Como una forma de potenciar el rol preventivo y de relacionamiento comunitario, el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, participó en el Consejo Intercomunal de Seguridad Pública de las comunas de Natales y Torres del Paine, actividad que contó con la presencia del Delegado Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz y de la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos. La presencia del Director Regional César Montiel, resulta ser vital para integrar el trabajo que este servicio lleva a cabo en esta materia y cómo se puede aumentar la seguridad pública, mediante el empuje de programas de rehabilitación, capacitación y/o empleo como una estrategia preventiva que requiere de la articulación intersectorial y del trabajo comunitario de manera descentralizada. Es de suma importancia que, con apoyo de toda la institucionalidad, avancemos en disminuir la reincidencia para lograr más seguridad, trabajo que requiere no sólo de nuestro despliegue en el territorio para incorporar un enfoque integral en reinserción, especialmente en el sistema juvenil, sino que también nos acerque al trabajo que realizan las comunas y sus municipios en esta temática, destacó César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. La autoridad también relevó que este trabajo se ha replicado en cada una de las comunas durante el primer año de funcionamiento como nueva institucionalidad de reinserción, participando activamente en los Consejos Comunales de Seguridad Pública, aportando a sus planes preventivos con diversas acciones que de manera estratégica fomenten la prevención de delitos y se incorpore el enfoque de derechos humanos de jóvenes y adolescentes en las políticas locales de seguridad, entendiendo que la reinserción social es parte de la seguridad pública. El Comité Intercomunal de Seguridad Pública de Natales y Torres del Paine también contó con la presencia de encargados de seguridad de ambas comunas, Carabineros, PDI, Ministerio Público (Fiscalía local), Gendarmería, representantes de juntas de vecinos, SAG, Aduana y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, entre otros. Los Consejos Comunales de Seguridad Pública son órganos de carácter consultivo y de coordinación a nivel local, destinados a diagnosticar y prevenir delitos, así como a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en cada comuna.
En dependencias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Michelle Peutat Alvarado, presidió la última sesión de gabinete de Justicia y de Planificación y Proyectos correspondiente a su gestión, instancia en la que junto a directores y directoras regionales revisó avances, hitos ejecutados y desafíos pendientes en la región. La autoridad destacó la concreción de iniciativas de inversión proyectadas al cierre del periodo, además de mejoras en la atención de los distintos servicios, subrayando que la coordinación interinstitucional permitió avances en materias vinculadas al acceso a la justicia y fortalecimiento del sistema penitenciario y forense. Entre los anuncios, la Defensoría Regional informó un convenio con CARITAS que permitirá fortalecer procesos de reinserción de mujeres privadas de libertad mediante capacitación en repostería, además de la próxima licitación de seis cargos de defensa penal y mejoras en infraestructura. El Servicio Médico Legal, en tanto, relevó la renovación de su flota vehicular, el avance en protocolos de traslado en la Provincia Antártica y proyectos como una futura unidad básica forense en Cabo de Hornos y un laboratorio de toxicología regional. Gendarmería destacó la entrega de equipamiento de seguridad financiado por el Gobierno Regional, junto con la próxima inauguración de una nueva red contra incendios en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en el marco de inversiones históricas para la institución. Asimismo, el Registro Civil informó la ampliación de atención en terreno, la implementación de espacios inclusivos y mejoras en infraestructura, mientras que Reinserción Social Juvenil y la Corporación de Asistencia Judicial proyectan fortalecer modelos de intervención y la futura implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
La Mediación Penal Juvenil se sustenta en el enfoque de justicia restaurativa, que propone un cambio de paradigma respecto del modelo retributivo clásico, que en lugar de centrarse exclusivamente en la sanción promueve un espacio seguro de diálogo, guiado por un tercero imparcial, donde las personas involucradas pueden expresar sus puntos de vista y necesidades. Asimismo, revaloriza el rol de la víctima, otorgándole un lugar activo para manifestar el impacto del hecho y sus expectativas de reparación. Son las propias partes quienes construyen un acuerdo que fomenta la responsabilización activa del ofensor u ofensora y la reparación efectiva del daño causado. Gracias a esta nueva forma de abordar los conflictos, se ha comenzado a incorporar, por primera vez de manera sistemática, a la víctima en los procesos de responsabilidad penal adolescente, generando un impacto positivo tanto en las trayectorias de las y los adolescentes como en la satisfacción de quienes han sido afectados por el delito. Como lo destacó el Director Regional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel Alvarado, en este proceso restaurativo y especializado, la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador, persona acreditada por el Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. En la región de Magallanes, la Mediación Penal Juvenil comenzó a implementarse en enero de 2025, en el marco de la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Desde entonces y hasta la fecha, se han registrado 60 derivaciones, considerando que en una misma causa puede involucrarse más de un ofensor y/o más de una víctima, según lo informado por la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio en la región. Para el desarrollo de estos procesos, la Unidad cuenta con una mediadora especializada, encargada de coordinar y ejecutar las mediaciones penales que son derivadas al Servicio desde los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, garantizando un abordaje técnico y conforme al enfoque restaurativo que sustenta esta normativa. Estamos avanzando en instalar la Mediación Penal Adolescente como un proceso de justicia restaurativa, centrado en la responsabilización activa del o la joven, la reparación del daño causado a la víctima y la promoción de la reinserción social, superando así un enfoque exclusivamente punitivo. Como Servicio, impulsamos la generación de acuerdos voluntarios para aquellos casos que dentro del sistema penal podrían resolverse mediante una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio o la aplicación del principio de oportunidad, logrando un impacto positivo y significativo en todas las personas involucradas, afirma la mediadora Sindy Hechenleitner Filipic. Adicionalmente, la profesional destaca que la Mediación Penal Adolescente se centra en la reparación del daño material o simbólico del delito y permite que la o el joven ofensor tome conciencia del impacto de sus acciones. Para ello, explica, se desarrolla un trabajo directo y cercano tanto con la víctima como con el ofensor, resguardando siempre el consentimiento libre e informado de ambas partes y acompañando el proceso con criterios técnicos y restaurativos. Alianza estratégica en Puerto Natales La Mediación Penal Adolescente se encuentra disponible en toda la región de Magallanes, por lo que, para garantizar su acceso en cada territorio, la Mediadora Penal juvenil, que es parte de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, se traslada a las distintas comunas, con el fin de abordar las causas derivadas desde tribunales o el Ministerio Público. Cabe señalar que, Antes de la entrada en vigencia de este proceso, si bien existían salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios, estas no contaban con un marco especializado de mediación ni con el enfoque restaurativo integral que incorpora la nueva normativa, reafirma Sindy Hechenleitner. En Puerto Natales, y tras derivarse un caso desde el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, el Servicio de Reinserción Social inició un proceso de Mediación Penal, donde si bien no había una víctima directa, se propició una alianza estratégica con el Programa de Atención Integral Infanto Adolescente (PAI IA). Este programa tiene la función de brindar tratamiento especializado y rehabilitación a jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas, integrando la salud mental. Funciona mediante equipos multidisciplinarios de SENDA y el Ministerio de Salud, utilizando terapias personalizadas, actividades recreativas y seguimiento para mejorar la calidad de vida de los usuarios. El equipo de Puerto Natales está compuesto por una técnico social, una psicóloga, una trabajadora social y una coordinadora psicóloga. Este programa es dirigido por Karla Álvarez Alarcón, Psicóloga y Coordinadora en Puerto Natales, quien relevó el trabajo llevado a cabo en justicia restaurativa, señalando: Este trabajo que desarrollamos junto al Servicio de Reinserción Social Juvenil, es una oportunidad para abrir una puerta a nuevas posibilidades, para cambiar la imagen del joven infractor de ley, para demostrar de manera pública que los chiquillos logran razonar respecto al delito que cometieron, y que ese tipo de situaciones delictuales tienen que ver con experiencias o carencias que ellos traen, que cargan y que influyen en que cometan delitos. La posibilidad de que la mediación ayude a que ellos puedan reflexionar respecto a esta conducta, es una gran oportunidad que a la larga permitirá generar cambios reales en ellos. Esta alianza facilitó la ejecución de una actividad de reparación consistente en la elaboración de material gráfico de carácter preventivo y educativo, que ha permitido generar un aporte a este programa, orientado a la prevención del consumo problemático de alcohol y otras drogas en la población adolescente. Si bien el daño asociado a la conducta infractora no está relacionado con una víctima directa, la actividad comprometida se orientó a reparar el daño social, devolviendo a la comunidad una acción con valor preventivo y educativo. Estas acciones se enmarcan en las alianzas colaborativas de las instituciones integrantes del Comité Operativo Regional (COR), instancias que se crearon a partir de la ley 21.527 que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
La iniciativa contó con el apoyo del programa EL PACCTO 2.0, instrumento de la Unión Europea orientado al fortalecimiento de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe. El programa no solo financia la iniciativa, sino que aseguró la asistencia técnica experta, transferencia de buenas prácticas europeas y un enfoque basado en derechos humanos, equidad de género y evaluación de resultados, contribuyendo directamente a la consolidación institucional del Servicio. Visita de estudio a Madrid Una delegación compuesta por cinco profesionales visitó Madrid para conocer en terreno un modelo de justicia juvenil reconocido internacionalmente. El objetivo fue analizar su estrategia formativa, identificar experiencias transferibles y recoger recomendaciones para fortalecer la implementación del modelo chileno. A partir de esta experiencia, se diseñará e implementará un programa piloto de formación dirigido a profesionales del Servicio. Este contemplará una malla curricular teórico–práctica, herramientas de evaluación, materiales pedagógicos y un proceso de formación de formadores, permitiendo su réplica interna. La implementación se desarrollará con aproximadamente 15 participantes clave y permitirá contar con un plan formativo integral, adaptado al perfil de los funcionarios y funcionarias. La formación especializada constituye un eje estratégico en la instalación del Servicio, al fortalecer competencias técnicas y metodológicas de los equipos de trato directo y asegurar coherencia entre el modelo institucional y la intervención en terreno. Con esta iniciativa, el Servicio reafirma su compromiso con la profesionalización de sus equipos y con el desarrollo de una justicia juvenil especializada, basada en evidencia y orientada a procesos efectivos de reinserción social juvenil.
Con la asistencia de los integrantes del Comité Operativo Regional de Justicia (COR), se llevó a cabo la primera sesión bimensual del año 2026, instancia técnica de carácter resolutivo encargada de coordinar la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Juvenil en Chile. Este COR es liderado por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y articulado por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y en el cual participan servicios públicos que ponen a disposición la oferta programática del Estado para la integración social de adolescentes en conflicto con la justicia. En la actividad, en la que participan las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, Salud, Trabajo, Deporte, Culturas, las Artes y el Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, además de servicios regionales como el de Protección Especializada, Gendarmería, Sence, Fosis, IND, Sernameg, Injuv, Migraciones, Senda, Servicio de Salud, INDH, entre otras, se entregó un detalle del trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional de Asesoría en la Supervisión de los Centros de Privación de Libertad, que funciona bajo el marco de la Ley Nº 20.084, cuya misión es supervisar las condiciones de jóvenes que se encuentran privados de libertad en centros de cumplimiento, asegurando su reinserción y bienestar. El informe realizado por esta comisión fue entregado por la profesional de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Lorena de La Torre, quien socializó los principales resultados, esto tras concluir el trabajo anual 2025, en el cual se revisaron las condiciones del Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes – en lo relativo a las condiciones de vida de adolescentes, al interior del Centro IP IRC. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, señaló que este COR ha sido una instancia relevante para fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de reinserción, especialmente considerando que los usuarios son jóvenes, quienes, con adecuados planes de intervención, pueden interrumpir sus trayectorias delictuales. Asimismo, este espacio ha permitido identificar las principales necesidades de quienes se encuentran en privación de libertad y los nudos críticos en la provisión de sus derechos, los que se concentran principalmente en el ámbito educativo, materia que la próxima gestión deberá seguir profundizando y fortaleciendo. Por su parte, el Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Rodrigo Trujillo, señaló que resulta fundamental que los integrantes del COR conozcan el trabajo que realiza esta comisión CISC RPA, y se valore esta instancia que vela por que al interior de los centros de cumplimiento para adolescentes existan condiciones de vida compatibles con sus derechos fundamentales que favorezcan su reinserción Los integrantes de esta comisión - compuesta por representantes de la Seremi de Justicia y DDHH, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, representante de instituciones de la sociedad civil que trabajen en infancia o juventud, representantes del mundo académico, Poder Judicial, entre otros - verificaron directamente en terreno los estándares de calidad del Centro IP IRC, sujetos al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. En las 2 visitas realizadas, pudieron observar el trabajo que se lleva a cabo, esfuerzos que buscan garantizar una atención adecuada bajo estándares de derechos humanos, además de revisar el cumplimiento en áreas fundamentales como salud, alimentación, educación, disciplina, infraestructura y el trato recibido por los adolescentes.
Como una forma de potenciar el rol preventivo y de relacionamiento comunitario, el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, participó en el Consejo Intercomunal de Seguridad Pública de las comunas de Natales y Torres del Paine, actividad que contó con la presencia del Delegado Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz y de la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos. La presencia del Director Regional César Montiel, resulta ser vital para integrar el trabajo que este servicio lleva a cabo en esta materia y cómo se puede aumentar la seguridad pública, mediante el empuje de programas de rehabilitación, capacitación y/o empleo como una estrategia preventiva que requiere de la articulación intersectorial y del trabajo comunitario de manera descentralizada. Es de suma importancia que, con apoyo de toda la institucionalidad, avancemos en disminuir la reincidencia para lograr más seguridad, trabajo que requiere no sólo de nuestro despliegue en el territorio para incorporar un enfoque integral en reinserción, especialmente en el sistema juvenil, sino que también nos acerque al trabajo que realizan las comunas y sus municipios en esta temática, destacó César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. La autoridad también relevó que este trabajo se ha replicado en cada una de las comunas durante el primer año de funcionamiento como nueva institucionalidad de reinserción, participando activamente en los Consejos Comunales de Seguridad Pública, aportando a sus planes preventivos con diversas acciones que de manera estratégica fomenten la prevención de delitos y se incorpore el enfoque de derechos humanos de jóvenes y adolescentes en las políticas locales de seguridad, entendiendo que la reinserción social es parte de la seguridad pública. El Comité Intercomunal de Seguridad Pública de Natales y Torres del Paine también contó con la presencia de encargados de seguridad de ambas comunas, Carabineros, PDI, Ministerio Público (Fiscalía local), Gendarmería, representantes de juntas de vecinos, SAG, Aduana y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, entre otros. Los Consejos Comunales de Seguridad Pública son órganos de carácter consultivo y de coordinación a nivel local, destinados a diagnosticar y prevenir delitos, así como a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en cada comuna.
En dependencias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Michelle Peutat Alvarado, presidió la última sesión de gabinete de Justicia y de Planificación y Proyectos correspondiente a su gestión, instancia en la que junto a directores y directoras regionales revisó avances, hitos ejecutados y desafíos pendientes en la región. La autoridad destacó la concreción de iniciativas de inversión proyectadas al cierre del periodo, además de mejoras en la atención de los distintos servicios, subrayando que la coordinación interinstitucional permitió avances en materias vinculadas al acceso a la justicia y fortalecimiento del sistema penitenciario y forense. Entre los anuncios, la Defensoría Regional informó un convenio con CARITAS que permitirá fortalecer procesos de reinserción de mujeres privadas de libertad mediante capacitación en repostería, además de la próxima licitación de seis cargos de defensa penal y mejoras en infraestructura. El Servicio Médico Legal, en tanto, relevó la renovación de su flota vehicular, el avance en protocolos de traslado en la Provincia Antártica y proyectos como una futura unidad básica forense en Cabo de Hornos y un laboratorio de toxicología regional. Gendarmería destacó la entrega de equipamiento de seguridad financiado por el Gobierno Regional, junto con la próxima inauguración de una nueva red contra incendios en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en el marco de inversiones históricas para la institución. Asimismo, el Registro Civil informó la ampliación de atención en terreno, la implementación de espacios inclusivos y mejoras en infraestructura, mientras que Reinserción Social Juvenil y la Corporación de Asistencia Judicial proyectan fortalecer modelos de intervención y la futura implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
La Mediación Penal Juvenil se sustenta en el enfoque de justicia restaurativa, que propone un cambio de paradigma respecto del modelo retributivo clásico, que en lugar de centrarse exclusivamente en la sanción promueve un espacio seguro de diálogo, guiado por un tercero imparcial, donde las personas involucradas pueden expresar sus puntos de vista y necesidades. Asimismo, revaloriza el rol de la víctima, otorgándole un lugar activo para manifestar el impacto del hecho y sus expectativas de reparación. Son las propias partes quienes construyen un acuerdo que fomenta la responsabilización activa del ofensor u ofensora y la reparación efectiva del daño causado. Gracias a esta nueva forma de abordar los conflictos, se ha comenzado a incorporar, por primera vez de manera sistemática, a la víctima en los procesos de responsabilidad penal adolescente, generando un impacto positivo tanto en las trayectorias de las y los adolescentes como en la satisfacción de quienes han sido afectados por el delito. Como lo destacó el Director Regional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel Alvarado, en este proceso restaurativo y especializado, la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador, persona acreditada por el Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. En la región de Magallanes, la Mediación Penal Juvenil comenzó a implementarse en enero de 2025, en el marco de la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Desde entonces y hasta la fecha, se han registrado 60 derivaciones, considerando que en una misma causa puede involucrarse más de un ofensor y/o más de una víctima, según lo informado por la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio en la región. Para el desarrollo de estos procesos, la Unidad cuenta con una mediadora especializada, encargada de coordinar y ejecutar las mediaciones penales que son derivadas al Servicio desde los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, garantizando un abordaje técnico y conforme al enfoque restaurativo que sustenta esta normativa. Estamos avanzando en instalar la Mediación Penal Adolescente como un proceso de justicia restaurativa, centrado en la responsabilización activa del o la joven, la reparación del daño causado a la víctima y la promoción de la reinserción social, superando así un enfoque exclusivamente punitivo. Como Servicio, impulsamos la generación de acuerdos voluntarios para aquellos casos que dentro del sistema penal podrían resolverse mediante una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio o la aplicación del principio de oportunidad, logrando un impacto positivo y significativo en todas las personas involucradas, afirma la mediadora Sindy Hechenleitner Filipic. Adicionalmente, la profesional destaca que la Mediación Penal Adolescente se centra en la reparación del daño material o simbólico del delito y permite que la o el joven ofensor tome conciencia del impacto de sus acciones. Para ello, explica, se desarrolla un trabajo directo y cercano tanto con la víctima como con el ofensor, resguardando siempre el consentimiento libre e informado de ambas partes y acompañando el proceso con criterios técnicos y restaurativos. Alianza estratégica en Puerto Natales La Mediación Penal Adolescente se encuentra disponible en toda la región de Magallanes, por lo que, para garantizar su acceso en cada territorio, la Mediadora Penal juvenil, que es parte de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, se traslada a las distintas comunas, con el fin de abordar las causas derivadas desde tribunales o el Ministerio Público. Cabe señalar que, Antes de la entrada en vigencia de este proceso, si bien existían salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios, estas no contaban con un marco especializado de mediación ni con el enfoque restaurativo integral que incorpora la nueva normativa, reafirma Sindy Hechenleitner. En Puerto Natales, y tras derivarse un caso desde el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, el Servicio de Reinserción Social inició un proceso de Mediación Penal, donde si bien no había una víctima directa, se propició una alianza estratégica con el Programa de Atención Integral Infanto Adolescente (PAI IA). Este programa tiene la función de brindar tratamiento especializado y rehabilitación a jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas, integrando la salud mental. Funciona mediante equipos multidisciplinarios de SENDA y el Ministerio de Salud, utilizando terapias personalizadas, actividades recreativas y seguimiento para mejorar la calidad de vida de los usuarios. El equipo de Puerto Natales está compuesto por una técnico social, una psicóloga, una trabajadora social y una coordinadora psicóloga. Este programa es dirigido por Karla Álvarez Alarcón, Psicóloga y Coordinadora en Puerto Natales, quien relevó el trabajo llevado a cabo en justicia restaurativa, señalando: Este trabajo que desarrollamos junto al Servicio de Reinserción Social Juvenil, es una oportunidad para abrir una puerta a nuevas posibilidades, para cambiar la imagen del joven infractor de ley, para demostrar de manera pública que los chiquillos logran razonar respecto al delito que cometieron, y que ese tipo de situaciones delictuales tienen que ver con experiencias o carencias que ellos traen, que cargan y que influyen en que cometan delitos. La posibilidad de que la mediación ayude a que ellos puedan reflexionar respecto a esta conducta, es una gran oportunidad que a la larga permitirá generar cambios reales en ellos. Esta alianza facilitó la ejecución de una actividad de reparación consistente en la elaboración de material gráfico de carácter preventivo y educativo, que ha permitido generar un aporte a este programa, orientado a la prevención del consumo problemático de alcohol y otras drogas en la población adolescente. Si bien el daño asociado a la conducta infractora no está relacionado con una víctima directa, la actividad comprometida se orientó a reparar el daño social, devolviendo a la comunidad una acción con valor preventivo y educativo. Estas acciones se enmarcan en las alianzas colaborativas de las instituciones integrantes del Comité Operativo Regional (COR), instancias que se crearon a partir de la ley 21.527 que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
La iniciativa contó con el apoyo del programa EL PACCTO 2.0, instrumento de la Unión Europea orientado al fortalecimiento de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe. El programa no solo financia la iniciativa, sino que aseguró la asistencia técnica experta, transferencia de buenas prácticas europeas y un enfoque basado en derechos humanos, equidad de género y evaluación de resultados, contribuyendo directamente a la consolidación institucional del Servicio. Visita de estudio a Madrid Una delegación compuesta por cinco profesionales visitó Madrid para conocer en terreno un modelo de justicia juvenil reconocido internacionalmente. El objetivo fue analizar su estrategia formativa, identificar experiencias transferibles y recoger recomendaciones para fortalecer la implementación del modelo chileno. A partir de esta experiencia, se diseñará e implementará un programa piloto de formación dirigido a profesionales del Servicio. Este contemplará una malla curricular teórico–práctica, herramientas de evaluación, materiales pedagógicos y un proceso de formación de formadores, permitiendo su réplica interna. La implementación se desarrollará con aproximadamente 15 participantes clave y permitirá contar con un plan formativo integral, adaptado al perfil de los funcionarios y funcionarias. La formación especializada constituye un eje estratégico en la instalación del Servicio, al fortalecer competencias técnicas y metodológicas de los equipos de trato directo y asegurar coherencia entre el modelo institucional y la intervención en terreno. Con esta iniciativa, el Servicio reafirma su compromiso con la profesionalización de sus equipos y con el desarrollo de una justicia juvenil especializada, basada en evidencia y orientada a procesos efectivos de reinserción social juvenil.
Con la asistencia de los integrantes del Comité Operativo Regional de Justicia (COR), se llevó a cabo la primera sesión bimensual del año 2026, instancia técnica de carácter resolutivo encargada de coordinar la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Juvenil en Chile. Este COR es liderado por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y articulado por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y en el cual participan servicios públicos que ponen a disposición la oferta programática del Estado para la integración social de adolescentes en conflicto con la justicia. En la actividad, en la que participan las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, Salud, Trabajo, Deporte, Culturas, las Artes y el Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, además de servicios regionales como el de Protección Especializada, Gendarmería, Sence, Fosis, IND, Sernameg, Injuv, Migraciones, Senda, Servicio de Salud, INDH, entre otras, se entregó un detalle del trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional de Asesoría en la Supervisión de los Centros de Privación de Libertad, que funciona bajo el marco de la Ley Nº 20.084, cuya misión es supervisar las condiciones de jóvenes que se encuentran privados de libertad en centros de cumplimiento, asegurando su reinserción y bienestar. El informe realizado por esta comisión fue entregado por la profesional de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Lorena de La Torre, quien socializó los principales resultados, esto tras concluir el trabajo anual 2025, en el cual se revisaron las condiciones del Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes – en lo relativo a las condiciones de vida de adolescentes, al interior del Centro IP IRC. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, señaló que este COR ha sido una instancia relevante para fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de reinserción, especialmente considerando que los usuarios son jóvenes, quienes, con adecuados planes de intervención, pueden interrumpir sus trayectorias delictuales. Asimismo, este espacio ha permitido identificar las principales necesidades de quienes se encuentran en privación de libertad y los nudos críticos en la provisión de sus derechos, los que se concentran principalmente en el ámbito educativo, materia que la próxima gestión deberá seguir profundizando y fortaleciendo. Por su parte, el Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Rodrigo Trujillo, señaló que resulta fundamental que los integrantes del COR conozcan el trabajo que realiza esta comisión CISC RPA, y se valore esta instancia que vela por que al interior de los centros de cumplimiento para adolescentes existan condiciones de vida compatibles con sus derechos fundamentales que favorezcan su reinserción Los integrantes de esta comisión - compuesta por representantes de la Seremi de Justicia y DDHH, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, representante de instituciones de la sociedad civil que trabajen en infancia o juventud, representantes del mundo académico, Poder Judicial, entre otros - verificaron directamente en terreno los estándares de calidad del Centro IP IRC, sujetos al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. En las 2 visitas realizadas, pudieron observar el trabajo que se lleva a cabo, esfuerzos que buscan garantizar una atención adecuada bajo estándares de derechos humanos, además de revisar el cumplimiento en áreas fundamentales como salud, alimentación, educación, disciplina, infraestructura y el trato recibido por los adolescentes.
