La incertidumbre y preocupación que aumentaron en el país en las últimas semanas por la esperada mayor inflación derivada de la guerra en Medio Oriente y el alza de los combustibles no han mermado —hasta ahora— el interés de los inversionistas por iniciar la tramitación ambiental de millonarios proyectos. La confianza en la economía chilena y en el nuevo gobierno que asumió el 11 de marzo es uno de los factores que están impulsando el comienzo de nuevos planes, afirman expertos. Entre enero y marzo de este año se contabilizaron más de 90 iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por un monto de US$ 28.439 millones, de acuerdo con un análisis realizado por El Mercurio sobre la base de cifras oficiales. Estos casi US$28.500 millones superaron en 123% al monto del primer trimestre de 2025 y se convirtieron en la cifra trimestral —para cualquier trimestre— más alta desde que el SEIA tiene registros, que es 1992. Es decir, es un récord en 34 años. Fuente: El Mercurio
En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco. Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación. El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados. Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas. Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales. El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma. La lectura de los expertos Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”. Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”. Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios. “Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta. Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”. De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano. El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice. Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”. El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema. Fuente: DF.cl
La generadora AES Andes, perteneciente a la estadounidense AES, informó este viernes que desistió de seguir desarrollando el megaproyecto de hidrógeno y amoniaco verde INNA. El proyecto – que se ubicaría en la comuna Taltal, Región de Antofagasta- contemplaba una inversión de 10 mil millones dólares y se encontraba detenido en tramitación tras su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el pasado 2024. “AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde”, señaló la compañía en un comunicado la tarde de este viernes. Cabe recordar que INNA estuvo en el centro de la polémica , luego de que la comunidad científica alertara que el proyecto afectaba la observación astronómica en el norte del país. La empresa agregó que “si bien INNA es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona, AES Andes ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos. Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”. Asimismo, en el texto indicaron que “esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”, agregando que han decidido centrarse en el comisionamiento de los parques Andes Solar III y Bolero BESS, mientras siguen avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS. El proyecto INNA había generado controversia por su emplazamiento cercano a centros de observación astronómica, ya que se proyectaba su construcción a menos de 20 kilómetros del Observatorio Paranal, del Cerro Armazones, donde se construye el Extremely Large Telescope (ELT), y del sitio planificado para el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO-Sur). Polémica que incluso llegó al debate presidencial entre los entonces candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. En ese momento, el abanderado republicano priorizó el resguardo de la observación astronómica, mientras que Jara apoyó el proyecto causando sorpresa por su posición. ¿Me van a decir por qué quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur? (…) “Lo decimos claramente, vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”, dijo en ese entonces el ahora presidente electo, José Antonio Kast. Fuente: elmostrador.cl
Fue en el año 2020 cuando la carrera en Chile por el denominado “combustible del futuro” se activó con todo, saliendo a la luz algunas empresas que ya trabajaban sigilosamente en iniciativas para dar los primeros pasos en el hidrógeno verde. En noviembre de ese año el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que -entre sus objetivos- planteaba producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030. Pero la ilusión parece no transitar a la realidad. Si bien las dudas van y vienen respecto al despegue de esta incipiente industria, en el último tiempo el desánimo se habría apoderado de piezas claves de este tablero, los cuales buscan impulsar megaproyectos en la Región de Magallanes. Aunque no han alertado públicamente de los análisis que ya hacen internamente, fuentes confirman que la decisión es replegarse y esperar un mejor momento para reactivar las ambiciones, ya que se asume que el corto y mediano plazo no es el momento para impulsar estas megainiciativas. Según consignó La Prensa Austral, HNH Energy -que impulsa un proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde por US$ 11 mil millones- estaría barajando “congelar” su proyecto en Magallanes, luego de que uno de los tres integrantes del consorcio (Copenhagen Infrastructure Partners) comunicara que mantendrá su participación en la iniciativa, pero frenará sus inversiones. Esto -se advierte en la publicación- podría provocar que TotalEnergies H2 -que impulsa una iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V) por US$ 16 mil millones- también siga el camino de congelar la iniciativa. Cabe recordar que ambas iniciativa están suspendidas en su trámite ambiental. La de HNH Energy hasta marzo tras solicitar más plazo para responder observaciones. Y, la de TotalEnergies, hasta el 7 de diciembre de 2026. Por esto, marzo sería un mes relevante para ver los pasos a seguir. Pero hay un síntoma palpable de la situación que se ha expresado a nivel gremial. HNH Energy decidió concluir su participación en la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados en Magallanes (H2V Magallanes). Según explicaron desde HNH Energy, tras salir formalmente el martes del gremio, el proyecto ha priorizado concentrar de manera exclusiva sus esfuerzos, recursos y capacidades en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hito habilitante para avanzar de manera concreta en su desarrollo. “En este contexto, y considerando que los plazos del proceso de evaluación ambiental se han extendido por sobre lo inicialmente estimado, el proyecto ha realizado un ajuste en la asignación de recursos, focalizando su gestión en aquellas actividades directamente vinculadas a dicho proceso”, sinceraron. En este sentido, desde el proyecto señalaron que “la RCA constituye hoy el principal habilitante para dar pasos firmes y certeros en el desarrollo del proyecto, por lo que las definiciones buscan acompañar de manera coherente esta etapa”. Esta salida se suma al retiro de HIF Chile en 2024 y de EDF power solutions en diciembre de 2025. De hecho, la decisión de esta última compañía coincidió con el anuncio de detener su proyecto Energía Verde Austral, ubicado en Cabo Negro, uno de los dos proyectos de hidrógeno verde que desarrollan en Magallanes. La firma argumenta esa definición aludiendo a que respondía a una revisión estratégica global del Grupo EDF en el marco de la integración de sus dos filiales, y que consideraba la situación del mercado internacional del hidrógeno verde, “ el cual ha evolucionado más lento de lo previsto”. ¿Pero cuáles son las razones de este ambiente de preocupación y repliegue? Hay coincidencia en las fuentes consultadas que lo sucedido es multifactorial donde incluso con iniciativas en pie no se alcanzarían precios competitivos. Entre los elementos, comentan que se configura las diversas observaciones que deben enfrentar los titulares de los proyectos en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero también la falta de desarrollo de la demanda internacional. El complejo contexto global habría puesto más tensión además, provocando que incluso iniciativas en el mundo no puedan ver la luz. Conocedores cuentan que la duda es si se da un “efecto dominó” y el alcance que esto pueda tener. Esto, ya que si se da otra señal de una firma relevante en Magallanes, decididamente dará paso a tomar decisiones. Lo que sí aseguran fuentes que actualmente los megaproyectos en la región no serían viables, principalmente, por las condiciones internacionales. Actualización de la estrategia Los comentarios que ya circulan en el sector sobre este repliegue a la espera de un mejor momento habría llegado al Comité Estratégico de Hidrógeno Verde aunque aún de forma tímida. En una nueva sesión que se realizó este miércoles, se presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados. La cartera de Energía comunicó que los integrantes del Comité tuvieron la oportunidad de realizar observaciones, las que serán incluidas en el documento que saldrá a consulta pública durante febrero, para su posterior entrega a las nuevas autoridades de Gobierno. Eso sí, la sesión tuvo un invitado: Tomás Bunster, mano derecha del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En paralelo, ayer se publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación favorable del proyecto Parque Eólico Faro del Sur en Magallanes con una inversión de US$ 500 millones. Fuente: df.cl
Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector salmonicultor, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES), que refuerza el modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta sancionatoria frente a eventuales incumplimientos, priorizando un enfoque preventivo, basado en riesgo y dentro de sus competencias legales. Esta estrategia -que ya se encuentra disponible en el sitio web de la SMA- aborda materias asociadas a la producción, posicionamiento, conexiones en línea y posibles situaciones de elusión a la normativa ambiental por parte de centros de cultivo de salmones, poniendo el foco en la detección y corrección temprana de desviaciones, así como en la aplicación oportuna de acciones correctivas o sancionatorias cuando corresponda. Cabe precisar que esta estrategia integra acciones que la SMA ha desarrollado a través del tiempo y su implementación considera un horizonte de tres años, entre 2026 y 2028, con evaluaciones periódicas que permitan ajustar y fortalecer las acciones definidas. Al respecto, la Superintendenta Marie Claude Plumer señaló quelo que estamos presentando hoy refleja una forma de trabajo que hemos venido fortaleciendo como institución en los últimos años: anticiparnos a los riesgos, usar mejor la información disponible, incorporar fuertemente la tecnología y actuar de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En un sector de alta relevancia ambiental y económica para el país como la salmonicultura, nuestro foco está puesto en la detección temprana de desviaciones a fin de evitar incumplimientos y con ello avanzar en protección ambiental. La estrategia considera la sistematización permanente de información relevante, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización y la asistencia continua al sector regulado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Además, incorpora nuevas líneas de acción asociadas a otras problemáticas del sector, como manejo de residuos, basura en playas y eventuales situaciones de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El enfoque del trabajo responde a las características y desafíos del sector salmonicultor, entre ellos la alta concentración territorial de centros de engorda en zonas de difícil acceso y ambientalmente sensibles, las denuncias recibidas por la institución y los riesgos asociados a los impactos sobre el medio marino. En este contexto, la SMA ha reforzado el uso de herramientas de monitoreo continuo de variables ambientales claves, con el fin de prevenir impactos significativos y actuar de manera temprana frente a posibles incumplimientos. Este enfoque preventivo y proporcional nos permite resguardar de mejor manera el medioambiente y la salud de las personas, especialmente en territorios de alta sensibilidad ambiental, y al mismo tiempo entregar mayor certeza regulatoria al sector que posee más de dos mil Resoluciones de Calificación Ambiental, promoviendo un cumplimiento ambiental efectivo y sostenible en el tiempo, agregó la Superintendenta. La estrategia se construye sobre la base de la coordinación con otros organismos del Estado, en particular con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), fortaleciendo el trabajo de fiscalización conjunto, coordinado y eficiente, con mayor cobertura e incidencia, orientada a la protección del medioambiente y el interés público. Descarga la Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones en este enlace .
La incertidumbre y preocupación que aumentaron en el país en las últimas semanas por la esperada mayor inflación derivada de la guerra en Medio Oriente y el alza de los combustibles no han mermado —hasta ahora— el interés de los inversionistas por iniciar la tramitación ambiental de millonarios proyectos. La confianza en la economía chilena y en el nuevo gobierno que asumió el 11 de marzo es uno de los factores que están impulsando el comienzo de nuevos planes, afirman expertos. Entre enero y marzo de este año se contabilizaron más de 90 iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por un monto de US$ 28.439 millones, de acuerdo con un análisis realizado por El Mercurio sobre la base de cifras oficiales. Estos casi US$28.500 millones superaron en 123% al monto del primer trimestre de 2025 y se convirtieron en la cifra trimestral —para cualquier trimestre— más alta desde que el SEIA tiene registros, que es 1992. Es decir, es un récord en 34 años. Fuente: El Mercurio
En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco. Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación. El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados. Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas. Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales. El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma. La lectura de los expertos Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”. Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”. Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios. “Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta. Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”. De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano. El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice. Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”. El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema. Fuente: DF.cl
La generadora AES Andes, perteneciente a la estadounidense AES, informó este viernes que desistió de seguir desarrollando el megaproyecto de hidrógeno y amoniaco verde INNA. El proyecto – que se ubicaría en la comuna Taltal, Región de Antofagasta- contemplaba una inversión de 10 mil millones dólares y se encontraba detenido en tramitación tras su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el pasado 2024. “AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde”, señaló la compañía en un comunicado la tarde de este viernes. Cabe recordar que INNA estuvo en el centro de la polémica , luego de que la comunidad científica alertara que el proyecto afectaba la observación astronómica en el norte del país. La empresa agregó que “si bien INNA es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona, AES Andes ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos. Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”. Asimismo, en el texto indicaron que “esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”, agregando que han decidido centrarse en el comisionamiento de los parques Andes Solar III y Bolero BESS, mientras siguen avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS. El proyecto INNA había generado controversia por su emplazamiento cercano a centros de observación astronómica, ya que se proyectaba su construcción a menos de 20 kilómetros del Observatorio Paranal, del Cerro Armazones, donde se construye el Extremely Large Telescope (ELT), y del sitio planificado para el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO-Sur). Polémica que incluso llegó al debate presidencial entre los entonces candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. En ese momento, el abanderado republicano priorizó el resguardo de la observación astronómica, mientras que Jara apoyó el proyecto causando sorpresa por su posición. ¿Me van a decir por qué quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur? (…) “Lo decimos claramente, vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”, dijo en ese entonces el ahora presidente electo, José Antonio Kast. Fuente: elmostrador.cl
Fue en el año 2020 cuando la carrera en Chile por el denominado “combustible del futuro” se activó con todo, saliendo a la luz algunas empresas que ya trabajaban sigilosamente en iniciativas para dar los primeros pasos en el hidrógeno verde. En noviembre de ese año el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que -entre sus objetivos- planteaba producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030. Pero la ilusión parece no transitar a la realidad. Si bien las dudas van y vienen respecto al despegue de esta incipiente industria, en el último tiempo el desánimo se habría apoderado de piezas claves de este tablero, los cuales buscan impulsar megaproyectos en la Región de Magallanes. Aunque no han alertado públicamente de los análisis que ya hacen internamente, fuentes confirman que la decisión es replegarse y esperar un mejor momento para reactivar las ambiciones, ya que se asume que el corto y mediano plazo no es el momento para impulsar estas megainiciativas. Según consignó La Prensa Austral, HNH Energy -que impulsa un proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde por US$ 11 mil millones- estaría barajando “congelar” su proyecto en Magallanes, luego de que uno de los tres integrantes del consorcio (Copenhagen Infrastructure Partners) comunicara que mantendrá su participación en la iniciativa, pero frenará sus inversiones. Esto -se advierte en la publicación- podría provocar que TotalEnergies H2 -que impulsa una iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V) por US$ 16 mil millones- también siga el camino de congelar la iniciativa. Cabe recordar que ambas iniciativa están suspendidas en su trámite ambiental. La de HNH Energy hasta marzo tras solicitar más plazo para responder observaciones. Y, la de TotalEnergies, hasta el 7 de diciembre de 2026. Por esto, marzo sería un mes relevante para ver los pasos a seguir. Pero hay un síntoma palpable de la situación que se ha expresado a nivel gremial. HNH Energy decidió concluir su participación en la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados en Magallanes (H2V Magallanes). Según explicaron desde HNH Energy, tras salir formalmente el martes del gremio, el proyecto ha priorizado concentrar de manera exclusiva sus esfuerzos, recursos y capacidades en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hito habilitante para avanzar de manera concreta en su desarrollo. “En este contexto, y considerando que los plazos del proceso de evaluación ambiental se han extendido por sobre lo inicialmente estimado, el proyecto ha realizado un ajuste en la asignación de recursos, focalizando su gestión en aquellas actividades directamente vinculadas a dicho proceso”, sinceraron. En este sentido, desde el proyecto señalaron que “la RCA constituye hoy el principal habilitante para dar pasos firmes y certeros en el desarrollo del proyecto, por lo que las definiciones buscan acompañar de manera coherente esta etapa”. Esta salida se suma al retiro de HIF Chile en 2024 y de EDF power solutions en diciembre de 2025. De hecho, la decisión de esta última compañía coincidió con el anuncio de detener su proyecto Energía Verde Austral, ubicado en Cabo Negro, uno de los dos proyectos de hidrógeno verde que desarrollan en Magallanes. La firma argumenta esa definición aludiendo a que respondía a una revisión estratégica global del Grupo EDF en el marco de la integración de sus dos filiales, y que consideraba la situación del mercado internacional del hidrógeno verde, “ el cual ha evolucionado más lento de lo previsto”. ¿Pero cuáles son las razones de este ambiente de preocupación y repliegue? Hay coincidencia en las fuentes consultadas que lo sucedido es multifactorial donde incluso con iniciativas en pie no se alcanzarían precios competitivos. Entre los elementos, comentan que se configura las diversas observaciones que deben enfrentar los titulares de los proyectos en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero también la falta de desarrollo de la demanda internacional. El complejo contexto global habría puesto más tensión además, provocando que incluso iniciativas en el mundo no puedan ver la luz. Conocedores cuentan que la duda es si se da un “efecto dominó” y el alcance que esto pueda tener. Esto, ya que si se da otra señal de una firma relevante en Magallanes, decididamente dará paso a tomar decisiones. Lo que sí aseguran fuentes que actualmente los megaproyectos en la región no serían viables, principalmente, por las condiciones internacionales. Actualización de la estrategia Los comentarios que ya circulan en el sector sobre este repliegue a la espera de un mejor momento habría llegado al Comité Estratégico de Hidrógeno Verde aunque aún de forma tímida. En una nueva sesión que se realizó este miércoles, se presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados. La cartera de Energía comunicó que los integrantes del Comité tuvieron la oportunidad de realizar observaciones, las que serán incluidas en el documento que saldrá a consulta pública durante febrero, para su posterior entrega a las nuevas autoridades de Gobierno. Eso sí, la sesión tuvo un invitado: Tomás Bunster, mano derecha del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En paralelo, ayer se publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación favorable del proyecto Parque Eólico Faro del Sur en Magallanes con una inversión de US$ 500 millones. Fuente: df.cl
Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector salmonicultor, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES), que refuerza el modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta sancionatoria frente a eventuales incumplimientos, priorizando un enfoque preventivo, basado en riesgo y dentro de sus competencias legales. Esta estrategia -que ya se encuentra disponible en el sitio web de la SMA- aborda materias asociadas a la producción, posicionamiento, conexiones en línea y posibles situaciones de elusión a la normativa ambiental por parte de centros de cultivo de salmones, poniendo el foco en la detección y corrección temprana de desviaciones, así como en la aplicación oportuna de acciones correctivas o sancionatorias cuando corresponda. Cabe precisar que esta estrategia integra acciones que la SMA ha desarrollado a través del tiempo y su implementación considera un horizonte de tres años, entre 2026 y 2028, con evaluaciones periódicas que permitan ajustar y fortalecer las acciones definidas. Al respecto, la Superintendenta Marie Claude Plumer señaló quelo que estamos presentando hoy refleja una forma de trabajo que hemos venido fortaleciendo como institución en los últimos años: anticiparnos a los riesgos, usar mejor la información disponible, incorporar fuertemente la tecnología y actuar de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En un sector de alta relevancia ambiental y económica para el país como la salmonicultura, nuestro foco está puesto en la detección temprana de desviaciones a fin de evitar incumplimientos y con ello avanzar en protección ambiental. La estrategia considera la sistematización permanente de información relevante, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización y la asistencia continua al sector regulado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Además, incorpora nuevas líneas de acción asociadas a otras problemáticas del sector, como manejo de residuos, basura en playas y eventuales situaciones de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El enfoque del trabajo responde a las características y desafíos del sector salmonicultor, entre ellos la alta concentración territorial de centros de engorda en zonas de difícil acceso y ambientalmente sensibles, las denuncias recibidas por la institución y los riesgos asociados a los impactos sobre el medio marino. En este contexto, la SMA ha reforzado el uso de herramientas de monitoreo continuo de variables ambientales claves, con el fin de prevenir impactos significativos y actuar de manera temprana frente a posibles incumplimientos. Este enfoque preventivo y proporcional nos permite resguardar de mejor manera el medioambiente y la salud de las personas, especialmente en territorios de alta sensibilidad ambiental, y al mismo tiempo entregar mayor certeza regulatoria al sector que posee más de dos mil Resoluciones de Calificación Ambiental, promoviendo un cumplimiento ambiental efectivo y sostenible en el tiempo, agregó la Superintendenta. La estrategia se construye sobre la base de la coordinación con otros organismos del Estado, en particular con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), fortaleciendo el trabajo de fiscalización conjunto, coordinado y eficiente, con mayor cobertura e incidencia, orientada a la protección del medioambiente y el interés público. Descarga la Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones en este enlace .
