Según el decreto Nº333 dado a conocer, esta medida impacta de forma especialmente grave a la región de Magallanes, donde se registra una reducción de $2.254 millones de pesos en transferencias corrientes, además de recortes en áreas sensibles como gastos en personal y bienes y servicios de consumo. En el caso del Hospital Clínico de Magallanes, el único centro de alta complejidad en la región, se confirma un recorte de $1.036 millones de pesos, lo que pone en riesgo el funcionamiento normal de prestaciones críticas para la comunidad. “Parece que para el Presidente Kast también es una metáfora decir que los recortes de presupuesto no iban a afectar derechos sociales. Con este hachazo a la salud pública en Magallanes da cuenta que a este Gobierno no le importa las dificultades que ya tenemos en salud debido a las distancias, el clima y la falta de especialistas”, señaló la parlamentaria Javiera Morales. Además, advirtió que estos recortes pueden traducirse en menos atención, mayor espera por cirugías, disminución de insumos, retrasos en tratamientos y sobrecarga del personal sanitario, afectando directamente a miles de familias. “Cuando se recorta en salud, no se recorta en números: se recorta en diagnósticos oportunos, en tratamientos, en medicamentos y en vidas. Este tipo de decisiones son inaceptables y profundamente irresponsables”, agregó. La diputada también expresó preocupación por el impacto en la Atención Primaria, considerando que el documento consigna recortes en el Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria, así como en prestaciones institucionales. Finalmente, la legisladora anunció que ya solicitó explicaciones formales al Ministerio de Hacienda y a la Dipres mediante un oficio, además de exigir que estos recortes sean revertidos o compensados con urgencia. “Vamos a defender la salud pública en Magallanes con fuerza. No vamos a permitir que el Hospital Clínico ni nuestra red asistencial se debiliten por decisiones ideológicas de este Gobierno”, concluyó.
Los parlamentarios por Magallanes, el senador Karim Bianchi y el diputado Carlos Bianchi, manifestaron su rechazo a los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda que instruirían eventuales recortes presupuestarios en distintos ministerios y servicios públicos del país. En declaraciones públicas, el senador Bianchi cuestionó el contenido de estos documentos, señalando que no corresponde avanzar en definiciones de ajuste antes del debate presupuestario en el Congreso. En ese contexto, enfatizó la necesidad de un diálogo institucional, recordando el rol de los parlamentarios como colegisladores en la discusión de los recursos del Estado. Asimismo, el legislador anunció que, junto a su bancada, solicitarán una sesión especial para que el ministro de Hacienda entregue explicaciones sobre las medidas planteadas y sus eventuales impactos en áreas sensibles. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi advirtió sobre las consecuencias sociales de posibles recortes, especialmente en sectores como educación, señalando que decisiones de este tipo podrían afectar directamente a familias y estudiantes que dependen del apoyo estatal. Ambos parlamentarios coincidieron en la importancia de abordar esta discusión con criterios de responsabilidad y considerando el impacto en la ciudadanía, particularmente en los sectores más vulnerables, reiterando el llamado a transparentar la información y abrir el debate en el Congreso. https://www.instagram.com/p/DXkAX2tkTMy/
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
Preocupación manifestó el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, tras las declaraciones del diputado Carlos Bianchi, quien advirtió sobre eventuales ajustes presupuestarios del Gobierno que podrían afectar el subsidio del gas en la Región de Magallanes. El edil recalcó la importancia de este beneficio para la economía local y el bienestar de las familias. Flores señaló que, si bien se trata de una alerta, el escenario genera inquietud considerando el impacto que tendría una eventual reducción o eliminación del subsidio. “Sabemos lo que significa para los magallánicos este vital elemento, no solo para calefacción, sino para múltiples usos en los hogares, por lo que cualquier alza en sus tarifas sería perjudicial, especialmente para las familias más vulnerables”, afirmó. El concejal recordó además la crisis del gas de 2011, cuando un anuncio de término del subsidio generó un rechazo transversal en la comunidad, derivando en movilizaciones que mantuvieron paralizada la región durante varios días. En ese contexto, llamó a no repetir situaciones que afecten directamente a la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, explicó que el subsidio se financia anualmente a través de la Ley de Presupuestos, mediante recursos asignados al Ministerio de Energía que luego son transferidos a ENAP para su aplicación. Aunque precisó que para 2026 los fondos están asegurados, advirtió que no existen garantías para los años siguientes en medio de eventuales ajustes fiscales. Finalmente, Flores hizo un llamado a parlamentarios y autoridades regionales a mantenerse atentos ante cualquier señal que pueda poner en riesgo este beneficio.
Según el decreto Nº333 dado a conocer, esta medida impacta de forma especialmente grave a la región de Magallanes, donde se registra una reducción de $2.254 millones de pesos en transferencias corrientes, además de recortes en áreas sensibles como gastos en personal y bienes y servicios de consumo. En el caso del Hospital Clínico de Magallanes, el único centro de alta complejidad en la región, se confirma un recorte de $1.036 millones de pesos, lo que pone en riesgo el funcionamiento normal de prestaciones críticas para la comunidad. “Parece que para el Presidente Kast también es una metáfora decir que los recortes de presupuesto no iban a afectar derechos sociales. Con este hachazo a la salud pública en Magallanes da cuenta que a este Gobierno no le importa las dificultades que ya tenemos en salud debido a las distancias, el clima y la falta de especialistas”, señaló la parlamentaria Javiera Morales. Además, advirtió que estos recortes pueden traducirse en menos atención, mayor espera por cirugías, disminución de insumos, retrasos en tratamientos y sobrecarga del personal sanitario, afectando directamente a miles de familias. “Cuando se recorta en salud, no se recorta en números: se recorta en diagnósticos oportunos, en tratamientos, en medicamentos y en vidas. Este tipo de decisiones son inaceptables y profundamente irresponsables”, agregó. La diputada también expresó preocupación por el impacto en la Atención Primaria, considerando que el documento consigna recortes en el Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria, así como en prestaciones institucionales. Finalmente, la legisladora anunció que ya solicitó explicaciones formales al Ministerio de Hacienda y a la Dipres mediante un oficio, además de exigir que estos recortes sean revertidos o compensados con urgencia. “Vamos a defender la salud pública en Magallanes con fuerza. No vamos a permitir que el Hospital Clínico ni nuestra red asistencial se debiliten por decisiones ideológicas de este Gobierno”, concluyó.
Los parlamentarios por Magallanes, el senador Karim Bianchi y el diputado Carlos Bianchi, manifestaron su rechazo a los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda que instruirían eventuales recortes presupuestarios en distintos ministerios y servicios públicos del país. En declaraciones públicas, el senador Bianchi cuestionó el contenido de estos documentos, señalando que no corresponde avanzar en definiciones de ajuste antes del debate presupuestario en el Congreso. En ese contexto, enfatizó la necesidad de un diálogo institucional, recordando el rol de los parlamentarios como colegisladores en la discusión de los recursos del Estado. Asimismo, el legislador anunció que, junto a su bancada, solicitarán una sesión especial para que el ministro de Hacienda entregue explicaciones sobre las medidas planteadas y sus eventuales impactos en áreas sensibles. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi advirtió sobre las consecuencias sociales de posibles recortes, especialmente en sectores como educación, señalando que decisiones de este tipo podrían afectar directamente a familias y estudiantes que dependen del apoyo estatal. Ambos parlamentarios coincidieron en la importancia de abordar esta discusión con criterios de responsabilidad y considerando el impacto en la ciudadanía, particularmente en los sectores más vulnerables, reiterando el llamado a transparentar la información y abrir el debate en el Congreso. https://www.instagram.com/p/DXkAX2tkTMy/
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
Preocupación manifestó el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, tras las declaraciones del diputado Carlos Bianchi, quien advirtió sobre eventuales ajustes presupuestarios del Gobierno que podrían afectar el subsidio del gas en la Región de Magallanes. El edil recalcó la importancia de este beneficio para la economía local y el bienestar de las familias. Flores señaló que, si bien se trata de una alerta, el escenario genera inquietud considerando el impacto que tendría una eventual reducción o eliminación del subsidio. “Sabemos lo que significa para los magallánicos este vital elemento, no solo para calefacción, sino para múltiples usos en los hogares, por lo que cualquier alza en sus tarifas sería perjudicial, especialmente para las familias más vulnerables”, afirmó. El concejal recordó además la crisis del gas de 2011, cuando un anuncio de término del subsidio generó un rechazo transversal en la comunidad, derivando en movilizaciones que mantuvieron paralizada la región durante varios días. En ese contexto, llamó a no repetir situaciones que afecten directamente a la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, explicó que el subsidio se financia anualmente a través de la Ley de Presupuestos, mediante recursos asignados al Ministerio de Energía que luego son transferidos a ENAP para su aplicación. Aunque precisó que para 2026 los fondos están asegurados, advirtió que no existen garantías para los años siguientes en medio de eventuales ajustes fiscales. Finalmente, Flores hizo un llamado a parlamentarios y autoridades regionales a mantenerse atentos ante cualquier señal que pueda poner en riesgo este beneficio.
