En una reciente entrevista para el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Patricio Ampuero, presidente del Sindicato de Pesca Artesanal de Punta Arenas, analizó los desafíos que enfrenta el sector tras los primeros meses de la nueva administración gubernamental. Durante la conversación, el dirigente destacó la necesidad de que las normativas dejen de diseñarse desde el centro del país y respondan a las particularidades del territorio austral. Crítica a la Ley de Pesca y enfoque regionalista Ampuero valoró la decisión del Ejecutivo de retirar la ley de pesca de la administración anterior, señalando que dicho proyecto no representaba la realidad regional:Esa ley para esta región no tenía mucho sustento... eran más medidas relacionadas con las especies del norte [ 04:02 ]. El dirigente instó a buscar una legislación que sea verdaderamente regionalista y que entienda que las dinámicas de pesca en Magallanes, marcadas por largas faenas de hasta 15 días o temporadas de 5 meses, son radicalmente distintas a las de la zona central [ 12:48 ]. El conflicto del fraccionamiento y la equidad Uno de los puntos más críticos abordados fue la Ley de Fraccionamiento. Aunque Ampuero reconoció que se buscó equidad entre la industria y el sector artesanal, advirtió que la distribución interna de las cuotas sigue siendo una problemática pendiente heredada de la administración anterior [ 08:24 ]. Como ejemplo, mencionó que en pesquerías como el congrio, el fraccionamiento para toda la región apenas alcanzó las 80 toneladas, una cifra insuficiente para la flota local [ 17:41 ]. Preocupación por la Ley Lafkenche y la Reserva Kawésqar El dirigente expresó su preocupación por la incertidumbre que generan las solicitudes de Espacios Costeros Marítimos para Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche.No estamos en contra de que soliciten espacios, el problema es el tiempo que se demora... puede estar 5 u 8 años paralizado, afirmó, refiriéndose a casos donde solicitudes de cientos de miles de hectáreas frenan proyectos de infraestructura como la ampliación de la Caleta Barranco Amarillo [ 15:51 ]. Asimismo, respecto al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, Ampuero hizo un llamado a las autoridades para que el diseño final no sea excesivamente restrictivo:Si se hace un mal plan de manejo, tampoco nos sirve de nada... lo que queremos es que todos podamos desarrollar nuestras actividades (pesca, turismo y acuicultura) sin molestarnos [ 16:17 ]. Un mensaje de unidad en el maritorio Finalmente, el presidente del sindicato subrayó la importancia de la cadena de valor en Magallanes, donde pescadores, transportadores y plantas de proceso deben trabajar en conjunto:Acá nadie sobra... esto es una cadena que tiene distintos eslabones y todos son necesarios [ 12:41 ]. Ampuero concluyó valorando la disposición al diálogo de las nuevas autoridades regionales, aunque enfatizó que el sector artesanal necesita pasar de las conversaciones a las certezas concretas para asegurar el sustento de las familias que viven del mar en la zona más austral de Chile.
Tras la formalización del Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar, mediante la Resolución Nº313 de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la industria salmonera manifestó una mezcla de cautela y preocupación respecto de los alcances que podría tener el nuevo instrumento para la administración del territorio en la Región de Magallanes. Aunque desde el sector reconocen que el plan se refiere a un área protegida terrestre, por lo que no afectaría directamente a la salmonicultura en el corto o mediano plazo, advierten que el modelo de gobernanza establecido podría generar precedentes para la gestión futura de otras áreas protegidas de la región, según reportó el medio local La Prensa Austral. La gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas Philippi, abordó el tema en declaraciones al medio regional La Prensa Austral , donde sostuvo que el proceso abre interrogantes sobre la forma en que se administrarán estos espacios. “Nos preocupa la forma de trabajo o de gobernanza que va a haber hacia las distintas áreas protegidas”, señaló Rojas. Uno de los aspectos que genera mayor inquietud en el gremio es la creación de un consejo de gestión con facultades vinculantes, integrado por representantes del Estado y comunidades indígenas. Desde la industria se cuestiona si este mecanismo es el adecuado para adoptar decisiones sobre territorios que consideran de interés público. Entre las dudas planteadas por el sector figura la posibilidad de que decisiones relacionadas con investigación científica, sobrevuelos o incluso operaciones vinculadas a rescates o incendios queden sujetas a la aprobación de este consejo. También se ha planteado la necesidad de contar con mayor claridad sobre la transparencia de las decisiones y el acceso a las actas del órgano de gestión. Más allá del parque nacional, la principal preocupación del gremio se concentra en el futuro plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, donde la industria salmonera sí mantiene operaciones productivas. A diferencia del parque, de carácter terrestre, en la reserva convergen diversas actividades vinculadas al maritorio, entre ellas salmonicultura, pesca artesanal, turismo y navegación comercial. “Como industria estamos muy afectados y preocupados por el futuro plan de manejo de la reserva”, afirmó Rojas, quien cuestionó si el mismo modelo de gobernanza podría replicarse en ese espacio marítimo y si todos los actores productivos serán considerados de manera equivalente. El sector también ha manifestado reparos respecto de algunas disposiciones del plan. Entre ellas, mencionan la autorización del uso tradicional del fuego por parte de comunidades indígenas dentro del parque, lo que, a juicio del gremio, contrasta con las estrictas sanciones que enfrentan los visitantes por acciones como fumar en zonas no habilitadas. “Por un lado tenemos este trabajo con multas y fiscalización, y por otro aprobamos un plan de manejo donde se va a permitir prender fuego dentro de un parque nacional”, planteó la representante gremial. Analizan acciones administrativas o judiciales En cuanto a las acciones que podría adoptar la industria, Rojas indicó que la posibilidad de recurrir a instancias judiciales o presentar el caso ante la Contraloría General de la República sigue abierta para cualquier actor que considere que la legalidad del proceso ha sido vulnerada. Por ahora, el gremio espera sostener reuniones con las nuevas autoridades para plantear sus inquietudes y solicitar mayores definiciones respecto del futuro de la gobernanza territorial en la zona. Información basada en declaraciones recogidas por el medio regional La Prensa Austral. Fuente: mundoacuicola.cl
El director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, reconoce que su principal objetivo es instalar y desarrollar la entidad en todas sus funciones, equipos y oficinas regionales, y sus declaraciones generaron polémica en el sector salmón. “Hay concesiones que están operando. El destino de ellas depende de la categoría. Si están en Parques Nacionales, cuando expiren, la ley no permite que continúen esas actividades; por lo tanto, van camino de retiro”, apuntó el director nacional del SBAP. Y en los casos de Reservas o ACMU (Área de Conservación de Múltiples Usos), indicó Cavieres, es una zona más flexible y, por lo tanto, es posible que continúen ahí, dependiendo del plan de manejo de la concesión de salmón y de que cuente con las evaluaciones correspondientes. Ante esto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, expresó que la implementación del SBAP plantea un gran desafío central: compatibilizar conservación con desarrollo económico y humano. En el caso de la salmonicultura, manifestó, “esto no debiera ser un problema técnico, ya que la superficie que utiliza la actividad es marginal respecto del total de las áreas protegidas y existen herramientas suficientes para operar bajo altos estándares ambientales”. El nudo del problema, a su juicio, es regulatorio e institucional. Hoy en la Reserva Nacional Kawésqar se superpuso una categoría de protección sobre áreas que ya habían sido ordenadas a través del proceso de zonificación del borde costero en lo que respecta a las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), “el único componente del proceso que alcanzó la formalidad administrativa. Esa falta de coherencia entre instrumentos es la que explica buena parte del conflicto actual”. A ello se suma, apuntó Odebret, que en los planes de manejo se han propuesto objetos de conservación excesivamente generales —como el borde costero, la columna de agua o el fondo marino— que son difíciles de zonificar, medir y monitorear, y que además identifican a la salmonicultura como una “amenaza”. “Una actividad no es una amenaza en sí misma; lo que debe evaluarse son sus impactos específicos y si estos están o no controlados”. “Si el SBAP quiere cumplir su mandato, el desafío es llevar esta discusión a un plano técnico: definir objetos de conservación precisos, amenazas reales y medidas de manejo claras, que permitan compatibilizar efectivamente la conservación con actividades productivas reguladas y fiscalizadas”, subrayó el líder gremial. Fuente: salmonexpert.cl
Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el Doctor en Ciencias de la Acuicultura Marco Antonio Pinto sostuvo una extensa conversación sobre dos temas que —a su juicio— requieren atención urgente desde el mundo legislativo y de la gestión ambiental. En relación con la Ley Lafkenche, Pinto fue categórico en señalar que “desde el 2008 entrando en juego es una ley que tiene que ser reformulada, tiene que hacerse mejoras y resoluciones nuevas para cambiar aristas de la ley, esta mal hecha en varias aspectos”. Según explicó, la normativa actual no genera condiciones equilibradas para los distintos actores. “Es una ley que no favorece a la industria, la golpea y sanciona y entrega demasiada facilidades a los pueblos originarios sin tener a lo mejor los resguardos jurídicos y legista lativos para llevar un área de manejo, lo que haces es entregarles herramientas a las personas que puedan mantener esa área de manera productiva”, puntualizó. El especialista también se refirió al Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, donde cuestionó las actuales atribuciones entregadas a la Corporación Nacional Forestal. “Se le han dado atribuciones a Conaf que no debería tener, debería tener cuidado y revisión dentro de los parques nacionales”, afirmó. Además, advirtió que existen limitaciones evidentes en la capacidad operativa del organismo: “hay reglas que Conaf tiene que empezar a darse cuenta a que hay reglas que no pueden seguir y aceptar que no tienen el personal ni la capacidad... en la parte marino no saben nada”. Las declaraciones de Pinto apuntan a abrir un debate sobre la pertinencia de actualizar marcos regulatorios y revisar competencias institucionales, especialmente en territorios donde confluyen actividades productivas, conservación ambiental y presencia de comunidades originarias.
En una reciente entrevista para el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Patricio Ampuero, presidente del Sindicato de Pesca Artesanal de Punta Arenas, analizó los desafíos que enfrenta el sector tras los primeros meses de la nueva administración gubernamental. Durante la conversación, el dirigente destacó la necesidad de que las normativas dejen de diseñarse desde el centro del país y respondan a las particularidades del territorio austral. Crítica a la Ley de Pesca y enfoque regionalista Ampuero valoró la decisión del Ejecutivo de retirar la ley de pesca de la administración anterior, señalando que dicho proyecto no representaba la realidad regional:Esa ley para esta región no tenía mucho sustento... eran más medidas relacionadas con las especies del norte [ 04:02 ]. El dirigente instó a buscar una legislación que sea verdaderamente regionalista y que entienda que las dinámicas de pesca en Magallanes, marcadas por largas faenas de hasta 15 días o temporadas de 5 meses, son radicalmente distintas a las de la zona central [ 12:48 ]. El conflicto del fraccionamiento y la equidad Uno de los puntos más críticos abordados fue la Ley de Fraccionamiento. Aunque Ampuero reconoció que se buscó equidad entre la industria y el sector artesanal, advirtió que la distribución interna de las cuotas sigue siendo una problemática pendiente heredada de la administración anterior [ 08:24 ]. Como ejemplo, mencionó que en pesquerías como el congrio, el fraccionamiento para toda la región apenas alcanzó las 80 toneladas, una cifra insuficiente para la flota local [ 17:41 ]. Preocupación por la Ley Lafkenche y la Reserva Kawésqar El dirigente expresó su preocupación por la incertidumbre que generan las solicitudes de Espacios Costeros Marítimos para Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche.No estamos en contra de que soliciten espacios, el problema es el tiempo que se demora... puede estar 5 u 8 años paralizado, afirmó, refiriéndose a casos donde solicitudes de cientos de miles de hectáreas frenan proyectos de infraestructura como la ampliación de la Caleta Barranco Amarillo [ 15:51 ]. Asimismo, respecto al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, Ampuero hizo un llamado a las autoridades para que el diseño final no sea excesivamente restrictivo:Si se hace un mal plan de manejo, tampoco nos sirve de nada... lo que queremos es que todos podamos desarrollar nuestras actividades (pesca, turismo y acuicultura) sin molestarnos [ 16:17 ]. Un mensaje de unidad en el maritorio Finalmente, el presidente del sindicato subrayó la importancia de la cadena de valor en Magallanes, donde pescadores, transportadores y plantas de proceso deben trabajar en conjunto:Acá nadie sobra... esto es una cadena que tiene distintos eslabones y todos son necesarios [ 12:41 ]. Ampuero concluyó valorando la disposición al diálogo de las nuevas autoridades regionales, aunque enfatizó que el sector artesanal necesita pasar de las conversaciones a las certezas concretas para asegurar el sustento de las familias que viven del mar en la zona más austral de Chile.
Tras la formalización del Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar, mediante la Resolución Nº313 de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la industria salmonera manifestó una mezcla de cautela y preocupación respecto de los alcances que podría tener el nuevo instrumento para la administración del territorio en la Región de Magallanes. Aunque desde el sector reconocen que el plan se refiere a un área protegida terrestre, por lo que no afectaría directamente a la salmonicultura en el corto o mediano plazo, advierten que el modelo de gobernanza establecido podría generar precedentes para la gestión futura de otras áreas protegidas de la región, según reportó el medio local La Prensa Austral. La gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas Philippi, abordó el tema en declaraciones al medio regional La Prensa Austral , donde sostuvo que el proceso abre interrogantes sobre la forma en que se administrarán estos espacios. “Nos preocupa la forma de trabajo o de gobernanza que va a haber hacia las distintas áreas protegidas”, señaló Rojas. Uno de los aspectos que genera mayor inquietud en el gremio es la creación de un consejo de gestión con facultades vinculantes, integrado por representantes del Estado y comunidades indígenas. Desde la industria se cuestiona si este mecanismo es el adecuado para adoptar decisiones sobre territorios que consideran de interés público. Entre las dudas planteadas por el sector figura la posibilidad de que decisiones relacionadas con investigación científica, sobrevuelos o incluso operaciones vinculadas a rescates o incendios queden sujetas a la aprobación de este consejo. También se ha planteado la necesidad de contar con mayor claridad sobre la transparencia de las decisiones y el acceso a las actas del órgano de gestión. Más allá del parque nacional, la principal preocupación del gremio se concentra en el futuro plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, donde la industria salmonera sí mantiene operaciones productivas. A diferencia del parque, de carácter terrestre, en la reserva convergen diversas actividades vinculadas al maritorio, entre ellas salmonicultura, pesca artesanal, turismo y navegación comercial. “Como industria estamos muy afectados y preocupados por el futuro plan de manejo de la reserva”, afirmó Rojas, quien cuestionó si el mismo modelo de gobernanza podría replicarse en ese espacio marítimo y si todos los actores productivos serán considerados de manera equivalente. El sector también ha manifestado reparos respecto de algunas disposiciones del plan. Entre ellas, mencionan la autorización del uso tradicional del fuego por parte de comunidades indígenas dentro del parque, lo que, a juicio del gremio, contrasta con las estrictas sanciones que enfrentan los visitantes por acciones como fumar en zonas no habilitadas. “Por un lado tenemos este trabajo con multas y fiscalización, y por otro aprobamos un plan de manejo donde se va a permitir prender fuego dentro de un parque nacional”, planteó la representante gremial. Analizan acciones administrativas o judiciales En cuanto a las acciones que podría adoptar la industria, Rojas indicó que la posibilidad de recurrir a instancias judiciales o presentar el caso ante la Contraloría General de la República sigue abierta para cualquier actor que considere que la legalidad del proceso ha sido vulnerada. Por ahora, el gremio espera sostener reuniones con las nuevas autoridades para plantear sus inquietudes y solicitar mayores definiciones respecto del futuro de la gobernanza territorial en la zona. Información basada en declaraciones recogidas por el medio regional La Prensa Austral. Fuente: mundoacuicola.cl
El director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, reconoce que su principal objetivo es instalar y desarrollar la entidad en todas sus funciones, equipos y oficinas regionales, y sus declaraciones generaron polémica en el sector salmón. “Hay concesiones que están operando. El destino de ellas depende de la categoría. Si están en Parques Nacionales, cuando expiren, la ley no permite que continúen esas actividades; por lo tanto, van camino de retiro”, apuntó el director nacional del SBAP. Y en los casos de Reservas o ACMU (Área de Conservación de Múltiples Usos), indicó Cavieres, es una zona más flexible y, por lo tanto, es posible que continúen ahí, dependiendo del plan de manejo de la concesión de salmón y de que cuente con las evaluaciones correspondientes. Ante esto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, expresó que la implementación del SBAP plantea un gran desafío central: compatibilizar conservación con desarrollo económico y humano. En el caso de la salmonicultura, manifestó, “esto no debiera ser un problema técnico, ya que la superficie que utiliza la actividad es marginal respecto del total de las áreas protegidas y existen herramientas suficientes para operar bajo altos estándares ambientales”. El nudo del problema, a su juicio, es regulatorio e institucional. Hoy en la Reserva Nacional Kawésqar se superpuso una categoría de protección sobre áreas que ya habían sido ordenadas a través del proceso de zonificación del borde costero en lo que respecta a las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), “el único componente del proceso que alcanzó la formalidad administrativa. Esa falta de coherencia entre instrumentos es la que explica buena parte del conflicto actual”. A ello se suma, apuntó Odebret, que en los planes de manejo se han propuesto objetos de conservación excesivamente generales —como el borde costero, la columna de agua o el fondo marino— que son difíciles de zonificar, medir y monitorear, y que además identifican a la salmonicultura como una “amenaza”. “Una actividad no es una amenaza en sí misma; lo que debe evaluarse son sus impactos específicos y si estos están o no controlados”. “Si el SBAP quiere cumplir su mandato, el desafío es llevar esta discusión a un plano técnico: definir objetos de conservación precisos, amenazas reales y medidas de manejo claras, que permitan compatibilizar efectivamente la conservación con actividades productivas reguladas y fiscalizadas”, subrayó el líder gremial. Fuente: salmonexpert.cl
Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el Doctor en Ciencias de la Acuicultura Marco Antonio Pinto sostuvo una extensa conversación sobre dos temas que —a su juicio— requieren atención urgente desde el mundo legislativo y de la gestión ambiental. En relación con la Ley Lafkenche, Pinto fue categórico en señalar que “desde el 2008 entrando en juego es una ley que tiene que ser reformulada, tiene que hacerse mejoras y resoluciones nuevas para cambiar aristas de la ley, esta mal hecha en varias aspectos”. Según explicó, la normativa actual no genera condiciones equilibradas para los distintos actores. “Es una ley que no favorece a la industria, la golpea y sanciona y entrega demasiada facilidades a los pueblos originarios sin tener a lo mejor los resguardos jurídicos y legista lativos para llevar un área de manejo, lo que haces es entregarles herramientas a las personas que puedan mantener esa área de manera productiva”, puntualizó. El especialista también se refirió al Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, donde cuestionó las actuales atribuciones entregadas a la Corporación Nacional Forestal. “Se le han dado atribuciones a Conaf que no debería tener, debería tener cuidado y revisión dentro de los parques nacionales”, afirmó. Además, advirtió que existen limitaciones evidentes en la capacidad operativa del organismo: “hay reglas que Conaf tiene que empezar a darse cuenta a que hay reglas que no pueden seguir y aceptar que no tienen el personal ni la capacidad... en la parte marino no saben nada”. Las declaraciones de Pinto apuntan a abrir un debate sobre la pertinencia de actualizar marcos regulatorios y revisar competencias institucionales, especialmente en territorios donde confluyen actividades productivas, conservación ambiental y presencia de comunidades originarias.
