La actividad organizada por el área de comunicaciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes tuvo como objetivo reunir a periodistas, directores y representantes de medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, con quienes se trabajó arduamente en la difusión institucional en el primer año de instalación de esta nueva institucionalidad de reinserción juvenil. El objetivo de este encuentro fue fortalecer lazos de colaboración y comunicación con la prensa regional, oportunidad que también se aprovechó para reiterar la política de puertas abiertas que, desde el primer día de esta gestión, ha sido nuestro sello, reiteró César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, al abrir el diálogo con los profesionales. Este, el primer encuentro de este tipo sostenido con los medios de prensa abrió el diálogo constructivo respecto a los énfasis institucionales y los desafíos que se avecinan con el ingreso de la zona central al nuevo Servicio de Reinserción. Nuestro servicio se instaló en Magallanes hace exactamente un año. Sin embargo, este proceso de instalación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil se llevó a cabo en tres etapas, con el propósito de ir generando experiencia y fortaleciendo las relaciones entre las distintas instituciones que son parte del sistema de justicia juvenil. La primera etapa comenzó el 13 de enero de 2024 con la llegada del Servicio a 5 regiones del norte, de Arica a Coquimbo. La segunda se inició el 13 de enero de 2025, con la implementación en 8 regiones del sur, entre el Maule y Magallanes. Y la etapa final comienza este 13 de enero de 2026, con la incorporación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Por lo tanto, ya estamos instalados en todo el país, destacó César Montiel. Junto a lo anterior, Montiel revisó los principales avances del Servicio a un año de su puesta en marcha lo que abrió además el intercambio valioso de opiniones respecto al trabajo desarrollado y las mejoras que se pueden introducir a la estrategia comunicacional regional, de cara al trabajo de 2026, en torno a la reinserción de jóvenes con enfoque de derechos. Amplia convocatoria Entre los asistentes estuvieron Moisés Ojeda, director de Radio Magallanes; José Marihueico, propietario de Pepe Noticias; Alfredo Vera, director de Radio Soberanía; Lucas Ulloa, periodista de Diario La Prensa Austral; Christian Jiménez, periodista de Pingüino Multimedia; Macarena Aguilar, periodista de TVN Red Austral; Carola Chávez, periodista de ITV Patagonia y Ricardo Rodríguez, propietario de Ovejero Noticias. En el encuentro, coordinado por la periodista y Encargada de Comunicaciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Paulina Fernández, se valoró el apoyo de medios radiales, televisivos, digitales y escritos. La periodista llamó a sus colegas a seguir informando sobre reinserción social juvenil dentro del marco legal de resguardo de derechos y protección de identidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La jornada contó con la asistencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos (S), René Castro y su equipo de comunicaciones, quienes se sumaron a los saludos por este primer año de gestión, conmemoración que se continuará desarrollando con diversas actividades programas durante todo el mes de enero. Adicionalmente, Reinserción Social Juvenil se comprometió con los medios de prensa a llevar a cabo una jornada de análisis y capacitación técnica sobre cobertura respetuosa de noticias en el marco de la Ley Penal Adolescente y el uso adecuado de conceptos técnicos e imagen de menores de edad, con el fin de fortalecer el trabajo periodístico.
Una sociedad diversa e inclusiva no está ajena a que una persona con discapacidad, en determinado momento, se vea perjudicada por algún acto u omisión arbitraria que implique discriminación o vulneración de derechos a causa de su discapacidad. Al respecto, el afectado o afectada pueden acceder personalmente -o bien a través de familiares o representantes- a asesoría gratuita y especializada, gracias a un convenio vigente hace más de 12 años entre la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). En un caso emblemático a nivel nacional, un usuario con discapacidad fue discriminado en Punta Arenas hace una década al impedírsele renovar su licencia de conducir en la dirección de Tránsito del municipio. En virtud de la Ley N°20.422, en tribunales se logró una sentencia favorable gracias al apoyo de esta herramienta que opera tanto en Magallanes como en el resto del país. Gianina Brevis Núñez, Abogada Ejecutora del Convenio CAJ-SENADIS, explicó que este programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de la orientación y representación judicial gratuitas para aquellas personas con discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas por motivo de su discapacidad. Si algún caso diera lugar a alguna acción judicial, ésta puede ser patrocinada. Otro foco importante de este convenio es también la labor socioeducativa: acciones de promoción y difusión como charlas y talleres sobre los derechos para las personas con discapacidad, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil (personas con discapacidad). Tales acciones giran principalmente en torno a los derechos que los amparan, incluyendo la Ley N° 21.545, que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas”, agregó. En ese sentido, también ha podido asistir a distintos establecimientos educacionales para entregar esta orientación e información a los profesores, a profesionales que son parte del programa PIE, a la dirección y a los apoderados de los establecimientos, “para que ellos igual tengan conocimiento de los derechos de sus hijos. Y, en caso de que exista alguna vulneración o algo que quieran solucionar, sepan que existe este convenio y que pueden acercarse para recibir esta orientación”. La profesional valoró los conocimientos y experiencia que le aporta el SENADIS al ejecutar sus labores en el día a día, “y que eso lo podamos entregar de forma más integral a los usuarios una vez que se acercan a consultar cualquier tipo de duda”. Muchas situaciones de discriminación no siempre se denuncian, lo que refuerza la importancia de contar con servicios de orientación jurídica accesibles y especializados. “Eso no dice nada de que existan o no existan discriminaciones en sí. Podemos verlo desde dos enfoques, que hay menos vulneraciones, porque no hay patrocinios, o también porque la gente no quiere denunciar”, expresó. Asimismo, esto formaría parte de la autonomía de las personas con discapacidad, quienes “una vez que reciben la información, ellas deciden cuál es el camino que quieren seguir. A veces no todo es judicializar, a veces es solucionar”. A través de este convenio, han asesorado en el año a una cifra cercana al centenar de personas. Al respecto, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, destacó el alcance de este apoyo especializado en acción colaborativa con el SENADIS, que busca otorgar una defensa oportuna y de calidad a casos de discriminación o conculcación de derechos por su mera condición de discapacidad. Más allá de la figura de un abogado especializado por región encargado de entregar patrocinio o atención preferente en base a un convenio, anticipó que el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia -que reemplazará a la CAJ- debería incorporar una especialización y herramientas adicionales para consagrar una atención más permanente en estas materias. Por su parte, René Castro Cid, Seremi de Justicia y DD.HH. (S), subrayó que toda persona necesitada de patrocinio en acciones judiciales por discriminación con motivo de discapacidad no requerirá de focalización previa, dado que el patrocinio que brinda esta herramienta (basada en los artículos 28 y 57 de la Ley 20.422 y la acción antidiscriminación de la Ley 20.609), es de carácter universal. El Convenio CAJ-SENADIS brinda atención de lunes a viernes, todas las mañanas en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Croacia N°957) y también puede solicitarse atención en la Dirección Regional de la CAJ, en Magallanes N°809 (o bien contactar al correo: puntaarenas@cajmetro.cl).
Una disminución en la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año pasado confirmó el Seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, Dr. René Castro Cid, en base a las estadísticas vinculadas a los procedimientos periciales desarrollados por el Servicio Médico Legal en la región. Como servicio, informó que los procedimientos de fallecidos por distintas causas ascendieron el año pasado a 162 (siete más que en 2024), 138 en Punta Arenas y 24 en Puerto Natales. De todas estas autopsias, 91 de ellas dieron cuenta de enfermedad (el año pasado tuvieron 77). La región registró 19 casos de suicidios, en relación a 27 el año anterior. En tanto, las personas fallecidas por homicidio durante 2025 llegaron a ocho, dos más que el año pasado. Castro agregó que todas las muertes por homicidio fueron provocadas por uso de arma blanca. En accidentes de tránsito, el año cerró con 11 decesos, una de las cifras más bajas de los últimos años. El año pasado hubo 17 fallecidos por esta causa. Las muertes por accidentes laborales llegaron a nueve este año, versus las seis del año pasado. La En tanto, la cifra de fallecidos en accidentes domésticos se mantuvo y fue de cinco personas. En otros accidentes, se registraron 13 fallecidos en la región, seis más que el año pasado. En esta categoría de otros accidentes se incluyeron, por ejemplo, las pérdidas de los cinco turistas fallecidos en el sector del paso John Gardner en las Torre del Paine en noviembre pasado. Finalmente, se contabilizaron seis muertes por causas indeterminadas en 2025 (en 2024 se registraron nueve). En relación a los 1.264 análisis de alcoholemias realizados en Punta Arenas, señaló que hasta la semana pasada había 1.177 resultados entregados, de las cuales 382 fueron positivas, es decir el 32 por ciento. Pese al incremento en controles y análisis de alcoholemia respecto al 2024, remarcó que “el porcentaje de casos positivos se ha mantenido estable en estos últimos dos años”. Con miras a establecer la presencia de otras drogas en conductores, indicó que “han aumentado las fiscalizaciones, pero los narco test son acotados, no se hacen a todas las personas que se les toma la alcoholemia”. Estas sospechas de consumo son una temática aún en desarrollo. Si bien se realizan controles por parte de Carabineros y Senda, a través de los operativos en el marco del Plan Tolerancia Cero, se vislumbra la posibilidad de continuar esta labor y aumentar la cantidad de análisis que se puedan tomar. De acuerdo a cifras de Carabineros, se detectaría un 52 por ciento de positividad (más de la mitad) en aquellos conductores controlados con narco test en la región. En esta dinámica, el Dr. Castro planteó que “es muy importante poder contar en el futuro con un laboratorio de toxicología aquí en la región por parte del Servicio Médico Legal”, para lo cual se abocan en un actual proceso de revisión para modernizar su sede regional, siendo uno de sus ejes a futuro el poder contar con un laboratorio de toxicología. Lectura de foto: El Dr. René Castro aparece participando en una actividad en terreno asociada a la prevención de accidentes de tránsito en la región, en la previa de Fiestas Patrias.
Había en el Servicio Médico Legal (SML) de Magallanes una preocupación que se transformaba con el tiempo en un problema: dos de las únicas tres camionetas que tienen para el traslado de cuerpos se averiaban con facilidad, y ello se extrapolaba también a la integridad en riesgo de los funcionarios y funcionarias que las usaban. Juntas sumaban casi 30 años de trabajo (12 y 16). He allí que se identificó en su recambio como una necesidad, que luego se tradujo en gestiones hechas por el Servicio y por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos, con el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Y este jueves, finalmente, se realizó la entrega de dos nuevos vehículos para mejorar el trabajo del SML. Son camionetas 4×4, de cabina simple, adaptadas para el traslado de fallecidos. Sus carrocerías sanitarias están completamente aisladas y equipadas con bandejas de rodillos y sistemas de fijación compatibles con camillas institucionales del Servicio. Cuentan, además, con extractor de aire, iluminación interna y externa, sistema eléctrico, balizas LED, señalética institucional y elementos de seguridad operativa. El Gobierno Regional financió en su totalidad el proyecto por un costo total de $127.306.200. De esta forma, el SML queda fortalecido para la demanda en caso de accidentes, fallecimientos en zonas aisladas, emergencias o fenómenos naturales, haciendo de su respuesta una más oportuna, segura y consistente. El Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, felicitó, tanto a la titular de la Seremi de Justicia, Michelle Peutat, como al director regional del Servicio, René Castro, por la iniciativa “inédita en el país desde el punto de vista de los Gobierno Regionales con el Servicio Médico Legal: habíamos funcionado en infraestructura, en equipamiento, pero no en vehículos”. Agregó luego la máxima autoridad regional: “Esto tiene que ver con un tema de dignidad: cuando fallece el paciente y no hay posibilidad de hacer un certificado porque no se sabe su causa de muerte, o ha sido una causa de muerte violenta, deja de ser una urgencia vital; pero pasa a ser una urgencia humanitaria para la familia, y nos ha tocado muchas veces, ya sea en carretera, en isla, particularmente Tierra del Fuego, Puerto William y Última Esperanza, que cuando la familia se entera o tenemos un accidente, es fundamental tener estos medios para la seguridad de los funcionarios de SML, pero también para el traslado de los restos. Y en ese aspecto, estamos muy contentos, como Gobierno Regional, de poder avanzar con este proyecto”. El director Castro, en tanto, complementó que la concreción del proyecto incluyó la coordinación con la Dirección Nacional del SML, particularmente su Unidad de Proyectos, junto con el Gobierno Regional, “lo que nos va a permitir contar, por lo menos, por una buena cantidad de años, con vehículos cero kilómetros, con los mejores estándares técnicos y de calidad para poder cubrir la vasta zona de la región de Magallanes, al menos lo que podamos hacer vía terrestre, para poder hacer oportunos levantamientos de fallecidos en el caso de algún accidente o alguna desgracia que genere víctimas fatales”. Hacia el final, la seremi Peutat puntualizó: “Es una tarea muy importante del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encomendada por el Presidente Gabriel Boric, el mejorar la presencia territorial de nuestros distintos servicios. (Las camionetas eran) una urgencia para poder llegar de buena manera a esos territorios, de forma segura para los funcionarios”.
Una compleja emergencia se vivió la semana pasada en el Parque Nacional Torres del Paine, luego que se desplegaran intensos operativos de búsqueda la noche del lunes 17 en el sector del paso John Gardner, para el rescate de un grupo de turistas extranjeros y la extracción de cinco fallecidos, en un esfuerzo que encabezó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) junto a diversos equipos especializados, entre los cuales figuró el Servicio Médico Legal (SML). Así lo destaca la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, quien relevó la coordinación interinstitucional que se llevó adelante con la presencia de los servicios del Estado, en la que el SML, como organismo dependiente de la cartera de Justicia, cumplió un destacado papel en materia de gestión local, sin que se diera la necesidad de tener que solicitar apoyo del nivel central o de otras regiones del país. A ello, la autoridad sumó además un escenario aún más complejo, dada la ocurrencia esa semana de múltiples fallecimientos en tres de las cuatro provincias de la región: Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego; siendo clave en este último caso el buen trabajo en torno al Protocolo de Manejo de Fallecidos de que se dispone en la provincia fueguina. Aquello lo corrobora el Dr. René Castro, Director Regional del Servicio Médico Legal, quien resalta su labor asociada a la investigación judicial, como institución forense, al poner a disposición su equipo completo de cinco personas en Puerto Natales junto a su propia participación, para aportar el trabajo científico pericial de autopsia e Identificación de las personas fallecidas. Respecto a aquel cometido, resalta que pasadas las 7 de la tarde del lunes 17, al enterarse de la alerta en el Paine -que hasta ese momento señalaba una persona fallecida- se contactó con el respectivo Delegado Presidencial Provincial y se puso a disposición. Tras participar a nivel provincial del COGRID (Comité para la Gestión de Riesgo de Desastre), que después escaló a COGRID regional, el miércoles 19 por la mañana viajó a Última Esperanza para coordinar la recepción de los cuerpos, que habían sido trasladados desde el lugar del hallazgo hasta el regimiento Lanceros. De ahí los llevarían al SML de Puerto Natales para trabajar en las autopsias. Previamente, se procuró disponer de todos los registros fotográficos dentales de las personas fallecidas para tenerlos listos a objeto de trabajar en base a dicha información para identificar los cuerpos. “Desde el día anterior también a través de la Fiscalía empezamos a coordinar con los países de origen de las personas fallecidas, la recolección de antecedentes que pudieran ayudar con la identificación. Las coordinaciones fueron muy rápidas. Ese miércoles pudimos hacer la autopsia apenas llegaron los fallecidos, donde tuvimos trabajo en conjunto con la PDI, que pudo extraer toda la evidencia asociada como ropa y ciertos equipamientos que traían las personas para poder clasificarlas”, subraya. En una labor maratónica, Castro señala que trabajaron desde las 16 horas del día 19 hasta pasada la una de la madrugada del jueves 20, pudiendo establecer las causas de muerte. Asimismo, en dicha mañana lograron hacer la primera identificación de la ciudadana británica en base a sus registros dentales, pudiendo presentar aquellos resultados después del mediodía en el punto de prensa que organizó el Fiscal Regional. De ahí siguieron trabajando y, gracias a las gestiones consulares, la Embajada de México logró enviar registros de huellas dactilares. Aquel trabajo pericial, realizado por la PDI, permitió colaborar con la identidad de los ciudadanos mexicanos. Por otro lado, agrega que, en el caso de los dos ciudadanos alemanes tienen todo disponible para poder hacer corroboración de identidad, ya sea por huellas o registros dentales. En paralelo, para agilizar aquellos análisis se enviaron materiales genéticos (sangre) a analizar a Valparaíso, gestión que realizó gracias al trabajo con la Dirección Nacional y la Dirección Regional del SML de Valparaíso. En paralelo, el Ministerio Público ha estado haciendo gestiones con el gobierno alemán para poder obtener un perfil genético de los familiares directos, y poder hacer la comparación con el perfil genético que obtengan de los análisis de ADN en Valparaíso. En esta labor que operó como una gran cadena, el profesional destaca lo importante de las activaciones de los comités de gestión de riesgo de desastre ante una catástrofe o una tragedia como ésta, con una labor muy coordinada con las autoridades administrativas, y las labores de rescate, tanto de los cuerpos como de las personas que vivas, para traerlas a un lugar adecuado y pudieran ser evaluadas por el personal de Salud, con las primeras atenciones y brindarles también apoyo emocional. Considerando las condiciones geográficas, climáticas y una vez que ya tuvieron la posibilidad de tomar a las personas fallecidas y trasladarlas a su sede provincial, todo el trabajo se hizo de manera muy rápida, dada la tremenda complejidad en el aspecto humano de esta situación. Asimismo, como entidad pública deben cumplir con el principio de continuidad de servicio, a fin de concretar de manera oportuna los procedimientos encomendados por el Ministerio Público. En este sentido, el buen uso de los recursos del Estado es importante de considerar. Esto último pasa porque “todas las instituciones que de alguna manera puedan apoyar en el trabajo, ya sea de rescate o de investigación judicial, se ponen a disposición y eso aquí en la región quedó bastante bien demostrado. Con el personal y los recursos disponibles fuimos capaces de poder desarrollar todas las labores de rescate y los procedimientos periciales, por lo tanto, el recurso empleado fue eficientemente utilizado”, concluye.
La actividad organizada por el área de comunicaciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes tuvo como objetivo reunir a periodistas, directores y representantes de medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, con quienes se trabajó arduamente en la difusión institucional en el primer año de instalación de esta nueva institucionalidad de reinserción juvenil. El objetivo de este encuentro fue fortalecer lazos de colaboración y comunicación con la prensa regional, oportunidad que también se aprovechó para reiterar la política de puertas abiertas que, desde el primer día de esta gestión, ha sido nuestro sello, reiteró César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, al abrir el diálogo con los profesionales. Este, el primer encuentro de este tipo sostenido con los medios de prensa abrió el diálogo constructivo respecto a los énfasis institucionales y los desafíos que se avecinan con el ingreso de la zona central al nuevo Servicio de Reinserción. Nuestro servicio se instaló en Magallanes hace exactamente un año. Sin embargo, este proceso de instalación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil se llevó a cabo en tres etapas, con el propósito de ir generando experiencia y fortaleciendo las relaciones entre las distintas instituciones que son parte del sistema de justicia juvenil. La primera etapa comenzó el 13 de enero de 2024 con la llegada del Servicio a 5 regiones del norte, de Arica a Coquimbo. La segunda se inició el 13 de enero de 2025, con la implementación en 8 regiones del sur, entre el Maule y Magallanes. Y la etapa final comienza este 13 de enero de 2026, con la incorporación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Por lo tanto, ya estamos instalados en todo el país, destacó César Montiel. Junto a lo anterior, Montiel revisó los principales avances del Servicio a un año de su puesta en marcha lo que abrió además el intercambio valioso de opiniones respecto al trabajo desarrollado y las mejoras que se pueden introducir a la estrategia comunicacional regional, de cara al trabajo de 2026, en torno a la reinserción de jóvenes con enfoque de derechos. Amplia convocatoria Entre los asistentes estuvieron Moisés Ojeda, director de Radio Magallanes; José Marihueico, propietario de Pepe Noticias; Alfredo Vera, director de Radio Soberanía; Lucas Ulloa, periodista de Diario La Prensa Austral; Christian Jiménez, periodista de Pingüino Multimedia; Macarena Aguilar, periodista de TVN Red Austral; Carola Chávez, periodista de ITV Patagonia y Ricardo Rodríguez, propietario de Ovejero Noticias. En el encuentro, coordinado por la periodista y Encargada de Comunicaciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Paulina Fernández, se valoró el apoyo de medios radiales, televisivos, digitales y escritos. La periodista llamó a sus colegas a seguir informando sobre reinserción social juvenil dentro del marco legal de resguardo de derechos y protección de identidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La jornada contó con la asistencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos (S), René Castro y su equipo de comunicaciones, quienes se sumaron a los saludos por este primer año de gestión, conmemoración que se continuará desarrollando con diversas actividades programas durante todo el mes de enero. Adicionalmente, Reinserción Social Juvenil se comprometió con los medios de prensa a llevar a cabo una jornada de análisis y capacitación técnica sobre cobertura respetuosa de noticias en el marco de la Ley Penal Adolescente y el uso adecuado de conceptos técnicos e imagen de menores de edad, con el fin de fortalecer el trabajo periodístico.
Una sociedad diversa e inclusiva no está ajena a que una persona con discapacidad, en determinado momento, se vea perjudicada por algún acto u omisión arbitraria que implique discriminación o vulneración de derechos a causa de su discapacidad. Al respecto, el afectado o afectada pueden acceder personalmente -o bien a través de familiares o representantes- a asesoría gratuita y especializada, gracias a un convenio vigente hace más de 12 años entre la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). En un caso emblemático a nivel nacional, un usuario con discapacidad fue discriminado en Punta Arenas hace una década al impedírsele renovar su licencia de conducir en la dirección de Tránsito del municipio. En virtud de la Ley N°20.422, en tribunales se logró una sentencia favorable gracias al apoyo de esta herramienta que opera tanto en Magallanes como en el resto del país. Gianina Brevis Núñez, Abogada Ejecutora del Convenio CAJ-SENADIS, explicó que este programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de la orientación y representación judicial gratuitas para aquellas personas con discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas por motivo de su discapacidad. Si algún caso diera lugar a alguna acción judicial, ésta puede ser patrocinada. Otro foco importante de este convenio es también la labor socioeducativa: acciones de promoción y difusión como charlas y talleres sobre los derechos para las personas con discapacidad, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil (personas con discapacidad). Tales acciones giran principalmente en torno a los derechos que los amparan, incluyendo la Ley N° 21.545, que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas”, agregó. En ese sentido, también ha podido asistir a distintos establecimientos educacionales para entregar esta orientación e información a los profesores, a profesionales que son parte del programa PIE, a la dirección y a los apoderados de los establecimientos, “para que ellos igual tengan conocimiento de los derechos de sus hijos. Y, en caso de que exista alguna vulneración o algo que quieran solucionar, sepan que existe este convenio y que pueden acercarse para recibir esta orientación”. La profesional valoró los conocimientos y experiencia que le aporta el SENADIS al ejecutar sus labores en el día a día, “y que eso lo podamos entregar de forma más integral a los usuarios una vez que se acercan a consultar cualquier tipo de duda”. Muchas situaciones de discriminación no siempre se denuncian, lo que refuerza la importancia de contar con servicios de orientación jurídica accesibles y especializados. “Eso no dice nada de que existan o no existan discriminaciones en sí. Podemos verlo desde dos enfoques, que hay menos vulneraciones, porque no hay patrocinios, o también porque la gente no quiere denunciar”, expresó. Asimismo, esto formaría parte de la autonomía de las personas con discapacidad, quienes “una vez que reciben la información, ellas deciden cuál es el camino que quieren seguir. A veces no todo es judicializar, a veces es solucionar”. A través de este convenio, han asesorado en el año a una cifra cercana al centenar de personas. Al respecto, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, destacó el alcance de este apoyo especializado en acción colaborativa con el SENADIS, que busca otorgar una defensa oportuna y de calidad a casos de discriminación o conculcación de derechos por su mera condición de discapacidad. Más allá de la figura de un abogado especializado por región encargado de entregar patrocinio o atención preferente en base a un convenio, anticipó que el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia -que reemplazará a la CAJ- debería incorporar una especialización y herramientas adicionales para consagrar una atención más permanente en estas materias. Por su parte, René Castro Cid, Seremi de Justicia y DD.HH. (S), subrayó que toda persona necesitada de patrocinio en acciones judiciales por discriminación con motivo de discapacidad no requerirá de focalización previa, dado que el patrocinio que brinda esta herramienta (basada en los artículos 28 y 57 de la Ley 20.422 y la acción antidiscriminación de la Ley 20.609), es de carácter universal. El Convenio CAJ-SENADIS brinda atención de lunes a viernes, todas las mañanas en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Croacia N°957) y también puede solicitarse atención en la Dirección Regional de la CAJ, en Magallanes N°809 (o bien contactar al correo: puntaarenas@cajmetro.cl).
Una disminución en la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año pasado confirmó el Seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, Dr. René Castro Cid, en base a las estadísticas vinculadas a los procedimientos periciales desarrollados por el Servicio Médico Legal en la región. Como servicio, informó que los procedimientos de fallecidos por distintas causas ascendieron el año pasado a 162 (siete más que en 2024), 138 en Punta Arenas y 24 en Puerto Natales. De todas estas autopsias, 91 de ellas dieron cuenta de enfermedad (el año pasado tuvieron 77). La región registró 19 casos de suicidios, en relación a 27 el año anterior. En tanto, las personas fallecidas por homicidio durante 2025 llegaron a ocho, dos más que el año pasado. Castro agregó que todas las muertes por homicidio fueron provocadas por uso de arma blanca. En accidentes de tránsito, el año cerró con 11 decesos, una de las cifras más bajas de los últimos años. El año pasado hubo 17 fallecidos por esta causa. Las muertes por accidentes laborales llegaron a nueve este año, versus las seis del año pasado. La En tanto, la cifra de fallecidos en accidentes domésticos se mantuvo y fue de cinco personas. En otros accidentes, se registraron 13 fallecidos en la región, seis más que el año pasado. En esta categoría de otros accidentes se incluyeron, por ejemplo, las pérdidas de los cinco turistas fallecidos en el sector del paso John Gardner en las Torre del Paine en noviembre pasado. Finalmente, se contabilizaron seis muertes por causas indeterminadas en 2025 (en 2024 se registraron nueve). En relación a los 1.264 análisis de alcoholemias realizados en Punta Arenas, señaló que hasta la semana pasada había 1.177 resultados entregados, de las cuales 382 fueron positivas, es decir el 32 por ciento. Pese al incremento en controles y análisis de alcoholemia respecto al 2024, remarcó que “el porcentaje de casos positivos se ha mantenido estable en estos últimos dos años”. Con miras a establecer la presencia de otras drogas en conductores, indicó que “han aumentado las fiscalizaciones, pero los narco test son acotados, no se hacen a todas las personas que se les toma la alcoholemia”. Estas sospechas de consumo son una temática aún en desarrollo. Si bien se realizan controles por parte de Carabineros y Senda, a través de los operativos en el marco del Plan Tolerancia Cero, se vislumbra la posibilidad de continuar esta labor y aumentar la cantidad de análisis que se puedan tomar. De acuerdo a cifras de Carabineros, se detectaría un 52 por ciento de positividad (más de la mitad) en aquellos conductores controlados con narco test en la región. En esta dinámica, el Dr. Castro planteó que “es muy importante poder contar en el futuro con un laboratorio de toxicología aquí en la región por parte del Servicio Médico Legal”, para lo cual se abocan en un actual proceso de revisión para modernizar su sede regional, siendo uno de sus ejes a futuro el poder contar con un laboratorio de toxicología. Lectura de foto: El Dr. René Castro aparece participando en una actividad en terreno asociada a la prevención de accidentes de tránsito en la región, en la previa de Fiestas Patrias.
Había en el Servicio Médico Legal (SML) de Magallanes una preocupación que se transformaba con el tiempo en un problema: dos de las únicas tres camionetas que tienen para el traslado de cuerpos se averiaban con facilidad, y ello se extrapolaba también a la integridad en riesgo de los funcionarios y funcionarias que las usaban. Juntas sumaban casi 30 años de trabajo (12 y 16). He allí que se identificó en su recambio como una necesidad, que luego se tradujo en gestiones hechas por el Servicio y por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos, con el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Y este jueves, finalmente, se realizó la entrega de dos nuevos vehículos para mejorar el trabajo del SML. Son camionetas 4×4, de cabina simple, adaptadas para el traslado de fallecidos. Sus carrocerías sanitarias están completamente aisladas y equipadas con bandejas de rodillos y sistemas de fijación compatibles con camillas institucionales del Servicio. Cuentan, además, con extractor de aire, iluminación interna y externa, sistema eléctrico, balizas LED, señalética institucional y elementos de seguridad operativa. El Gobierno Regional financió en su totalidad el proyecto por un costo total de $127.306.200. De esta forma, el SML queda fortalecido para la demanda en caso de accidentes, fallecimientos en zonas aisladas, emergencias o fenómenos naturales, haciendo de su respuesta una más oportuna, segura y consistente. El Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, felicitó, tanto a la titular de la Seremi de Justicia, Michelle Peutat, como al director regional del Servicio, René Castro, por la iniciativa “inédita en el país desde el punto de vista de los Gobierno Regionales con el Servicio Médico Legal: habíamos funcionado en infraestructura, en equipamiento, pero no en vehículos”. Agregó luego la máxima autoridad regional: “Esto tiene que ver con un tema de dignidad: cuando fallece el paciente y no hay posibilidad de hacer un certificado porque no se sabe su causa de muerte, o ha sido una causa de muerte violenta, deja de ser una urgencia vital; pero pasa a ser una urgencia humanitaria para la familia, y nos ha tocado muchas veces, ya sea en carretera, en isla, particularmente Tierra del Fuego, Puerto William y Última Esperanza, que cuando la familia se entera o tenemos un accidente, es fundamental tener estos medios para la seguridad de los funcionarios de SML, pero también para el traslado de los restos. Y en ese aspecto, estamos muy contentos, como Gobierno Regional, de poder avanzar con este proyecto”. El director Castro, en tanto, complementó que la concreción del proyecto incluyó la coordinación con la Dirección Nacional del SML, particularmente su Unidad de Proyectos, junto con el Gobierno Regional, “lo que nos va a permitir contar, por lo menos, por una buena cantidad de años, con vehículos cero kilómetros, con los mejores estándares técnicos y de calidad para poder cubrir la vasta zona de la región de Magallanes, al menos lo que podamos hacer vía terrestre, para poder hacer oportunos levantamientos de fallecidos en el caso de algún accidente o alguna desgracia que genere víctimas fatales”. Hacia el final, la seremi Peutat puntualizó: “Es una tarea muy importante del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encomendada por el Presidente Gabriel Boric, el mejorar la presencia territorial de nuestros distintos servicios. (Las camionetas eran) una urgencia para poder llegar de buena manera a esos territorios, de forma segura para los funcionarios”.
Una compleja emergencia se vivió la semana pasada en el Parque Nacional Torres del Paine, luego que se desplegaran intensos operativos de búsqueda la noche del lunes 17 en el sector del paso John Gardner, para el rescate de un grupo de turistas extranjeros y la extracción de cinco fallecidos, en un esfuerzo que encabezó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) junto a diversos equipos especializados, entre los cuales figuró el Servicio Médico Legal (SML). Así lo destaca la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, quien relevó la coordinación interinstitucional que se llevó adelante con la presencia de los servicios del Estado, en la que el SML, como organismo dependiente de la cartera de Justicia, cumplió un destacado papel en materia de gestión local, sin que se diera la necesidad de tener que solicitar apoyo del nivel central o de otras regiones del país. A ello, la autoridad sumó además un escenario aún más complejo, dada la ocurrencia esa semana de múltiples fallecimientos en tres de las cuatro provincias de la región: Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego; siendo clave en este último caso el buen trabajo en torno al Protocolo de Manejo de Fallecidos de que se dispone en la provincia fueguina. Aquello lo corrobora el Dr. René Castro, Director Regional del Servicio Médico Legal, quien resalta su labor asociada a la investigación judicial, como institución forense, al poner a disposición su equipo completo de cinco personas en Puerto Natales junto a su propia participación, para aportar el trabajo científico pericial de autopsia e Identificación de las personas fallecidas. Respecto a aquel cometido, resalta que pasadas las 7 de la tarde del lunes 17, al enterarse de la alerta en el Paine -que hasta ese momento señalaba una persona fallecida- se contactó con el respectivo Delegado Presidencial Provincial y se puso a disposición. Tras participar a nivel provincial del COGRID (Comité para la Gestión de Riesgo de Desastre), que después escaló a COGRID regional, el miércoles 19 por la mañana viajó a Última Esperanza para coordinar la recepción de los cuerpos, que habían sido trasladados desde el lugar del hallazgo hasta el regimiento Lanceros. De ahí los llevarían al SML de Puerto Natales para trabajar en las autopsias. Previamente, se procuró disponer de todos los registros fotográficos dentales de las personas fallecidas para tenerlos listos a objeto de trabajar en base a dicha información para identificar los cuerpos. “Desde el día anterior también a través de la Fiscalía empezamos a coordinar con los países de origen de las personas fallecidas, la recolección de antecedentes que pudieran ayudar con la identificación. Las coordinaciones fueron muy rápidas. Ese miércoles pudimos hacer la autopsia apenas llegaron los fallecidos, donde tuvimos trabajo en conjunto con la PDI, que pudo extraer toda la evidencia asociada como ropa y ciertos equipamientos que traían las personas para poder clasificarlas”, subraya. En una labor maratónica, Castro señala que trabajaron desde las 16 horas del día 19 hasta pasada la una de la madrugada del jueves 20, pudiendo establecer las causas de muerte. Asimismo, en dicha mañana lograron hacer la primera identificación de la ciudadana británica en base a sus registros dentales, pudiendo presentar aquellos resultados después del mediodía en el punto de prensa que organizó el Fiscal Regional. De ahí siguieron trabajando y, gracias a las gestiones consulares, la Embajada de México logró enviar registros de huellas dactilares. Aquel trabajo pericial, realizado por la PDI, permitió colaborar con la identidad de los ciudadanos mexicanos. Por otro lado, agrega que, en el caso de los dos ciudadanos alemanes tienen todo disponible para poder hacer corroboración de identidad, ya sea por huellas o registros dentales. En paralelo, para agilizar aquellos análisis se enviaron materiales genéticos (sangre) a analizar a Valparaíso, gestión que realizó gracias al trabajo con la Dirección Nacional y la Dirección Regional del SML de Valparaíso. En paralelo, el Ministerio Público ha estado haciendo gestiones con el gobierno alemán para poder obtener un perfil genético de los familiares directos, y poder hacer la comparación con el perfil genético que obtengan de los análisis de ADN en Valparaíso. En esta labor que operó como una gran cadena, el profesional destaca lo importante de las activaciones de los comités de gestión de riesgo de desastre ante una catástrofe o una tragedia como ésta, con una labor muy coordinada con las autoridades administrativas, y las labores de rescate, tanto de los cuerpos como de las personas que vivas, para traerlas a un lugar adecuado y pudieran ser evaluadas por el personal de Salud, con las primeras atenciones y brindarles también apoyo emocional. Considerando las condiciones geográficas, climáticas y una vez que ya tuvieron la posibilidad de tomar a las personas fallecidas y trasladarlas a su sede provincial, todo el trabajo se hizo de manera muy rápida, dada la tremenda complejidad en el aspecto humano de esta situación. Asimismo, como entidad pública deben cumplir con el principio de continuidad de servicio, a fin de concretar de manera oportuna los procedimientos encomendados por el Ministerio Público. En este sentido, el buen uso de los recursos del Estado es importante de considerar. Esto último pasa porque “todas las instituciones que de alguna manera puedan apoyar en el trabajo, ya sea de rescate o de investigación judicial, se ponen a disposición y eso aquí en la región quedó bastante bien demostrado. Con el personal y los recursos disponibles fuimos capaces de poder desarrollar todas las labores de rescate y los procedimientos periciales, por lo tanto, el recurso empleado fue eficientemente utilizado”, concluye.
