La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
Ayer el Presidente Gabriel Boric anunció que el penal Punta Peuco se convertirá finalmente en una cárcel común, tal como lo dio a conocer en su última Cuenta Pública. Como era de esperar, en las filas opositoras el tema generó críticas. El candidato presidencial Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) no se quedó al margen. Es bajo ese marco, que hoy en el debate presidencial de ARCHI, el diputado libertario fue consultado sobre si él en su eventual mandato indultaría a Miguel Krassnoff, condenado por crímenes de lesa humanidad recluido en Punta Peuco. “Voy a cerrar el capítulo 73-90. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión”, contestó. Luego agregó: “Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente” . Fuente: latercera.com
El Presidente Gabriel Boric confirmó este jueves que la cárcel de Punta Peuco dejó de ser un penal especial y se transformó oficialmente en un recinto penitenciario común, poniendo fin a décadas de un régimen de exclusividad para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. La medida, una de las promesas emblemáticas de la Cuenta Pública de 2025 del Mandatario, fue posible luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto presidencial que ordena el cambio de estatus del recinto, ubicado en la comuna de Tiltil. “Se acaba entonces Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”, declaró el Jefe de Estado. “Como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación”. Obras en marcha y un nuevo destino para el recinto El gobierno ya se encuentra ejecutando obras al interior del penal para adaptarlo a su nueva función. Según detalló el Presidente, estas incluyen la construcción de un espacio de visitas, una oficina técnica y la instalación de equipos de tecnovigilancia en el lugar que ocupaba una de las canchas. La meta es que, para inicios de 2026, estén finalizadas estas obras junto con la habilitación de m ódulos de reclusión y un área de ingresos y registro de visitas. Esto permitirá que el recinto comience a recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año, contribuyendo a aliviar el problema de hacinamiento carcelario. “Cada esfuerzo por ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad”, afirmó Boric. “Un acto de justicia”: el fin de los privilegios El Mandatario enfatizó que la decisión va más allá de una optimización de recursos y representa un principio de igualdad ante la ley. “Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia”, señaló. Y sentenció: “ Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”. Boric enmarcó esta medida como un avance en la consolidación democrática, comparable con el cierre del Penal Cordillera durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana”, afirmó. Fuente: radio.uchile.cl/
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
Ayer el Presidente Gabriel Boric anunció que el penal Punta Peuco se convertirá finalmente en una cárcel común, tal como lo dio a conocer en su última Cuenta Pública. Como era de esperar, en las filas opositoras el tema generó críticas. El candidato presidencial Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) no se quedó al margen. Es bajo ese marco, que hoy en el debate presidencial de ARCHI, el diputado libertario fue consultado sobre si él en su eventual mandato indultaría a Miguel Krassnoff, condenado por crímenes de lesa humanidad recluido en Punta Peuco. “Voy a cerrar el capítulo 73-90. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión”, contestó. Luego agregó: “Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente” . Fuente: latercera.com
El Presidente Gabriel Boric confirmó este jueves que la cárcel de Punta Peuco dejó de ser un penal especial y se transformó oficialmente en un recinto penitenciario común, poniendo fin a décadas de un régimen de exclusividad para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. La medida, una de las promesas emblemáticas de la Cuenta Pública de 2025 del Mandatario, fue posible luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto presidencial que ordena el cambio de estatus del recinto, ubicado en la comuna de Tiltil. “Se acaba entonces Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”, declaró el Jefe de Estado. “Como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación”. Obras en marcha y un nuevo destino para el recinto El gobierno ya se encuentra ejecutando obras al interior del penal para adaptarlo a su nueva función. Según detalló el Presidente, estas incluyen la construcción de un espacio de visitas, una oficina técnica y la instalación de equipos de tecnovigilancia en el lugar que ocupaba una de las canchas. La meta es que, para inicios de 2026, estén finalizadas estas obras junto con la habilitación de m ódulos de reclusión y un área de ingresos y registro de visitas. Esto permitirá que el recinto comience a recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año, contribuyendo a aliviar el problema de hacinamiento carcelario. “Cada esfuerzo por ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad”, afirmó Boric. “Un acto de justicia”: el fin de los privilegios El Mandatario enfatizó que la decisión va más allá de una optimización de recursos y representa un principio de igualdad ante la ley. “Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia”, señaló. Y sentenció: “ Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”. Boric enmarcó esta medida como un avance en la consolidación democrática, comparable con el cierre del Penal Cordillera durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana”, afirmó. Fuente: radio.uchile.cl/
