad de revisar efectos personales, la obligación de regular vestimentas que impidan la identificación facial, el fortalecimiento del rol disciplinario del docente y la incorporación de nuevas causales de inhabilidad para el acceso a la educación superior”. “En las últimas semanas, fuimos testigos de alumnos que fueron sorprendidos por portar armas dentro de sus establecimientos educacionales y se suspendieron clases por amenazas de tiroteos al interior de los plantes. Situaciones que son de extrema gravedad y que hay que tomarse en serio. Por lo mismo, avanzar en esta materia, entrega herramientas para darle mayor tranquilidad y seguridad a alumnos, profesores y toda la comunidad educativa”, sostuvo el parlamentario. A su vez, Riquelme recordó que la seguridad en los colegios “se ha transformado en una preocupación prioritaria, ya que el aumento de hechos de violencia escolar afecta no sólo la integridad física de estudiantes y docentes, sino también el adecuado desarrollo del proceso educativo”. “En este contexto, resulta indispensable realizar ajustes normativos e institucionales que fortalezcan la prevención, mejoren los protocolos de actuación y equilibren adecuadamente la convivencia escolar con el respeto a los derechos fundamentales. Ello implica “revisar y actualizar los reglamentos internos, dotar a los equipos directivos de herramientas efectivas y asegurar una coordinación adecuada con las autoridades, de modo de generar entornos seguros que permitan el aprendizaje en condiciones de tranquilidad y respeto”, cerró el diputado magallánico.
La parlamentaria Javiera Morales llamó al Ejecutivo a acelerar la tramitación de su iniciativa de ley que busca restringir el cobro en Unidad de Fomento (UF) en servicios y contratos de uso habitual, como arriendos, matrículas escolares, aranceles universitarios y planes de salud. Este índice financiero ya superó la barrera de los 40 mil pesos, lo que su uso actual estaría afectando directamente el presupuesto de las familias, por lo que es necesario limitar su aplicación. La legisladora fundamentó esta solicitud en el contexto del fuerte aumento del costo de la vida, especialmente por el alza de los combustibles, asegurando que el Ejecutivo decidió traspasarle el costo del aumento de las bencinas a la ciudadanía, generando un impacto inflacionario que ya se refleja directamente en el valor de la UF. Actualmente, la Unidad de Fomento alcanzó los 40 mil pesos, situación que profundiza la presión económica sobre miles de familias en Chile. Es por ello, que la diputada le solicitó mediante un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que le pusiera urgencia al proyecto de su autoría que restringe su uso. Además, advirtió que el problema no es la UF como herramienta financiera, sino el uso abusivo que se ha extendido a contratos cotidianos, afectando directamente a las personas, especialmente cuando los sueldos no se reajustan en la misma medida. Lamentablemente en nuestro país hay abuso de la UF y privados la utilizan para cobrar colegios, para cobrar seguros de salud, para cobrar arriendos, hasta hemos sabido que se cobran en UF cuotas de clubes deportivos. Hoy día muchos trabajadores van a tener aumento de sus costos para vivir y para llegar a fin de mes, pero sus sueldos no están contratados en UF y por tanto se mantienen iguales, agregó. El proyecto presentado por la parlamentaria ya comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y fue aprobado en la Comisión de Economía, por lo que ahora pasaría a la Sala de la Cámara. Por último, la parlamentaria enfatizó que esta iniciativa es especialmente urgente en regiones como Magallanes, donde el costo de vida es significativamente mayor. No puede ser que los colegios cobren en UF si no le pagan a sus profesoras y profesores en UF. Lo que este proyecto busca es ponerle freno a ese tipo de abusos. En Magallanes, donde todo es más caro, un alza mensual en arriendos o servicios puede marcar una gran diferencia para las familias. Regular la UF en estos contratos es una medida de justicia, concluyó.
En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, el diputado del Partido Republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, valoró el ingreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la seguridad en los establecimientos y reforzar la protección de quienes integran las comunidades educativas. El parlamentario señaló que la discusión sobre seguridad escolar ya no es teórica, recordando hechos recientes que han generado preocupación en el país. El año 2025 en Punta Arenas dos estudiantes fueron acuchillados; hace solo una semana una asistente social fue agredida en un liceo y hoy vimos un hecho igualmente preocupante con la agresión contra la ministra de Ciencias, en la Universidad Austral de Chile, indicó. A juicio de Riquelme, estos hechos demuestran que la violencia está entrando a espacios que deberían ser de educación y respeto, por lo que se requieren medidas concretas para proteger a estudiantes, profesores y funcionarios. En esa línea, destacó que la iniciativa ingresada impulsa herramientas claras para prevenir y enfrentar situaciones de violencia al interior de los establecimientos. Entre ellas, fortalecer la autoridad de los directores para actuar frente a hechos graves, mejorar los mecanismos preventivos dentro de los reglamentos internos y establecer medidas como la revisión de mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen. Para terminar con la violencia en los colegios se requieren decisiones firmes. Este proyecto busca precisamente recuperar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos educacionales, para que estudiantes puedan recibir una educación de calidad y los docentes puedan ejercer su labor con tranquilidad, afirmó el legislador. Asimismo, el diputado recordó que en ciudades como Calama, Puerto Montt, Rancagua, Linares o Valparaíso se han registrado amenazas de tiroteos y hechos de violencia escolar, situaciones que —según señaló— también han tenido expresiones en la región de Magallanes, como el ataque ocurrido en un estudiante del Instituto Don Bosco y la agresión a un alumno del Liceo Politécnico que casi le costó su vida. El objetivo es claro: que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros. No puede ser que los estudiantes que realmente quieren estudiar terminen siendo los más perjudicados por la violencia de unos pocos, sostuvo. Finalmente, Riquelme enfatizó que el Estado debe enviar una señal clara frente a estos hechos. No puede haber impunidad. No debe haber más beneficios del Estado para estudiantes que cometan delitos en los establecimientos educacionales. Si queremos terminar con la violencia en las salas de clases, tenemos que actuar con decisión y no seguir llegando tarde, concluyó.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó una serie de temas de interés público, destacando avances en materia de salud, fiscalización de recursos públicos y seguridad en establecimientos educacionales. En primer término, el parlamentario se refirió a la reciente activación de la Alerta Sanitaria Oncológica a nivel nacional, medida que otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis del cáncer en el país y reducir los tiempos de espera. Esta decisión ya se encuentra vigente tras la toma de razón de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial. Según explicó, este avance se produce luego de diversas gestiones impulsadas en conjunto con organizaciones de pacientes oncológicos, con quienes sostuvo reuniones para visibilizar la urgencia de actuar frente a una situación que afecta a miles de familias, especialmente en la Región de Magallanes. En otro ámbito, Riquelme se refirió al informe emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que confirmó irregularidades en el convenio suscrito entre la Municipalidad de Porvenir y la Fundación Procultura. El documento, correspondiente al Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, ratifica falencias en la contratación para la ejecución del “Programa para Pequeñas Localidades”, incluyendo el uso de trato directo sin justificación adecuada, la tercerización de funciones propias del municipio y la omisión de cláusulas de confidencialidad en un contrato por 52,8 millones de pesos. Esta resolución se origina tras una denuncia presentada hace tres años por el entonces consejero regional, lo que permitió activar la fiscalización del organismo contralor. Finalmente, el diputado valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y ahora continuará su tramitación en el Senado. La propuesta contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, además de herramientas preventivas orientadas a resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, junto con mejoras en los procesos de denuncia, fiscalización y en las atribuciones de la autoridad docente, todo enmarcado en el respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del niño.
Luego que en la mañana de este miércoles, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, el diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, aseguró que la iniciativa “permitirá volver a generar miles de empleos en el corto plazo, llegar a un crecimiento del 4% anual, con un desempleo bajo el 6,5% en 2030 y tener un equilibrio fiscal recuperado, tras la desastrosa gestión de la administración anterior”. El legislador recordó que la reforma tributaria de 2014 —que elevó el impuesto de primera categoría al 27%, por encima del promedio OCDE de 24%— y una complejidad regulatoria conocida como permisología “desalentaron la inversión privada y frenaron la creación de empleo formal”. Riquelme recalcó que en materia de reconstrucción física, se “contempla financiar de más de 4 mil viviendas para afectados por incendios, mientras que lo que se refiere a reconstrucción económica, se busca una exención temporal de IVA a viviendas nuevas, reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, el establecimiento de la integración total del sistema tributario, un crédito por empleo formal para proteger puestos de trabajo, invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares, y exención de contribuciones a mayores de 65 años sobre su primera vivienda, lo que será muy beneficioso para los habitantes de la región de Magallanes. El diputado aseguró que este proyecto “es la corrección que Chile necesitaba hace más de una década: menos impuestos a las empresas, más certeza para invertir y un crédito directo para proteger cada puesto de trabajo formal.” “Las metas proyectadas son concretas: 180 mil nuevos empleos en el corto plazo, reducción de la tasa de desempleo del 8,3% al 6,5% hacia 2030, con un crecimiento promedio del 4% anual”, subrayó el diputado republicano. Por último, Riquelme afirmó que Chile “lleva doce años estancado. La reforma tributaria de 2014 no generó la riqueza que prometió: contrajo la inversión y destruyó miles de empleos. Hoy tenemos una tasa de desocupación del 6,2% en la región, con chilenos buscando trabajo sin encontrarlo y uno de cada cinco jóvenes desempleado”.
Su “satisfacción” manifestó este martes el diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, tras aprobarse el proyecto de ley denominado ‘Escuelas Protegidas’, que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. La iniciativa -que fue aprobada en Sala por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones-, busca que, mediante herramientas preventivas se proteja la integridad física y psíquica de la comunidad. A esto se suman medidas de gestión para mejorar los procesos de denuncia, fiscalización y de la autoridad docente, todo bajo un marco de respeto a los Derechos Fundamentales y el interés superior del niño. Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, no de miedo. Con este voto reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de las familias: queremos a los delincuentes fuera de los colegios y a los estudiantes honestos protegidos. indicó el legislador. Para Riquelme, la propuesta que superó el primer trámite legislativo, representa “un avance relevante en materia de seguridad escolar, al dotar a los sostenedores con herramientas concretas para lograr resguardar la integridad de estudiantes y trabajadores del recinto educacional, tales como la facultad de revisar efectos personales, la obligación de regular vestimentas que impidan la identificación facial, el fortalecimiento del rol disciplinario del docente y la incorporación de nuevas causales de inhabilidad para el acceso a la educación superior”. “En las últimas semanas, fuimos testigos de alumnos que fueron sorprendidos por portar armas dentro de sus establecimientos educacionales y se suspendieron clases por amenazas de tiroteos al interior de los plantes. Situaciones que son de extrema gravedad y que hay que tomarse en serio. Por lo mismo, avanzar en esta materia, entrega herramientas para darle mayor tranquilidad y seguridad a alumnos, profesores y toda la comunidad educativa”, sostuvo el parlamentario. A su vez, Riquelme recordó que la seguridad en los colegios “se ha transformado en una preocupación prioritaria, ya que el aumento de hechos de violencia escolar afecta no sólo la integridad física de estudiantes y docentes, sino también el adecuado desarrollo del proceso educativo”. “En este contexto, resulta indispensable realizar ajustes normativos e institucionales que fortalezcan la prevención, mejoren los protocolos de actuación y equilibren adecuadamente la convivencia escolar con el respeto a los derechos fundamentales. Ello implica “revisar y actualizar los reglamentos internos, dotar a los equipos directivos de herramientas efectivas y asegurar una coordinación adecuada con las autoridades, de modo de generar entornos seguros que permitan el aprendizaje en condiciones de tranquilidad y respeto”, cerró el diputado magallánico.
La parlamentaria Javiera Morales llamó al Ejecutivo a acelerar la tramitación de su iniciativa de ley que busca restringir el cobro en Unidad de Fomento (UF) en servicios y contratos de uso habitual, como arriendos, matrículas escolares, aranceles universitarios y planes de salud. Este índice financiero ya superó la barrera de los 40 mil pesos, lo que su uso actual estaría afectando directamente el presupuesto de las familias, por lo que es necesario limitar su aplicación. La legisladora fundamentó esta solicitud en el contexto del fuerte aumento del costo de la vida, especialmente por el alza de los combustibles, asegurando que el Ejecutivo decidió traspasarle el costo del aumento de las bencinas a la ciudadanía, generando un impacto inflacionario que ya se refleja directamente en el valor de la UF. Actualmente, la Unidad de Fomento alcanzó los 40 mil pesos, situación que profundiza la presión económica sobre miles de familias en Chile. Es por ello, que la diputada le solicitó mediante un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que le pusiera urgencia al proyecto de su autoría que restringe su uso. Además, advirtió que el problema no es la UF como herramienta financiera, sino el uso abusivo que se ha extendido a contratos cotidianos, afectando directamente a las personas, especialmente cuando los sueldos no se reajustan en la misma medida. Lamentablemente en nuestro país hay abuso de la UF y privados la utilizan para cobrar colegios, para cobrar seguros de salud, para cobrar arriendos, hasta hemos sabido que se cobran en UF cuotas de clubes deportivos. Hoy día muchos trabajadores van a tener aumento de sus costos para vivir y para llegar a fin de mes, pero sus sueldos no están contratados en UF y por tanto se mantienen iguales, agregó. El proyecto presentado por la parlamentaria ya comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y fue aprobado en la Comisión de Economía, por lo que ahora pasaría a la Sala de la Cámara. Por último, la parlamentaria enfatizó que esta iniciativa es especialmente urgente en regiones como Magallanes, donde el costo de vida es significativamente mayor. No puede ser que los colegios cobren en UF si no le pagan a sus profesoras y profesores en UF. Lo que este proyecto busca es ponerle freno a ese tipo de abusos. En Magallanes, donde todo es más caro, un alza mensual en arriendos o servicios puede marcar una gran diferencia para las familias. Regular la UF en estos contratos es una medida de justicia, concluyó.
En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, el diputado del Partido Republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, valoró el ingreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la seguridad en los establecimientos y reforzar la protección de quienes integran las comunidades educativas. El parlamentario señaló que la discusión sobre seguridad escolar ya no es teórica, recordando hechos recientes que han generado preocupación en el país. El año 2025 en Punta Arenas dos estudiantes fueron acuchillados; hace solo una semana una asistente social fue agredida en un liceo y hoy vimos un hecho igualmente preocupante con la agresión contra la ministra de Ciencias, en la Universidad Austral de Chile, indicó. A juicio de Riquelme, estos hechos demuestran que la violencia está entrando a espacios que deberían ser de educación y respeto, por lo que se requieren medidas concretas para proteger a estudiantes, profesores y funcionarios. En esa línea, destacó que la iniciativa ingresada impulsa herramientas claras para prevenir y enfrentar situaciones de violencia al interior de los establecimientos. Entre ellas, fortalecer la autoridad de los directores para actuar frente a hechos graves, mejorar los mecanismos preventivos dentro de los reglamentos internos y establecer medidas como la revisión de mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen. Para terminar con la violencia en los colegios se requieren decisiones firmes. Este proyecto busca precisamente recuperar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos educacionales, para que estudiantes puedan recibir una educación de calidad y los docentes puedan ejercer su labor con tranquilidad, afirmó el legislador. Asimismo, el diputado recordó que en ciudades como Calama, Puerto Montt, Rancagua, Linares o Valparaíso se han registrado amenazas de tiroteos y hechos de violencia escolar, situaciones que —según señaló— también han tenido expresiones en la región de Magallanes, como el ataque ocurrido en un estudiante del Instituto Don Bosco y la agresión a un alumno del Liceo Politécnico que casi le costó su vida. El objetivo es claro: que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros. No puede ser que los estudiantes que realmente quieren estudiar terminen siendo los más perjudicados por la violencia de unos pocos, sostuvo. Finalmente, Riquelme enfatizó que el Estado debe enviar una señal clara frente a estos hechos. No puede haber impunidad. No debe haber más beneficios del Estado para estudiantes que cometan delitos en los establecimientos educacionales. Si queremos terminar con la violencia en las salas de clases, tenemos que actuar con decisión y no seguir llegando tarde, concluyó.
