Detectives del área de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en Punta Arenas y Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y detectar a quienes se encuentran de manera irregular. El operativo se desarrolló en el sector céntrico, barberías y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 40 personas extranjeras de nacionalidad venezolana, colombiana y argentina, de las cuales 15 fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Al respecto, el Prefecto Pablo Merino, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló: “Estas fiscalizaciones masivas, que desarrollamos de manera permanente, se realizan previo a un trabajo de análisis y planificación, con el propósito de detectar a personas que se encuentren de manera irregular en el país y así brindar mayor tranquilidad a la comunidad”.
Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública y la fiscalización de extranjeros en la región, la PDI, a través del área de Migraciones y Policía Internacional, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva en Punta Arenas y Puerto Natales. El operativo abarcó el sector céntrico, estaciones de servicio y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 46 personas extranjeras, de las cuales 11 serán denunciadas por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó: “En este operativo se detectó a personas que se encontraban desarrollando labores remuneradas sin autorización, por lo que serán denunciadas ellas y sus empleadores. También se controló a extranjeros que estaban en situación migratoria irregular por mantener su permiso de residencia o permanencia expirado”.
Durante años miles de extranjeros siguieron el camino que el propio Estado chileno les exige para obtener la nacionalidad: residir legalmente, trabajar, acreditar arraigo y cumplir con los plazos establecidos por la legislación. Pero cuando el proceso llegó a su última etapa, la decisión administrativa que concede o rechaza la nacionalidad, el gobierno simplemente y sin explicaciones lo detuvo. La salida de Luis Thayer del Servicio Nacional de Migraciones ( Sermig), tras cuatro años al frente del organismo durante el gobierno de Gabriel Boric, dejó al descubierto una acumulación de expedientes que hoy instala una crisis administrativa en materia migratoria. Según documentos a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, y que corresponden al Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio Servicio Nacional de Migraciones, actualmente existen 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución. Según el mismo documento, el número de solicitudes pendientes el año 2025 aumentó un 20% respecto de 2024, cuando el sistema registraba 100.391 trámites en espera. En otras palabras, el sistema terminó acumulando expedientes a un ritmo mayor del que lograba resolver. Y eso ocurre incluso cuando el propio servicio constató que la demanda comenzó a disminuir. El informe indica que durante 2025 “se produjo una baja del 19% en la presentación de solicitudes con relación al año 2024”. Es decir, mientras ingresaban menos solicitudes, las carpetas pendientes seguían creciendo. Decretos listos que nunca se firmaron Pero uno de los puntos más escandalosos es que la acumulación no se “enredó” dentro de los trámites administrativos, sino que los documentos fueron amontonados en el despacho de las autoridades. En condición que los especialistas en temas migratorios advertían sobre la necesidad de despejar estos nudos para poder tener claridad de quién es quién en medio de la crisis que enfrenta el país desde hace un lustro. Sin embargo, la cifra de 120 mil solicitudes pendientes no refleja completamente la dimensión del problema. El mismo reporte advierte que ese número no considera los expedientes que ya habían sido revisados técnicamente y que se encontraban en etapa de firma de autoridad o notificación. Ese grupo suma 22.896 solicitudes adicionales. De acuerdo con los registros administrativos del servicio, 22.017 decretos estaban pendientes en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, mientras que 752 se encontraban en el gabinete del ministro y 127 en proceso de ingreso o notificación. Se trata de decretos de nacionalización que ya habían sido revisados por el aparato técnico del Estado y que sólo requerían la firma final de la autoridad . Firma que no se concretó antes del cambio de mando, por lo que quedó como herencia, sin haberlo pedido, para el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, el exdiputado Frank Sauerbaum , quien el día que asuma, algo que no está confirmado, tendrá 22.896 decretos pendientes sobre su escritorio. Un sistema que siguió analizando expedientes Pero la verdad es que el número dentro del 2026 podría aumentar. La razón está dada de que el aparato técnico ha seguido analizando solicitudes de extranjeros. De hecho, una de las láminas del informe que revisó Radio Bío Bío muestra que durante 2025 se realizaron 119.412 análisis de solicitudes, lo que representa un aumento del 25% respecto del año anterior. Personas que llevan casi una década esperando Otro informe elaborado por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones, fechado el 28 de octubre de 2025, permite dimensionar otra arista del problema: el tiempo de residencia en Chile de quienes hoy esperan una respuesta. El análisis revisó 61.543 solicitudes de nacionalización que ya habían sido acogidas a trámite, es decir, expedientes que cumplían los requisitos básicos para continuar su tramitación, y que no forman parte de los que ya pasaron todas las revisiones y están listos para que la autoridad resuelva. Dentro de ese universo, se puede establecer que las personas cuyos expedientes ya habían sido enviados al Ministerio del Interior registran un promedio de 9,6 años de residencia en Chile. En el caso de quienes siguen esperando en el Servicio Nacional de Migraciones, el promedio alcanza 8,7 años. En términos estadísticos, la mediana se sitúa en 8,1 años para los casos en Interior y 7,3 años para los casos que permanecen en el servicio. No se trata, por tanto, de migrantes recién llegados, como algunos han inferido dentro del debate político de cerrar las fronteras. Las nacionalidades más afectadas El informe también identifica las nacionalidades con mayor presencia dentro de los expedientes pendientes. Entre los casos enviados al Ministerio del Interior, el listado está encabezado por: – Venezolanos: 12.458 solicitudes – Colombianos: 2.460 – Peruanos: 1.190 – Cubanos: 696 – Ecuatorianos: 688 – Haitianos: 620 En el grupo que permanece en el Servicio Nacional de Migraciones, nuevamente predominan los ciudadanos venezolanos: – Venezolanos: 25.899 solicitudes – Colombianos: 4.988 – Peruanos: 2.803 – Bolivianos: 1.289 – Haitianos: 1.288 – Ecuatorianos: 1.282 El análisis también revela el tiempo de residencia promedio de algunos grupos. Entre los expedientes pendientes para una resolución final, se puede desglosar que los peruanos registran en promedio 17 años viviendo en Chile, mientras que los ecuatorianos alcanzan 15 años y los colombianos más de 11 años. Expedientes considerados prioritarios Dentro del stock pendiente, el informe identifica además 5.262 solicitudes catalogadas como prioritarias, correspondientes a personas que llevan entre 10 y 14 años o más viviendo en Chile. Dentro de ese grupo, las nacionalidades predominantes son: Colombianos (27%), Peruanos (20%), Venezolanos (11%). El documento añade que estos expedientes se concentran principalmente en solicitudes ingresadas en: 2022 (47%), 2023 (24%), 2024 (19%). La distribución confirma que la acumulación de expedientes se intensificó durante los últimos años. El desafío que enfrenta la nueva administración En los próximos días asumirá como director nacional del Servicio Nacional de Migraciones el exdiputado Frank Sauerbaum (RN). Cuando tome el control del organismo, se encontrará con más de 120 mil solicitudes de nacionalización pendientes y miles de decretos que ya estaban listos para firma de autoridad. Ese escenario plantea un desafío inmediato. Por un lado, deberá enfrentar el rezago acumulado de expedientes. Por otro, tendrá que decidir cómo abordar decretos administrativos que ya habían superado todas las etapas técnicas del procedimiento. En muchos de esos casos, las decisiones que se adopten podrían estar condicionadas por procesos administrativos que debieron resolverse durante la gestión anterior. La incertidumbre La nacionalización chilena no es un trámite menor. Implica acceso pleno a derechos políticos, estabilidad jurídica y una integración definitiva al Estado chileno. Para muchos migrantes representa el cierre de un proceso que comenzó años atrás con la decisión de radicarse en Chile. Frente a esto, las dudas que se han intensificado son qué hará la administración de José Antonio Kast y qué criterio formará para tal fin. Algunos sostienen que la prioridad de firma debería estar instalada en profesionales que ya están dentro del sistema, por ejemplo, médicos o técnicos profesionales, o quienes han demostrado continuidad con contratos de trabajo y no mantienen líos con la justicia. Fuente: biobiochile.cl
Los jóvenes migrantes privados de libertad que provienen de países extranjeros, y que son atendidos por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, exhiben una alta vulnerabilidad, experimentando además falta de oportunidades y mayores dificultades de adaptación, discriminación y en algunos casos la desintegración familiar. Ante esta realidad, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con el objetivo de entregar un mejor acompañamiento y asegurar la reinserción social de estos jóvenes en conflicto con enfoque de derechos, coordinó una jornada de capacitación en la cual participaron profesionales del Servicio de Migraciones – SERMIG - y del Instituto de Derechos Humanos – INDH, instancia en la cual se abordaron las necesidades migratorias y de justicia juvenil de estos usuarios. En la capacitación participó la abogada del Servicio de Migraciones, Danna Garbarino y la profesional del INDH, Marlis Saldivia; además de la abogada y jefa de la Unidad de Coordinación Jurídica de Servicio de Reinserción Social Juvenil, Lorena Pereira. Las profesionales capacitaron a los equipos jurídicos, encargados de medidas y sanciones, de redes, tutores y directivos del Centro de Cumplimiento Juvenil, de la Dirección Regional y del organismo acreditado Corporación Opción. Esta actividad es fruto de los compromisos asumidos en el seno del Comité Operativo Regional de Justicia (COR) que se materializó en una mesa de trabajo bilateral y permanente que avanzará en un programa de trabajo para facilitar el registro de identidad de jóvenes en conflicto con la justicia, así como también avanzar en la regularización migratoria de jóvenes que ingresen al Servicio de Reinserción. Como lo destacó César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, nuestra preocupación como Servicio de Reinserción es acompañar a los jóvenes que cometen una sanción, a través de un plan de intervención que busque su integración social, pero que dada la realidad migratoria actual, hemos tenido que incluir una mirada que también considere no sólo la alta vulnerabilidad que viven los jóvenes que provienen de otros países sino que también considerar la gran dificultad para reintegrarse en un sistema social y legal que no siempre comprende sus realidades específicas. A través de este trabajo coordinado con el Sermig e INDH buscamos entregar también un acompañamiento que incorpore los estándares internacionales en derechos humanos en materia migratoria, evitando que la irregularidad se convierta en un factor de mayor vulnerabilidad y exclusión. Este trabajo forma parte del Plan de Acción Regional, resultado del trabajo llevado a cabo por el Comité Operativo Regional (COR) de Justicia, que coordina la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y que tiene como objetivo coordinar acciones intersectoriales para apoyar a jóvenes en conflicto con la ley.
Detectives del área de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en Punta Arenas y Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y detectar a quienes se encuentran de manera irregular. El operativo se desarrolló en el sector céntrico, barberías y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 40 personas extranjeras de nacionalidad venezolana, colombiana y argentina, de las cuales 15 fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Al respecto, el Prefecto Pablo Merino, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló: “Estas fiscalizaciones masivas, que desarrollamos de manera permanente, se realizan previo a un trabajo de análisis y planificación, con el propósito de detectar a personas que se encuentren de manera irregular en el país y así brindar mayor tranquilidad a la comunidad”.
Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública y la fiscalización de extranjeros en la región, la PDI, a través del área de Migraciones y Policía Internacional, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva en Punta Arenas y Puerto Natales. El operativo abarcó el sector céntrico, estaciones de servicio y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 46 personas extranjeras, de las cuales 11 serán denunciadas por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó: “En este operativo se detectó a personas que se encontraban desarrollando labores remuneradas sin autorización, por lo que serán denunciadas ellas y sus empleadores. También se controló a extranjeros que estaban en situación migratoria irregular por mantener su permiso de residencia o permanencia expirado”.
Durante años miles de extranjeros siguieron el camino que el propio Estado chileno les exige para obtener la nacionalidad: residir legalmente, trabajar, acreditar arraigo y cumplir con los plazos establecidos por la legislación. Pero cuando el proceso llegó a su última etapa, la decisión administrativa que concede o rechaza la nacionalidad, el gobierno simplemente y sin explicaciones lo detuvo. La salida de Luis Thayer del Servicio Nacional de Migraciones ( Sermig), tras cuatro años al frente del organismo durante el gobierno de Gabriel Boric, dejó al descubierto una acumulación de expedientes que hoy instala una crisis administrativa en materia migratoria. Según documentos a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, y que corresponden al Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio Servicio Nacional de Migraciones, actualmente existen 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución. Según el mismo documento, el número de solicitudes pendientes el año 2025 aumentó un 20% respecto de 2024, cuando el sistema registraba 100.391 trámites en espera. En otras palabras, el sistema terminó acumulando expedientes a un ritmo mayor del que lograba resolver. Y eso ocurre incluso cuando el propio servicio constató que la demanda comenzó a disminuir. El informe indica que durante 2025 “se produjo una baja del 19% en la presentación de solicitudes con relación al año 2024”. Es decir, mientras ingresaban menos solicitudes, las carpetas pendientes seguían creciendo. Decretos listos que nunca se firmaron Pero uno de los puntos más escandalosos es que la acumulación no se “enredó” dentro de los trámites administrativos, sino que los documentos fueron amontonados en el despacho de las autoridades. En condición que los especialistas en temas migratorios advertían sobre la necesidad de despejar estos nudos para poder tener claridad de quién es quién en medio de la crisis que enfrenta el país desde hace un lustro. Sin embargo, la cifra de 120 mil solicitudes pendientes no refleja completamente la dimensión del problema. El mismo reporte advierte que ese número no considera los expedientes que ya habían sido revisados técnicamente y que se encontraban en etapa de firma de autoridad o notificación. Ese grupo suma 22.896 solicitudes adicionales. De acuerdo con los registros administrativos del servicio, 22.017 decretos estaban pendientes en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, mientras que 752 se encontraban en el gabinete del ministro y 127 en proceso de ingreso o notificación. Se trata de decretos de nacionalización que ya habían sido revisados por el aparato técnico del Estado y que sólo requerían la firma final de la autoridad . Firma que no se concretó antes del cambio de mando, por lo que quedó como herencia, sin haberlo pedido, para el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, el exdiputado Frank Sauerbaum , quien el día que asuma, algo que no está confirmado, tendrá 22.896 decretos pendientes sobre su escritorio. Un sistema que siguió analizando expedientes Pero la verdad es que el número dentro del 2026 podría aumentar. La razón está dada de que el aparato técnico ha seguido analizando solicitudes de extranjeros. De hecho, una de las láminas del informe que revisó Radio Bío Bío muestra que durante 2025 se realizaron 119.412 análisis de solicitudes, lo que representa un aumento del 25% respecto del año anterior. Personas que llevan casi una década esperando Otro informe elaborado por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones, fechado el 28 de octubre de 2025, permite dimensionar otra arista del problema: el tiempo de residencia en Chile de quienes hoy esperan una respuesta. El análisis revisó 61.543 solicitudes de nacionalización que ya habían sido acogidas a trámite, es decir, expedientes que cumplían los requisitos básicos para continuar su tramitación, y que no forman parte de los que ya pasaron todas las revisiones y están listos para que la autoridad resuelva. Dentro de ese universo, se puede establecer que las personas cuyos expedientes ya habían sido enviados al Ministerio del Interior registran un promedio de 9,6 años de residencia en Chile. En el caso de quienes siguen esperando en el Servicio Nacional de Migraciones, el promedio alcanza 8,7 años. En términos estadísticos, la mediana se sitúa en 8,1 años para los casos en Interior y 7,3 años para los casos que permanecen en el servicio. No se trata, por tanto, de migrantes recién llegados, como algunos han inferido dentro del debate político de cerrar las fronteras. Las nacionalidades más afectadas El informe también identifica las nacionalidades con mayor presencia dentro de los expedientes pendientes. Entre los casos enviados al Ministerio del Interior, el listado está encabezado por: – Venezolanos: 12.458 solicitudes – Colombianos: 2.460 – Peruanos: 1.190 – Cubanos: 696 – Ecuatorianos: 688 – Haitianos: 620 En el grupo que permanece en el Servicio Nacional de Migraciones, nuevamente predominan los ciudadanos venezolanos: – Venezolanos: 25.899 solicitudes – Colombianos: 4.988 – Peruanos: 2.803 – Bolivianos: 1.289 – Haitianos: 1.288 – Ecuatorianos: 1.282 El análisis también revela el tiempo de residencia promedio de algunos grupos. Entre los expedientes pendientes para una resolución final, se puede desglosar que los peruanos registran en promedio 17 años viviendo en Chile, mientras que los ecuatorianos alcanzan 15 años y los colombianos más de 11 años. Expedientes considerados prioritarios Dentro del stock pendiente, el informe identifica además 5.262 solicitudes catalogadas como prioritarias, correspondientes a personas que llevan entre 10 y 14 años o más viviendo en Chile. Dentro de ese grupo, las nacionalidades predominantes son: Colombianos (27%), Peruanos (20%), Venezolanos (11%). El documento añade que estos expedientes se concentran principalmente en solicitudes ingresadas en: 2022 (47%), 2023 (24%), 2024 (19%). La distribución confirma que la acumulación de expedientes se intensificó durante los últimos años. El desafío que enfrenta la nueva administración En los próximos días asumirá como director nacional del Servicio Nacional de Migraciones el exdiputado Frank Sauerbaum (RN). Cuando tome el control del organismo, se encontrará con más de 120 mil solicitudes de nacionalización pendientes y miles de decretos que ya estaban listos para firma de autoridad. Ese escenario plantea un desafío inmediato. Por un lado, deberá enfrentar el rezago acumulado de expedientes. Por otro, tendrá que decidir cómo abordar decretos administrativos que ya habían superado todas las etapas técnicas del procedimiento. En muchos de esos casos, las decisiones que se adopten podrían estar condicionadas por procesos administrativos que debieron resolverse durante la gestión anterior. La incertidumbre La nacionalización chilena no es un trámite menor. Implica acceso pleno a derechos políticos, estabilidad jurídica y una integración definitiva al Estado chileno. Para muchos migrantes representa el cierre de un proceso que comenzó años atrás con la decisión de radicarse en Chile. Frente a esto, las dudas que se han intensificado son qué hará la administración de José Antonio Kast y qué criterio formará para tal fin. Algunos sostienen que la prioridad de firma debería estar instalada en profesionales que ya están dentro del sistema, por ejemplo, médicos o técnicos profesionales, o quienes han demostrado continuidad con contratos de trabajo y no mantienen líos con la justicia. Fuente: biobiochile.cl
Los jóvenes migrantes privados de libertad que provienen de países extranjeros, y que son atendidos por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, exhiben una alta vulnerabilidad, experimentando además falta de oportunidades y mayores dificultades de adaptación, discriminación y en algunos casos la desintegración familiar. Ante esta realidad, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con el objetivo de entregar un mejor acompañamiento y asegurar la reinserción social de estos jóvenes en conflicto con enfoque de derechos, coordinó una jornada de capacitación en la cual participaron profesionales del Servicio de Migraciones – SERMIG - y del Instituto de Derechos Humanos – INDH, instancia en la cual se abordaron las necesidades migratorias y de justicia juvenil de estos usuarios. En la capacitación participó la abogada del Servicio de Migraciones, Danna Garbarino y la profesional del INDH, Marlis Saldivia; además de la abogada y jefa de la Unidad de Coordinación Jurídica de Servicio de Reinserción Social Juvenil, Lorena Pereira. Las profesionales capacitaron a los equipos jurídicos, encargados de medidas y sanciones, de redes, tutores y directivos del Centro de Cumplimiento Juvenil, de la Dirección Regional y del organismo acreditado Corporación Opción. Esta actividad es fruto de los compromisos asumidos en el seno del Comité Operativo Regional de Justicia (COR) que se materializó en una mesa de trabajo bilateral y permanente que avanzará en un programa de trabajo para facilitar el registro de identidad de jóvenes en conflicto con la justicia, así como también avanzar en la regularización migratoria de jóvenes que ingresen al Servicio de Reinserción. Como lo destacó César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, nuestra preocupación como Servicio de Reinserción es acompañar a los jóvenes que cometen una sanción, a través de un plan de intervención que busque su integración social, pero que dada la realidad migratoria actual, hemos tenido que incluir una mirada que también considere no sólo la alta vulnerabilidad que viven los jóvenes que provienen de otros países sino que también considerar la gran dificultad para reintegrarse en un sistema social y legal que no siempre comprende sus realidades específicas. A través de este trabajo coordinado con el Sermig e INDH buscamos entregar también un acompañamiento que incorpore los estándares internacionales en derechos humanos en materia migratoria, evitando que la irregularidad se convierta en un factor de mayor vulnerabilidad y exclusión. Este trabajo forma parte del Plan de Acción Regional, resultado del trabajo llevado a cabo por el Comité Operativo Regional (COR) de Justicia, que coordina la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y que tiene como objetivo coordinar acciones intersectoriales para apoyar a jóvenes en conflicto con la ley.
