Un documento enviado el 14 de abril a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, contradice las declaraciones públicas de Carolina Rudnick, presidenta y cofundadora de Fundación Libera, quien afirmó que su organización no buscaba que Chile fuera sancionado comercialmente. La controversia surgió luego de que Estados Unidos aplicara una sobretasa arancelaria de 12,5% a un grupo de exportaciones chilenas, entre ellas productos vinculados al salmón y la fruta, tras una investigación sobre trabajo forzoso impulsada por la USTR. Rudnick viajó a comienzos de julio a Washington D.C. junto a la ONG Ecocéanos para exponer denuncias contra Chile ante dicho organismo. En entrevistas y cartas públicas, la abogada sostuvo que el objetivo de su organización “no es que Chile sea sancionado” y que, en la audiencia ante el comité de la USTR, se habría solicitado no aplicar aranceles y reemplazar esa decisión por un plan de medidas estructurales. Sin embargo, el documento presentado tres meses antes por Fundación Libera incluyó expresamente una solicitud para que el organismo analizara “el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile” y eventuales restricciones a la importación. El texto de 15 páginas, firmado por la propia Rudnick y dirigido al representante comercial Jamieson Greer, aborda supuestas infracciones y casos de trabajo forzoso en sectores como la agroexportación y la salmonicultura. En una de sus secciones, titulada “Medidas recomendadas: aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”, la fundación planteó propuestas para que Chile adopte legislación similar a la Ley Arancelaria de Estados Unidos de 1930, que prohíbe el comercio de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. El caso genera especial atención en regiones exportadoras como Magallanes, donde la industria salmonera forma parte de la actividad productiva y laboral del territorio. La discusión abre un debate sobre el impacto de las denuncias internacionales, el cumplimiento de estándares laborales y las consecuencias comerciales que pueden enfrentar sectores estratégicos para la economía regional y nacional. Fuente: Ex-ante.cl
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de tres ciudadanos rusos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en un lugar expresamente prohibido, hecho ocurrido el 10 de febrero en el Parque Nacional Torres del Paine. En la audiencia respectiva, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a los imputados arraigo nacional hasta el pago de una multa individual de un millón de pesos, además de la prohibición de reingresar al país por tres años. Los montos deberán ser depositados en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, destinados a voluntarios que operan en la zona protegida. Según antecedentes de la fiscalía, los turistas fueron sorprendidos utilizando una cocinilla a gas en el sendero entre los campings Italiano y Paine Grande, sector donde el uso de fuego está estrictamente prohibido. En una causa paralela, el mismo tribunal resolvió la suspensión del procedimiento contra un ciudadano estadounidense imputado por uso ilícito de fuego tras ser sorprendido fumando en el sector Dickson del parque. En este caso se decretó la prohibición de ingreso al país por tres años y la obligación de donar dos millones de pesos a Bomberos de Última Esperanza, pago que ya fue efectuado. Las resoluciones judiciales se enmarcan en la normativa de protección ambiental vigente en áreas silvestres protegidas, donde el uso de fuego está restringido para prevenir incendios forestales y resguardar ecosistemas de alto valor natural en la Región de Magallanes.
Un documento enviado el 14 de abril a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, contradice las declaraciones públicas de Carolina Rudnick, presidenta y cofundadora de Fundación Libera, quien afirmó que su organización no buscaba que Chile fuera sancionado comercialmente. La controversia surgió luego de que Estados Unidos aplicara una sobretasa arancelaria de 12,5% a un grupo de exportaciones chilenas, entre ellas productos vinculados al salmón y la fruta, tras una investigación sobre trabajo forzoso impulsada por la USTR. Rudnick viajó a comienzos de julio a Washington D.C. junto a la ONG Ecocéanos para exponer denuncias contra Chile ante dicho organismo. En entrevistas y cartas públicas, la abogada sostuvo que el objetivo de su organización “no es que Chile sea sancionado” y que, en la audiencia ante el comité de la USTR, se habría solicitado no aplicar aranceles y reemplazar esa decisión por un plan de medidas estructurales. Sin embargo, el documento presentado tres meses antes por Fundación Libera incluyó expresamente una solicitud para que el organismo analizara “el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile” y eventuales restricciones a la importación. El texto de 15 páginas, firmado por la propia Rudnick y dirigido al representante comercial Jamieson Greer, aborda supuestas infracciones y casos de trabajo forzoso en sectores como la agroexportación y la salmonicultura. En una de sus secciones, titulada “Medidas recomendadas: aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”, la fundación planteó propuestas para que Chile adopte legislación similar a la Ley Arancelaria de Estados Unidos de 1930, que prohíbe el comercio de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. El caso genera especial atención en regiones exportadoras como Magallanes, donde la industria salmonera forma parte de la actividad productiva y laboral del territorio. La discusión abre un debate sobre el impacto de las denuncias internacionales, el cumplimiento de estándares laborales y las consecuencias comerciales que pueden enfrentar sectores estratégicos para la economía regional y nacional. Fuente: Ex-ante.cl
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de tres ciudadanos rusos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en un lugar expresamente prohibido, hecho ocurrido el 10 de febrero en el Parque Nacional Torres del Paine. En la audiencia respectiva, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a los imputados arraigo nacional hasta el pago de una multa individual de un millón de pesos, además de la prohibición de reingresar al país por tres años. Los montos deberán ser depositados en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, destinados a voluntarios que operan en la zona protegida. Según antecedentes de la fiscalía, los turistas fueron sorprendidos utilizando una cocinilla a gas en el sendero entre los campings Italiano y Paine Grande, sector donde el uso de fuego está estrictamente prohibido. En una causa paralela, el mismo tribunal resolvió la suspensión del procedimiento contra un ciudadano estadounidense imputado por uso ilícito de fuego tras ser sorprendido fumando en el sector Dickson del parque. En este caso se decretó la prohibición de ingreso al país por tres años y la obligación de donar dos millones de pesos a Bomberos de Última Esperanza, pago que ya fue efectuado. Las resoluciones judiciales se enmarcan en la normativa de protección ambiental vigente en áreas silvestres protegidas, donde el uso de fuego está restringido para prevenir incendios forestales y resguardar ecosistemas de alto valor natural en la Región de Magallanes.
