Su preocupación expuso el diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, tras la votación de la ley de reajuste del sector público en la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que más allá del guarismo del reajuste “del cual prácticamente nada se dijo, lo verdaderamente grave fue la caída de normas clave que afectarán directamente a miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país y, especialmente, en las regiones.” El legislador magallánico dijo que “se votaron más de 120 artículos y lo más delicado es que se cayó la norma con la que buscábamos proteger a funcionarias y funcionarios públicos, incluso a quienes ganaron sus cargos mediante concurso público y llevaban dos, tres o cuatro años trabajando. Hoy quedan en la total indefensión”, advirtió. El diputado Bianchi explicó que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza. “Estamos hablando de personas que trabajan para el Estado de Chile, no para el gobierno de turno. Los cargos de confianza, evidentemente, deben dejar sus funciones en marzo de 2026, pero no el resto del funcionariado”, subrayó. En ese sentido, anunció que el actual Gobierno deberá reponer la norma de protección por cinco años en el Senado, lamentó que no haya sido posible defender esta medida debido a los votos en contra de la derecha, acusando que existe “un relato que justifica desvinculaciones” y expresando su esperanza de estar equivocado frente a lo que podría ocurrir “a partir de marzo en adelante con muchas funcionarias y funcionarios del Estado”. El parlamentario también alertó sobre la caída de otras disposiciones relevantes para el desarrollo del país y de Magallanes, entre ellas: La norma que permitía a ENAP ampliar su giro en materia de hidrógeno verde; La disposición que buscaba evitar despidos masivos en Correos de Chile; El artículo aprobado en la Comisión de Hacienda que permitía el aporte del Gobierno Regional para duplicar la capacidad de los puertos Mardones y Prat, fundamentales para el desarrollo logístico y económico de la región. “Todo esto va ahora al Senado. Espero sinceramente que la derecha entienda que no puede negarse a avanzar en materias que son profundamente humanas, que dicen relación con el trabajo público y con el desarrollo real de los territorios”, concluyó el diputado Carlos Bianchi.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó este lunes en una jornada ordinaria iniciada a las 17:00, en la que se esperaba dar cuenta del ingreso a tramitación del proyecto de reajuste al sector público , comprometido por el Gobierno. No obstante, el proyecto aún no ha sido ingresado formalmente. Desde la Corporación se informó que podría hacerlo mediante una cuenta agregada, es decir, una vez iniciada la sesión, situación que abrió un debate en la Sala. Desde el Partido Republicano cuestionaron este mecanismo, señalando: ¿Qué es esto de una cuenta agregada? Si no entró a la hora que correspondía, entonces tendrá que darse cuenta mañana. Hasta ahora, el texto no ha sido liberado y se espera que ingrese formalmente este martes. El reajuste contempla un 3,4%, cifra que no ha concentrado el principal foco de la discusión. La controversia se ha centrado en disposiciones que la oposición ha calificado como normas de amarre, al exigir razones fundadas para la desvinculación de funcionarios con más de dos años de antigüedad, en un contexto marcado por el cambio de gobierno, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. En ese marco, la mesa del sector público y la CUT realizaron un llamado al Congreso a resguardar la estabilidad laboral, sin afectar la facultad de las futuras autoridades para designar cargos de confianza. La coordinadora de la mesa del sector público, Laura San Martín, explicó: Solamente se está solicitando lo que decía el contralor Bermúdez en sus dictámenes: Que a los funcionarios y funcionarias, cuando no se les vaya a renovar el contrato, por lo menos con 30 días de anticipación se les informe cuáles son las causas . Esto no tiene nada que ver con los cargos de confianza de las autoridades. Consultada por el ingreso del proyecto, San Martín añadió: Ingresaría a más tardar mañana en la mañana. No se puede esperar más, porque este es el primer proyecto que entra en enero y tendría que haber estado aprobado en diciembre. Propaganda ficticia Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que la iniciativa busque establecer una ley de amarre, calificando esa interpretación como una distorsión del debate: Aquí no hay ninguna ley de amarre. Con este concepto la oposición ha tratado de instalar que el Gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric, y no tiene nada que ver con eso. El Gobierno ha sido muy claro en que termina su mandato y sus asesores de confianza se van. Otra cosa muy distinta son los funcionarios públicos de carrera, respecto de los cuales lo único que se reitera es que se fundamenten las razones de la desvinculación. Esta caricatura es una propaganda muy agresiva y ficticia, indicó la vocera. En paralelo, el Gobierno distribuyó en los ministerios un instructivo para el traspaso digital de información, que contempla la salida de todos los cargos de confianza a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá el nuevo Ejecutivo. El diputado Guillermo Ramírez (UDI) cuestionó la medida, señalando: ¿Por qué era necesario este instructivo? Tengo la sospecha de que quizás era necesario porque el mismo Gobierno tiene dudas respecto de que estos funcionarios vayan a hacer lo que corresponde y tengan la actitud republicana de dejar los cargos para los cuales fueron designados por razones de confianza. Espero que ese temor no se materialice y que, llegado el momento, presenten su renuncia y permitan que el nuevo presidente de la República pueda nombrar a personas de confianza, declaró Ramírez. Por otro lado, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, defendió la norma incluida en el reajuste: Es un avance poder hacer una diferencia que hasta ahora no está en la legislación entre los trabajadores de confianza del sector público y aquellos trabajadores que son funcionarios de carrera. Esa diferenciación es urgente para tratar de manera más justa a los trabajadores del Estado, permitiendo que los cargos de confianza salgan cuando terminan los gobiernos correspondientes, expresó Yeomans. Finalmente, desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) aseguraron que el proyecto ingresará durante esta jornada, aunque su cuenta formal se realizará en la sesión de este martes, momento en que se liberará el texto y comenzará su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Fuente: cooperativa.cl
El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, no firmará el acuerdo que aceptó parte de la Mesa del Sector Público con el Ejecutivo, ya que considera que al ser un reajuste menor al IPC las y los trabajadores pierden poder adquisitivo. Para el líder gremial docente “no es una oferta, ni una propuesta aceptable la que hizo el Gobierno. Se votó dentro de la mesa, 10 gremios estuvieron por aceptar la propuesta y seis por no aprobar, como hubo mayoría, finalmente se dio por aprobado por parte de la mesa del sector público. El IPC del año fue un 3.4%, dije antes de partir la negociación, que el piso debe ser la recuperación del IPC. Cualquier negociación debe arrancar desde ese piso”. Mario Aguilar explicó la oferta del Gobierno “un reajuste en diciembre del 2% y en junio 2026 un 1. 4%, lo que suma 3,4%. Pero recién en junio 2026, lo que significa en la práctica una disminución de sueldo, porque van a ser 6 meses en que el IPC va a aumentar también. Entonces, cuando recuperas recién en junio, ya tuviste retroceso en el poder adquisitivo de tu sueldo y eso, a mi entender, no es aceptable”. Respecto al Bono de término de conflicto o bono término negociación, aclaró “el año 2025 fue de 208 mil pesos para sueldos inferiores a 900 mil y de 104 mil para sueldos superiores a 900 mil pesos, que la mayoría de los profesores están en ese rango. Ahora el Gobierno ofreció un bono de 150 mil para los sueldos más bajos y de 75 mil para los sueldos sobre el millón de pesos”. Por lo tanto, aquí también hay pérdida importante respecto al año pasado” Agregó “los demás bonos: aguinaldo, vacaciones, navidad, fiestas patrias, escolaridad, se van a reajustar en ese 3,4%, o sea, ahí no hay tampoco una compensación de esta pérdida, simplemente se va a mantener lo mismo el año pasado”. Para el líder gremial Docente “esta negociación no es aceptable. Cuando uno tiene un cargo como el que tengo yo de representar a los profesores y profesoras, hay ciertos principios básicos que uno no puede soslayar como que, en una negociación salarial, no puedes bajar ni retroceder en los sueldos; o se mantiene el poder adquisitivo o se aumenta a través de una ganancia de un reajuste real sobre el IPC. Pero eso no ocurrió. Por eso yo no firmé”. Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, sostuvo “no me voy a meter en las razones que tengan los gremios que estuvieron de acuerdo con esto y que firmaron el acuerdo, pero quiero ser muy claro. Para mí esto no es aceptable -y hubo otros gremios que también estuvieron en la misma postura- yo creo que esos son principios básicos que uno debe defender. Estoy seguro que la gran mayoría y sino la totalidad de los colegas profesores y profesoras van a estar de acuerdo conmigo que esto no es aceptable porque no se puede perder sueldo”. https://youtu.be/PeDtLFQ3XQA
Su preocupación expuso el diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, tras la votación de la ley de reajuste del sector público en la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que más allá del guarismo del reajuste “del cual prácticamente nada se dijo, lo verdaderamente grave fue la caída de normas clave que afectarán directamente a miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país y, especialmente, en las regiones.” El legislador magallánico dijo que “se votaron más de 120 artículos y lo más delicado es que se cayó la norma con la que buscábamos proteger a funcionarias y funcionarios públicos, incluso a quienes ganaron sus cargos mediante concurso público y llevaban dos, tres o cuatro años trabajando. Hoy quedan en la total indefensión”, advirtió. El diputado Bianchi explicó que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza. “Estamos hablando de personas que trabajan para el Estado de Chile, no para el gobierno de turno. Los cargos de confianza, evidentemente, deben dejar sus funciones en marzo de 2026, pero no el resto del funcionariado”, subrayó. En ese sentido, anunció que el actual Gobierno deberá reponer la norma de protección por cinco años en el Senado, lamentó que no haya sido posible defender esta medida debido a los votos en contra de la derecha, acusando que existe “un relato que justifica desvinculaciones” y expresando su esperanza de estar equivocado frente a lo que podría ocurrir “a partir de marzo en adelante con muchas funcionarias y funcionarios del Estado”. El parlamentario también alertó sobre la caída de otras disposiciones relevantes para el desarrollo del país y de Magallanes, entre ellas: La norma que permitía a ENAP ampliar su giro en materia de hidrógeno verde; La disposición que buscaba evitar despidos masivos en Correos de Chile; El artículo aprobado en la Comisión de Hacienda que permitía el aporte del Gobierno Regional para duplicar la capacidad de los puertos Mardones y Prat, fundamentales para el desarrollo logístico y económico de la región. “Todo esto va ahora al Senado. Espero sinceramente que la derecha entienda que no puede negarse a avanzar en materias que son profundamente humanas, que dicen relación con el trabajo público y con el desarrollo real de los territorios”, concluyó el diputado Carlos Bianchi.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó este lunes en una jornada ordinaria iniciada a las 17:00, en la que se esperaba dar cuenta del ingreso a tramitación del proyecto de reajuste al sector público , comprometido por el Gobierno. No obstante, el proyecto aún no ha sido ingresado formalmente. Desde la Corporación se informó que podría hacerlo mediante una cuenta agregada, es decir, una vez iniciada la sesión, situación que abrió un debate en la Sala. Desde el Partido Republicano cuestionaron este mecanismo, señalando: ¿Qué es esto de una cuenta agregada? Si no entró a la hora que correspondía, entonces tendrá que darse cuenta mañana. Hasta ahora, el texto no ha sido liberado y se espera que ingrese formalmente este martes. El reajuste contempla un 3,4%, cifra que no ha concentrado el principal foco de la discusión. La controversia se ha centrado en disposiciones que la oposición ha calificado como normas de amarre, al exigir razones fundadas para la desvinculación de funcionarios con más de dos años de antigüedad, en un contexto marcado por el cambio de gobierno, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. En ese marco, la mesa del sector público y la CUT realizaron un llamado al Congreso a resguardar la estabilidad laboral, sin afectar la facultad de las futuras autoridades para designar cargos de confianza. La coordinadora de la mesa del sector público, Laura San Martín, explicó: Solamente se está solicitando lo que decía el contralor Bermúdez en sus dictámenes: Que a los funcionarios y funcionarias, cuando no se les vaya a renovar el contrato, por lo menos con 30 días de anticipación se les informe cuáles son las causas . Esto no tiene nada que ver con los cargos de confianza de las autoridades. Consultada por el ingreso del proyecto, San Martín añadió: Ingresaría a más tardar mañana en la mañana. No se puede esperar más, porque este es el primer proyecto que entra en enero y tendría que haber estado aprobado en diciembre. Propaganda ficticia Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que la iniciativa busque establecer una ley de amarre, calificando esa interpretación como una distorsión del debate: Aquí no hay ninguna ley de amarre. Con este concepto la oposición ha tratado de instalar que el Gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric, y no tiene nada que ver con eso. El Gobierno ha sido muy claro en que termina su mandato y sus asesores de confianza se van. Otra cosa muy distinta son los funcionarios públicos de carrera, respecto de los cuales lo único que se reitera es que se fundamenten las razones de la desvinculación. Esta caricatura es una propaganda muy agresiva y ficticia, indicó la vocera. En paralelo, el Gobierno distribuyó en los ministerios un instructivo para el traspaso digital de información, que contempla la salida de todos los cargos de confianza a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá el nuevo Ejecutivo. El diputado Guillermo Ramírez (UDI) cuestionó la medida, señalando: ¿Por qué era necesario este instructivo? Tengo la sospecha de que quizás era necesario porque el mismo Gobierno tiene dudas respecto de que estos funcionarios vayan a hacer lo que corresponde y tengan la actitud republicana de dejar los cargos para los cuales fueron designados por razones de confianza. Espero que ese temor no se materialice y que, llegado el momento, presenten su renuncia y permitan que el nuevo presidente de la República pueda nombrar a personas de confianza, declaró Ramírez. Por otro lado, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, defendió la norma incluida en el reajuste: Es un avance poder hacer una diferencia que hasta ahora no está en la legislación entre los trabajadores de confianza del sector público y aquellos trabajadores que son funcionarios de carrera. Esa diferenciación es urgente para tratar de manera más justa a los trabajadores del Estado, permitiendo que los cargos de confianza salgan cuando terminan los gobiernos correspondientes, expresó Yeomans. Finalmente, desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) aseguraron que el proyecto ingresará durante esta jornada, aunque su cuenta formal se realizará en la sesión de este martes, momento en que se liberará el texto y comenzará su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Fuente: cooperativa.cl
El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, no firmará el acuerdo que aceptó parte de la Mesa del Sector Público con el Ejecutivo, ya que considera que al ser un reajuste menor al IPC las y los trabajadores pierden poder adquisitivo. Para el líder gremial docente “no es una oferta, ni una propuesta aceptable la que hizo el Gobierno. Se votó dentro de la mesa, 10 gremios estuvieron por aceptar la propuesta y seis por no aprobar, como hubo mayoría, finalmente se dio por aprobado por parte de la mesa del sector público. El IPC del año fue un 3.4%, dije antes de partir la negociación, que el piso debe ser la recuperación del IPC. Cualquier negociación debe arrancar desde ese piso”. Mario Aguilar explicó la oferta del Gobierno “un reajuste en diciembre del 2% y en junio 2026 un 1. 4%, lo que suma 3,4%. Pero recién en junio 2026, lo que significa en la práctica una disminución de sueldo, porque van a ser 6 meses en que el IPC va a aumentar también. Entonces, cuando recuperas recién en junio, ya tuviste retroceso en el poder adquisitivo de tu sueldo y eso, a mi entender, no es aceptable”. Respecto al Bono de término de conflicto o bono término negociación, aclaró “el año 2025 fue de 208 mil pesos para sueldos inferiores a 900 mil y de 104 mil para sueldos superiores a 900 mil pesos, que la mayoría de los profesores están en ese rango. Ahora el Gobierno ofreció un bono de 150 mil para los sueldos más bajos y de 75 mil para los sueldos sobre el millón de pesos”. Por lo tanto, aquí también hay pérdida importante respecto al año pasado” Agregó “los demás bonos: aguinaldo, vacaciones, navidad, fiestas patrias, escolaridad, se van a reajustar en ese 3,4%, o sea, ahí no hay tampoco una compensación de esta pérdida, simplemente se va a mantener lo mismo el año pasado”. Para el líder gremial Docente “esta negociación no es aceptable. Cuando uno tiene un cargo como el que tengo yo de representar a los profesores y profesoras, hay ciertos principios básicos que uno no puede soslayar como que, en una negociación salarial, no puedes bajar ni retroceder en los sueldos; o se mantiene el poder adquisitivo o se aumenta a través de una ganancia de un reajuste real sobre el IPC. Pero eso no ocurrió. Por eso yo no firmé”. Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, sostuvo “no me voy a meter en las razones que tengan los gremios que estuvieron de acuerdo con esto y que firmaron el acuerdo, pero quiero ser muy claro. Para mí esto no es aceptable -y hubo otros gremios que también estuvieron en la misma postura- yo creo que esos son principios básicos que uno debe defender. Estoy seguro que la gran mayoría y sino la totalidad de los colegas profesores y profesoras van a estar de acuerdo conmigo que esto no es aceptable porque no se puede perder sueldo”. https://youtu.be/PeDtLFQ3XQA
