En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco. Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación. El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados. Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas. Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales. El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma. La lectura de los expertos Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”. Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”. Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios. “Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta. Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”. De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano. El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice. Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”. El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema. Fuente: DF.cl
Salmones Blumar ingresó recientemente al Servicio de Evaluación Ambiental dos proyectos orientados a aumentar la producción de salmónidos en centros de engorda ubicados en Isla Riesco, Región de Magallanes, los que buscan optimizar infraestructura existente sin ampliar superficie concesionada ni incorporar instalaciones terrestres. En el marco de su estrategia de optimización productiva en la Región de Magallanes, la compañía presentó la DIA del proyecto “Aumento en la producción de salmónidos del Centro de Engorda Mina Elena”, actualmente en admisión y asociado a la modificación de la RCA N°17/2011 que aprobó originalmente este centro de cultivo ubicado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En términos productivos, la modificación considera un incremento relevante en la biomasa autorizada de salmón del Atlántico (Salmo salar), pasando de una producción máxima de 5 mil toneladas por ciclo a un total de 9.696 toneladas por ciclo productivo. Esto implica un aumento de 4.696 toneladas adicionales respecto de lo aprobado originalmente, manteniendo un ciclo de cultivo estimado en 20 meses y un peso promedio de cosecha de 5,7 kilos por pez. Para materializar este aumento productivo, el proyecto contempla cambios en la configuración de las estructuras de cultivo en el mar, sin ampliar la superficie concesionada. En específico, se propone reemplazar las actuales 23 jaulas circulares por 18 balsas jaula cuadradas de 40 x 40 metros y 20 metros de profundidad, distribuidas en dos módulos de nueve unidades cada uno, todo ello dentro de la concesión acuícola vigente de 44,5 hectáreas. El objetivo central de la iniciativa es optimizar el uso del área ya autorizada, incrementando la producción de salmónidos sin incorporar nuevas superficies ni infraestructura terrestre. De hecho, todas las obras, partes y acciones asociadas al proyecto se desarrollarán íntegramente dentro del polígono concesionado y su servidumbre marítima, descartándose la construcción de instalaciones en tierra y manteniendo el carácter offshore del centro de engorda. De acuerdo con los antecedentes ingresados, la fecha estimada de inicio de la fase de construcción del proyecto está prevista para agosto de 2028, mientras que la etapa de operación comenzaría en noviembre del mismo año, con el ingreso de peces al sistema. La iniciativa considera una vida útil indefinida, sujeta a procesos periódicos de mantención y mejora, en línea con la continuidad operacional del centro de cultivo. En cuanto al costo comprometido, el proyecto contempla una inversión aproximada de US$1,8 millones, destinada principalmente a la adecuación de las estructuras de cultivo, sistemas de fondeo, pontón y equipamiento asociado. Respecto de la mano de obra, se estima que durante la fase de construcción se requerirá un promedio de nueve trabajadores, con un máximo de 18 personas, mientras que en la etapa de operación el promedio será de ocho trabajadores, con un peak de hasta 14 empleos directos. María Olvido De manera complementaria, Salmones Blumar también ingresó a evaluación ambiental el proyecto “Aumento en la producción de salmónidos del Centro de Engorda María Olvido”, iniciativa que corresponde a una modificación de la RCA N°16/2011 y que busca ampliar la capacidad productiva de este centro ubicado en Isla Riesco. En concreto, la propuesta considera un aumento de la biomasa máxima autorizada de salmón del Atlántico (Salmo salar), pasando de 7 mil a 9.400 toneladas por ciclo productivo. Este incremento corresponde a 2.400 toneladas adicionales respecto de lo actualmente aprobado, manteniendo un ciclo de cultivo estimado de 20 meses y un peso promedio de cosecha de 5,7 kilos por ejemplar. Para alcanzar este aumento productivo, el proyecto contempla una modificación en la configuración de las estructuras de cultivo marinas. En específico, se propone reemplazar las actuales 32 jaulas circulares de menor diámetro por 20 balsas jaula cuadradas de 40 x 40 metros y 20 metros de profundidad, distribuidas en dos módulos de 10 unidades cada uno, todo ello dentro de la concesión acuícola vigente. El objetivo central del proyecto es optimizar el uso de la concesión de acuicultura ya otorgada, la cual tiene una superficie de 78 hectáreas, sin considerar ampliaciones del área autorizada. De este modo, la iniciativa busca incrementar la producción manteniendo el emplazamiento original del centro de engorda y sin incorporar infraestructura terrestre asociada a la operación. Según los antecedentes presentados, la fecha estimada de inicio de ejecución del proyecto corresponde a marzo de 2027, comenzando con la fase de construcción, mientras que la etapa de operación se proyecta a partir de junio del mismo año. Al igual que otros centros de cultivo en la zona, el CES María Olvido considera una vida útil indefinida, sujeta a mantenciones periódicas y continuidad operacional. En términos de inversión, el proyecto contempla un monto aproximado de US$1,8 millones, destinados principalmente a la adecuación de balsas jaula, sistemas de fondeo, pontón y equipamiento asociado. Respecto de la mano de obra, se estima que durante la fase de construcción se empleará un total de 18 personas, mientras que en la etapa de operación se requerirá un promedio de ocho trabajadores, con un máximo de hasta 14 personas. La justificación de la localización de ambos proyectos se sustenta en las condiciones geográficas y productivas de la Región de Magallanes, caracterizada por amplios espacios marítimos, baja densidad de uso y un rol estratégico que la acuicultura ha consolidado durante las últimas décadas. En este contexto, las ampliaciones de los centros Mina Elena y María Olvido se proyectan como un aporte al desarrollo económico local, fortaleciendo el encadenamiento de servicios asociados al cultivo de salmónidos y generando empleo directo e indirecto en una zona clave para la salmonicultura en el extremo sur del país. Fuente: salmonexpert.cl
Esta mañana en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el gerente general de la empresa EINAS, Carlos Muñoz Reyes, conversó con la ciudadanía sobre el trabajo que desarrolla la compañía en materia de gestión y evaluación ambiental, abordando los desafíos normativos y técnicos que enfrentan los proyectos productivos en la Región de Magallanes. Durante la conversación, Muñoz explicó el rol que cumple EINAS en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), destacando la importancia de garantizar procesos eficientes y rigurosos que permitan evaluar correctamente los impactos de los proyectos, asegurando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad. En este ámbito, la empresa desarrolla estudios de factibilidad ambiental, líneas base, análisis territoriales, consultas de pertinencia de ingreso al SEIA, elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental, respuestas a adendas y apoyo técnico en la revisión de proyectos. En ese contexto, el gerente general de EINAS relevó el carácter productivo de Magallanes, señalando que “la región tiene un corazón industrial, a veces no es muy visible pero en la región han pasado hitos históricos”, enfatizando que actualmente el desarrollo del hidrógeno verde representa un nuevo ciclo para la zona. En sus palabras, “el h2v es un nuevo hito relevante de revolución industrial”. Muñoz también se refirió a la relevancia de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), indicando que el cumplimiento de sus exigencias es clave para la viabilidad de los proyectos. En este ámbito, EINAS realiza levantamiento de compromisos ambientales, auditorías de cumplimiento, planes de seguimiento, reportes ETFA, soporte técnico ante la autoridad y programas de monitoreo ambiental, además de charlas de inducción para trabajadores y equipos técnicos. Respecto al hidrógeno verde, el gerente fue enfático en señalar que la evaluación ambiental es un requisito esencial desde las primeras etapas. “La industria del h2v para que se instale necesita el RCA, el primer gran permiso, se parte años antes, 4 o 5, con estudios base”, explicó, agregando que en Magallanes la empresa ha desarrollado múltiples líneas base ambientales. “En la región nosotros nos hemos encargado de hacer varias líneas base y eso es muy importante porque cada vez las líneas base son más exigentes”, afirmó. Finalmente, Muñoz Reyes abordó el soporte ambiental operativo que entrega EINAS, el cual incluye la administración de la Ventanilla Única (RETC), auditorías de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, capacitaciones, elaboración de permisos sectoriales, control operativo en terreno y seguimiento ambiental de obras, todo con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir incidentes ambientales en el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo, entregó una actualización detallada sobre los avances, compromisos y presencia territorial que la compañía ha desarrollado en los últimos meses en la región. Uno de los hitos más relevantes fue el reciente visto bueno otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al proyecto Planta de Combustibles Carbono Neutral Cabo Negro, una iniciativa de HIF Global que considera una inversión de US$ 830 millones. A más de dos años de su ingreso al proceso de evaluación, la iniciativa se acerca a concretar el mayor proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, consolidándose como la primera gran apuesta de este tipo en la Patagonia chilena. Gallardo también destacó la participación de HIF en la Tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, instancia en la que la empresa estuvo presente por tercer año consecutivo. La actividad busca fortalecer el vínculo entre el ecosistema educativo regional y las iniciativas de innovación energética que se desarrollan en el extremo sur del país, permitiendo que estudiantes y docentes conozcan de primera mano los avances y oportunidades del sector. A ello se suma el cierre del programa de Habilidades Sociolaborales desarrollado en conjunto con ONG Canales, iniciativa que benefició a más de 250 estudiantes técnico-profesionales de Punta Arenas. El ciclo formativo tuvo como objetivo apoyar la transición de los jóvenes al mundo laboral, entregando herramientas prácticas y competencias necesarias para su inserción en industrias emergentes como la energía limpia. Gallardo subrayó que estos avances reflejan el compromiso de HIF con el desarrollo de Magallanes, no solo desde el punto de vista energético, sino también educativo y social, integrando a la comunidad en las transformaciones que trae consigo la nueva economía del hidrógeno verde.
Otro megaproyecto en la región de Magallanes pidió a la autoridad ambiental más tiempo para poder contestar a la “ola” de observaciones recibidas por la iniciativa. En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones. Y ahora fue HNH Energy quien pidió al SEA extender el plazo para “responder de manera exhaustiva y rigurosa” a la ola de observaciones que tuvo el “Proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde” en el extremo sur y que involucra una inversión de US$11 mil millones. Consorcio europeo pide más tiempo al SEA ante “ola” de observaciones La citada firma es un consorcio europeo que incluye a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Austria Energy y Ökowind. Las instalaciones para producir amoniaco verde incluyen una planta desaladora, terminar portuario, ductos y líneas de transmisión eléctrica, una subestación eléctrica y una planta de procesos, entre otros. Todo alimentado mediante aerogeneradores. El 31 de julio se acogió a tramitación, y el 21 de octubre recibió el informe con peticiones de aclaración, rectificación o ampliaciones (Icsara) complementario del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Según reveló Diario Financiero, son 364 observaciones las que tiene que responder HNH Energy, por lo que decidieron pedir que se extienda el plazo par presentar la adenda complementaria que, originalmente, debe presentarse mañana, 3 de diciembre de 2025. Con esta solicitud, en caso de aprobarse, el período será hasta máximo 31 de marzo de 2026. Entre los puntos que se solicitaron a la empresa, está el levantamiento de áreas arqueológicas vía caracterización superficial -a la que tuvo autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) recién el 24 de noviembre de este año-, elaboración de estudio de ruta de carga sobredimensionada, entre otros. Por ello, pidió más tiempo para “elaborar respuestas sólidas, técnicamente fundamentadas y alineadas con los estándares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, afirmó el consorcio en el escrito ante el SEA, citado por DF. Fuente: biobiochile.cl
En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco. Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación. El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados. Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas. Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales. El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma. La lectura de los expertos Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”. Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”. Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios. “Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta. Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”. De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano. El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice. Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”. El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema. Fuente: DF.cl
Salmones Blumar ingresó recientemente al Servicio de Evaluación Ambiental dos proyectos orientados a aumentar la producción de salmónidos en centros de engorda ubicados en Isla Riesco, Región de Magallanes, los que buscan optimizar infraestructura existente sin ampliar superficie concesionada ni incorporar instalaciones terrestres. En el marco de su estrategia de optimización productiva en la Región de Magallanes, la compañía presentó la DIA del proyecto “Aumento en la producción de salmónidos del Centro de Engorda Mina Elena”, actualmente en admisión y asociado a la modificación de la RCA N°17/2011 que aprobó originalmente este centro de cultivo ubicado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En términos productivos, la modificación considera un incremento relevante en la biomasa autorizada de salmón del Atlántico (Salmo salar), pasando de una producción máxima de 5 mil toneladas por ciclo a un total de 9.696 toneladas por ciclo productivo. Esto implica un aumento de 4.696 toneladas adicionales respecto de lo aprobado originalmente, manteniendo un ciclo de cultivo estimado en 20 meses y un peso promedio de cosecha de 5,7 kilos por pez. Para materializar este aumento productivo, el proyecto contempla cambios en la configuración de las estructuras de cultivo en el mar, sin ampliar la superficie concesionada. En específico, se propone reemplazar las actuales 23 jaulas circulares por 18 balsas jaula cuadradas de 40 x 40 metros y 20 metros de profundidad, distribuidas en dos módulos de nueve unidades cada uno, todo ello dentro de la concesión acuícola vigente de 44,5 hectáreas. El objetivo central de la iniciativa es optimizar el uso del área ya autorizada, incrementando la producción de salmónidos sin incorporar nuevas superficies ni infraestructura terrestre. De hecho, todas las obras, partes y acciones asociadas al proyecto se desarrollarán íntegramente dentro del polígono concesionado y su servidumbre marítima, descartándose la construcción de instalaciones en tierra y manteniendo el carácter offshore del centro de engorda. De acuerdo con los antecedentes ingresados, la fecha estimada de inicio de la fase de construcción del proyecto está prevista para agosto de 2028, mientras que la etapa de operación comenzaría en noviembre del mismo año, con el ingreso de peces al sistema. La iniciativa considera una vida útil indefinida, sujeta a procesos periódicos de mantención y mejora, en línea con la continuidad operacional del centro de cultivo. En cuanto al costo comprometido, el proyecto contempla una inversión aproximada de US$1,8 millones, destinada principalmente a la adecuación de las estructuras de cultivo, sistemas de fondeo, pontón y equipamiento asociado. Respecto de la mano de obra, se estima que durante la fase de construcción se requerirá un promedio de nueve trabajadores, con un máximo de 18 personas, mientras que en la etapa de operación el promedio será de ocho trabajadores, con un peak de hasta 14 empleos directos. María Olvido De manera complementaria, Salmones Blumar también ingresó a evaluación ambiental el proyecto “Aumento en la producción de salmónidos del Centro de Engorda María Olvido”, iniciativa que corresponde a una modificación de la RCA N°16/2011 y que busca ampliar la capacidad productiva de este centro ubicado en Isla Riesco. En concreto, la propuesta considera un aumento de la biomasa máxima autorizada de salmón del Atlántico (Salmo salar), pasando de 7 mil a 9.400 toneladas por ciclo productivo. Este incremento corresponde a 2.400 toneladas adicionales respecto de lo actualmente aprobado, manteniendo un ciclo de cultivo estimado de 20 meses y un peso promedio de cosecha de 5,7 kilos por ejemplar. Para alcanzar este aumento productivo, el proyecto contempla una modificación en la configuración de las estructuras de cultivo marinas. En específico, se propone reemplazar las actuales 32 jaulas circulares de menor diámetro por 20 balsas jaula cuadradas de 40 x 40 metros y 20 metros de profundidad, distribuidas en dos módulos de 10 unidades cada uno, todo ello dentro de la concesión acuícola vigente. El objetivo central del proyecto es optimizar el uso de la concesión de acuicultura ya otorgada, la cual tiene una superficie de 78 hectáreas, sin considerar ampliaciones del área autorizada. De este modo, la iniciativa busca incrementar la producción manteniendo el emplazamiento original del centro de engorda y sin incorporar infraestructura terrestre asociada a la operación. Según los antecedentes presentados, la fecha estimada de inicio de ejecución del proyecto corresponde a marzo de 2027, comenzando con la fase de construcción, mientras que la etapa de operación se proyecta a partir de junio del mismo año. Al igual que otros centros de cultivo en la zona, el CES María Olvido considera una vida útil indefinida, sujeta a mantenciones periódicas y continuidad operacional. En términos de inversión, el proyecto contempla un monto aproximado de US$1,8 millones, destinados principalmente a la adecuación de balsas jaula, sistemas de fondeo, pontón y equipamiento asociado. Respecto de la mano de obra, se estima que durante la fase de construcción se empleará un total de 18 personas, mientras que en la etapa de operación se requerirá un promedio de ocho trabajadores, con un máximo de hasta 14 personas. La justificación de la localización de ambos proyectos se sustenta en las condiciones geográficas y productivas de la Región de Magallanes, caracterizada por amplios espacios marítimos, baja densidad de uso y un rol estratégico que la acuicultura ha consolidado durante las últimas décadas. En este contexto, las ampliaciones de los centros Mina Elena y María Olvido se proyectan como un aporte al desarrollo económico local, fortaleciendo el encadenamiento de servicios asociados al cultivo de salmónidos y generando empleo directo e indirecto en una zona clave para la salmonicultura en el extremo sur del país. Fuente: salmonexpert.cl
Esta mañana en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el gerente general de la empresa EINAS, Carlos Muñoz Reyes, conversó con la ciudadanía sobre el trabajo que desarrolla la compañía en materia de gestión y evaluación ambiental, abordando los desafíos normativos y técnicos que enfrentan los proyectos productivos en la Región de Magallanes. Durante la conversación, Muñoz explicó el rol que cumple EINAS en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), destacando la importancia de garantizar procesos eficientes y rigurosos que permitan evaluar correctamente los impactos de los proyectos, asegurando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad. En este ámbito, la empresa desarrolla estudios de factibilidad ambiental, líneas base, análisis territoriales, consultas de pertinencia de ingreso al SEIA, elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental, respuestas a adendas y apoyo técnico en la revisión de proyectos. En ese contexto, el gerente general de EINAS relevó el carácter productivo de Magallanes, señalando que “la región tiene un corazón industrial, a veces no es muy visible pero en la región han pasado hitos históricos”, enfatizando que actualmente el desarrollo del hidrógeno verde representa un nuevo ciclo para la zona. En sus palabras, “el h2v es un nuevo hito relevante de revolución industrial”. Muñoz también se refirió a la relevancia de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), indicando que el cumplimiento de sus exigencias es clave para la viabilidad de los proyectos. En este ámbito, EINAS realiza levantamiento de compromisos ambientales, auditorías de cumplimiento, planes de seguimiento, reportes ETFA, soporte técnico ante la autoridad y programas de monitoreo ambiental, además de charlas de inducción para trabajadores y equipos técnicos. Respecto al hidrógeno verde, el gerente fue enfático en señalar que la evaluación ambiental es un requisito esencial desde las primeras etapas. “La industria del h2v para que se instale necesita el RCA, el primer gran permiso, se parte años antes, 4 o 5, con estudios base”, explicó, agregando que en Magallanes la empresa ha desarrollado múltiples líneas base ambientales. “En la región nosotros nos hemos encargado de hacer varias líneas base y eso es muy importante porque cada vez las líneas base son más exigentes”, afirmó. Finalmente, Muñoz Reyes abordó el soporte ambiental operativo que entrega EINAS, el cual incluye la administración de la Ventanilla Única (RETC), auditorías de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, capacitaciones, elaboración de permisos sectoriales, control operativo en terreno y seguimiento ambiental de obras, todo con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir incidentes ambientales en el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo, entregó una actualización detallada sobre los avances, compromisos y presencia territorial que la compañía ha desarrollado en los últimos meses en la región. Uno de los hitos más relevantes fue el reciente visto bueno otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al proyecto Planta de Combustibles Carbono Neutral Cabo Negro, una iniciativa de HIF Global que considera una inversión de US$ 830 millones. A más de dos años de su ingreso al proceso de evaluación, la iniciativa se acerca a concretar el mayor proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, consolidándose como la primera gran apuesta de este tipo en la Patagonia chilena. Gallardo también destacó la participación de HIF en la Tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, instancia en la que la empresa estuvo presente por tercer año consecutivo. La actividad busca fortalecer el vínculo entre el ecosistema educativo regional y las iniciativas de innovación energética que se desarrollan en el extremo sur del país, permitiendo que estudiantes y docentes conozcan de primera mano los avances y oportunidades del sector. A ello se suma el cierre del programa de Habilidades Sociolaborales desarrollado en conjunto con ONG Canales, iniciativa que benefició a más de 250 estudiantes técnico-profesionales de Punta Arenas. El ciclo formativo tuvo como objetivo apoyar la transición de los jóvenes al mundo laboral, entregando herramientas prácticas y competencias necesarias para su inserción en industrias emergentes como la energía limpia. Gallardo subrayó que estos avances reflejan el compromiso de HIF con el desarrollo de Magallanes, no solo desde el punto de vista energético, sino también educativo y social, integrando a la comunidad en las transformaciones que trae consigo la nueva economía del hidrógeno verde.
Otro megaproyecto en la región de Magallanes pidió a la autoridad ambiental más tiempo para poder contestar a la “ola” de observaciones recibidas por la iniciativa. En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones. Y ahora fue HNH Energy quien pidió al SEA extender el plazo para “responder de manera exhaustiva y rigurosa” a la ola de observaciones que tuvo el “Proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde” en el extremo sur y que involucra una inversión de US$11 mil millones. Consorcio europeo pide más tiempo al SEA ante “ola” de observaciones La citada firma es un consorcio europeo que incluye a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Austria Energy y Ökowind. Las instalaciones para producir amoniaco verde incluyen una planta desaladora, terminar portuario, ductos y líneas de transmisión eléctrica, una subestación eléctrica y una planta de procesos, entre otros. Todo alimentado mediante aerogeneradores. El 31 de julio se acogió a tramitación, y el 21 de octubre recibió el informe con peticiones de aclaración, rectificación o ampliaciones (Icsara) complementario del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Según reveló Diario Financiero, son 364 observaciones las que tiene que responder HNH Energy, por lo que decidieron pedir que se extienda el plazo par presentar la adenda complementaria que, originalmente, debe presentarse mañana, 3 de diciembre de 2025. Con esta solicitud, en caso de aprobarse, el período será hasta máximo 31 de marzo de 2026. Entre los puntos que se solicitaron a la empresa, está el levantamiento de áreas arqueológicas vía caracterización superficial -a la que tuvo autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) recién el 24 de noviembre de este año-, elaboración de estudio de ruta de carga sobredimensionada, entre otros. Por ello, pidió más tiempo para “elaborar respuestas sólidas, técnicamente fundamentadas y alineadas con los estándares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, afirmó el consorcio en el escrito ante el SEA, citado por DF. Fuente: biobiochile.cl
