La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, confirmó que no existirán recortes presupuestarios para los programas de reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (APS) en Punta Arenas, tras una reunión sostenida durante la mañana de este viernes con el alcalde Claudio Radonich y equipos técnicos de ambas instituciones. El encuentro permitió revisar el estado de financiamiento de distintos programas de salud municipal, así como también avanzar en materias relacionadas con proyectos de infraestructura actualmente en desarrollo o en etapa de planificación para la comuna. Al término de la reunión, la directora del Servicio de Salud Magallanes entregó tranquilidad respecto de la continuidad de las prestaciones que reciben los usuarios de la red de atención primaria. Hemos tenido una reunión muy prove chosa con el alcalde, la administradora municipal y los equipos técnicos para revisar los temas de financiamiento de los programas de Atención Primaria. Queremos dar tranquilidad a la comunidad de Punta Arenas, porque no existen recortes presupuestarios en los programas de reforzamiento de la APS y tampoco se verá afectada la atención directa de los usuarios y usuarias de la comuna, señaló Yáñez. La autoridad agregó que la pausa en la estrategia de APS Universal no afectará directamente a Punta Arenas y que otras iniciativas que cuentan con financiamiento sectorial continuarán desarrollándose mediante fuentes alternativas de recursos. Los proyectos asociados al apoyo de gestión local también serán absorbidos por otras fuentes de financiamiento, por lo que no tendrán un impacto directo en el trabajo que realiza el Municipio de Punta Arenas. Además, revisamos los avances de importantes proyectos de infraestructura que forman parte de nuestra cartera priorizada, indicó. Entre las iniciativas analizadas se encuentran la normalización del Cecosf Sandra Vargas, el proyecto de reposición del Cesfam Mateo Bencur y otras obras contempladas tanto en el convenio de programación como en el Plan de Zonas Extremas. Por su parte, el alcalde Claudio Radonich valoró la claridad entregada por el Servicio de Salud frente a una preocupación que se había instalado a nivel nacional respecto del financiamiento de la atención primaria. Quedó absolutamente claro, y quiero entregar todas las garantías a los vecinos, que no existe ningún recorte en los programas que actualmente ejecuta la salud municipal de Punta Arenas. Había una duda razonable debido al debate nacional, pero hoy este tema queda completamente zanjado, afirmó. La máxima autoridad comunal destacó además que existe un respaldo formal por parte del Ministerio de Salud respecto a la continuidad de estos recursos. Hay un oficio enviado por el ministerio que da cuenta de ello y revisamos en detalle cada uno de los programas. Todo está garantizado para que la atención y los servicios que hoy reciben nuestros vecinos continúen funcionando con normalidad, agregó. Durante la reunión también se revisó el estado de diversos proyectos de infraestructura sanitaria considerados prioritarios para la comuna. Entre ellos destaca la construcción del nuevo Cecosf de Río Seco, iniciativa que permitirá triplicar la superficie actual del establecimiento. En julio debería adjudicarse la obra y posteriormente pasar a toma de razón de Contraloría. Si todo avanza según lo previsto, los trabajos podrían comenzar entre septiembre y octubre de este año. Primero se habilitará un recinto provisorio para mantener la atención y luego se iniciará la construcción definitiva del nuevo Cecosf, explicó Radonich. Asimismo, las autoridades abordaron los avances de la reposición del Cesfam Mateo Bencur, el futuro sexto Cesfam proyectado para el sector de Avenida Frei con Hornillas y las gestiones relacionadas con el terreno destinado al futuro establecimiento de salud del sector de Carlos Ibáñez. El alcalde señaló que próximamente solicitarán una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para revisar los cronogramas de ejecución de estas iniciativas, consideradas fundamentales para responder al crecimiento de la ciudad y fortalecer la calidad de la atención que reciben los habitantes de Punta Arenas.
El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, indicó “quiero destacar la importancia que la gente le atribuye a Educación. Está entre las tres primeras preocupaciones de la población junto con seguridad, salud, educación; y es lógico porque la educación chilena sigue teniendo muchísimas carencias”. Agregó el líder gremial docente “en ese sentido también hay que destacar que la gran mayoría de la gente está en desacuerdo con la forma en que el Gobierno está afrontando el déficit fiscal, es importante, porque los recortes a áreas sociales como son salud y educación ciertamente están teniendo un impacto”. Mario Aguilar Arévalo evidenció “por un lado la gente tiene una gran prioridad para que se resuelvan los problemas en Salud y Educación; pero, por otro lado, las políticas de recortes afectan directamente a esas dos áreas, es evidente que la mayoría de personas está en desacuerdo en la forma en que el Gobierno está llevando adelante el ajuste fiscal”. El Presidente del Gremio Docente resaltó la desaprobación al Gobierno “es una señal la alta desaprobación, más de la mitad de la gente desaprueba la forma en que está llevando adelante el recorte presupuestario. Nosotros lo hemos dicho, la educación no tiene que tener recortes, no se le debe quitar recursos, al contrario, necesita más recursos y los problemas así lo demuestran”. Por último, Mario Aguilar Arévalo, se refirió a la alta desaprobación al Ministro de Hacienda de Kast “la evaluación negativa de la gente a Jorge Quiroz, quien, de manera empecinada e incluso tozuda, ha llevado adelante estas políticas que están teniendo amplio rechazo de la ciudadanía. Es importante que el Gobierno lea estos datos, analice esta encuesta y vea que la forma en que está llevando adelante sus políticas están siendo rechazadas mayoritariamente por la población y eso tienen que escucharlo”.
Según el decreto Nº333 dado a conocer, esta medida impacta de forma especialmente grave a la región de Magallanes, donde se registra una reducción de $2.254 millones de pesos en transferencias corrientes, además de recortes en áreas sensibles como gastos en personal y bienes y servicios de consumo. En el caso del Hospital Clínico de Magallanes, el único centro de alta complejidad en la región, se confirma un recorte de $1.036 millones de pesos, lo que pone en riesgo el funcionamiento normal de prestaciones críticas para la comunidad. “Parece que para el Presidente Kast también es una metáfora decir que los recortes de presupuesto no iban a afectar derechos sociales. Con este hachazo a la salud pública en Magallanes da cuenta que a este Gobierno no le importa las dificultades que ya tenemos en salud debido a las distancias, el clima y la falta de especialistas”, señaló la parlamentaria Javiera Morales. Además, advirtió que estos recortes pueden traducirse en menos atención, mayor espera por cirugías, disminución de insumos, retrasos en tratamientos y sobrecarga del personal sanitario, afectando directamente a miles de familias. “Cuando se recorta en salud, no se recorta en números: se recorta en diagnósticos oportunos, en tratamientos, en medicamentos y en vidas. Este tipo de decisiones son inaceptables y profundamente irresponsables”, agregó. La diputada también expresó preocupación por el impacto en la Atención Primaria, considerando que el documento consigna recortes en el Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria, así como en prestaciones institucionales. Finalmente, la legisladora anunció que ya solicitó explicaciones formales al Ministerio de Hacienda y a la Dipres mediante un oficio, además de exigir que estos recortes sean revertidos o compensados con urgencia. “Vamos a defender la salud pública en Magallanes con fuerza. No vamos a permitir que el Hospital Clínico ni nuestra red asistencial se debiliten por decisiones ideológicas de este Gobierno”, concluyó.
Los parlamentarios por Magallanes, el senador Karim Bianchi y el diputado Carlos Bianchi, manifestaron su rechazo a los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda que instruirían eventuales recortes presupuestarios en distintos ministerios y servicios públicos del país. En declaraciones públicas, el senador Bianchi cuestionó el contenido de estos documentos, señalando que no corresponde avanzar en definiciones de ajuste antes del debate presupuestario en el Congreso. En ese contexto, enfatizó la necesidad de un diálogo institucional, recordando el rol de los parlamentarios como colegisladores en la discusión de los recursos del Estado. Asimismo, el legislador anunció que, junto a su bancada, solicitarán una sesión especial para que el ministro de Hacienda entregue explicaciones sobre las medidas planteadas y sus eventuales impactos en áreas sensibles. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi advirtió sobre las consecuencias sociales de posibles recortes, especialmente en sectores como educación, señalando que decisiones de este tipo podrían afectar directamente a familias y estudiantes que dependen del apoyo estatal. Ambos parlamentarios coincidieron en la importancia de abordar esta discusión con criterios de responsabilidad y considerando el impacto en la ciudadanía, particularmente en los sectores más vulnerables, reiterando el llamado a transparentar la información y abrir el debate en el Congreso. https://www.instagram.com/p/DXkAX2tkTMy/
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, confirmó que no existirán recortes presupuestarios para los programas de reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (APS) en Punta Arenas, tras una reunión sostenida durante la mañana de este viernes con el alcalde Claudio Radonich y equipos técnicos de ambas instituciones. El encuentro permitió revisar el estado de financiamiento de distintos programas de salud municipal, así como también avanzar en materias relacionadas con proyectos de infraestructura actualmente en desarrollo o en etapa de planificación para la comuna. Al término de la reunión, la directora del Servicio de Salud Magallanes entregó tranquilidad respecto de la continuidad de las prestaciones que reciben los usuarios de la red de atención primaria. Hemos tenido una reunión muy prove chosa con el alcalde, la administradora municipal y los equipos técnicos para revisar los temas de financiamiento de los programas de Atención Primaria. Queremos dar tranquilidad a la comunidad de Punta Arenas, porque no existen recortes presupuestarios en los programas de reforzamiento de la APS y tampoco se verá afectada la atención directa de los usuarios y usuarias de la comuna, señaló Yáñez. La autoridad agregó que la pausa en la estrategia de APS Universal no afectará directamente a Punta Arenas y que otras iniciativas que cuentan con financiamiento sectorial continuarán desarrollándose mediante fuentes alternativas de recursos. Los proyectos asociados al apoyo de gestión local también serán absorbidos por otras fuentes de financiamiento, por lo que no tendrán un impacto directo en el trabajo que realiza el Municipio de Punta Arenas. Además, revisamos los avances de importantes proyectos de infraestructura que forman parte de nuestra cartera priorizada, indicó. Entre las iniciativas analizadas se encuentran la normalización del Cecosf Sandra Vargas, el proyecto de reposición del Cesfam Mateo Bencur y otras obras contempladas tanto en el convenio de programación como en el Plan de Zonas Extremas. Por su parte, el alcalde Claudio Radonich valoró la claridad entregada por el Servicio de Salud frente a una preocupación que se había instalado a nivel nacional respecto del financiamiento de la atención primaria. Quedó absolutamente claro, y quiero entregar todas las garantías a los vecinos, que no existe ningún recorte en los programas que actualmente ejecuta la salud municipal de Punta Arenas. Había una duda razonable debido al debate nacional, pero hoy este tema queda completamente zanjado, afirmó. La máxima autoridad comunal destacó además que existe un respaldo formal por parte del Ministerio de Salud respecto a la continuidad de estos recursos. Hay un oficio enviado por el ministerio que da cuenta de ello y revisamos en detalle cada uno de los programas. Todo está garantizado para que la atención y los servicios que hoy reciben nuestros vecinos continúen funcionando con normalidad, agregó. Durante la reunión también se revisó el estado de diversos proyectos de infraestructura sanitaria considerados prioritarios para la comuna. Entre ellos destaca la construcción del nuevo Cecosf de Río Seco, iniciativa que permitirá triplicar la superficie actual del establecimiento. En julio debería adjudicarse la obra y posteriormente pasar a toma de razón de Contraloría. Si todo avanza según lo previsto, los trabajos podrían comenzar entre septiembre y octubre de este año. Primero se habilitará un recinto provisorio para mantener la atención y luego se iniciará la construcción definitiva del nuevo Cecosf, explicó Radonich. Asimismo, las autoridades abordaron los avances de la reposición del Cesfam Mateo Bencur, el futuro sexto Cesfam proyectado para el sector de Avenida Frei con Hornillas y las gestiones relacionadas con el terreno destinado al futuro establecimiento de salud del sector de Carlos Ibáñez. El alcalde señaló que próximamente solicitarán una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para revisar los cronogramas de ejecución de estas iniciativas, consideradas fundamentales para responder al crecimiento de la ciudad y fortalecer la calidad de la atención que reciben los habitantes de Punta Arenas.
El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, indicó “quiero destacar la importancia que la gente le atribuye a Educación. Está entre las tres primeras preocupaciones de la población junto con seguridad, salud, educación; y es lógico porque la educación chilena sigue teniendo muchísimas carencias”. Agregó el líder gremial docente “en ese sentido también hay que destacar que la gran mayoría de la gente está en desacuerdo con la forma en que el Gobierno está afrontando el déficit fiscal, es importante, porque los recortes a áreas sociales como son salud y educación ciertamente están teniendo un impacto”. Mario Aguilar Arévalo evidenció “por un lado la gente tiene una gran prioridad para que se resuelvan los problemas en Salud y Educación; pero, por otro lado, las políticas de recortes afectan directamente a esas dos áreas, es evidente que la mayoría de personas está en desacuerdo en la forma en que el Gobierno está llevando adelante el ajuste fiscal”. El Presidente del Gremio Docente resaltó la desaprobación al Gobierno “es una señal la alta desaprobación, más de la mitad de la gente desaprueba la forma en que está llevando adelante el recorte presupuestario. Nosotros lo hemos dicho, la educación no tiene que tener recortes, no se le debe quitar recursos, al contrario, necesita más recursos y los problemas así lo demuestran”. Por último, Mario Aguilar Arévalo, se refirió a la alta desaprobación al Ministro de Hacienda de Kast “la evaluación negativa de la gente a Jorge Quiroz, quien, de manera empecinada e incluso tozuda, ha llevado adelante estas políticas que están teniendo amplio rechazo de la ciudadanía. Es importante que el Gobierno lea estos datos, analice esta encuesta y vea que la forma en que está llevando adelante sus políticas están siendo rechazadas mayoritariamente por la población y eso tienen que escucharlo”.
Según el decreto Nº333 dado a conocer, esta medida impacta de forma especialmente grave a la región de Magallanes, donde se registra una reducción de $2.254 millones de pesos en transferencias corrientes, además de recortes en áreas sensibles como gastos en personal y bienes y servicios de consumo. En el caso del Hospital Clínico de Magallanes, el único centro de alta complejidad en la región, se confirma un recorte de $1.036 millones de pesos, lo que pone en riesgo el funcionamiento normal de prestaciones críticas para la comunidad. “Parece que para el Presidente Kast también es una metáfora decir que los recortes de presupuesto no iban a afectar derechos sociales. Con este hachazo a la salud pública en Magallanes da cuenta que a este Gobierno no le importa las dificultades que ya tenemos en salud debido a las distancias, el clima y la falta de especialistas”, señaló la parlamentaria Javiera Morales. Además, advirtió que estos recortes pueden traducirse en menos atención, mayor espera por cirugías, disminución de insumos, retrasos en tratamientos y sobrecarga del personal sanitario, afectando directamente a miles de familias. “Cuando se recorta en salud, no se recorta en números: se recorta en diagnósticos oportunos, en tratamientos, en medicamentos y en vidas. Este tipo de decisiones son inaceptables y profundamente irresponsables”, agregó. La diputada también expresó preocupación por el impacto en la Atención Primaria, considerando que el documento consigna recortes en el Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria, así como en prestaciones institucionales. Finalmente, la legisladora anunció que ya solicitó explicaciones formales al Ministerio de Hacienda y a la Dipres mediante un oficio, además de exigir que estos recortes sean revertidos o compensados con urgencia. “Vamos a defender la salud pública en Magallanes con fuerza. No vamos a permitir que el Hospital Clínico ni nuestra red asistencial se debiliten por decisiones ideológicas de este Gobierno”, concluyó.
Los parlamentarios por Magallanes, el senador Karim Bianchi y el diputado Carlos Bianchi, manifestaron su rechazo a los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda que instruirían eventuales recortes presupuestarios en distintos ministerios y servicios públicos del país. En declaraciones públicas, el senador Bianchi cuestionó el contenido de estos documentos, señalando que no corresponde avanzar en definiciones de ajuste antes del debate presupuestario en el Congreso. En ese contexto, enfatizó la necesidad de un diálogo institucional, recordando el rol de los parlamentarios como colegisladores en la discusión de los recursos del Estado. Asimismo, el legislador anunció que, junto a su bancada, solicitarán una sesión especial para que el ministro de Hacienda entregue explicaciones sobre las medidas planteadas y sus eventuales impactos en áreas sensibles. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi advirtió sobre las consecuencias sociales de posibles recortes, especialmente en sectores como educación, señalando que decisiones de este tipo podrían afectar directamente a familias y estudiantes que dependen del apoyo estatal. Ambos parlamentarios coincidieron en la importancia de abordar esta discusión con criterios de responsabilidad y considerando el impacto en la ciudadanía, particularmente en los sectores más vulnerables, reiterando el llamado a transparentar la información y abrir el debate en el Congreso. https://www.instagram.com/p/DXkAX2tkTMy/
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
