El futuro desarrollo de San Juan volvió a instalarse en el centro del debate del Consejo Regional. Durante esta tarde, el cuerpo colegiado aprobó por mayoría, el pronunciamiento desfavorable a cinco solicitudes de concesión de uso gratuito sobre terrenos fiscales emplazados en el sector sur de Punta Arenas, argumentando que antes de continuar con nuevas autorizaciones resulta indispensable contar con un ordenamiento territorial que defina el destino del área. Las solicitudes correspondían a iniciativas impulsadas por el Club Deportivo Social y Cultural Secreduc Magallanes, el Motoclub Fantasmas del Viento, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Sindicato Kawésqar, Mapuche y Gente de Mar, todas vinculadas a proyectos recreativos, deportivos, culturales y comunitarios en San Juan. A ellas se sumó una solicitud presentada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, la que además enfrentaba observaciones urbanísticas debido a que el inmueble solicitado se emplaza en un área de riesgo de inundación y con restricciones de uso establecidas por el Plan Regulador Comunal. Más allá de las características particulares de cada proyecto, el debate estuvo marcado por la necesidad de definir una visión común para San Juan, un espacio que históricamente fue concebido como balneario y área recreativa para la comunidad. Para el Consejero Rodolfo Arecheta, la decisión adoptada responde a la necesidad de detener nuevas concesiones hasta contar con una planificación común. Advirtió que actualmente no hay una regulación específica y que seguir otorgando terrenos sin una visión de conjunto podría afectar un espacio que posee un importante valor natural y turístico. Esa mirada fue compartida por el Consejero Rodolfo Cárdenas, quien recordó que San Juan fue concebido originalmente como un balneario destinado al esparcimiento de las familias magallánicas. En ese sentido, sostuvo que el sector requiere una regulación y ordenamiento, permitiendo resguardar su vocación recreativa y proyectarlo como un destino turístico para la comunidad. El debate también abrió espacio para proyectar el desarrollo de largo plazo del lugar. En ese contexto, el Consejero Robert Weissohn planteó que San Juan necesita un plan de desarrollo serio, capaz de incentivar inversiones que fortalezcan su potencial turístico mediante infraestructura como hoteles, restaurantes y otros servicios. A su juicio, dicha planificación debe construirse con la participación de especialistas en desarrollo turístico y no únicamente desde los organismos públicos. En la misma línea, el Consejero Arturo Díaz sostuvo que la discusión permitió poner el foco en el futuro del sector más que en las solicitudes individuales. No se trata de dar concesiones porque sí, afirmó, proponiendo avanzar junto al Ministerio de Bienes Nacionales en un plan maestro que establezca una visión común para el uso de estos terrenos. Con dicha determinación, el Consejo Regional dejó planteada la necesidad de impulsar un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Punta Arenas, el Gobierno Regional, el Ministerio de Bienes Nacionales y los organismos vinculados a la planificación territorial, con el propósito de definir una hoja de ruta para San Juan.
Tal como se esperaba, la Sala del Senado determinó este martes rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuyo libelo contaba con cuatro capítulos,-donde se apuntaba a infracciones al principio de probidad establecido por la Constitución por el incumplimiento de la regla fiscal, subestimar la deuda pública, entre otros. Así, por el capítulo I hubo 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones; por capítulo II, 32 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones; por el capítulo III, 26 votos en contra, 16 a favor y 3 abstenciones; y por el capítulo IV, 33 votos en contra, 10 votos a favor y 2 abstenciones. El exsecretario de Estado (agosto de 2025-marzo 2026) zafó así de una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos. De esta manera, entre ausencias de senadores, permisos laborales, inhabilidades o simplemente falta de convicción, la acusación constitucional terminó desechándose, a pesar del respaldo que había obtenido en la Cámara de Diputados para su avance. Horas previas se había conocido las diferencias que seguía generado la acción -impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, principalmente- en el ofialismo. Así, por ejemplo, el senador Manuel José Ossandón (RN), anticipó su ausencia en la sesión -por acompañar al Presidente José Antonio Kast a la gira Mercosur por Paraguay- aunque señaló que de haber estado presente “habría votado en contra, porque tras revisar el libelo, concluí que no hay una infracción constitucional”. A lo anterior también se sumaba que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) había manifestado oficialmente su inhabilidad al respecto por lo que no se pronunciaría en la Sala. La jornada La jornada en la sede de Valparaíso comenzó con la llegada del exministro Grau acompañado por su abogado Patricio Zapata. Luego, vino lo formal. El secretario general del Senado, Luis Rojas, dio cuenta de la relación del libelo. Antes de la siguiente etapa de la AC, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) pidió que el senador Vlado Mirosevic (PL) se inhabilitara por haber anunciado su voto contra el libelo anteriormente. Este último sostuvo que no necesitaba “lecciones de ética”. Así las cosas, después se dio paso a la formalización de la acusación que estuvo a cargo de la comisión designada por la Cámara de Diputados: Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario), Benjamín Moreno (Partido Republicano) y Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario). El siguiente paso fue el tiempo del abogado Zapata para exponer los argumentos de la defensa, que se basó en recalcar que el exministro no infringió la Constitución y que los supuestos errores de proyecciones no son suficientes para aprobar una AC. Luego la réplica de los tres diputados, encabezada por Karlezi, quien si bien descartó el dolo de Grau, insistió en que se trataba de un juicio político y este tenía que asumir la responsabilidad. Después la dúplica de la defensa, donde se hizo un llamado a terminar con la vorágine de acusaciones constitucionales. Y llegó el momento de la votación de los senadores, donde los inscritos argumentaron su voto a favor o en contra de la acusación hasta por cinco minutos. Así por ejemplo, Pedro Araya (PPD) llamó a la responsabilidad institucional, anunciando su voto en contra. Beatriz Sánchez (FA) apuntó a que no se apunta un hecho puntual en que hubiera incurrido Grau y pidió que no se usara la AC como un acción para el desgaste político. Gastón Saavedra (PS) sostuvo quela AC carece de los elementos jurídicos mínimos para ser aprobada, lo mismo señaló la presidenta socialista Paulina Vodanovic. Fabiola Campillai (IND.) apuntó a un “circo político”, anunciando su rechazo. A su vez, Yasna Provoste (DC) - quien fuera acusada constitucionalmente- sostuvo que una AC no es una tribuna para criticar a un ministro sino acreditar algún hecho, por lo tanto, anunció su voto en contra. En tanto, Andrés Longton (RN) tras criticar la gestión de Grau, sostuvo que la AC fue concebida para perseguir infracciones constitucionales graves y personales y que en el caso de Grau eso no se comprobó. Otra RN, Andrea Balladares, argumentó que no había llegado a la conclusión de que exista una infracción. “No se trata de mayoría circunstanciales, es actuar de manera responsable”, sostuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) quien también anunció su rechazo a la acusación. Matías Walker (IND.) acusó que el uso meramente político de la acusación constitucional debilita el sistema democrático, anunciando que votaría en contra de la AC. Otro independiente Karim Bianchi señaló que la acusación no tienen ningún mérito en ninguno de los cuatro capítulos. La senadora Alejandra Sepúlveda (IND.) anunció su voto en contra y pidió a los diputados no hacerles perder el tiempo. A su vez, Carlos Kuchel (RN), anunció su voto a favor de los cuatro capítulos asegurando que el exministro infringió la Constitución. Por su parte, Vanessa Kaiser (PNL) también anunció su voto a favor señalando que no puede haber impunidad y apuntó al “maquillaje” de las cifras. Cristián Vial (IND. REP.) sostuvo que la AC distrae la atención de lo importante, no obstante, anunció que votaría a favor de capítulos 1 y 3 de la AC, lo mismo planteó el senador Sergio Gahona (UDI). Camila Flores (RN) dijo haber llegado a la conclusión de que Grau es culpable. En tanto, Vlado Mirosevic (PL) anunció que se inhabilitaría de la votación por haber señalado con anterioridad que estaba en contra de la AC y para que no se use su voto como excusa ante la amplio rechazo a la acción. Otra que se inhabilitó fue la senadora Claudia Pascual (PC) por parentesco (es prima de Grau), aunque argumentó en contra de la AC. Así las cosas, la acusación constitucional contra Grau se convirtió en la novena contra un ministro de Gabriel Boric que fracasó. Fuente: latercera.com
El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero. El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales). Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes. El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado. A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales. En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas. El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos. Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041. Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión. El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión. Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión. Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo. A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto). Fuente: theclinic.cl
Lo que se proyectaba como un avance en materia de conectividad digital para sectores aislados de Magallanes, finalmente fue rechazado. En sesión plenaria, el Consejo Regional con una mayoría de 11 votos, desestimó la iniciativa que buscaba financiar el proyecto de internet domiciliario de última milla, propuesta que contemplaba una inversión superior a los $5 mil millones. El proyecto, apuntaba a llevar servicio de internet a localidades con baja densidad poblacional como Villa Tehuelches, Villa Dorotea, Pampa Guanaco, Villa Cameron, San Gregorio, Pampa Redonda y Agua Fresca, entre otras, mediante el despliegue de redes de fibra óptica domiciliaria y soluciones complementarias, con el objetivo de mejorar la cobertura en territorios que históricamente han enfrentado dificultades de acceso digital. No obstante, durante la discusión se instaló con fuerza la necesidad de revisar el enfoque del proyecto frente al escenario actual de las telecomunicaciones. El Consejero Arturo Díaz planteó que, si bien la conectividad es una prioridad, hoy resulta indispensable evaluar alternativas más eficientes, considerando los cambios tecnológicos de los últimos años y el uso responsable de los recursos públicos. En un mismo sentido se refirió el Consejero Juan Morano, cuestionando el alto costo de la iniciativa, señalando que el proyecto implicaba una inversión elevada sin garantizar el acceso final a los hogares, agregando que hoy existen soluciones más accesibles que permiten conectividad directa, por lo que estimó necesario reformular la propuesta antes de avanzar. A ello se sumó la mirada del Consejero Robert Weissohn, quien puso en duda la base técnica del proyecto, indicando que actualmente existen sistemas satelitales con buena calidad de servicio y que cuentan con costos más bajos. Conectividad urbana: avanza mejoramiento de calle General del Canto En la jornada, también se avanzó en iniciativas vinculadas al desarrollo urbano de Punta Arenas, con la aprobación del proyecto del mejoramiento de la calle General Estanislao del Canto, una de las principales vías del sector poniente de la ciudad. Un anhelado proyecto que contempla una intervención integral de aproximadamente un kilómetro de extensión, incorporando pavimentación, ciclovías, veredas, iluminación, señalización, evacuación de aguas lluvias y medidas de seguridad vial, además de la expropiación de terrenos necesarios para ampliar la vía. Todo ello permitirá mejorar la conectividad oriente-poniente y dar soporte a futuros desarrollos habitacionales en el sector. Desde el Consejo Regional, Rodolfo Cárdenas, presidente de la Comisión de Infraestructura, recalcó la iniciativa destacando que se trata de una inversión relevante para la comuna, que permitirá mejorar tanto el desplazamiento vehicular como las condiciones para peatones y ciclistas, fortaleciendo el entorno urbano. ‘‘Este tipo de proyectos responde a la necesidad de intervenir arterias que ya concentran un importante número de viviendas’’, señalando que la pavimentación proyectada permitirá resolver problemas concretos que enfrentan los vecinos del sector, señaló el Consejero Arturo Díaz.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
El futuro desarrollo de San Juan volvió a instalarse en el centro del debate del Consejo Regional. Durante esta tarde, el cuerpo colegiado aprobó por mayoría, el pronunciamiento desfavorable a cinco solicitudes de concesión de uso gratuito sobre terrenos fiscales emplazados en el sector sur de Punta Arenas, argumentando que antes de continuar con nuevas autorizaciones resulta indispensable contar con un ordenamiento territorial que defina el destino del área. Las solicitudes correspondían a iniciativas impulsadas por el Club Deportivo Social y Cultural Secreduc Magallanes, el Motoclub Fantasmas del Viento, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Sindicato Kawésqar, Mapuche y Gente de Mar, todas vinculadas a proyectos recreativos, deportivos, culturales y comunitarios en San Juan. A ellas se sumó una solicitud presentada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, la que además enfrentaba observaciones urbanísticas debido a que el inmueble solicitado se emplaza en un área de riesgo de inundación y con restricciones de uso establecidas por el Plan Regulador Comunal. Más allá de las características particulares de cada proyecto, el debate estuvo marcado por la necesidad de definir una visión común para San Juan, un espacio que históricamente fue concebido como balneario y área recreativa para la comunidad. Para el Consejero Rodolfo Arecheta, la decisión adoptada responde a la necesidad de detener nuevas concesiones hasta contar con una planificación común. Advirtió que actualmente no hay una regulación específica y que seguir otorgando terrenos sin una visión de conjunto podría afectar un espacio que posee un importante valor natural y turístico. Esa mirada fue compartida por el Consejero Rodolfo Cárdenas, quien recordó que San Juan fue concebido originalmente como un balneario destinado al esparcimiento de las familias magallánicas. En ese sentido, sostuvo que el sector requiere una regulación y ordenamiento, permitiendo resguardar su vocación recreativa y proyectarlo como un destino turístico para la comunidad. El debate también abrió espacio para proyectar el desarrollo de largo plazo del lugar. En ese contexto, el Consejero Robert Weissohn planteó que San Juan necesita un plan de desarrollo serio, capaz de incentivar inversiones que fortalezcan su potencial turístico mediante infraestructura como hoteles, restaurantes y otros servicios. A su juicio, dicha planificación debe construirse con la participación de especialistas en desarrollo turístico y no únicamente desde los organismos públicos. En la misma línea, el Consejero Arturo Díaz sostuvo que la discusión permitió poner el foco en el futuro del sector más que en las solicitudes individuales. No se trata de dar concesiones porque sí, afirmó, proponiendo avanzar junto al Ministerio de Bienes Nacionales en un plan maestro que establezca una visión común para el uso de estos terrenos. Con dicha determinación, el Consejo Regional dejó planteada la necesidad de impulsar un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Punta Arenas, el Gobierno Regional, el Ministerio de Bienes Nacionales y los organismos vinculados a la planificación territorial, con el propósito de definir una hoja de ruta para San Juan.
Tal como se esperaba, la Sala del Senado determinó este martes rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuyo libelo contaba con cuatro capítulos,-donde se apuntaba a infracciones al principio de probidad establecido por la Constitución por el incumplimiento de la regla fiscal, subestimar la deuda pública, entre otros. Así, por el capítulo I hubo 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones; por capítulo II, 32 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones; por el capítulo III, 26 votos en contra, 16 a favor y 3 abstenciones; y por el capítulo IV, 33 votos en contra, 10 votos a favor y 2 abstenciones. El exsecretario de Estado (agosto de 2025-marzo 2026) zafó así de una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos. De esta manera, entre ausencias de senadores, permisos laborales, inhabilidades o simplemente falta de convicción, la acusación constitucional terminó desechándose, a pesar del respaldo que había obtenido en la Cámara de Diputados para su avance. Horas previas se había conocido las diferencias que seguía generado la acción -impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, principalmente- en el ofialismo. Así, por ejemplo, el senador Manuel José Ossandón (RN), anticipó su ausencia en la sesión -por acompañar al Presidente José Antonio Kast a la gira Mercosur por Paraguay- aunque señaló que de haber estado presente “habría votado en contra, porque tras revisar el libelo, concluí que no hay una infracción constitucional”. A lo anterior también se sumaba que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) había manifestado oficialmente su inhabilidad al respecto por lo que no se pronunciaría en la Sala. La jornada La jornada en la sede de Valparaíso comenzó con la llegada del exministro Grau acompañado por su abogado Patricio Zapata. Luego, vino lo formal. El secretario general del Senado, Luis Rojas, dio cuenta de la relación del libelo. Antes de la siguiente etapa de la AC, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) pidió que el senador Vlado Mirosevic (PL) se inhabilitara por haber anunciado su voto contra el libelo anteriormente. Este último sostuvo que no necesitaba “lecciones de ética”. Así las cosas, después se dio paso a la formalización de la acusación que estuvo a cargo de la comisión designada por la Cámara de Diputados: Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario), Benjamín Moreno (Partido Republicano) y Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario). El siguiente paso fue el tiempo del abogado Zapata para exponer los argumentos de la defensa, que se basó en recalcar que el exministro no infringió la Constitución y que los supuestos errores de proyecciones no son suficientes para aprobar una AC. Luego la réplica de los tres diputados, encabezada por Karlezi, quien si bien descartó el dolo de Grau, insistió en que se trataba de un juicio político y este tenía que asumir la responsabilidad. Después la dúplica de la defensa, donde se hizo un llamado a terminar con la vorágine de acusaciones constitucionales. Y llegó el momento de la votación de los senadores, donde los inscritos argumentaron su voto a favor o en contra de la acusación hasta por cinco minutos. Así por ejemplo, Pedro Araya (PPD) llamó a la responsabilidad institucional, anunciando su voto en contra. Beatriz Sánchez (FA) apuntó a que no se apunta un hecho puntual en que hubiera incurrido Grau y pidió que no se usara la AC como un acción para el desgaste político. Gastón Saavedra (PS) sostuvo quela AC carece de los elementos jurídicos mínimos para ser aprobada, lo mismo señaló la presidenta socialista Paulina Vodanovic. Fabiola Campillai (IND.) apuntó a un “circo político”, anunciando su rechazo. A su vez, Yasna Provoste (DC) - quien fuera acusada constitucionalmente- sostuvo que una AC no es una tribuna para criticar a un ministro sino acreditar algún hecho, por lo tanto, anunció su voto en contra. En tanto, Andrés Longton (RN) tras criticar la gestión de Grau, sostuvo que la AC fue concebida para perseguir infracciones constitucionales graves y personales y que en el caso de Grau eso no se comprobó. Otra RN, Andrea Balladares, argumentó que no había llegado a la conclusión de que exista una infracción. “No se trata de mayoría circunstanciales, es actuar de manera responsable”, sostuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) quien también anunció su rechazo a la acusación. Matías Walker (IND.) acusó que el uso meramente político de la acusación constitucional debilita el sistema democrático, anunciando que votaría en contra de la AC. Otro independiente Karim Bianchi señaló que la acusación no tienen ningún mérito en ninguno de los cuatro capítulos. La senadora Alejandra Sepúlveda (IND.) anunció su voto en contra y pidió a los diputados no hacerles perder el tiempo. A su vez, Carlos Kuchel (RN), anunció su voto a favor de los cuatro capítulos asegurando que el exministro infringió la Constitución. Por su parte, Vanessa Kaiser (PNL) también anunció su voto a favor señalando que no puede haber impunidad y apuntó al “maquillaje” de las cifras. Cristián Vial (IND. REP.) sostuvo que la AC distrae la atención de lo importante, no obstante, anunció que votaría a favor de capítulos 1 y 3 de la AC, lo mismo planteó el senador Sergio Gahona (UDI). Camila Flores (RN) dijo haber llegado a la conclusión de que Grau es culpable. En tanto, Vlado Mirosevic (PL) anunció que se inhabilitaría de la votación por haber señalado con anterioridad que estaba en contra de la AC y para que no se use su voto como excusa ante la amplio rechazo a la acción. Otra que se inhabilitó fue la senadora Claudia Pascual (PC) por parentesco (es prima de Grau), aunque argumentó en contra de la AC. Así las cosas, la acusación constitucional contra Grau se convirtió en la novena contra un ministro de Gabriel Boric que fracasó. Fuente: latercera.com
El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero. El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales). Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes. El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado. A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales. En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas. El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos. Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041. Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión. El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión. Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión. Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo. A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto). Fuente: theclinic.cl
Lo que se proyectaba como un avance en materia de conectividad digital para sectores aislados de Magallanes, finalmente fue rechazado. En sesión plenaria, el Consejo Regional con una mayoría de 11 votos, desestimó la iniciativa que buscaba financiar el proyecto de internet domiciliario de última milla, propuesta que contemplaba una inversión superior a los $5 mil millones. El proyecto, apuntaba a llevar servicio de internet a localidades con baja densidad poblacional como Villa Tehuelches, Villa Dorotea, Pampa Guanaco, Villa Cameron, San Gregorio, Pampa Redonda y Agua Fresca, entre otras, mediante el despliegue de redes de fibra óptica domiciliaria y soluciones complementarias, con el objetivo de mejorar la cobertura en territorios que históricamente han enfrentado dificultades de acceso digital. No obstante, durante la discusión se instaló con fuerza la necesidad de revisar el enfoque del proyecto frente al escenario actual de las telecomunicaciones. El Consejero Arturo Díaz planteó que, si bien la conectividad es una prioridad, hoy resulta indispensable evaluar alternativas más eficientes, considerando los cambios tecnológicos de los últimos años y el uso responsable de los recursos públicos. En un mismo sentido se refirió el Consejero Juan Morano, cuestionando el alto costo de la iniciativa, señalando que el proyecto implicaba una inversión elevada sin garantizar el acceso final a los hogares, agregando que hoy existen soluciones más accesibles que permiten conectividad directa, por lo que estimó necesario reformular la propuesta antes de avanzar. A ello se sumó la mirada del Consejero Robert Weissohn, quien puso en duda la base técnica del proyecto, indicando que actualmente existen sistemas satelitales con buena calidad de servicio y que cuentan con costos más bajos. Conectividad urbana: avanza mejoramiento de calle General del Canto En la jornada, también se avanzó en iniciativas vinculadas al desarrollo urbano de Punta Arenas, con la aprobación del proyecto del mejoramiento de la calle General Estanislao del Canto, una de las principales vías del sector poniente de la ciudad. Un anhelado proyecto que contempla una intervención integral de aproximadamente un kilómetro de extensión, incorporando pavimentación, ciclovías, veredas, iluminación, señalización, evacuación de aguas lluvias y medidas de seguridad vial, además de la expropiación de terrenos necesarios para ampliar la vía. Todo ello permitirá mejorar la conectividad oriente-poniente y dar soporte a futuros desarrollos habitacionales en el sector. Desde el Consejo Regional, Rodolfo Cárdenas, presidente de la Comisión de Infraestructura, recalcó la iniciativa destacando que se trata de una inversión relevante para la comuna, que permitirá mejorar tanto el desplazamiento vehicular como las condiciones para peatones y ciclistas, fortaleciendo el entorno urbano. ‘‘Este tipo de proyectos responde a la necesidad de intervenir arterias que ya concentran un importante número de viviendas’’, señalando que la pavimentación proyectada permitirá resolver problemas concretos que enfrentan los vecinos del sector, señaló el Consejero Arturo Díaz.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
