El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió firmemente este viernes la investigación por el presunto subsidio habitacional irregular obtenido por la expareja de un diputado republicano, asegurando que “todos son iguales ante la ley” y que cualquier mal uso de viviendas sociales debe ser fiscalizado, sin importar el sector político involucrado. En entrevista con Radio Pauta, el secretario de Estado abordó la controversia surgida tras la denuncia presentada por el Minvu en Punta Arenas. El caso, que involucra directamente a la pareja de un parlamentario oficialista, ya motivó el inicio de una investigación administrativa en un programa destinado a familias vulnerables. Poduje explicó que, antes de instruir las diligencias, revisó los antecedentes con autoridades regionales y con el personal técnico que participó en las fiscalizaciones en terreno, descartando haber actuado por motivaciones políticas. “Hablé con los funcionarios que fueron a fiscalizar, hablé con el seremi y con otras personas. La ciudad de Punta Arenas no es tan grande. Este era un tema que se sabía y tiene que investigarse”, sostuvo la autoridad. En esa línea, el ministro remarcó que el cargo del congresista no frenará las indagatorias: “Lo que yo dije es que en ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando”, afirmó. Asimismo, frente al hecho de que un parlamentario le habría señalado previamente que la situación “estaba en regla”, cuestionando por qué no se cerró el caso en ese momento, Poduje insistió en que el combate al fraude en los beneficios estatales es una prioridad absoluta de su gestión. “Este tema es prioritario a nivel nacional. Tengo hoy 3 mil casos en evaluación de gente que defrauda el sistema y le quita la vivienda a las familias más modestas y más humildes”, señaló. Asimismo, detalló que el Serviu recopiló elementos suficientes para dar curso al proceso formal. “Si tengo una denuncia de eso, sea de quien sea, la voy a investigar. Si la gente del Serviu me dice que hay antecedentes, mi deber es ordenar que se proceda con la investigación. Eso es lo que me corresponde”, indicó. Finalmente, el ministro aclaró que será la justicia la que determine las responsabilidades de fondo, enfatizando el costo social de estas irregularidades. “Tenemos un déficit de vivienda social y cualquier persona que ocupe una de manera irregular le está quitando esa oportunidad a una familia vulnerable que lleva esperando ocho años. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó. La polémica se instaló luego de que el propio Poduje confirmara la denuncia penal en la región de Magallanes por el uso indebido de un subsidio reservado para sectores vulnerables, abriendo un complejo flanco político sobre los filtros y controles en la asignación de viviendas del Estado. Cabe destacar que durante esta jornada el diputado republicano Alejandro Riquelme negó haber cometido irregularidades y acusó que existen “antecedentes falsos” en la denuncia vinculada al subsidio habitacional adjudicado a su expareja. Mediante una declaración pública, el parlamentario afirmó que al momento de la postulación “estábamos separados y sin convivencia”, descartando haber influido en la obtención del beneficio. Además, aseguró que colaborará con la investigación de la Fiscalía y sostuvo que espera que el caso “se investigue y aclare a la brevedad”. Fuente: biobiochile.cl
Los partidos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena — Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal— manifestamos nuestra preocupación y exigimos explicaciones frente a los graves antecedentes revelados públicamente por el medio de comunicación ZonaZero sobre presuntas irregularidades en la asignación de viviendas sociales en Magallanes, vinculadas al diputado republicano Alejandro Riquelme. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el propio SERVIU Magallanes habría puesto en conocimiento de la Fiscalía Regional y del Consejo de Defensa del Estado una serie de hechos que podrían afectar directamente el correcto acceso a beneficios habitacionales destinados a familias vulnerables. Se trata de hechos graves, que involucran a un sector político que durante años ha denostado la actuación de otros e instalado dudas sobre distintas instituciones y actores públicos, y que hoy enfrenta cuestionamientos respecto de uno de sus propios diputados. No basta con levantar discursos sobre orden, mérito o buen uso de los recursos públicos si, frente a denuncias de esta magnitud, se opta por el silencio o laevasión política. La ciudadanía merece explicaciones claras, especialmente en una región donde miles de familias siguen esperando una solución habitacional, mientras surgen antecedentes que podrían evidenciar privilegios y redes de influencia. Por ello, exigimos un pronunciamiento público del presidente regional del Partido Republicano, Javier Romero, recientemente designado Director de CORFO, respecto de esta situación y de las medidas políticas que adoptará su partido mientras avanza la investigación. La ciudadanía debe conocer si los mismos estándares que durante años promovieron públicamente serán aplicados también al interior de sus propias filas o es, también, una metáfora. Como partidos de oposición en Magallanes, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las familias que más necesitan del Estado. Las viviendas sociales son un derecho, no un privilegio reservado para quienes tienen acceso a redes de poder político, económico o institucional
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presuntas irregularidades detectadas en procesos de reemplazo de beneficiarios de subsidios habitacionales, uno de los cuales involucra a Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado Alejandro Riquelme y madre de tres de sus hijos. La situación tomó relevancia pública luego de que se conocieran antecedentes relacionados con la adjudicación de un subsidio habitacional correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en el proyecto habitacional Estepa Austral I de Punta Arenas. El beneficio fue formalizado mediante la Resolución Exenta N°1117, de fecha 7 de julio de 2022. En declaraciones a medios regionales, el titular del Minvu confirmó que, una vez conocidos los antecedentes, instruyó al servicio regional realizar las denuncias correspondientes para que los organismos competentes determinen la existencia o no de eventuales responsabilidades. Según consta en el Oficio Ordinario N°64, enviado el pasado 8 de mayo por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, a la Fiscalía Regional, el organismo tomó conocimiento de antecedentes que “podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales”. Los antecedentes remitidos señalan que el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49, está destinado a familias en situación de vulnerabilidad social, priorizando a quienes pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. De acuerdo con la documentación enviada a la Fiscalía, cuando un beneficiario renuncia o es excluido de un proyecto habitacional, la Entidad Patrocinante puede solicitar al Serviu su reemplazo por otro postulante que cumpla los requisitos establecidos. Sin embargo, la denuncia sostiene que, en algunos casos, la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, habría propuesto directamente los nombres de las personas que posteriormente fueron incorporadas como beneficiarias. Asimismo, se indica que la Entidad Patrocinante formalizaba posteriormente las solicitudes de reemplazo con los nombres previamente sugeridos y que la misma funcionaria dictaba las resoluciones administrativas que materializaban dichas incorporaciones. Uno de los casos observados corresponde a Susan Chicuy Godoy, quien ingresó al proyecto Estepa Austral I tras un proceso de reemplazo de beneficiarios. La documentación revisada por distintos medios señala que la solicitud fue presentada por la Entidad Patrocinante Salfa Austral en junio de 2022, argumentando la exclusión de beneficiarios que realizaron movimientos en sus cuentas de ahorro para la vivienda después de haber obtenido el beneficio. Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme descartó cualquier irregularidad y afirmó que no está siendo investigado por delito alguno. El parlamentario sostuvo que la remisión de antecedentes a la Fiscalía no implica culpabilidad ni responsabilidades establecidas y recordó que el proyecto fue revisado y aprobado por las instancias correspondientes hace varios años. Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión de la información, señalando que ésta coincide con una etapa en la que ha intensificado acciones de fiscalización relacionadas con proyectos habitacionales y adquisición de terrenos en la región. El caso habría surgido durante una visita realizada por el ministro Poduje a dependencias del Serviu Magallanes, oportunidad en la que funcionarios del servicio le entregaron antecedentes sobre distintos procesos de asignación de subsidios. Tras conocer la información, el secretario de Estado instruyó una revisión de los antecedentes y el envío de los mismos a los organismos competentes. Con la denuncia ya ingresada ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado, serán ahora dichas instituciones las encargadas de determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales delitos asociados a los procesos de reemplazo de beneficiarios en proyectos habitacionales financiados con recursos públicos.
En su fase final se encuentra la transferencia de 8,86 hectáreas del Ex Regimiento Pudeto desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional. Así lo informó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, tras sostener una reunión de trabajo con las instituciones vinculadas a este proceso. Junto con la asistencia del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, el encuentro contó con la participación de su par de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza; el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo; el Comandante en Jefe de la V División de Ejército y del Comando Conjunto Austral, General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme; el Comandante del Regimiento N° 10 Pudeto Coronel Raúl del Canto Wilhelm; el Gerente de la empresa sanitaria Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic y equipos técnicos de la Seremi Minvu y el Serviu Regional. El Seremi Rodolfo Guajardo señaló “Primero agradecer el trabajo del Ejército de Chile en la entrega de terrenos y retiro del material de instrucción inerte, que es una labor que requiere cuidado y profesionalismo. Se trata de cinco paños de terreno que totalizan 8,86 hectáreas de superficie que estará disponible para el diseño de un plan maestro urbano habitacional en pleno centro de Punta Arenas, donde nuestra cartera proyecta una cabida de 500 soluciones habitacionales y extensas áreas verdes”. La autoridad del Minvu agregó “Se debe precisar, que uno de estos paños, más otro terreno en etapa de estudio por parte del Ejército, serán destinados íntegramente al diseño de un Parque Urbano en complemento al “Humedal Urbano Laguna Pudeto – Cerro de La Cruz’, conciliando la conservación del medio ambiente con el desarrollo habitacional”. Por su parte la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, destacó el trabajo colaborativo con el Ejército y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y anunció que los decretos de la transferencia ya fueron visados por la Contraloría General de la República por lo que la inscripción definitiva a nombre del Serviu debería quedar resuelta en sesenta días más. “Este es un proceso que el Ministerio de Bienes Nacionales inició hace ya un tiempo con una mirada estratégica. A nosotros nos corresponderá prontamente cerrar la primera etapa de un ordenamiento territorial que puso nuevamente en valor al suelo fiscal como motor de desarrollo sostenible y social para la concreción de ambiciosos proyectos habitacionales.” Con la transferencia, gestionada por la cartera de Bienes Nacionales, dichos terrenos pasarán a ser patrimonio del Serviu abriendo una nueva etapa para el desarrollo urbano de la capital regional durante la administración del Presidente José Antonio Kast. Una vez que se concrete el traspaso, el Minvu estará en condiciones de iniciar el diseño del plan antes señalado en los lotes que ya fueron puestos a disposición por parte del Ejército. En paralelo el Ejército continuará con el proceso de limpieza de otros dos lotes, estimando el término de estas faenas para fines del primer semestre de 2027. La Seremi Díaz agradeció lo obrado al Coronel Raúl del Canto, ya que es la primera vez en Chile que el Ejército realiza este tipo de faenas de limpieza en un paño fiscal que antes sirvió de campo de entrenamiento, a fin de disponibilizarlo para la construcción de vivienda. Acuerdo de Chena El traspaso de terrenos del Ejército de Chile al Ministerio de Bienes Nacionales para su destinación al desarrollo urbano de las ciudades, se originó en el Acuerdo de Chena. Dicho protocolo contempló en Punta Arenas la transferencia de terrenos del ex Regimiento “Pudeto” al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para las extensiones viales de calles Fagnano y Rancagua ya construidas y posteriormente, en junio de 2023, la restitución al fisco, de alrededor de 10 hectáreas de superficie para fines urbano habitacionales. En el proceso se modificó el plano de subdivisión excluyendo la superficie donde existe una matriz de agua potable de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., que opera el servicio sanitario en Punta Arenas a través de la empresa Aguas Magallanes.
Un total de 122 familias beneficiarias de subsidios DS49 individual y DS1 Tramo 1 recibieron este martes las llaves de sus viviendas en los proyectos DS19 Valle Los Sauces 1 y 2, en Punta Arenas, proyectos que en total contemplan 488 soluciones habitacionales para distintos sectores socioeconómicos. La ceremonia fue encabezada por autoridades regionales y se desarrolló en el sector poniente de la capital regional, donde en los próximos días continuará el proceso de ocupación de viviendas correspondientes a familias de sectores medios y también para venta libre. El seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Atircio Aguilera Burgos, destacó que los proyectos permiten entregar una alternativa concreta para familias que hace años contaban con subsidios habitacionales, pero no encontraban oferta disponible para aplicarlos. “La sumatoria de ambos conjuntos da 488 viviendas y hoy entregamos las primeras 122 familias que llegan a este sector. Esta inversión conjunta entre aportes ministeriales, ahorro de las familias y financiamiento hipotecario bordea los 45 mil millones de pesos. La gran diferencia de estos proyectos de integración social es que permiten que familias que recibieron su subsidio hace años puedan finalmente acceder a una vivienda nueva”, señaló la autoridad. Los proyectos fueron seleccionados en febrero de 2022 bajo el Programa de Integración Social y Territorial DS19 y consideran viviendas de distintas tipologías, incluyendo unidades adaptadas para personas con discapacidad. Las viviendas cuentan con calefacción central, estándar térmico acorde a la región y equipamiento comunitario orientado a la vida barrial. El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, relevó las características urbanas y de conectividad del sector. “Estamos entregando viviendas en un conjunto construido sobre un terreno de 87.000m², con 7.500m² de equipamiento deportivo, áreas verdes, juegos infantiles y calles amplias para el tránsito vehicular”, indicó. La autoridad agregó que el desarrollo del sector continuará avanzando con nuevas etapas habitacionales y obras de conectividad. “Actualmente, el proyecto Sauces 3 se encuentra en revisión y Sauces 9 ya cuenta con aprobación del Gobierno Regional para beneficiar a más de 225 familias. Además, permitirá generar una nueva conexión hacia avenida Rómulo Correa, mejorando la circulación para quienes viven en este sector”, agregó González. Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto social y urbano del proyecto para las familias beneficiadas. “Estas 122 familias acceden a viviendas sin crédito hipotecario y muchas de ellas habitarán estos hogares de forma definitiva. Por eso también debemos pensar en barrios adaptables para todas las etapas de la vida, fortaleciendo la infraestructura, la conectividad y los servicios de un sector que ha crecido enormemente en los últimos años”, afirmó. Los conjuntos Valle Los Sauces 1 y 2 incorporan áreas verdes, infraestructura deportiva cubierta, locales comerciales, espacios recreativos y equipamiento comunitario, contribuyendo a la consolidación de barrios integrados en el sector norte de Punta Arenas. Entre las familias beneficiadas estuvo Jessica Gómez, quien valoró la posibilidad de acceder finalmente a una vivienda definitiva tras años pagando arriendo. “Estoy súper contenta. Para mí esto es una meta. Mi hijo tiene autismo y salir adelante ha sido difícil. El costo de los arriendos es muy alto y cuesta mucho. Ahora siento que finalmente tenemos nuestro hogar y que ya somos parte de Punta Arenas”, expresó. Actualmente, en la comuna se mantienen en ejecución distintos proyectos habitacionales correspondientes a programas DS19 y DS49, entre ellos Ciudad de los Vientos, Valle Los Sauces 5E6, Trébol 51 y nuevos desarrollos habitacionales en Lomas del Bosque 7 y Brisas del Estrecho 3.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió firmemente este viernes la investigación por el presunto subsidio habitacional irregular obtenido por la expareja de un diputado republicano, asegurando que “todos son iguales ante la ley” y que cualquier mal uso de viviendas sociales debe ser fiscalizado, sin importar el sector político involucrado. En entrevista con Radio Pauta, el secretario de Estado abordó la controversia surgida tras la denuncia presentada por el Minvu en Punta Arenas. El caso, que involucra directamente a la pareja de un parlamentario oficialista, ya motivó el inicio de una investigación administrativa en un programa destinado a familias vulnerables. Poduje explicó que, antes de instruir las diligencias, revisó los antecedentes con autoridades regionales y con el personal técnico que participó en las fiscalizaciones en terreno, descartando haber actuado por motivaciones políticas. “Hablé con los funcionarios que fueron a fiscalizar, hablé con el seremi y con otras personas. La ciudad de Punta Arenas no es tan grande. Este era un tema que se sabía y tiene que investigarse”, sostuvo la autoridad. En esa línea, el ministro remarcó que el cargo del congresista no frenará las indagatorias: “Lo que yo dije es que en ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando”, afirmó. Asimismo, frente al hecho de que un parlamentario le habría señalado previamente que la situación “estaba en regla”, cuestionando por qué no se cerró el caso en ese momento, Poduje insistió en que el combate al fraude en los beneficios estatales es una prioridad absoluta de su gestión. “Este tema es prioritario a nivel nacional. Tengo hoy 3 mil casos en evaluación de gente que defrauda el sistema y le quita la vivienda a las familias más modestas y más humildes”, señaló. Asimismo, detalló que el Serviu recopiló elementos suficientes para dar curso al proceso formal. “Si tengo una denuncia de eso, sea de quien sea, la voy a investigar. Si la gente del Serviu me dice que hay antecedentes, mi deber es ordenar que se proceda con la investigación. Eso es lo que me corresponde”, indicó. Finalmente, el ministro aclaró que será la justicia la que determine las responsabilidades de fondo, enfatizando el costo social de estas irregularidades. “Tenemos un déficit de vivienda social y cualquier persona que ocupe una de manera irregular le está quitando esa oportunidad a una familia vulnerable que lleva esperando ocho años. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó. La polémica se instaló luego de que el propio Poduje confirmara la denuncia penal en la región de Magallanes por el uso indebido de un subsidio reservado para sectores vulnerables, abriendo un complejo flanco político sobre los filtros y controles en la asignación de viviendas del Estado. Cabe destacar que durante esta jornada el diputado republicano Alejandro Riquelme negó haber cometido irregularidades y acusó que existen “antecedentes falsos” en la denuncia vinculada al subsidio habitacional adjudicado a su expareja. Mediante una declaración pública, el parlamentario afirmó que al momento de la postulación “estábamos separados y sin convivencia”, descartando haber influido en la obtención del beneficio. Además, aseguró que colaborará con la investigación de la Fiscalía y sostuvo que espera que el caso “se investigue y aclare a la brevedad”. Fuente: biobiochile.cl
Los partidos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena — Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal— manifestamos nuestra preocupación y exigimos explicaciones frente a los graves antecedentes revelados públicamente por el medio de comunicación ZonaZero sobre presuntas irregularidades en la asignación de viviendas sociales en Magallanes, vinculadas al diputado republicano Alejandro Riquelme. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el propio SERVIU Magallanes habría puesto en conocimiento de la Fiscalía Regional y del Consejo de Defensa del Estado una serie de hechos que podrían afectar directamente el correcto acceso a beneficios habitacionales destinados a familias vulnerables. Se trata de hechos graves, que involucran a un sector político que durante años ha denostado la actuación de otros e instalado dudas sobre distintas instituciones y actores públicos, y que hoy enfrenta cuestionamientos respecto de uno de sus propios diputados. No basta con levantar discursos sobre orden, mérito o buen uso de los recursos públicos si, frente a denuncias de esta magnitud, se opta por el silencio o laevasión política. La ciudadanía merece explicaciones claras, especialmente en una región donde miles de familias siguen esperando una solución habitacional, mientras surgen antecedentes que podrían evidenciar privilegios y redes de influencia. Por ello, exigimos un pronunciamiento público del presidente regional del Partido Republicano, Javier Romero, recientemente designado Director de CORFO, respecto de esta situación y de las medidas políticas que adoptará su partido mientras avanza la investigación. La ciudadanía debe conocer si los mismos estándares que durante años promovieron públicamente serán aplicados también al interior de sus propias filas o es, también, una metáfora. Como partidos de oposición en Magallanes, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las familias que más necesitan del Estado. Las viviendas sociales son un derecho, no un privilegio reservado para quienes tienen acceso a redes de poder político, económico o institucional
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presuntas irregularidades detectadas en procesos de reemplazo de beneficiarios de subsidios habitacionales, uno de los cuales involucra a Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado Alejandro Riquelme y madre de tres de sus hijos. La situación tomó relevancia pública luego de que se conocieran antecedentes relacionados con la adjudicación de un subsidio habitacional correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en el proyecto habitacional Estepa Austral I de Punta Arenas. El beneficio fue formalizado mediante la Resolución Exenta N°1117, de fecha 7 de julio de 2022. En declaraciones a medios regionales, el titular del Minvu confirmó que, una vez conocidos los antecedentes, instruyó al servicio regional realizar las denuncias correspondientes para que los organismos competentes determinen la existencia o no de eventuales responsabilidades. Según consta en el Oficio Ordinario N°64, enviado el pasado 8 de mayo por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, a la Fiscalía Regional, el organismo tomó conocimiento de antecedentes que “podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales”. Los antecedentes remitidos señalan que el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49, está destinado a familias en situación de vulnerabilidad social, priorizando a quienes pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. De acuerdo con la documentación enviada a la Fiscalía, cuando un beneficiario renuncia o es excluido de un proyecto habitacional, la Entidad Patrocinante puede solicitar al Serviu su reemplazo por otro postulante que cumpla los requisitos establecidos. Sin embargo, la denuncia sostiene que, en algunos casos, la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, habría propuesto directamente los nombres de las personas que posteriormente fueron incorporadas como beneficiarias. Asimismo, se indica que la Entidad Patrocinante formalizaba posteriormente las solicitudes de reemplazo con los nombres previamente sugeridos y que la misma funcionaria dictaba las resoluciones administrativas que materializaban dichas incorporaciones. Uno de los casos observados corresponde a Susan Chicuy Godoy, quien ingresó al proyecto Estepa Austral I tras un proceso de reemplazo de beneficiarios. La documentación revisada por distintos medios señala que la solicitud fue presentada por la Entidad Patrocinante Salfa Austral en junio de 2022, argumentando la exclusión de beneficiarios que realizaron movimientos en sus cuentas de ahorro para la vivienda después de haber obtenido el beneficio. Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme descartó cualquier irregularidad y afirmó que no está siendo investigado por delito alguno. El parlamentario sostuvo que la remisión de antecedentes a la Fiscalía no implica culpabilidad ni responsabilidades establecidas y recordó que el proyecto fue revisado y aprobado por las instancias correspondientes hace varios años. Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión de la información, señalando que ésta coincide con una etapa en la que ha intensificado acciones de fiscalización relacionadas con proyectos habitacionales y adquisición de terrenos en la región. El caso habría surgido durante una visita realizada por el ministro Poduje a dependencias del Serviu Magallanes, oportunidad en la que funcionarios del servicio le entregaron antecedentes sobre distintos procesos de asignación de subsidios. Tras conocer la información, el secretario de Estado instruyó una revisión de los antecedentes y el envío de los mismos a los organismos competentes. Con la denuncia ya ingresada ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado, serán ahora dichas instituciones las encargadas de determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales delitos asociados a los procesos de reemplazo de beneficiarios en proyectos habitacionales financiados con recursos públicos.
En su fase final se encuentra la transferencia de 8,86 hectáreas del Ex Regimiento Pudeto desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional. Así lo informó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, tras sostener una reunión de trabajo con las instituciones vinculadas a este proceso. Junto con la asistencia del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, el encuentro contó con la participación de su par de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza; el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo; el Comandante en Jefe de la V División de Ejército y del Comando Conjunto Austral, General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme; el Comandante del Regimiento N° 10 Pudeto Coronel Raúl del Canto Wilhelm; el Gerente de la empresa sanitaria Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic y equipos técnicos de la Seremi Minvu y el Serviu Regional. El Seremi Rodolfo Guajardo señaló “Primero agradecer el trabajo del Ejército de Chile en la entrega de terrenos y retiro del material de instrucción inerte, que es una labor que requiere cuidado y profesionalismo. Se trata de cinco paños de terreno que totalizan 8,86 hectáreas de superficie que estará disponible para el diseño de un plan maestro urbano habitacional en pleno centro de Punta Arenas, donde nuestra cartera proyecta una cabida de 500 soluciones habitacionales y extensas áreas verdes”. La autoridad del Minvu agregó “Se debe precisar, que uno de estos paños, más otro terreno en etapa de estudio por parte del Ejército, serán destinados íntegramente al diseño de un Parque Urbano en complemento al “Humedal Urbano Laguna Pudeto – Cerro de La Cruz’, conciliando la conservación del medio ambiente con el desarrollo habitacional”. Por su parte la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, destacó el trabajo colaborativo con el Ejército y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y anunció que los decretos de la transferencia ya fueron visados por la Contraloría General de la República por lo que la inscripción definitiva a nombre del Serviu debería quedar resuelta en sesenta días más. “Este es un proceso que el Ministerio de Bienes Nacionales inició hace ya un tiempo con una mirada estratégica. A nosotros nos corresponderá prontamente cerrar la primera etapa de un ordenamiento territorial que puso nuevamente en valor al suelo fiscal como motor de desarrollo sostenible y social para la concreción de ambiciosos proyectos habitacionales.” Con la transferencia, gestionada por la cartera de Bienes Nacionales, dichos terrenos pasarán a ser patrimonio del Serviu abriendo una nueva etapa para el desarrollo urbano de la capital regional durante la administración del Presidente José Antonio Kast. Una vez que se concrete el traspaso, el Minvu estará en condiciones de iniciar el diseño del plan antes señalado en los lotes que ya fueron puestos a disposición por parte del Ejército. En paralelo el Ejército continuará con el proceso de limpieza de otros dos lotes, estimando el término de estas faenas para fines del primer semestre de 2027. La Seremi Díaz agradeció lo obrado al Coronel Raúl del Canto, ya que es la primera vez en Chile que el Ejército realiza este tipo de faenas de limpieza en un paño fiscal que antes sirvió de campo de entrenamiento, a fin de disponibilizarlo para la construcción de vivienda. Acuerdo de Chena El traspaso de terrenos del Ejército de Chile al Ministerio de Bienes Nacionales para su destinación al desarrollo urbano de las ciudades, se originó en el Acuerdo de Chena. Dicho protocolo contempló en Punta Arenas la transferencia de terrenos del ex Regimiento “Pudeto” al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para las extensiones viales de calles Fagnano y Rancagua ya construidas y posteriormente, en junio de 2023, la restitución al fisco, de alrededor de 10 hectáreas de superficie para fines urbano habitacionales. En el proceso se modificó el plano de subdivisión excluyendo la superficie donde existe una matriz de agua potable de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., que opera el servicio sanitario en Punta Arenas a través de la empresa Aguas Magallanes.
Un total de 122 familias beneficiarias de subsidios DS49 individual y DS1 Tramo 1 recibieron este martes las llaves de sus viviendas en los proyectos DS19 Valle Los Sauces 1 y 2, en Punta Arenas, proyectos que en total contemplan 488 soluciones habitacionales para distintos sectores socioeconómicos. La ceremonia fue encabezada por autoridades regionales y se desarrolló en el sector poniente de la capital regional, donde en los próximos días continuará el proceso de ocupación de viviendas correspondientes a familias de sectores medios y también para venta libre. El seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Atircio Aguilera Burgos, destacó que los proyectos permiten entregar una alternativa concreta para familias que hace años contaban con subsidios habitacionales, pero no encontraban oferta disponible para aplicarlos. “La sumatoria de ambos conjuntos da 488 viviendas y hoy entregamos las primeras 122 familias que llegan a este sector. Esta inversión conjunta entre aportes ministeriales, ahorro de las familias y financiamiento hipotecario bordea los 45 mil millones de pesos. La gran diferencia de estos proyectos de integración social es que permiten que familias que recibieron su subsidio hace años puedan finalmente acceder a una vivienda nueva”, señaló la autoridad. Los proyectos fueron seleccionados en febrero de 2022 bajo el Programa de Integración Social y Territorial DS19 y consideran viviendas de distintas tipologías, incluyendo unidades adaptadas para personas con discapacidad. Las viviendas cuentan con calefacción central, estándar térmico acorde a la región y equipamiento comunitario orientado a la vida barrial. El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, relevó las características urbanas y de conectividad del sector. “Estamos entregando viviendas en un conjunto construido sobre un terreno de 87.000m², con 7.500m² de equipamiento deportivo, áreas verdes, juegos infantiles y calles amplias para el tránsito vehicular”, indicó. La autoridad agregó que el desarrollo del sector continuará avanzando con nuevas etapas habitacionales y obras de conectividad. “Actualmente, el proyecto Sauces 3 se encuentra en revisión y Sauces 9 ya cuenta con aprobación del Gobierno Regional para beneficiar a más de 225 familias. Además, permitirá generar una nueva conexión hacia avenida Rómulo Correa, mejorando la circulación para quienes viven en este sector”, agregó González. Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto social y urbano del proyecto para las familias beneficiadas. “Estas 122 familias acceden a viviendas sin crédito hipotecario y muchas de ellas habitarán estos hogares de forma definitiva. Por eso también debemos pensar en barrios adaptables para todas las etapas de la vida, fortaleciendo la infraestructura, la conectividad y los servicios de un sector que ha crecido enormemente en los últimos años”, afirmó. Los conjuntos Valle Los Sauces 1 y 2 incorporan áreas verdes, infraestructura deportiva cubierta, locales comerciales, espacios recreativos y equipamiento comunitario, contribuyendo a la consolidación de barrios integrados en el sector norte de Punta Arenas. Entre las familias beneficiadas estuvo Jessica Gómez, quien valoró la posibilidad de acceder finalmente a una vivienda definitiva tras años pagando arriendo. “Estoy súper contenta. Para mí esto es una meta. Mi hijo tiene autismo y salir adelante ha sido difícil. El costo de los arriendos es muy alto y cuesta mucho. Ahora siento que finalmente tenemos nuestro hogar y que ya somos parte de Punta Arenas”, expresó. Actualmente, en la comuna se mantienen en ejecución distintos proyectos habitacionales correspondientes a programas DS19 y DS49, entre ellos Ciudad de los Vientos, Valle Los Sauces 5E6, Trébol 51 y nuevos desarrollos habitacionales en Lomas del Bosque 7 y Brisas del Estrecho 3.
