El debate global sobre el ritmo y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) ha sumado nuevas posturas desde los ámbitos legislativo y técnico en Chile. Luego de las declaraciones que rechazan frenar el avance de esta tecnología para priorizar la competencia geopolítica, diputados de las comisiones de Tecnología, Economía y Trabajo, junto a especialistas en capital humano, plantearon la necesidad de construir marcos regulatorios equilibrados, coincidiendo en que la normativa no debe sofocar la inversión ni el progreso técnico, pero sí mitigar riesgos y resguardar de manera prioritaria el desarrollo de las personas. El parlamentario del Partido de la Gente (PDG) e integrante de la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología, Patricio Briones, manifestó que no comparte “del todo la postura de no regular en absoluto la IA. Si bien coincidimos en que no se debe ralentizar el progreso tecnológico ya que la innovación es clave para el desarrollo, sostenemos que omitir los marcos normativos es un error. La clave no es detener el avance, sino regularlo de manera inteligente. Debemos ser cautelosos para construir directrices claras que fomenten la innovación, pero que al mismo tiempo prevengan y mitiguen los potenciales riesgos que estas tecnologías de rápida evolución podrían representar para la humanidad en un futuro cercano. Por su parte, el legislador republicano de la Comisión de Economía, Alejandro Riquelme, enfatizó que “no podemos frenar el desarrollo de la inteligencia artificial ni ponerle trabas innecesarias a la innovación. Pretender detener este avance sería como obligar a las personas a seguir usando carretas cuando ya existen los automóviles. La regulación debe concentrarse exclusivamente en sus aplicaciones militares y de seguridad, debido a los riesgos que pueden representar, tal como ocurrió con el desarrollo de la tecnología atómica. En los demás ámbitos, debemos permitir que la inteligencia artificial avance, atraiga inversiones, aumente la productividad y genere nuevas oportunidades para las personas. Desde la Comisión de Trabajo, el diputado republicano Stephan Schubert sostuvo que “unos estiman que hay que regularla y otros dicen que está recién en formación, por lo tanto, una vez que ya esté consolidada, sabremos cómo es para regularla. Ya el Parlamento Europeo decidió regularla, y el chileno también. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara, que está hoy día en el Senado y que sigue sufriendo modificaciones, que hace que el proyecto tenga que irse actualizando. Si llegamos a aprobar esta norma, una vez que se ponga en ejecución habrá que estar actualizándola permanentemente, pero sí creemos que tiene que estar normado qué existe, quiénes lo pueden manejar, quiénes la controlan. Aún no sabemos a qué va a llegar, pero no por eso no le vamos a poner límites. Estamos haciendo un esfuerzo legislativo de ir a la par con las tecnologías y es esa la decisión que ha tomado nuestro país”. Visión experta: Abogan por capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías Isaías Sharon, Director de Relaciones Institucionales de European Accreditation of Soft Skills & Employability Competencies, advirtió que “se ha instalado un debate que parece tener solo dos bandos, quienes quieren frenar la inteligencia artificial y quienes quieren acelerarla para no perder una carrera geopolítica. Pero ese encuadre es peligroso porque deja fuera lo más importante. Cuando Darío Amodei, Sam Altman y Elon Musk, que compiten entre sí todos los días, coinciden públicamente en que hay riesgos serios, eso no es un gesto menor. Y cuando la respuesta geopolítica es que quien gane la IA gana todo, lo que se está diciendo en el fondo es que la prioridad no es la seguridad ni las personas, sino el dominio tecnológico, y eso debería preocuparnos a todos”. En el mismo sentido, Sharon añadió que “también hay que ser honestos, una moratoria sin plan de desarrollo humano es simplemente una pausa vacía. De nada sirve frenar la IA si en ese tiempo no invertimos en preparar a las personas para el mundo laboral que ya cambió, y ahí es donde el debate está profundamente incompleto. Hoy sabemos con evidencia cuáles son las competencias que van a definir la empleabilidad en los próximos años, por eso, lo que necesitamos no es elegir entre regular o acelerar, sino que cualquier política sobre IA incluya una estrategia seria de desarrollo de competencias humanas, porque la verdadera vulnerabilidad no es que la IA avance rápido, es que las personas nos quedamos cada vez más atrás”.
La necesidad de modernizar el Estado sin debilitar la legislación ambiental fue uno de los principales temas abordados por el doctor en Ciencias Biológicas, Juan Marcos Henríquez, durante su participación esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones. El académico analizó los problemas que enfrenta el país en materia de tramitación de proyectos, la denominada permisología, los desafíos de la salmonicultura y la importancia de mantener estándares ambientales que permitan compatibilizar el desarrollo productivo con la protección de los ecosistemas y los derechos ciudadanos. Henríquez sostuvo que Chile enfrenta un problema real de burocracia, pero advirtió que acelerar los procesos no puede traducirse en una reducción de las exigencias ambientales. Sí, tenemos un problema, el Estado es demasiado burocrático, gastamos mucho tiempo en la tramitación de proyectos. Hay que corregir eso sí, evaluemos cómo está la ley de... creo que se llama Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Esa ley se comenzó el año pasado y pretende reducir los tiempos de evaluación de la inversión entre un 30 a 70%. Primero veamos si esa ley se cumple porque estuvimos todos de acuerdo que esa ley podría ser parte de la respuesta. Después de eso hay que seguir revisando procesos. El Estado tiene que ir modernizándose cada vez más. El doctor en Ciencias Biológicas explicó que la denominada permisología ha sido instalada como un concepto asociado a las dificultades para concretar inversiones, aunque enfatizó que detrás de ese debate existen derechos que deben resguardarse. Podemos mejorar todo eso sin perder regulación. Sí, porque la regulación tiene que ver con derechos. Tiene que ver con derechos individuales, depende mi estado de salud, depende la salud del medio ambiente, también medio ambiente está bien, nuestra comunidad funciona bien, depende de muchas veces de derecho de los pueblos originarios que tenemos convenios y hay que respetar esos legislación y convenios internacionales. Durante la entrevista también abordó los conflictos que se han prolongado durante años en torno al ordenamiento del borde costero y la relocalización de concesiones salmoneras, señalando que la lentitud del aparato público ha impedido resolver materias relevantes para el desarrollo regional. Frente a eso nos encontramos un Estado que es lento, además que tiene mucha burocracia. Independiente que estamos en la era digital todavía tenemos muchos trámites en papel, presenciales y eso hace que vayamos demorando incansablemente el tema hasta situaciones que son críticas, afirmó. Henríquez agregó que Magallanes requiere avanzar en soluciones que permitan conciliar intereses productivos, ambientales y sociales, especialmente en industrias estratégicas como la salmonicultura. La pregunta quizás más dura para quienes tienen que administrar el Estado es: ¿podemos dejar de prescindir de una industria que genera alimento? Mi posición es que no. Pero debemos tener regulaciones ambientales para que no contaminen. Por supuesto que sí. Entonces la búsqueda de ese equilibrio es lo que tenemos que avanzar hoy día. El académico también planteó que uno de los desafíos estratégicos de la región es fortalecer su seguridad agroalimentaria, recordando las dificultades que evidenció la pandemia respecto del abastecimiento de alimentos. Uno de los principales conflictos que tiene Magallanes es su seguridad agroalimentaria. La pandemia nos dejó claro de que nosotros tenemos que producir alimentos para satisfacer nuestra población... necesitamos producir nuestro propio alimento de buena calidad. Asimismo, sostuvo que muchas de las dificultades para fiscalizar y evaluar proyectos en regiones extremas responden a la falta de recursos materiales y humanos para implementar las propias leyes. Se crean leyes y no creamos los recursos para poder hacer la fiscalización o poder hacer la validación del trámite que tenemos que hacer, indicó, ejemplificando las complejidades logísticas que enfrenta Magallanes debido a su extensa geografía insular y al alto costo de realizar trabajos en terreno. Finalmente, Juan Marcos Henríquez reiteró que la modernización del Estado debe orientarse a agilizar los procedimientos administrativos, pero sin debilitar las herramientas que resguardan el interés público. Cada vez el Estado tiene que ser menos burocrático, agilizar los permisos. Pero sin que ello signifique perder derecho en el camino y no reducir las regulaciones que están hechos para que tengamos un sano entendimiento y una sana interacción entre las distintas partes que por supuesto tienen distintos intereses. Al cierre de la entrevista, el académico remarcó el rol que cumple la legislación como garantía para la ciudadanía. Lo importante es que la gente sepa que la legislación y la normativa están hechos para protegernos. No va a estar en contra nuestra y que en esto siempre hay que cuidar que los que menos tienen posibilidad de defenderse, el Estado sea el garante de sus derechos.
Este martes se realizó en Punta Arenas la primera jornada técnica regional sobre gestión y regulación de áridos. La actividad fue organizada por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y la Seremi del Medio Ambiente. El encuentro contó con la participación de profesionales de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, Natales, San Gregorio y Primavera. Además de empresas vinculadas al desarrollo de proyectos energéticos e hidrógeno verde y servicios públicos con competencia ambiental, territorial y de infraestructura, como Servicio de Evaluación Ambiental, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio Agrícola y Ganadero, entre otras. El taller comenzó con la presentación de la nueva Ley de Áridos 21.800 y sus implicancias para la gestión regional y posteriormente, se presentó la mirada local a través del estudio realizado por la Consultora EINAS. El Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies destacó las oportunidades que entregó la jornada con una mirada local y nacional. “Lo ideal es que propongamos primero un ordenamiento territorial completo en la región, segundo una propuesta de ordenanza municipal y probablemente un reglamento regional en el ámbito de uso de áridos. Pensemos que solamente en la región, en la medida que queramos tener nuevas carreteras pavimentadas, aeropuertos en crecimiento, puertos y también construcción de infraestructura pública y privada, el ordenamiento de las canteras es fundamental en el territorio”. Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld explicó que “esta actividad permitirá la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la gestión, regulación y fiscalización de áridos en la región, con el propósito de avanzar en una regulación regional estandarizada. Además, este taller permitió clarificar las competencias de los distintos organismos públicos y avanzar en mejores mecanismos de fiscalización y coordinación institucional, complementando el estudio realizado durante el año 2025”. Durante las diversas instancias participativas del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde se identificaron brechas relevantes en los distintos ejes de trabajo del programa y se buscó orientar el desarrollo de iniciativas vinculadas a las necesidades y desafíos del territorio, una de ellas fue fortalecer las normativas asociadas al uso de extracción de áridos. Por esta razón, se realizó en 2025 un estudio de estandarización de criterios para la extracción y uso de áridos en la región. “Este estudio incluyó análisis comparativo de las ordenanzas municipales y un catastro de canteras como pasivos ambientales”, explicó Carlos Muñoz, Gerente de la Consultora EINAS. “Nosotros creemos que hay que hacer una ordenanza para la región con los matices de cada comuna, donde se estandaricen definiciones, conceptos, solicitudes, exigencias, cobros y multas, de modo que las municipalidades no compitan entre ellas y genere certezas a la inversión”, agregó. La jornada finalizó con la revisión de la propuesta de ordenanza para la gestión de áridos en la región y se desarrolló un diálogo entre los diferentes actores, quienes proponen posicionar la gestión de áridos como una temática estratégica para el desarrollo futuro de Magallanes.
El debate global sobre el ritmo y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) ha sumado nuevas posturas desde los ámbitos legislativo y técnico en Chile. Luego de las declaraciones que rechazan frenar el avance de esta tecnología para priorizar la competencia geopolítica, diputados de las comisiones de Tecnología, Economía y Trabajo, junto a especialistas en capital humano, plantearon la necesidad de construir marcos regulatorios equilibrados, coincidiendo en que la normativa no debe sofocar la inversión ni el progreso técnico, pero sí mitigar riesgos y resguardar de manera prioritaria el desarrollo de las personas. El parlamentario del Partido de la Gente (PDG) e integrante de la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología, Patricio Briones, manifestó que no comparte “del todo la postura de no regular en absoluto la IA. Si bien coincidimos en que no se debe ralentizar el progreso tecnológico ya que la innovación es clave para el desarrollo, sostenemos que omitir los marcos normativos es un error. La clave no es detener el avance, sino regularlo de manera inteligente. Debemos ser cautelosos para construir directrices claras que fomenten la innovación, pero que al mismo tiempo prevengan y mitiguen los potenciales riesgos que estas tecnologías de rápida evolución podrían representar para la humanidad en un futuro cercano. Por su parte, el legislador republicano de la Comisión de Economía, Alejandro Riquelme, enfatizó que “no podemos frenar el desarrollo de la inteligencia artificial ni ponerle trabas innecesarias a la innovación. Pretender detener este avance sería como obligar a las personas a seguir usando carretas cuando ya existen los automóviles. La regulación debe concentrarse exclusivamente en sus aplicaciones militares y de seguridad, debido a los riesgos que pueden representar, tal como ocurrió con el desarrollo de la tecnología atómica. En los demás ámbitos, debemos permitir que la inteligencia artificial avance, atraiga inversiones, aumente la productividad y genere nuevas oportunidades para las personas. Desde la Comisión de Trabajo, el diputado republicano Stephan Schubert sostuvo que “unos estiman que hay que regularla y otros dicen que está recién en formación, por lo tanto, una vez que ya esté consolidada, sabremos cómo es para regularla. Ya el Parlamento Europeo decidió regularla, y el chileno también. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara, que está hoy día en el Senado y que sigue sufriendo modificaciones, que hace que el proyecto tenga que irse actualizando. Si llegamos a aprobar esta norma, una vez que se ponga en ejecución habrá que estar actualizándola permanentemente, pero sí creemos que tiene que estar normado qué existe, quiénes lo pueden manejar, quiénes la controlan. Aún no sabemos a qué va a llegar, pero no por eso no le vamos a poner límites. Estamos haciendo un esfuerzo legislativo de ir a la par con las tecnologías y es esa la decisión que ha tomado nuestro país”. Visión experta: Abogan por capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías Isaías Sharon, Director de Relaciones Institucionales de European Accreditation of Soft Skills & Employability Competencies, advirtió que “se ha instalado un debate que parece tener solo dos bandos, quienes quieren frenar la inteligencia artificial y quienes quieren acelerarla para no perder una carrera geopolítica. Pero ese encuadre es peligroso porque deja fuera lo más importante. Cuando Darío Amodei, Sam Altman y Elon Musk, que compiten entre sí todos los días, coinciden públicamente en que hay riesgos serios, eso no es un gesto menor. Y cuando la respuesta geopolítica es que quien gane la IA gana todo, lo que se está diciendo en el fondo es que la prioridad no es la seguridad ni las personas, sino el dominio tecnológico, y eso debería preocuparnos a todos”. En el mismo sentido, Sharon añadió que “también hay que ser honestos, una moratoria sin plan de desarrollo humano es simplemente una pausa vacía. De nada sirve frenar la IA si en ese tiempo no invertimos en preparar a las personas para el mundo laboral que ya cambió, y ahí es donde el debate está profundamente incompleto. Hoy sabemos con evidencia cuáles son las competencias que van a definir la empleabilidad en los próximos años, por eso, lo que necesitamos no es elegir entre regular o acelerar, sino que cualquier política sobre IA incluya una estrategia seria de desarrollo de competencias humanas, porque la verdadera vulnerabilidad no es que la IA avance rápido, es que las personas nos quedamos cada vez más atrás”.
La necesidad de modernizar el Estado sin debilitar la legislación ambiental fue uno de los principales temas abordados por el doctor en Ciencias Biológicas, Juan Marcos Henríquez, durante su participación esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones. El académico analizó los problemas que enfrenta el país en materia de tramitación de proyectos, la denominada permisología, los desafíos de la salmonicultura y la importancia de mantener estándares ambientales que permitan compatibilizar el desarrollo productivo con la protección de los ecosistemas y los derechos ciudadanos. Henríquez sostuvo que Chile enfrenta un problema real de burocracia, pero advirtió que acelerar los procesos no puede traducirse en una reducción de las exigencias ambientales. Sí, tenemos un problema, el Estado es demasiado burocrático, gastamos mucho tiempo en la tramitación de proyectos. Hay que corregir eso sí, evaluemos cómo está la ley de... creo que se llama Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Esa ley se comenzó el año pasado y pretende reducir los tiempos de evaluación de la inversión entre un 30 a 70%. Primero veamos si esa ley se cumple porque estuvimos todos de acuerdo que esa ley podría ser parte de la respuesta. Después de eso hay que seguir revisando procesos. El Estado tiene que ir modernizándose cada vez más. El doctor en Ciencias Biológicas explicó que la denominada permisología ha sido instalada como un concepto asociado a las dificultades para concretar inversiones, aunque enfatizó que detrás de ese debate existen derechos que deben resguardarse. Podemos mejorar todo eso sin perder regulación. Sí, porque la regulación tiene que ver con derechos. Tiene que ver con derechos individuales, depende mi estado de salud, depende la salud del medio ambiente, también medio ambiente está bien, nuestra comunidad funciona bien, depende de muchas veces de derecho de los pueblos originarios que tenemos convenios y hay que respetar esos legislación y convenios internacionales. Durante la entrevista también abordó los conflictos que se han prolongado durante años en torno al ordenamiento del borde costero y la relocalización de concesiones salmoneras, señalando que la lentitud del aparato público ha impedido resolver materias relevantes para el desarrollo regional. Frente a eso nos encontramos un Estado que es lento, además que tiene mucha burocracia. Independiente que estamos en la era digital todavía tenemos muchos trámites en papel, presenciales y eso hace que vayamos demorando incansablemente el tema hasta situaciones que son críticas, afirmó. Henríquez agregó que Magallanes requiere avanzar en soluciones que permitan conciliar intereses productivos, ambientales y sociales, especialmente en industrias estratégicas como la salmonicultura. La pregunta quizás más dura para quienes tienen que administrar el Estado es: ¿podemos dejar de prescindir de una industria que genera alimento? Mi posición es que no. Pero debemos tener regulaciones ambientales para que no contaminen. Por supuesto que sí. Entonces la búsqueda de ese equilibrio es lo que tenemos que avanzar hoy día. El académico también planteó que uno de los desafíos estratégicos de la región es fortalecer su seguridad agroalimentaria, recordando las dificultades que evidenció la pandemia respecto del abastecimiento de alimentos. Uno de los principales conflictos que tiene Magallanes es su seguridad agroalimentaria. La pandemia nos dejó claro de que nosotros tenemos que producir alimentos para satisfacer nuestra población... necesitamos producir nuestro propio alimento de buena calidad. Asimismo, sostuvo que muchas de las dificultades para fiscalizar y evaluar proyectos en regiones extremas responden a la falta de recursos materiales y humanos para implementar las propias leyes. Se crean leyes y no creamos los recursos para poder hacer la fiscalización o poder hacer la validación del trámite que tenemos que hacer, indicó, ejemplificando las complejidades logísticas que enfrenta Magallanes debido a su extensa geografía insular y al alto costo de realizar trabajos en terreno. Finalmente, Juan Marcos Henríquez reiteró que la modernización del Estado debe orientarse a agilizar los procedimientos administrativos, pero sin debilitar las herramientas que resguardan el interés público. Cada vez el Estado tiene que ser menos burocrático, agilizar los permisos. Pero sin que ello signifique perder derecho en el camino y no reducir las regulaciones que están hechos para que tengamos un sano entendimiento y una sana interacción entre las distintas partes que por supuesto tienen distintos intereses. Al cierre de la entrevista, el académico remarcó el rol que cumple la legislación como garantía para la ciudadanía. Lo importante es que la gente sepa que la legislación y la normativa están hechos para protegernos. No va a estar en contra nuestra y que en esto siempre hay que cuidar que los que menos tienen posibilidad de defenderse, el Estado sea el garante de sus derechos.
Este martes se realizó en Punta Arenas la primera jornada técnica regional sobre gestión y regulación de áridos. La actividad fue organizada por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y la Seremi del Medio Ambiente. El encuentro contó con la participación de profesionales de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, Natales, San Gregorio y Primavera. Además de empresas vinculadas al desarrollo de proyectos energéticos e hidrógeno verde y servicios públicos con competencia ambiental, territorial y de infraestructura, como Servicio de Evaluación Ambiental, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio Agrícola y Ganadero, entre otras. El taller comenzó con la presentación de la nueva Ley de Áridos 21.800 y sus implicancias para la gestión regional y posteriormente, se presentó la mirada local a través del estudio realizado por la Consultora EINAS. El Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies destacó las oportunidades que entregó la jornada con una mirada local y nacional. “Lo ideal es que propongamos primero un ordenamiento territorial completo en la región, segundo una propuesta de ordenanza municipal y probablemente un reglamento regional en el ámbito de uso de áridos. Pensemos que solamente en la región, en la medida que queramos tener nuevas carreteras pavimentadas, aeropuertos en crecimiento, puertos y también construcción de infraestructura pública y privada, el ordenamiento de las canteras es fundamental en el territorio”. Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld explicó que “esta actividad permitirá la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la gestión, regulación y fiscalización de áridos en la región, con el propósito de avanzar en una regulación regional estandarizada. Además, este taller permitió clarificar las competencias de los distintos organismos públicos y avanzar en mejores mecanismos de fiscalización y coordinación institucional, complementando el estudio realizado durante el año 2025”. Durante las diversas instancias participativas del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde se identificaron brechas relevantes en los distintos ejes de trabajo del programa y se buscó orientar el desarrollo de iniciativas vinculadas a las necesidades y desafíos del territorio, una de ellas fue fortalecer las normativas asociadas al uso de extracción de áridos. Por esta razón, se realizó en 2025 un estudio de estandarización de criterios para la extracción y uso de áridos en la región. “Este estudio incluyó análisis comparativo de las ordenanzas municipales y un catastro de canteras como pasivos ambientales”, explicó Carlos Muñoz, Gerente de la Consultora EINAS. “Nosotros creemos que hay que hacer una ordenanza para la región con los matices de cada comuna, donde se estandaricen definiciones, conceptos, solicitudes, exigencias, cobros y multas, de modo que las municipalidades no compitan entre ellas y genere certezas a la inversión”, agregó. La jornada finalizó con la revisión de la propuesta de ordenanza para la gestión de áridos en la región y se desarrolló un diálogo entre los diferentes actores, quienes proponen posicionar la gestión de áridos como una temática estratégica para el desarrollo futuro de Magallanes.
