La demora en proyectos de infraestructura, la seguridad pública y las dificultades de coordinación para responder a distintas problemáticas de Punta Arenas fueron parte de los temas abordados esta mañana por el concejal de la comuna, Germán Flores Mora, en una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante la conversación, la autoridad comunal se refirió a la necesidad de anticiparse a las emergencias climáticas, cuestionó los plazos proyectados para mejorar uno de los cruces viales más conflictivos de la ciudad y expuso las preocupaciones que, según señaló, ha recogido en reuniones con juntas de vecinos. También abordó las fiestas clandestinas detectadas por equipos municipales y el estado de implementación de medidas de control de pasajeros y control biométrico. Río de las Minas: llamado a avanzar en los diseños de nuevos puentes A propósito de las recientes alertas preventivas relacionadas con el monitoreo del río de las Minas, Flores sostuvo que la comuna necesita avanzar en medidas preventivas y no esperar a que se produzca una nueva emergencia para actuar. El concejal planteó la importancia de contar con los diseños de los puentes de calle Centeno y calle O'Higgins, con el objetivo de gestionar los recursos necesarios y avanzar hacia una infraestructura que permita enfrentar de mejor manera eventuales crecidas y desbordes. “Sí, lo que lo que pasa que es muy importante señalar de que aquí nosotros no podemos estar reaccionando porque aquí nosotros siempre reaccionamos cuando hay una emergencia, cuando hay una situación reaccionamos y ahí lo ponemos todas las pilas y decimos, bueno, hay que hacer esto. Efectivamente yo creo que no debe pasar mucho tiempo. Para tener el diseño del puente de calle zenteno, el diseño del puente de calle ohiggins y esos ya empezar entonces ya a buscar los recursos correspondientes y a diseñar, como digo, los diseños de estos puentes y definitivamente cambiarlos para así tener mayor tranquilidad”, manifestó. Flores recordó que vivió directamente la emergencia de 2012 desde su labor como periodista y corresponsal de Radio Bío Bío en Magallanes, experiencia que, a su juicio, refuerza la necesidad de actuar anticipadamente. El concejal agregó que las situaciones de riesgo requieren planificación y continuidad en las gestiones, para que las obras no queden postergadas hasta que ocurra un nuevo episodio crítico. “Cruce de la muerte”: concejal cuestiona que la rotonda pueda tardar ocho años Uno de los principales cuestionamientos de Flores estuvo dirigido a los plazos que, según indicó, se manejan para concretar una solución definitiva en el denominado “cruce de la muerte”, punto vial que concentra preocupación por los riesgos de accidentes y las dificultades de circulación. El concejal recordó que en 2017 se presentó un proyecto de vía elevada que posteriormente fue descartado. Más adelante, el municipio solicitó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un estudio para evaluar la instalación de semáforos transitorios mientras se definía una alternativa definitiva. Según relató, el estudio estableció la factibilidad de instalar semáforos, pero durante una visita realizada en mayo de 2026 se informó que la solución considerada sería la construcción de una rotonda, cuyo plazo de ejecución se proyectaría aproximadamente para 2034. “Pero cuando a ti te dicen perfecto, vamos a hacer una rotonda, pero esa rotonda va a estar el año 2034 aproximadamente en 8 años más, ahí sí que tú dices ya, pero. ¿Que vas a esperar 8 años más para tener una rotonda en la solución, teniendo la posibilidad de instalar semáforo transitorio y tratar de evitar los accidentes?”, cuestionó. Flores aclaró que los semáforos no representarían necesariamente una solución definitiva ni eliminarían por completo los accidentes, pero podrían contribuir a mejorar las condiciones de seguridad mientras se desarrolla una obra de mayor envergadura. En ese contexto, llamó a la Dirección de Vialidad y al Ministerio de Obras Públicas a evaluar medidas inmediatas para responder a la demanda ciudadana. El concejal estimó que la instalación de los semáforos podría requerir entre seis y ocho meses de obras, con un costo aproximado de $1.500 millones, frente a los cerca de $16 mil millones que, según señaló, costaría la rotonda proyectada. También advirtió sobre el crecimiento del parque automotor de Punta Arenas, que cifró en alrededor de 80 mil vehículos registrados, con un aumento anual de aproximadamente cinco mil unidades. A su juicio, esta tendencia hace aún más urgente encontrar una solución que responda a las necesidades actuales y futuras de circulación. Retiro de cables en desuso: denuncia falta de avances Otro de los asuntos abordados fue el retiro de cables en desuso que permanecen instalados en distintos sectores de Punta Arenas, incluidos el centro de la ciudad y diversas poblaciones. Flores señaló que ha realizado gestiones sobre esta materia desde que asumió como concejal, incluyendo reuniones con empresas responsables y acciones de difusión junto a medios de comunicación para visibilizar el problema. Según explicó, durante 2019 las empresas se comprometieron a abordar el retiro de estos elementos, pero posteriormente argumentaron que faltaba el reglamento necesario para aplicar la normativa correspondiente. El concejal indicó que, pese a la entrada en vigencia de las disposiciones y su reglamento en 2025, todavía no observa avances concretos en terreno. Flores sostuvo que durante el primer semestre de 2026 conversó con autoridades de Transportes sobre un Plan Nacional de Retiro de Cables, iniciativa que, de acuerdo con lo señalado en la entrevista, deberá ser visada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. A su juicio, el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas es fundamental para mejorar el entorno urbano y evitar que la acumulación de cables fuera de uso continúe afectando a la ciudad. Seguridad pública: vecinos manifiestan preocupación por el tráfico de drogas En materia de seguridad, el concejal aseguró que las inquietudes expresadas por dirigentes vecinales han cambiado durante los últimos años. Según su experiencia en reuniones con organizaciones comunitarias, las preocupaciones que antes se centraban principalmente en ruidos molestos y problemas asociados a mascotas hoy incluyen con mayor frecuencia denuncias relacionadas con la presencia de drogas. Flores indicó que durante la semana anterior participó en encuentros con cuatro juntas de vecinos, instancias en las que recogió testimonios de residentes preocupados por el movimiento de vehículos y posibles actividades de venta de drogas en distintos sectores de Punta Arenas. El concejal precisó que no se trata de una situación circunscrita a un único barrio y manifestó que estas denuncias deben ser abordadas de manera coordinada por las instituciones con competencias en seguridad. El edil también manifestó inquietud por la presencia de jóvenes involucrados en peleas con armas blancas, como cuchillos y machetes, y por otras situaciones que, a su juicio, requieren mayor atención y coordinación de los organismos responsables. Municipio denuncia fiesta clandestina en Monteverde Bajo Durante la entrevista, Flores expuso antecedentes de una intervención realizada por funcionarios de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas en un domicilio del sector de Monteverde Bajo, donde, según indicó, se desarrollaba una fiesta clandestina con aproximadamente 50 personas. El concejal explicó que el equipo municipal acudió al lugar tras recibir una denuncia y solicitó a los asistentes que abandonaran el inmueble, advirtiendo que se recurriría a Carabineros si no lo hacían. Según su relato, la intervención se efectuó con personal municipal y sin presencia policial en ese momento. Flores cuestionó que este tipo de encuentros se promocionen sin contar, según sostuvo, con las condiciones de seguridad exigidas para recibir público, además de plantear inquietudes por eventuales actividades vinculadas al consumo y comercialización de alcohol y drogas. El concejal sostuvo que el municipio continuará denunciando este tipo de actividades y destacó la labor de los funcionarios de Seguridad Ciudadana, aunque reconoció que sus atribuciones son limitadas frente a determinadas situaciones. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones del Gobierno y los organismos que cuentan con facultades para intervenir. Flores añadió que, junto al alcalde y el equipo municipal, existe el compromiso de seguir fiscalizando y denunciando las situaciones detectadas, con el propósito de evitar que las fiestas clandestinas se trasladen de un sector a otro sin una respuesta coordinada. Control biométrico y registro de pasajeros: cuestiona demora en la implementación En el tramo final de la entrevista, el concejal se refirió a las medidas de control vinculadas al ingreso y desplazamiento de personas, particularmente al control biométrico y a la aplicación de la ley relacionada con el registro de pasajeros de las líneas aéreas. Flores indicó que ha seguido el avance del proceso de control biométrico a través de información entregada por el diputado Carlos Bianchi y el senador Karim Bianchi. Según comentó, la Contraloría había tomado razón del llamado a licitación correspondiente, por lo que el procedimiento se encontraba en una etapa previa a su implementación. El sistema, de acuerdo con lo señalado durante la conversación, considera su utilización en aeropuertos y terminales marítimos y terrestres. No obstante, el concejal expresó reparos por la demora en la aplicación de la normativa que obliga a las líneas aéreas a entregar el listado de pasajeros, pese a que, según indicó, la ley ya se encuentra vigente. El edil sostuvo que es necesario conocer las razones por las cuales la normativa aún no se aplica, al tiempo que valoró las gestiones realizadas para avanzar en el control biométrico.
El avance del plan regional de seguridad, el fortalecimiento de los operativos policiales, el control del tráfico de drogas, las incivilidades en Punta Arenas y las medidas para intervenir sectores afectados por delitos fueron parte de los temas abordados esta mañana por el seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En conversación con el espacio radial, la autoridad entregó un balance de las medidas impulsadas durante los últimos meses, detalló el trabajo coordinado entre las instituciones y se refirió a nuevas herramientas de prevención y fiscalización que buscan responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía. Plan regional de seguridad registra cerca de un 70% de cumplimiento Al comenzar la entrevista, López Rivas se refirió a la implementación del plan regional de seguridad, señalando que el trabajo ha avanzado desde la etapa de diagnóstico hacia la ejecución de medidas concretas, mediante operativos coordinados entre las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública. Según explicó, el plan contempla 36 hitos comprometidos ante el Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales ya se ha cumplido más del 60%, acercándose al 70%. “El plan está en curso de los principales hitos, tenemos 36 hitos que son están declarados al ministerio de seguridad, llevamos un poco más del 60% más cercano al 70% de cumplimiento, son operativos interagenciales dentro de las características que obviamente se requieren”, sostuvo. El seremi indicó que los resultados deben analizarse considerando tanto la ocurrencia de delitos como la capacidad de respuesta de las instituciones. En ese contexto, destacó los procedimientos asociados a la Ley 20.000 y las detenciones por porte de armas blancas, ámbitos en los que, según señaló, se han registrado incrementos en los resultados policiales. La autoridad planteó que estos antecedentes reflejan el trabajo de las policías y la importancia de mantener una coordinación permanente entre los organismos encargados de la prevención, fiscalización e investigación. Operativos Centauro y controles para prevenir el porte de armas blancas Otro de los puntos abordados fue el trabajo desarrollado por Carabineros, particularmente a través de la Sección Centauro, en controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares y despliegues focalizados en distintos barrios de la región. López Rivas señaló que los procedimientos han permitido aumentar las detenciones de personas que portan armas blancas, aunque precisó que los elementos incautados son diversos y que no existe un único tipo predominante que permita caracterizar todos los casos. A su juicio, la presencia policial y la continuidad de los controles también cumplen una función preventiva, al advertir que este tipo de conductas está siendo fiscalizado. En relación con las capacidades operativas, el seremi explicó que se está trabajando para reforzar los recursos de movilidad de Centauro, considerando el uso de vehículos y motocicletas, además de herramientas como drones, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y ampliar las posibilidades de intervención. La intención, sostuvo, es entregar mayor flexibilidad a los procedimientos y fortalecer la presencia policial en los sectores que requieran una mayor fiscalización. Coordinación interinstitucional para combatir el tráfico de drogas El combate al tráfico de drogas fue otro de los ejes centrales de la conversación. El seremi explicó que la estrategia regional contempla el intercambio de información y la coordinación de operativos entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y otras instituciones que contribuyen a las labores de control. En el ámbito investigativo, mencionó el trabajo de unidades especializadas de Carabineros y de la PDI orientadas a detectar el microtráfico en los barrios, junto con los controles destinados a impedir el ingreso de sustancias ilícitas a través de distintos medios de transporte. Entre las medidas destacadas se encuentran los controles en pasos fronterizos, el aeropuerto y los puntos de conexión marítima. En este último ámbito, la autoridad mencionó el trabajo coordinado entre la policía marítima y la PDI, además de las fiscalizaciones realizadas en distintos sectores de la región. También se refirió al uso de equipos de escáner para revisar equipajes y bultos, luego de un acuerdo que permite que Aduanas utilice la máquina de rayos X asignada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por el Gobierno Regional. López Rivas agregó que el trabajo conjunto ha permitido realizar procedimientos relacionados con drogas y contrabando, incluyendo decomisos de cigarrillos y determinadas resinas detectadas en controles fronterizos. Respecto de la conectividad marítima, señaló que la cooperación entre las instituciones es relevante para abordar las distintas modalidades utilizadas para trasladar sustancias ilícitas, especialmente en una región caracterizada por su amplia extensión territorial y la dispersión de sus localidades. Canes detectores y nuevas herramientas de fiscalización En el marco de los controles fronterizos y marítimos, el seremi también destacó la labor de los equipos caninos detectores de drogas y adelantó que se proyecta aumentar su cantidad durante 2027. Según explicó, estas herramientas complementan el trabajo de fiscalización realizado por las instituciones, permitiendo reforzar la detección de sustancias ilícitas en distintos puntos de ingreso y tránsito. “Los canes detectores son implacables y en ese sentido se va a aumentar la cantidad para el próximo año 2027”, señaló. La autoridad sostuvo que la estrategia no depende exclusivamente de una institución, sino de la articulación de capacidades operativas, técnicas y humanas. En ese sentido, valoró la colaboración de los equipos regionales y la integración de atribuciones para mejorar la detección de delitos. “Entonces hay que integrar capacidades y eso al integrar capacidades también tenemos la posibilidad. De respaldarnos legalmente con las distintas atribuciones de las instituciones y eso es relevante para llegar más más profundo y encontrar efectivamente el delito donde necesitamos tomarlo y que se realice el procedimiento de Justicia que corresponde”, afirmó. Violencia intrafamiliar, consumo de drogas e incivilidades Durante la entrevista, el seremi también abordó situaciones que afectan la convivencia y la seguridad en Punta Arenas, entre ellas la violencia intrafamiliar, los ruidos molestos, las conductas de conducción temeraria y el consumo de alcohol y drogas. Respecto de la violencia intrafamiliar, López Rivas indicó que los registros regionales muestran una disminución cercana a 73 casos, cifra que calificó como relevante por las personas que podrían no estar experimentando este tipo de violencia. La autoridad advirtió, sin embargo, que la reducción de los casos debe entenderse como parte de un esfuerzo más amplio, que involucra a distintas instituciones y áreas de intervención, como la prevención, la educación y el trabajo social. “Pero por otra parte muy preocupante, ha aumentado el consumo de droga y esto estos números son los que nos son una estimación, sino que se basan en las detenciones que ejecutan las policías. ¿Entonces es algo real, efectivo y que está ocurriendo en la en la ciudad”, sostuvo. El seremi recalcó que las labores de seguridad no pueden limitarse únicamente a la actuación policial, ya que requieren acciones preventivas y coordinadas entre distintos organismos públicos. En esa línea, señaló que la fiscalización debe mantenerse en los lugares donde los análisis y antecedentes disponibles permitan identificar necesidades concretas de intervención, junto con la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias y el respeto a los controles. Escudo Barrio intervendrá el centro de Punta Arenas Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la próxima implementación del programa Escudo Barrio en el centro de Punta Arenas, iniciativa que busca intervenir sectores identificados como focos de delitos mediante una combinación de fiscalización policial y acciones sociales. López Rivas explicó que las inquietudes planteadas por juntas de vecinos del sector céntrico fueron recogidas durante reuniones realizadas con las comunidades, antecedentes que permitieron avanzar en la definición de una intervención territorial. De acuerdo con lo expuesto durante la conversación, el área de intervención se proyecta desde calle Maipú hasta avenida Independencia, y desde la costanera hasta avenida España, con énfasis en puntos donde se concentran situaciones delictuales. El programa contempla una mayor presencia de las policías, fiscalizaciones y operativos, junto con acciones de prevención social y coordinación con los organismos encargados de la prevención del delito. La autoridad indicó que la propuesta busca responder a las preocupaciones expresadas por los residentes, especialmente en relación con los ruidos molestos, las peleas, las agresiones y otras situaciones que afectan la tranquilidad del sector céntrico. Asimismo, señaló que se han presentado antecedentes para impulsar iniciativas de intervención en Porvenir, en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el municipio, y que se evalúa la posibilidad de articular el programa Lazos en otras ciudades de la región. Calle Sin Violencia y patrullajes mixtos En materia de prevención y control territorial, López Rivas también se refirió al programa Calle Sin Violencia y al trabajo conjunto entre Carabineros y los equipos de seguridad municipal. La autoridad indicó que la estrategia contempla una mayor flexibilidad para adaptar las intervenciones a los lugares donde se detecte actividad delictual, en lugar de mantener un despliegue concentrado únicamente en un polígono fijo. El seremi también valoró la continuidad de las instancias de coordinación entre policías y seguridad municipal, destacando el aporte de los patrullajes mixtos como herramienta para fortalecer las labores preventivas en los barrios. En este contexto, señaló que las acciones de control deben sustentarse en antecedentes que permitan definir dónde se requieren mayores recursos y qué tipo de fiscalización resulta más adecuada para cada situación. Traslado de reos de alta peligrosidad y rol de Gendarmería Otro de los temas abordados fue el traslado de internos de alta peligrosidad a recintos penitenciarios de Magallanes, situación que ha generado preocupación entre autoridades regionales. Consultado por esta materia, López Rivas valoró que representantes de distintos sectores políticos y autoridades locales hayan manifestado inquietud frente al tema, señalando que existe coincidencia en la necesidad de revisar los criterios que se aplican al momento de decidir el destino de estos internos. El seremi destacó particularmente la propuesta de fortalecer la participación de Gendarmería en las decisiones, de manera que su evaluación técnica sea considerada al momento de determinar el traslado de imputados o condenados de alta peligrosidad entre establecimientos penitenciarios. “Eso refuerza la idea parlamentaria de legislar respecto a la potestad o la influencia que tiene la opinión de Gendarmería en las decisiones en la toma de decisiones para poder destinar a estos imputados o reos de alta peligrosidad por las distintas cárceles de Chile”, explicó. La autoridad sostuvo que la preocupación expresada en Magallanes se relaciona con la necesidad de que las decisiones de traslado consideren antecedentes técnicos y las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios. En ese sentido, afirmó que las posiciones planteadas por autoridades regionales y parlamentarios se alinean con la intención de avanzar en modificaciones que otorguen mayor relevancia a la opinión especializada de Gendarmería. Ley de flagrancia y fortalecimiento de las investigaciones policiales En el tramo final de la entrevista, el seremi abordó la implementación de herramientas relacionadas con la flagrancia y su impacto en el trabajo policial, especialmente en las primeras diligencias que permiten reunir antecedentes para investigar un delito. López Rivas destacó la importancia de ampliar las posibilidades de actuación de Carabineros en terreno, de manera que los funcionarios puedan recabar elementos relevantes para las investigaciones dentro de sus atribuciones legales. La autoridad también valoró el trabajo de coordinación entre las instituciones y la continuidad de los operativos de seguridad, señalando que estas herramientas pueden contribuir a fortalecer las intervenciones en los barrios. Análisis biométrico en el aeropuerto: implementación proyectada para 2027 Finalmente, López Rivas se refirió al sistema de análisis biométrico previsto para el aeropuerto de Punta Arenas, cuyo desarrollo se encuentra en proceso y que, según indicó, podría presentar avances durante julio de 2027. El seremi precisó que la iniciativa debe avanzar por etapas y que su implementación requiere completar los procedimientos correspondientes. Asimismo, llamó a la comunidad a tener paciencia frente a los controles de seguridad, incluyendo las revisiones que pueden extender los tiempos de tránsito en el aeropuerto. La autoridad sostuvo que estas medidas, al igual que los controles de identidad y las fiscalizaciones vehiculares, forman parte de una estrategia que busca dificultar la comisión de delitos y reducir los riesgos para la población.
Fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia, mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y avanzar en mayor seguridad para las familias son parte de las prioridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En este contexto, el seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó dos avances legislativos recientes: la promulgación de la Ley de Flagrancia y la aprobación en el Congreso del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). La autoridad señaló que estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad pública, tanto mediante nuevas herramientas para las primeras diligencias investigativas como a través de criterios que regulen el uso de la fuerza. En Magallanes, estas materias adquieren especial relevancia debido a la extensión del territorio, las distancias entre localidades y las condiciones particulares de las operaciones marítimas. “Como Gobierno estamos avanzando en medidas que buscan fortalecer la seguridad y entregar herramientas concretas a las instituciones encargadas de enfrentar la delincuencia. En una región como Magallanes, donde tenemos localidades alejadas y un territorio marítimo de gran extensión, es importante que la legislación considere las particularidades de nuestro territorio y permita desarrollar las investigaciones dentro de un marco legal claro”, señaló el seremi Ángel Roa. Ley de Flagrancia: hasta 48 horas para la Autoridad Marítima El 6 de octubre fue promulgada la Ley N.º 21.845, que modifica el Código Procesal Penal y amplía el plazo máximo para considerar una situación dentro de las hipótesis de flagrancia. La normativa fue publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre. La ley amplía de 12 a 24 horas el plazo considerado para las detenciones practicadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso de la Autoridad Marítima, cuando actúa en el ejercicio de funciones de Policía Marítima, el plazo se amplía de 12 a un máximo de 48 horas, conforme a las condiciones que establece la normativa. La modificación busca facilitar las primeras diligencias investigativas y la detención de presuntos responsables cuando existen antecedentes que permiten vincularlos con un delito. Entre las herramientas contempladas se encuentra la posibilidad de solicitar directamente la entrega voluntaria de registros audiovisuales a propietarios o encargados de sistemas de televigilancia, así como obtener determinados antecedentes de georreferenciación, bajo las condiciones previstas en la ley. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este cambio resulta particularmente relevante por las características geográficas del territorio, la presencia de canales y fiordos, las extensas zonas marítimas y las distancias entre localidades. Estas condiciones plantean desafíos específicos para las diligencias y operaciones que desarrolla la Autoridad Marítima. “En Magallanes, el mar es parte fundamental de nuestro territorio y de la conectividad entre distintas localidades. Por eso, la ampliación del plazo de flagrancia para la Autoridad Marítima es un aspecto relevante: reconoce las particularidades de las operaciones marítimas y entrega un marco legal que considera los tiempos que pueden requerir las diligencias en estos sectores”, sostuvo Roa. La autoridad precisó que la ampliación del plazo no constituye una autorización general para detener personas durante ese período, sino que se aplica a las hipótesis de flagrancia y bajo las condiciones establecidas en la legislación vigente. Reglas de Uso de la Fuerza: criterios para la actuación de policías y Fuerzas Armadas Otro de los avances corresponde al proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza. El 7 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaron el informe de la Comisión Mixta, con lo que concluyó su tramitación en el Congreso y quedó en condiciones de ser promulgado. La iniciativa establece normas generales sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias previstas en la normativa, como el resguardo del orden público, la protección de recintos militares y las situaciones de seguridad pública interior que correspondan. El proyecto contempla principios y criterios para orientar la actuación de los funcionarios, entre ellos la necesidad, proporcionalidad y diferenciación, además de establecer parámetros para el escalamiento del uso de la fuerza y los deberes asociados a su aplicación. El objetivo es contar con reglas que entreguen claridad a quienes deben cumplir funciones de seguridad y permitan conocer el marco que rige sus actuaciones, resguardando el cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales. Al respecto, el seremi de Gobierno indicó que “contar con reglas claras para el uso de la fuerza es importante tanto para los funcionarios que cumplen labores de seguridad como para la ciudadanía. La actuación de las instituciones debe desarrollarse conforme a la ley, con criterios definidos y responsabilidades claras”. Finalmente, Roa señaló que estos avances forman parte del trabajo del Gobierno para fortalecer la seguridad pública y responder a las necesidades de las familias, considerando las particularidades de cada territorio. “Las necesidades de Magallanes requieren respuestas que consideren nuestra realidad regional. Fortalecer las herramientas para investigar los delitos y establecer reglas claras para la actuación de las instituciones son parte de los desafíos para avanzar en seguridad y contribuir a que las familias puedan desarrollar su vida cotidiana con mayor tranquilidad”, concluyó.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto frente a las principales problemáticas de seguridad de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas constituyó el Comité de Coordinación Operativa, instancia establecida en la Ley 21.802 de Seguridad Municipal que busca articular el trabajo entre el municipio, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. La primera sesión permitió avanzar en la puesta en marcha de este comité, identificar las principales problemáticas de seguridad comunal y definir prioridades para el trabajo coordinado. De acuerdo con la normativa, la instancia sesionará mensualmente y estará orientada a impulsar acciones concretas y visibles, en concordancia con los lineamientos del Plan Comunal de Seguridad Pública. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la creación de este espacio, aunque advirtió que aún se requiere la publicación de los reglamentos que permitirán precisar las nuevas atribuciones contempladas en la ley. Es parte de una ley nueva que costó bastante tiempo, pero que todavía no cuenta con sus reglamentos. Estamos a la espera de conocer cuáles serán las facultades, porque no sacamos nada con estar conversando en una mesa sobre los problemas de la ciudad si después no hay acciones en la calle. Esperamos que este cambio sea positivo y nos permita trabajar de manera más operativa, señaló. El jefe comunal agregó que una de las prioridades abordadas fue la violencia intrafamiliar (VIF), problemática que, según indicó, en Punta Arenas suele estar asociada al consumo de alcohol y al uso de armas blancas. En ese contexto, el edil planteó la necesidad de avanzar en la identificación de patrones y la georreferenciación de las denuncias para focalizar de mejor manera las intervenciones. Estamos buscando perfilar a las víctimas, que generalmente son mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años, y georreferenciar las denuncias para intervenir de forma más eficaz en los lugares donde se concentran estos llamados. Para eso necesitamos la colaboración de Carabineros, la PDI, la Fiscalía y también de los tribunales, porque la información no está reunida en un solo espacio, explicó. Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, destacó que la nueva normativa incorpora a los municipios de manera más directa en las labores operativas de prevención y persecución del delito. Esta instancia nos permite conocer y compartir estadísticas de la Municipalidad, Carabineros y la Policía de Investigaciones, complementando el trabajo que ya desarrollamos mediante las patrullas mixtas. Es un primer hito en la implementación de la ley, que también contempla cambios importantes en el Plan Comunal de Seguridad Pública, indicó. Sanhueza recordó que la comuna mantiene cinco prioridades en materia de seguridad: violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, incivilidades, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y ruidos molestos, estos últimos incorporados debido a la frecuencia de los llamados que reciben las líneas municipales 800 800 134 y Carabineros. Asimismo, el funcionario municipal precisó que las nuevas atribuciones para los inspectores municipales, incluidos el uso de elementos de defensa menos letales, requieren de reglamentos que aún están pendientes. Su implementación también implicará inversiones en equipamiento y capacitación del personal. Desde el Ministerio Público, el fiscal local subrogante de Punta Arenas, Fernando Dobson, valoró la coordinación entre las instituciones para mejorar la prevención y la persecución penal. Es fundamental la coordinación entre quienes estamos abocados a la persecución de los delitos y, en definitiva, a brindar mayor seguridad a los habitantes de la comuna. Hemos observado reiteradamente casos de violencia intrafamiliar y delitos asociados a la violencia de género, donde también aparece el consumo de alcohol como un factor relevante. Todo esfuerzo conjunto para prevenir y evitar estos hechos es importante, sostuvo. En tanto, el mayor Sergio Castellón, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros, señaló que el comité permitirá abordar de manera coordinada las distintas problemáticas de la comuna, con especial atención a la violencia intrafamiliar. Además, el efectivo policial destacó que, mientras se publican los reglamentos de la nueva ley, continuarán trabajando con el municipio mediante el intercambio de información, las patrullas mixtas y los programas de apoyo a víctimas, con el propósito de responder oportunamente a los requerimientos de la comunidad.
Entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, se desarrolló en Punta Arenas una capacitación dirigida a los integrantes de las patrullas mixtas suscritas al convenio OS14 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia orientada a fortalecer sus competencias y mejorar la coordinación en materia de seguridad pública. La jornada contó con la participación de una comisión del Departamento Nacional OS14 de Carabineros de Chile, encabezada por su jefa, la mayor Mariela Boitano, quienes durante cinco días impartieron conocimientos en materias como normativa vigente y nueva legislación sobre seguridad municipal, Derechos Humanos, técnicas y tácticas de detención, primeros auxilios, manejo de emergencias, sistema de comando de incidentes, normativa de tránsito y conducción, entre otras áreas de interés. La actividad se realizó en el salón de la Biblioteca Municipal de Punta Arenas y reunió a 27 participantes: 18 inspectores municipales de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, Porvenir, Primavera y Cabo de Hornos, además de nueve carabineros que cumplen funciones en servicios de patrullas mixtas. Esta capacitación reafirma el compromiso de Carabineros de Chile y de los municipios de la región por fortalecer el trabajo colaborativo, la coordinación operativa y las capacidades de sus funcionarios, contribuyendo a una labor preventiva más eficiente y a una mayor seguridad para las comunidades de Magallanes.
La demora en proyectos de infraestructura, la seguridad pública y las dificultades de coordinación para responder a distintas problemáticas de Punta Arenas fueron parte de los temas abordados esta mañana por el concejal de la comuna, Germán Flores Mora, en una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante la conversación, la autoridad comunal se refirió a la necesidad de anticiparse a las emergencias climáticas, cuestionó los plazos proyectados para mejorar uno de los cruces viales más conflictivos de la ciudad y expuso las preocupaciones que, según señaló, ha recogido en reuniones con juntas de vecinos. También abordó las fiestas clandestinas detectadas por equipos municipales y el estado de implementación de medidas de control de pasajeros y control biométrico. Río de las Minas: llamado a avanzar en los diseños de nuevos puentes A propósito de las recientes alertas preventivas relacionadas con el monitoreo del río de las Minas, Flores sostuvo que la comuna necesita avanzar en medidas preventivas y no esperar a que se produzca una nueva emergencia para actuar. El concejal planteó la importancia de contar con los diseños de los puentes de calle Centeno y calle O'Higgins, con el objetivo de gestionar los recursos necesarios y avanzar hacia una infraestructura que permita enfrentar de mejor manera eventuales crecidas y desbordes. “Sí, lo que lo que pasa que es muy importante señalar de que aquí nosotros no podemos estar reaccionando porque aquí nosotros siempre reaccionamos cuando hay una emergencia, cuando hay una situación reaccionamos y ahí lo ponemos todas las pilas y decimos, bueno, hay que hacer esto. Efectivamente yo creo que no debe pasar mucho tiempo. Para tener el diseño del puente de calle zenteno, el diseño del puente de calle ohiggins y esos ya empezar entonces ya a buscar los recursos correspondientes y a diseñar, como digo, los diseños de estos puentes y definitivamente cambiarlos para así tener mayor tranquilidad”, manifestó. Flores recordó que vivió directamente la emergencia de 2012 desde su labor como periodista y corresponsal de Radio Bío Bío en Magallanes, experiencia que, a su juicio, refuerza la necesidad de actuar anticipadamente. El concejal agregó que las situaciones de riesgo requieren planificación y continuidad en las gestiones, para que las obras no queden postergadas hasta que ocurra un nuevo episodio crítico. “Cruce de la muerte”: concejal cuestiona que la rotonda pueda tardar ocho años Uno de los principales cuestionamientos de Flores estuvo dirigido a los plazos que, según indicó, se manejan para concretar una solución definitiva en el denominado “cruce de la muerte”, punto vial que concentra preocupación por los riesgos de accidentes y las dificultades de circulación. El concejal recordó que en 2017 se presentó un proyecto de vía elevada que posteriormente fue descartado. Más adelante, el municipio solicitó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un estudio para evaluar la instalación de semáforos transitorios mientras se definía una alternativa definitiva. Según relató, el estudio estableció la factibilidad de instalar semáforos, pero durante una visita realizada en mayo de 2026 se informó que la solución considerada sería la construcción de una rotonda, cuyo plazo de ejecución se proyectaría aproximadamente para 2034. “Pero cuando a ti te dicen perfecto, vamos a hacer una rotonda, pero esa rotonda va a estar el año 2034 aproximadamente en 8 años más, ahí sí que tú dices ya, pero. ¿Que vas a esperar 8 años más para tener una rotonda en la solución, teniendo la posibilidad de instalar semáforo transitorio y tratar de evitar los accidentes?”, cuestionó. Flores aclaró que los semáforos no representarían necesariamente una solución definitiva ni eliminarían por completo los accidentes, pero podrían contribuir a mejorar las condiciones de seguridad mientras se desarrolla una obra de mayor envergadura. En ese contexto, llamó a la Dirección de Vialidad y al Ministerio de Obras Públicas a evaluar medidas inmediatas para responder a la demanda ciudadana. El concejal estimó que la instalación de los semáforos podría requerir entre seis y ocho meses de obras, con un costo aproximado de $1.500 millones, frente a los cerca de $16 mil millones que, según señaló, costaría la rotonda proyectada. También advirtió sobre el crecimiento del parque automotor de Punta Arenas, que cifró en alrededor de 80 mil vehículos registrados, con un aumento anual de aproximadamente cinco mil unidades. A su juicio, esta tendencia hace aún más urgente encontrar una solución que responda a las necesidades actuales y futuras de circulación. Retiro de cables en desuso: denuncia falta de avances Otro de los asuntos abordados fue el retiro de cables en desuso que permanecen instalados en distintos sectores de Punta Arenas, incluidos el centro de la ciudad y diversas poblaciones. Flores señaló que ha realizado gestiones sobre esta materia desde que asumió como concejal, incluyendo reuniones con empresas responsables y acciones de difusión junto a medios de comunicación para visibilizar el problema. Según explicó, durante 2019 las empresas se comprometieron a abordar el retiro de estos elementos, pero posteriormente argumentaron que faltaba el reglamento necesario para aplicar la normativa correspondiente. El concejal indicó que, pese a la entrada en vigencia de las disposiciones y su reglamento en 2025, todavía no observa avances concretos en terreno. Flores sostuvo que durante el primer semestre de 2026 conversó con autoridades de Transportes sobre un Plan Nacional de Retiro de Cables, iniciativa que, de acuerdo con lo señalado en la entrevista, deberá ser visada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. A su juicio, el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas es fundamental para mejorar el entorno urbano y evitar que la acumulación de cables fuera de uso continúe afectando a la ciudad. Seguridad pública: vecinos manifiestan preocupación por el tráfico de drogas En materia de seguridad, el concejal aseguró que las inquietudes expresadas por dirigentes vecinales han cambiado durante los últimos años. Según su experiencia en reuniones con organizaciones comunitarias, las preocupaciones que antes se centraban principalmente en ruidos molestos y problemas asociados a mascotas hoy incluyen con mayor frecuencia denuncias relacionadas con la presencia de drogas. Flores indicó que durante la semana anterior participó en encuentros con cuatro juntas de vecinos, instancias en las que recogió testimonios de residentes preocupados por el movimiento de vehículos y posibles actividades de venta de drogas en distintos sectores de Punta Arenas. El concejal precisó que no se trata de una situación circunscrita a un único barrio y manifestó que estas denuncias deben ser abordadas de manera coordinada por las instituciones con competencias en seguridad. El edil también manifestó inquietud por la presencia de jóvenes involucrados en peleas con armas blancas, como cuchillos y machetes, y por otras situaciones que, a su juicio, requieren mayor atención y coordinación de los organismos responsables. Municipio denuncia fiesta clandestina en Monteverde Bajo Durante la entrevista, Flores expuso antecedentes de una intervención realizada por funcionarios de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas en un domicilio del sector de Monteverde Bajo, donde, según indicó, se desarrollaba una fiesta clandestina con aproximadamente 50 personas. El concejal explicó que el equipo municipal acudió al lugar tras recibir una denuncia y solicitó a los asistentes que abandonaran el inmueble, advirtiendo que se recurriría a Carabineros si no lo hacían. Según su relato, la intervención se efectuó con personal municipal y sin presencia policial en ese momento. Flores cuestionó que este tipo de encuentros se promocionen sin contar, según sostuvo, con las condiciones de seguridad exigidas para recibir público, además de plantear inquietudes por eventuales actividades vinculadas al consumo y comercialización de alcohol y drogas. El concejal sostuvo que el municipio continuará denunciando este tipo de actividades y destacó la labor de los funcionarios de Seguridad Ciudadana, aunque reconoció que sus atribuciones son limitadas frente a determinadas situaciones. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones del Gobierno y los organismos que cuentan con facultades para intervenir. Flores añadió que, junto al alcalde y el equipo municipal, existe el compromiso de seguir fiscalizando y denunciando las situaciones detectadas, con el propósito de evitar que las fiestas clandestinas se trasladen de un sector a otro sin una respuesta coordinada. Control biométrico y registro de pasajeros: cuestiona demora en la implementación En el tramo final de la entrevista, el concejal se refirió a las medidas de control vinculadas al ingreso y desplazamiento de personas, particularmente al control biométrico y a la aplicación de la ley relacionada con el registro de pasajeros de las líneas aéreas. Flores indicó que ha seguido el avance del proceso de control biométrico a través de información entregada por el diputado Carlos Bianchi y el senador Karim Bianchi. Según comentó, la Contraloría había tomado razón del llamado a licitación correspondiente, por lo que el procedimiento se encontraba en una etapa previa a su implementación. El sistema, de acuerdo con lo señalado durante la conversación, considera su utilización en aeropuertos y terminales marítimos y terrestres. No obstante, el concejal expresó reparos por la demora en la aplicación de la normativa que obliga a las líneas aéreas a entregar el listado de pasajeros, pese a que, según indicó, la ley ya se encuentra vigente. El edil sostuvo que es necesario conocer las razones por las cuales la normativa aún no se aplica, al tiempo que valoró las gestiones realizadas para avanzar en el control biométrico.
El avance del plan regional de seguridad, el fortalecimiento de los operativos policiales, el control del tráfico de drogas, las incivilidades en Punta Arenas y las medidas para intervenir sectores afectados por delitos fueron parte de los temas abordados esta mañana por el seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En conversación con el espacio radial, la autoridad entregó un balance de las medidas impulsadas durante los últimos meses, detalló el trabajo coordinado entre las instituciones y se refirió a nuevas herramientas de prevención y fiscalización que buscan responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía. Plan regional de seguridad registra cerca de un 70% de cumplimiento Al comenzar la entrevista, López Rivas se refirió a la implementación del plan regional de seguridad, señalando que el trabajo ha avanzado desde la etapa de diagnóstico hacia la ejecución de medidas concretas, mediante operativos coordinados entre las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública. Según explicó, el plan contempla 36 hitos comprometidos ante el Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales ya se ha cumplido más del 60%, acercándose al 70%. “El plan está en curso de los principales hitos, tenemos 36 hitos que son están declarados al ministerio de seguridad, llevamos un poco más del 60% más cercano al 70% de cumplimiento, son operativos interagenciales dentro de las características que obviamente se requieren”, sostuvo. El seremi indicó que los resultados deben analizarse considerando tanto la ocurrencia de delitos como la capacidad de respuesta de las instituciones. En ese contexto, destacó los procedimientos asociados a la Ley 20.000 y las detenciones por porte de armas blancas, ámbitos en los que, según señaló, se han registrado incrementos en los resultados policiales. La autoridad planteó que estos antecedentes reflejan el trabajo de las policías y la importancia de mantener una coordinación permanente entre los organismos encargados de la prevención, fiscalización e investigación. Operativos Centauro y controles para prevenir el porte de armas blancas Otro de los puntos abordados fue el trabajo desarrollado por Carabineros, particularmente a través de la Sección Centauro, en controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares y despliegues focalizados en distintos barrios de la región. López Rivas señaló que los procedimientos han permitido aumentar las detenciones de personas que portan armas blancas, aunque precisó que los elementos incautados son diversos y que no existe un único tipo predominante que permita caracterizar todos los casos. A su juicio, la presencia policial y la continuidad de los controles también cumplen una función preventiva, al advertir que este tipo de conductas está siendo fiscalizado. En relación con las capacidades operativas, el seremi explicó que se está trabajando para reforzar los recursos de movilidad de Centauro, considerando el uso de vehículos y motocicletas, además de herramientas como drones, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y ampliar las posibilidades de intervención. La intención, sostuvo, es entregar mayor flexibilidad a los procedimientos y fortalecer la presencia policial en los sectores que requieran una mayor fiscalización. Coordinación interinstitucional para combatir el tráfico de drogas El combate al tráfico de drogas fue otro de los ejes centrales de la conversación. El seremi explicó que la estrategia regional contempla el intercambio de información y la coordinación de operativos entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y otras instituciones que contribuyen a las labores de control. En el ámbito investigativo, mencionó el trabajo de unidades especializadas de Carabineros y de la PDI orientadas a detectar el microtráfico en los barrios, junto con los controles destinados a impedir el ingreso de sustancias ilícitas a través de distintos medios de transporte. Entre las medidas destacadas se encuentran los controles en pasos fronterizos, el aeropuerto y los puntos de conexión marítima. En este último ámbito, la autoridad mencionó el trabajo coordinado entre la policía marítima y la PDI, además de las fiscalizaciones realizadas en distintos sectores de la región. También se refirió al uso de equipos de escáner para revisar equipajes y bultos, luego de un acuerdo que permite que Aduanas utilice la máquina de rayos X asignada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por el Gobierno Regional. López Rivas agregó que el trabajo conjunto ha permitido realizar procedimientos relacionados con drogas y contrabando, incluyendo decomisos de cigarrillos y determinadas resinas detectadas en controles fronterizos. Respecto de la conectividad marítima, señaló que la cooperación entre las instituciones es relevante para abordar las distintas modalidades utilizadas para trasladar sustancias ilícitas, especialmente en una región caracterizada por su amplia extensión territorial y la dispersión de sus localidades. Canes detectores y nuevas herramientas de fiscalización En el marco de los controles fronterizos y marítimos, el seremi también destacó la labor de los equipos caninos detectores de drogas y adelantó que se proyecta aumentar su cantidad durante 2027. Según explicó, estas herramientas complementan el trabajo de fiscalización realizado por las instituciones, permitiendo reforzar la detección de sustancias ilícitas en distintos puntos de ingreso y tránsito. “Los canes detectores son implacables y en ese sentido se va a aumentar la cantidad para el próximo año 2027”, señaló. La autoridad sostuvo que la estrategia no depende exclusivamente de una institución, sino de la articulación de capacidades operativas, técnicas y humanas. En ese sentido, valoró la colaboración de los equipos regionales y la integración de atribuciones para mejorar la detección de delitos. “Entonces hay que integrar capacidades y eso al integrar capacidades también tenemos la posibilidad. De respaldarnos legalmente con las distintas atribuciones de las instituciones y eso es relevante para llegar más más profundo y encontrar efectivamente el delito donde necesitamos tomarlo y que se realice el procedimiento de Justicia que corresponde”, afirmó. Violencia intrafamiliar, consumo de drogas e incivilidades Durante la entrevista, el seremi también abordó situaciones que afectan la convivencia y la seguridad en Punta Arenas, entre ellas la violencia intrafamiliar, los ruidos molestos, las conductas de conducción temeraria y el consumo de alcohol y drogas. Respecto de la violencia intrafamiliar, López Rivas indicó que los registros regionales muestran una disminución cercana a 73 casos, cifra que calificó como relevante por las personas que podrían no estar experimentando este tipo de violencia. La autoridad advirtió, sin embargo, que la reducción de los casos debe entenderse como parte de un esfuerzo más amplio, que involucra a distintas instituciones y áreas de intervención, como la prevención, la educación y el trabajo social. “Pero por otra parte muy preocupante, ha aumentado el consumo de droga y esto estos números son los que nos son una estimación, sino que se basan en las detenciones que ejecutan las policías. ¿Entonces es algo real, efectivo y que está ocurriendo en la en la ciudad”, sostuvo. El seremi recalcó que las labores de seguridad no pueden limitarse únicamente a la actuación policial, ya que requieren acciones preventivas y coordinadas entre distintos organismos públicos. En esa línea, señaló que la fiscalización debe mantenerse en los lugares donde los análisis y antecedentes disponibles permitan identificar necesidades concretas de intervención, junto con la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias y el respeto a los controles. Escudo Barrio intervendrá el centro de Punta Arenas Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la próxima implementación del programa Escudo Barrio en el centro de Punta Arenas, iniciativa que busca intervenir sectores identificados como focos de delitos mediante una combinación de fiscalización policial y acciones sociales. López Rivas explicó que las inquietudes planteadas por juntas de vecinos del sector céntrico fueron recogidas durante reuniones realizadas con las comunidades, antecedentes que permitieron avanzar en la definición de una intervención territorial. De acuerdo con lo expuesto durante la conversación, el área de intervención se proyecta desde calle Maipú hasta avenida Independencia, y desde la costanera hasta avenida España, con énfasis en puntos donde se concentran situaciones delictuales. El programa contempla una mayor presencia de las policías, fiscalizaciones y operativos, junto con acciones de prevención social y coordinación con los organismos encargados de la prevención del delito. La autoridad indicó que la propuesta busca responder a las preocupaciones expresadas por los residentes, especialmente en relación con los ruidos molestos, las peleas, las agresiones y otras situaciones que afectan la tranquilidad del sector céntrico. Asimismo, señaló que se han presentado antecedentes para impulsar iniciativas de intervención en Porvenir, en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el municipio, y que se evalúa la posibilidad de articular el programa Lazos en otras ciudades de la región. Calle Sin Violencia y patrullajes mixtos En materia de prevención y control territorial, López Rivas también se refirió al programa Calle Sin Violencia y al trabajo conjunto entre Carabineros y los equipos de seguridad municipal. La autoridad indicó que la estrategia contempla una mayor flexibilidad para adaptar las intervenciones a los lugares donde se detecte actividad delictual, en lugar de mantener un despliegue concentrado únicamente en un polígono fijo. El seremi también valoró la continuidad de las instancias de coordinación entre policías y seguridad municipal, destacando el aporte de los patrullajes mixtos como herramienta para fortalecer las labores preventivas en los barrios. En este contexto, señaló que las acciones de control deben sustentarse en antecedentes que permitan definir dónde se requieren mayores recursos y qué tipo de fiscalización resulta más adecuada para cada situación. Traslado de reos de alta peligrosidad y rol de Gendarmería Otro de los temas abordados fue el traslado de internos de alta peligrosidad a recintos penitenciarios de Magallanes, situación que ha generado preocupación entre autoridades regionales. Consultado por esta materia, López Rivas valoró que representantes de distintos sectores políticos y autoridades locales hayan manifestado inquietud frente al tema, señalando que existe coincidencia en la necesidad de revisar los criterios que se aplican al momento de decidir el destino de estos internos. El seremi destacó particularmente la propuesta de fortalecer la participación de Gendarmería en las decisiones, de manera que su evaluación técnica sea considerada al momento de determinar el traslado de imputados o condenados de alta peligrosidad entre establecimientos penitenciarios. “Eso refuerza la idea parlamentaria de legislar respecto a la potestad o la influencia que tiene la opinión de Gendarmería en las decisiones en la toma de decisiones para poder destinar a estos imputados o reos de alta peligrosidad por las distintas cárceles de Chile”, explicó. La autoridad sostuvo que la preocupación expresada en Magallanes se relaciona con la necesidad de que las decisiones de traslado consideren antecedentes técnicos y las condiciones de seguridad de los recintos penitenciarios. En ese sentido, afirmó que las posiciones planteadas por autoridades regionales y parlamentarios se alinean con la intención de avanzar en modificaciones que otorguen mayor relevancia a la opinión especializada de Gendarmería. Ley de flagrancia y fortalecimiento de las investigaciones policiales En el tramo final de la entrevista, el seremi abordó la implementación de herramientas relacionadas con la flagrancia y su impacto en el trabajo policial, especialmente en las primeras diligencias que permiten reunir antecedentes para investigar un delito. López Rivas destacó la importancia de ampliar las posibilidades de actuación de Carabineros en terreno, de manera que los funcionarios puedan recabar elementos relevantes para las investigaciones dentro de sus atribuciones legales. La autoridad también valoró el trabajo de coordinación entre las instituciones y la continuidad de los operativos de seguridad, señalando que estas herramientas pueden contribuir a fortalecer las intervenciones en los barrios. Análisis biométrico en el aeropuerto: implementación proyectada para 2027 Finalmente, López Rivas se refirió al sistema de análisis biométrico previsto para el aeropuerto de Punta Arenas, cuyo desarrollo se encuentra en proceso y que, según indicó, podría presentar avances durante julio de 2027. El seremi precisó que la iniciativa debe avanzar por etapas y que su implementación requiere completar los procedimientos correspondientes. Asimismo, llamó a la comunidad a tener paciencia frente a los controles de seguridad, incluyendo las revisiones que pueden extender los tiempos de tránsito en el aeropuerto. La autoridad sostuvo que estas medidas, al igual que los controles de identidad y las fiscalizaciones vehiculares, forman parte de una estrategia que busca dificultar la comisión de delitos y reducir los riesgos para la población.
Fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia, mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y avanzar en mayor seguridad para las familias son parte de las prioridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En este contexto, el seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó dos avances legislativos recientes: la promulgación de la Ley de Flagrancia y la aprobación en el Congreso del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). La autoridad señaló que estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad pública, tanto mediante nuevas herramientas para las primeras diligencias investigativas como a través de criterios que regulen el uso de la fuerza. En Magallanes, estas materias adquieren especial relevancia debido a la extensión del territorio, las distancias entre localidades y las condiciones particulares de las operaciones marítimas. “Como Gobierno estamos avanzando en medidas que buscan fortalecer la seguridad y entregar herramientas concretas a las instituciones encargadas de enfrentar la delincuencia. En una región como Magallanes, donde tenemos localidades alejadas y un territorio marítimo de gran extensión, es importante que la legislación considere las particularidades de nuestro territorio y permita desarrollar las investigaciones dentro de un marco legal claro”, señaló el seremi Ángel Roa. Ley de Flagrancia: hasta 48 horas para la Autoridad Marítima El 6 de octubre fue promulgada la Ley N.º 21.845, que modifica el Código Procesal Penal y amplía el plazo máximo para considerar una situación dentro de las hipótesis de flagrancia. La normativa fue publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre. La ley amplía de 12 a 24 horas el plazo considerado para las detenciones practicadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso de la Autoridad Marítima, cuando actúa en el ejercicio de funciones de Policía Marítima, el plazo se amplía de 12 a un máximo de 48 horas, conforme a las condiciones que establece la normativa. La modificación busca facilitar las primeras diligencias investigativas y la detención de presuntos responsables cuando existen antecedentes que permiten vincularlos con un delito. Entre las herramientas contempladas se encuentra la posibilidad de solicitar directamente la entrega voluntaria de registros audiovisuales a propietarios o encargados de sistemas de televigilancia, así como obtener determinados antecedentes de georreferenciación, bajo las condiciones previstas en la ley. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este cambio resulta particularmente relevante por las características geográficas del territorio, la presencia de canales y fiordos, las extensas zonas marítimas y las distancias entre localidades. Estas condiciones plantean desafíos específicos para las diligencias y operaciones que desarrolla la Autoridad Marítima. “En Magallanes, el mar es parte fundamental de nuestro territorio y de la conectividad entre distintas localidades. Por eso, la ampliación del plazo de flagrancia para la Autoridad Marítima es un aspecto relevante: reconoce las particularidades de las operaciones marítimas y entrega un marco legal que considera los tiempos que pueden requerir las diligencias en estos sectores”, sostuvo Roa. La autoridad precisó que la ampliación del plazo no constituye una autorización general para detener personas durante ese período, sino que se aplica a las hipótesis de flagrancia y bajo las condiciones establecidas en la legislación vigente. Reglas de Uso de la Fuerza: criterios para la actuación de policías y Fuerzas Armadas Otro de los avances corresponde al proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza. El 7 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaron el informe de la Comisión Mixta, con lo que concluyó su tramitación en el Congreso y quedó en condiciones de ser promulgado. La iniciativa establece normas generales sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias previstas en la normativa, como el resguardo del orden público, la protección de recintos militares y las situaciones de seguridad pública interior que correspondan. El proyecto contempla principios y criterios para orientar la actuación de los funcionarios, entre ellos la necesidad, proporcionalidad y diferenciación, además de establecer parámetros para el escalamiento del uso de la fuerza y los deberes asociados a su aplicación. El objetivo es contar con reglas que entreguen claridad a quienes deben cumplir funciones de seguridad y permitan conocer el marco que rige sus actuaciones, resguardando el cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales. Al respecto, el seremi de Gobierno indicó que “contar con reglas claras para el uso de la fuerza es importante tanto para los funcionarios que cumplen labores de seguridad como para la ciudadanía. La actuación de las instituciones debe desarrollarse conforme a la ley, con criterios definidos y responsabilidades claras”. Finalmente, Roa señaló que estos avances forman parte del trabajo del Gobierno para fortalecer la seguridad pública y responder a las necesidades de las familias, considerando las particularidades de cada territorio. “Las necesidades de Magallanes requieren respuestas que consideren nuestra realidad regional. Fortalecer las herramientas para investigar los delitos y establecer reglas claras para la actuación de las instituciones son parte de los desafíos para avanzar en seguridad y contribuir a que las familias puedan desarrollar su vida cotidiana con mayor tranquilidad”, concluyó.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto frente a las principales problemáticas de seguridad de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas constituyó el Comité de Coordinación Operativa, instancia establecida en la Ley 21.802 de Seguridad Municipal que busca articular el trabajo entre el municipio, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. La primera sesión permitió avanzar en la puesta en marcha de este comité, identificar las principales problemáticas de seguridad comunal y definir prioridades para el trabajo coordinado. De acuerdo con la normativa, la instancia sesionará mensualmente y estará orientada a impulsar acciones concretas y visibles, en concordancia con los lineamientos del Plan Comunal de Seguridad Pública. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la creación de este espacio, aunque advirtió que aún se requiere la publicación de los reglamentos que permitirán precisar las nuevas atribuciones contempladas en la ley. Es parte de una ley nueva que costó bastante tiempo, pero que todavía no cuenta con sus reglamentos. Estamos a la espera de conocer cuáles serán las facultades, porque no sacamos nada con estar conversando en una mesa sobre los problemas de la ciudad si después no hay acciones en la calle. Esperamos que este cambio sea positivo y nos permita trabajar de manera más operativa, señaló. El jefe comunal agregó que una de las prioridades abordadas fue la violencia intrafamiliar (VIF), problemática que, según indicó, en Punta Arenas suele estar asociada al consumo de alcohol y al uso de armas blancas. En ese contexto, el edil planteó la necesidad de avanzar en la identificación de patrones y la georreferenciación de las denuncias para focalizar de mejor manera las intervenciones. Estamos buscando perfilar a las víctimas, que generalmente son mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años, y georreferenciar las denuncias para intervenir de forma más eficaz en los lugares donde se concentran estos llamados. Para eso necesitamos la colaboración de Carabineros, la PDI, la Fiscalía y también de los tribunales, porque la información no está reunida en un solo espacio, explicó. Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, destacó que la nueva normativa incorpora a los municipios de manera más directa en las labores operativas de prevención y persecución del delito. Esta instancia nos permite conocer y compartir estadísticas de la Municipalidad, Carabineros y la Policía de Investigaciones, complementando el trabajo que ya desarrollamos mediante las patrullas mixtas. Es un primer hito en la implementación de la ley, que también contempla cambios importantes en el Plan Comunal de Seguridad Pública, indicó. Sanhueza recordó que la comuna mantiene cinco prioridades en materia de seguridad: violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, incivilidades, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y ruidos molestos, estos últimos incorporados debido a la frecuencia de los llamados que reciben las líneas municipales 800 800 134 y Carabineros. Asimismo, el funcionario municipal precisó que las nuevas atribuciones para los inspectores municipales, incluidos el uso de elementos de defensa menos letales, requieren de reglamentos que aún están pendientes. Su implementación también implicará inversiones en equipamiento y capacitación del personal. Desde el Ministerio Público, el fiscal local subrogante de Punta Arenas, Fernando Dobson, valoró la coordinación entre las instituciones para mejorar la prevención y la persecución penal. Es fundamental la coordinación entre quienes estamos abocados a la persecución de los delitos y, en definitiva, a brindar mayor seguridad a los habitantes de la comuna. Hemos observado reiteradamente casos de violencia intrafamiliar y delitos asociados a la violencia de género, donde también aparece el consumo de alcohol como un factor relevante. Todo esfuerzo conjunto para prevenir y evitar estos hechos es importante, sostuvo. En tanto, el mayor Sergio Castellón, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros, señaló que el comité permitirá abordar de manera coordinada las distintas problemáticas de la comuna, con especial atención a la violencia intrafamiliar. Además, el efectivo policial destacó que, mientras se publican los reglamentos de la nueva ley, continuarán trabajando con el municipio mediante el intercambio de información, las patrullas mixtas y los programas de apoyo a víctimas, con el propósito de responder oportunamente a los requerimientos de la comunidad.
Entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, se desarrolló en Punta Arenas una capacitación dirigida a los integrantes de las patrullas mixtas suscritas al convenio OS14 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia orientada a fortalecer sus competencias y mejorar la coordinación en materia de seguridad pública. La jornada contó con la participación de una comisión del Departamento Nacional OS14 de Carabineros de Chile, encabezada por su jefa, la mayor Mariela Boitano, quienes durante cinco días impartieron conocimientos en materias como normativa vigente y nueva legislación sobre seguridad municipal, Derechos Humanos, técnicas y tácticas de detención, primeros auxilios, manejo de emergencias, sistema de comando de incidentes, normativa de tránsito y conducción, entre otras áreas de interés. La actividad se realizó en el salón de la Biblioteca Municipal de Punta Arenas y reunió a 27 participantes: 18 inspectores municipales de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, Porvenir, Primavera y Cabo de Hornos, además de nueve carabineros que cumplen funciones en servicios de patrullas mixtas. Esta capacitación reafirma el compromiso de Carabineros de Chile y de los municipios de la región por fortalecer el trabajo colaborativo, la coordinación operativa y las capacidades de sus funcionarios, contribuyendo a una labor preventiva más eficiente y a una mayor seguridad para las comunidades de Magallanes.
