En el segundo bloque de La Voz de la ANEF en Magallanes, Evelyn Córdova abordó distintas gestiones sindicales nacionales vinculadas a la defensa del empleo público, la modernización del Estado y las demandas pendientes de asociaciones base. El programa incluyó audios de Walter Arancibia, presidente nacional de ANTRASE (A sociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del ex-Sename en Chile), y Pamela Ramírez, secretaria nacional de ANTRASE, quienes informaron sobre reuniones sostenidas en el Congreso con parlamentarias y parlamentarios de las comisiones de Trabajo y Hacienda. El objetivo fue solicitar apoyo para destrabar la situación de la asignación de turnos de trabajadores de Reinserción Social Juvenil. Según explicó ANTRASE, la demanda apunta a que el Gobierno cumpla con la implementación de una ley ya aprobada y que los porcentajes ofrecidos reflejen efectivamente lo que perciben las y los trabajadores bajo sistema de turnos. Además, la organización señaló que también estarán atentos a discusiones legislativas relacionadas con responsabilidad penal y protección de niños, niñas, adolescentes y trabajadores. Posteriormente, Evely Córdoba informó sobre la convocatoria nacional de la ANEF para este jueves 20 de agosto, denominada “Sin la ANEF no hay avance”, con salida desde la sede patrimonial de la organización en Alameda 1603, en Santiago, rumbo a La Moneda, para entregar una carta al Presidente de la República. El bloque cerró con la conferencia de prensa del presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, quien entregó la postura de la organización frente a la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público. En su intervención, sostuvo que la ANEF está disponible para contribuir al debate, pero exigió participación permanente y efectiva de las y los trabajadores públicos en la discusión. Pérez Debelli advirtió que la discusión sobre empleo público debe vincularse también con el presupuesto 2027, la ley de reajuste, la falta de dotación en los servicios y la renovación de contratas a fin de año. Además, señaló que cerca del 70% del empleo público corresponde a contratos temporales, lo que genera preocupación ante posibles no renovaciones masivas. El presidente nacional de la ANEF afirmó que la organización mantiene un estado de alerta y un plan de movilización escalonado, recalcando que la modernización del Estado no puede realizarse sin quienes ejecutan diariamente la función pública en los territorios. Finalmente, la ANEF manifestó que no rechaza participar en la comisión, sino que exige ser parte del proceso, aportar desde la experiencia funcionaria y resguardar un modelo de empleo público con derechos, estabilidad, dotación suficiente y capacidad real de respuesta a la ciudadanía.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada. La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores. De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general. La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.
En el segundo bloque de La Voz de la ANEF en Magallanes, Evelyn Córdova abordó distintas gestiones sindicales nacionales vinculadas a la defensa del empleo público, la modernización del Estado y las demandas pendientes de asociaciones base. El programa incluyó audios de Walter Arancibia, presidente nacional de ANTRASE (A sociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del ex-Sename en Chile), y Pamela Ramírez, secretaria nacional de ANTRASE, quienes informaron sobre reuniones sostenidas en el Congreso con parlamentarias y parlamentarios de las comisiones de Trabajo y Hacienda. El objetivo fue solicitar apoyo para destrabar la situación de la asignación de turnos de trabajadores de Reinserción Social Juvenil. Según explicó ANTRASE, la demanda apunta a que el Gobierno cumpla con la implementación de una ley ya aprobada y que los porcentajes ofrecidos reflejen efectivamente lo que perciben las y los trabajadores bajo sistema de turnos. Además, la organización señaló que también estarán atentos a discusiones legislativas relacionadas con responsabilidad penal y protección de niños, niñas, adolescentes y trabajadores. Posteriormente, Evely Córdoba informó sobre la convocatoria nacional de la ANEF para este jueves 20 de agosto, denominada “Sin la ANEF no hay avance”, con salida desde la sede patrimonial de la organización en Alameda 1603, en Santiago, rumbo a La Moneda, para entregar una carta al Presidente de la República. El bloque cerró con la conferencia de prensa del presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, quien entregó la postura de la organización frente a la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público. En su intervención, sostuvo que la ANEF está disponible para contribuir al debate, pero exigió participación permanente y efectiva de las y los trabajadores públicos en la discusión. Pérez Debelli advirtió que la discusión sobre empleo público debe vincularse también con el presupuesto 2027, la ley de reajuste, la falta de dotación en los servicios y la renovación de contratas a fin de año. Además, señaló que cerca del 70% del empleo público corresponde a contratos temporales, lo que genera preocupación ante posibles no renovaciones masivas. El presidente nacional de la ANEF afirmó que la organización mantiene un estado de alerta y un plan de movilización escalonado, recalcando que la modernización del Estado no puede realizarse sin quienes ejecutan diariamente la función pública en los territorios. Finalmente, la ANEF manifestó que no rechaza participar en la comisión, sino que exige ser parte del proceso, aportar desde la experiencia funcionaria y resguardar un modelo de empleo público con derechos, estabilidad, dotación suficiente y capacidad real de respuesta a la ciudadanía.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada. La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores. De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general. La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.
