Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio del Patrimonio Cultural de la región de Magallanes, firmantes más abajo, en atención a la presencia del ministro Francisco Undurraga en nuestra zona, manifestamos nuestro profundo rechazo a los desmesurados recortes presupuestarios aplicados por el actual gobierno para el presente año en este sector. Resulta incomprensible la severa reducción que alcanza a $51 mil millones, totalizando una rebaja de casi 10% (más del 3% solicitado por Hacienda) respecto del presupuesto ministerial autorizado para el 2026. Es el ajuste más brutal del que tenga registro la institucionalidad cultural del Chile postdictadura. En medio del silencio y las evasivas de la autoridad ministerial, hasta el minuto no se ha entregado justificación técnica que explique por qué se castigó a determinados programas o partidas presupuestarias. Lamentamos que en vez de cautelar el buen desarrollo de las políticas culturales de nuestro país, el responsable de esta cartera aplique con prolijidad superlativa la ordenanza ideológica emanada desde el ministerio de Hacienda, excediendo con creces la rebaja de 3% que se anunció originalmente para las distintas reparticiones públicas. En este sentido, también exigimos se transparente cuál será el destino de los recursos ya descontados, puesto que éstos no son fondos de libre disposición sino que están sujetos a los marcos de la respectiva ley de presupuesto 2026. Las artes, las culturas y el patrimonio representan el alma de la nación, y no un lujo del que se pueda prescindir. Directa o indirectamente esto golpeará a programas que fortalecen el desarrollo de artistas, creadores, escritores, gestores culturales, de los museos, bibliotecas, y archivos, espacios donde se resguarda y acrecienta la memoria y el futuro de nuestro país, desprotegiendo el patrimonio cultural en favor de la inversión privada desregulada, afectando al conjunto de la población chilena, ciudadanas y ciudadanos del mundo cultural que son testigos de cómo se restringen beneficios sociales para financiar medidas que sólo favorecen al 1% más rico del país. En este escenario, desde Magallanes vemos con legítima preocupación, entre otros, el desarrollo que en el futuro próximo puedan tener iniciativas fundamentales y largamente esperadas por las comunidades, como la puesta en marcha de la Biblioteca y Archivo Regional y la definitiva recuperación del Museo Regional de Magallanes, donde no sólo se requiere asegurar infraestructuras, sino también condiciones operacionales y de dotación de personal que aseguren su funcionamiento óptimo y la atención adecuada del público que las visite. En la seremía de las Culturas, también vemos de manera preocupante que aún no se haya cursado el organigrama para las dependencias de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, instrumento que organiza y es piedra angular de cualquier institución. Esta decisión carente de sustento jurídico, entre otros efectos, ha llevado a que desde la Subsecretaría se considere a los coordinadores y encargados programáticos en regiones como jefaturas, impidiendo ejercer derechos como el teletrabajo a funcionarios profesionales de las seremías quienes no tienen ni grados, ni funciones, ni responsabilidades de jefatura. También resulta preocupante los problemas de dotación, pues no se han nivelado ni cubierto todos los cargos necesarios, por lo que este recorte atenta directamente contra la solidez de la institución. Por otra parte, por sus características de zona extrema, la inversión pública es vital para el desarrollo equitativo y armónico de nuestra región. Y el ámbito cultural no es ajeno a esta realidad. Entre otros, visualizamos el efecto macabro que la reducción de los distintos fondos de cultura producirá en la economía familiar, y en las perspectivas de desarrollo, de numerosos artistas, escritores, gestores culturales e investigadores de nuestra región que habitualmente participan de estos concursos. Así también, en consecuencia, es previsible la reducción de espectáculos y espacios de difusión y creación artística que llegan directamente a la población regional. Por último, expresamos nuestra adhesión a la declaración pública que las organizaciones nacionales del sector realizan (se adjunta), ad portas de celebrarse el próximo fin de semana un nuevo Día del Patrimonio. En Magallanes, la cultura no es una metáfora.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional), Emerson Berríos, cuestionó el recorte de 2,5% aplicado por el Gobierno al presupuesto del Ministerio de Salud, advirtiendo que la medida podría agravar el déficit estructural que enfrentan hospitales y servicios de salud en el país. En conversación con Cooperativa, el dirigente sostuvo que la disminución de recursos —equivalente a 413 mil millones de pesos— impactará distintas áreas del sistema sanitario, incluyendo Fonasa, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la atención primaria y el financiamiento hospitalario. Según explicó Berríos, el ajuste presupuestario podría traducirse en menor capacidad para la compra de insumos, reducción de turnos, menos reemplazos de personal y dificultades para sostener pabellones quirúrgicos y enfrentar las listas de espera. Además, afirmó que muchos hospitales ya han utilizado entre un 35% y 40% del presupuesto asignado para todo el año 2026. El dirigente gremial señaló que la red hospitalaria mantiene además una deuda acumulada superior a los 516 mil millones de pesos, situación que —a su juicio— demuestra que el sistema ya opera bajo presión permanente. “Este decreto viene a profundizar aún más este déficit estructural que los hospitales y los servicios de salud traen año a año”, afirmó. Las declaraciones también generaron reacciones en el Congreso. El diputado Andrés Celis (RN), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, pidió mayor transparencia por parte del Gobierno respecto a los alcances del recorte, mientras que el senador Pedro Araya (PPD) solicitó reponer los recursos destinados a hospitales y consultorios para asegurar su funcionamiento. Fuente: Cooperativa
El Ministerio del Deporte concretó una reducción presupuestaria de $5,7 mil millones para el año 2026, equivalente al 3% de sus recursos anuales, situación que derivó en la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales programados para realizarse este año en la Región Metropolitana. La medida quedó establecida en un decreto del Ministerio de Hacienda ya tomado de razón por Contraloría, donde se detalla un recorte de $3.586 millones correspondientes a la totalidad de los recursos destinados a la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales dependientes del Instituto Nacional del Deporte (IND). De acuerdo con antecedentes publicados por The Clinic y confirmados por fuentes del Ministerio del Deporte, la decisión respondió a la necesidad de priorizar otros compromisos presupuestarios, entre ellos el financiamiento de deportistas que participarán en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Desde el IND señalaron además que este tipo de competencias adquieren mayor relevancia en años sin eventos internacionales de gran magnitud. La cancelación impactará a cerca de tres mil deportistas de distintas regiones del país, quienes proyectaban competir en 22 disciplinas, incluyendo categorías convencionales y paralímpicas. Los Juegos Nacionales y Paranacionales son considerados el principal evento multideportivo interregional de Chile y se realizan desde 2013. El ajuste presupuestario también contempla reducciones en otras áreas del Ministerio del Deporte, incluyendo más de $1.100 millones en infraestructura deportiva y $763 millones vinculados a la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.
El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, calificó como “impresentable” la propuesta de recorte a programas sociales vinculados a educación, planteada a través de un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a distintas reparticiones públicas. El dirigente sostuvo que la medida afectaría directamente iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), señalando que para muchos estudiantes representa su principal fuente de alimentación diaria. En ese contexto, cuestionó la coherencia del gobierno encabezado por José Antonio Kast, acusando una contradicción con compromisos previos en materia social. Asimismo, Aguilar advirtió sobre la eventual eliminación de la Beca Vocación de Profesor y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, programas que —según indicó— han sido fundamentales para enfrentar el déficit docente y sostener financieramente a municipios y servicios locales de educación. Finalmente, el líder gremial hizo un llamado a revertir la medida, señalando que este tipo de recortes tendría un impacto directo en niños, niñas y adolescentes, insistiendo en la necesidad de fortalecer, y no reducir, los recursos destinados a educación.
“Nuevamente este gobierno le pega un golpe a la región de Magallanes y esta vez a algo que duele muchísimo: el Plan Especial de Zonas Extremas”, señaló la parlamentaria, advirtiendo que la medida pone en riesgo inversiones históricas orientadas a mejorar la infraestructura pública y enfrentar desafíos estratégicos de la región. Además, enfatizó que el Plan de Zonas Extremas no responde a un solo Gobierno, sino que es una política de Estado, iniciada durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, continuada por el expresidente Sebastián Piñera y consolidada como política permanente durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, quien además es el primer presidente magallánico. “El expresidente Boric estableció este plan como política permanente e hizo avanzar un nuevo Plan Especial de Zonas Extremas con una inversión histórica para Magallanes, pensando en las necesidades de nuestras familias, escuelas, liceos, jardines infantiles, CESFAM, pero también en obras habilitantes para el futuro económico de la región”, sostuvo. La diputada también respondió a cuestionamientos sobre la distribución presupuestaria del plan, aclarando que el mayor monto asignado este año a Magallanes no se debe a un favoritismo ni a una mala distribución, sino a que Arica y Parinacota aún no concluye la aprobación de su propio plan regional, lo que genera una asignación temporal distinta. En ese contexto, Morales valoró que senadores de la región hayan manifestado preocupación e indicó que “me gustaría que fueran todos los parlamentarios, porque los cuatro años que trabajamos por este plan estuvieron completamente silenciados”, agregó. Por último, la diputada Morales insistió en que el impacto del ajuste ya se siente como una señal negativa para la región y llamó a una defensa transversal del PEDZE para evitar que se pierdan recursos esenciales para obras estratégicas.
Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio del Patrimonio Cultural de la región de Magallanes, firmantes más abajo, en atención a la presencia del ministro Francisco Undurraga en nuestra zona, manifestamos nuestro profundo rechazo a los desmesurados recortes presupuestarios aplicados por el actual gobierno para el presente año en este sector. Resulta incomprensible la severa reducción que alcanza a $51 mil millones, totalizando una rebaja de casi 10% (más del 3% solicitado por Hacienda) respecto del presupuesto ministerial autorizado para el 2026. Es el ajuste más brutal del que tenga registro la institucionalidad cultural del Chile postdictadura. En medio del silencio y las evasivas de la autoridad ministerial, hasta el minuto no se ha entregado justificación técnica que explique por qué se castigó a determinados programas o partidas presupuestarias. Lamentamos que en vez de cautelar el buen desarrollo de las políticas culturales de nuestro país, el responsable de esta cartera aplique con prolijidad superlativa la ordenanza ideológica emanada desde el ministerio de Hacienda, excediendo con creces la rebaja de 3% que se anunció originalmente para las distintas reparticiones públicas. En este sentido, también exigimos se transparente cuál será el destino de los recursos ya descontados, puesto que éstos no son fondos de libre disposición sino que están sujetos a los marcos de la respectiva ley de presupuesto 2026. Las artes, las culturas y el patrimonio representan el alma de la nación, y no un lujo del que se pueda prescindir. Directa o indirectamente esto golpeará a programas que fortalecen el desarrollo de artistas, creadores, escritores, gestores culturales, de los museos, bibliotecas, y archivos, espacios donde se resguarda y acrecienta la memoria y el futuro de nuestro país, desprotegiendo el patrimonio cultural en favor de la inversión privada desregulada, afectando al conjunto de la población chilena, ciudadanas y ciudadanos del mundo cultural que son testigos de cómo se restringen beneficios sociales para financiar medidas que sólo favorecen al 1% más rico del país. En este escenario, desde Magallanes vemos con legítima preocupación, entre otros, el desarrollo que en el futuro próximo puedan tener iniciativas fundamentales y largamente esperadas por las comunidades, como la puesta en marcha de la Biblioteca y Archivo Regional y la definitiva recuperación del Museo Regional de Magallanes, donde no sólo se requiere asegurar infraestructuras, sino también condiciones operacionales y de dotación de personal que aseguren su funcionamiento óptimo y la atención adecuada del público que las visite. En la seremía de las Culturas, también vemos de manera preocupante que aún no se haya cursado el organigrama para las dependencias de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, instrumento que organiza y es piedra angular de cualquier institución. Esta decisión carente de sustento jurídico, entre otros efectos, ha llevado a que desde la Subsecretaría se considere a los coordinadores y encargados programáticos en regiones como jefaturas, impidiendo ejercer derechos como el teletrabajo a funcionarios profesionales de las seremías quienes no tienen ni grados, ni funciones, ni responsabilidades de jefatura. También resulta preocupante los problemas de dotación, pues no se han nivelado ni cubierto todos los cargos necesarios, por lo que este recorte atenta directamente contra la solidez de la institución. Por otra parte, por sus características de zona extrema, la inversión pública es vital para el desarrollo equitativo y armónico de nuestra región. Y el ámbito cultural no es ajeno a esta realidad. Entre otros, visualizamos el efecto macabro que la reducción de los distintos fondos de cultura producirá en la economía familiar, y en las perspectivas de desarrollo, de numerosos artistas, escritores, gestores culturales e investigadores de nuestra región que habitualmente participan de estos concursos. Así también, en consecuencia, es previsible la reducción de espectáculos y espacios de difusión y creación artística que llegan directamente a la población regional. Por último, expresamos nuestra adhesión a la declaración pública que las organizaciones nacionales del sector realizan (se adjunta), ad portas de celebrarse el próximo fin de semana un nuevo Día del Patrimonio. En Magallanes, la cultura no es una metáfora.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional), Emerson Berríos, cuestionó el recorte de 2,5% aplicado por el Gobierno al presupuesto del Ministerio de Salud, advirtiendo que la medida podría agravar el déficit estructural que enfrentan hospitales y servicios de salud en el país. En conversación con Cooperativa, el dirigente sostuvo que la disminución de recursos —equivalente a 413 mil millones de pesos— impactará distintas áreas del sistema sanitario, incluyendo Fonasa, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la atención primaria y el financiamiento hospitalario. Según explicó Berríos, el ajuste presupuestario podría traducirse en menor capacidad para la compra de insumos, reducción de turnos, menos reemplazos de personal y dificultades para sostener pabellones quirúrgicos y enfrentar las listas de espera. Además, afirmó que muchos hospitales ya han utilizado entre un 35% y 40% del presupuesto asignado para todo el año 2026. El dirigente gremial señaló que la red hospitalaria mantiene además una deuda acumulada superior a los 516 mil millones de pesos, situación que —a su juicio— demuestra que el sistema ya opera bajo presión permanente. “Este decreto viene a profundizar aún más este déficit estructural que los hospitales y los servicios de salud traen año a año”, afirmó. Las declaraciones también generaron reacciones en el Congreso. El diputado Andrés Celis (RN), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, pidió mayor transparencia por parte del Gobierno respecto a los alcances del recorte, mientras que el senador Pedro Araya (PPD) solicitó reponer los recursos destinados a hospitales y consultorios para asegurar su funcionamiento. Fuente: Cooperativa
El Ministerio del Deporte concretó una reducción presupuestaria de $5,7 mil millones para el año 2026, equivalente al 3% de sus recursos anuales, situación que derivó en la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales programados para realizarse este año en la Región Metropolitana. La medida quedó establecida en un decreto del Ministerio de Hacienda ya tomado de razón por Contraloría, donde se detalla un recorte de $3.586 millones correspondientes a la totalidad de los recursos destinados a la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales dependientes del Instituto Nacional del Deporte (IND). De acuerdo con antecedentes publicados por The Clinic y confirmados por fuentes del Ministerio del Deporte, la decisión respondió a la necesidad de priorizar otros compromisos presupuestarios, entre ellos el financiamiento de deportistas que participarán en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Desde el IND señalaron además que este tipo de competencias adquieren mayor relevancia en años sin eventos internacionales de gran magnitud. La cancelación impactará a cerca de tres mil deportistas de distintas regiones del país, quienes proyectaban competir en 22 disciplinas, incluyendo categorías convencionales y paralímpicas. Los Juegos Nacionales y Paranacionales son considerados el principal evento multideportivo interregional de Chile y se realizan desde 2013. El ajuste presupuestario también contempla reducciones en otras áreas del Ministerio del Deporte, incluyendo más de $1.100 millones en infraestructura deportiva y $763 millones vinculados a la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.
El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, calificó como “impresentable” la propuesta de recorte a programas sociales vinculados a educación, planteada a través de un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a distintas reparticiones públicas. El dirigente sostuvo que la medida afectaría directamente iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), señalando que para muchos estudiantes representa su principal fuente de alimentación diaria. En ese contexto, cuestionó la coherencia del gobierno encabezado por José Antonio Kast, acusando una contradicción con compromisos previos en materia social. Asimismo, Aguilar advirtió sobre la eventual eliminación de la Beca Vocación de Profesor y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, programas que —según indicó— han sido fundamentales para enfrentar el déficit docente y sostener financieramente a municipios y servicios locales de educación. Finalmente, el líder gremial hizo un llamado a revertir la medida, señalando que este tipo de recortes tendría un impacto directo en niños, niñas y adolescentes, insistiendo en la necesidad de fortalecer, y no reducir, los recursos destinados a educación.
“Nuevamente este gobierno le pega un golpe a la región de Magallanes y esta vez a algo que duele muchísimo: el Plan Especial de Zonas Extremas”, señaló la parlamentaria, advirtiendo que la medida pone en riesgo inversiones históricas orientadas a mejorar la infraestructura pública y enfrentar desafíos estratégicos de la región. Además, enfatizó que el Plan de Zonas Extremas no responde a un solo Gobierno, sino que es una política de Estado, iniciada durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, continuada por el expresidente Sebastián Piñera y consolidada como política permanente durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, quien además es el primer presidente magallánico. “El expresidente Boric estableció este plan como política permanente e hizo avanzar un nuevo Plan Especial de Zonas Extremas con una inversión histórica para Magallanes, pensando en las necesidades de nuestras familias, escuelas, liceos, jardines infantiles, CESFAM, pero también en obras habilitantes para el futuro económico de la región”, sostuvo. La diputada también respondió a cuestionamientos sobre la distribución presupuestaria del plan, aclarando que el mayor monto asignado este año a Magallanes no se debe a un favoritismo ni a una mala distribución, sino a que Arica y Parinacota aún no concluye la aprobación de su propio plan regional, lo que genera una asignación temporal distinta. En ese contexto, Morales valoró que senadores de la región hayan manifestado preocupación e indicó que “me gustaría que fueran todos los parlamentarios, porque los cuatro años que trabajamos por este plan estuvieron completamente silenciados”, agregó. Por último, la diputada Morales insistió en que el impacto del ajuste ya se siente como una señal negativa para la región y llamó a una defensa transversal del PEDZE para evitar que se pierdan recursos esenciales para obras estratégicas.
