Diversas organizaciones sociales de Puerto Williams manifestaron públicamente su preocupación por la falta de respuestas a solicitudes y requerimientos que, según indican, han presentado durante los últimos meses a distintas autoridades y organismos públicos. A través de una declaración, las agrupaciones señalaron que históricamente han mantenido una disposición al diálogo y al trabajo colaborativo con autoridades de distintos niveles de gobierno. Sin embargo, sostienen que varias inquietudes planteadas formalmente mediante cartas y oficios continúan sin respuesta, situación que consideran preocupante para el desarrollo de iniciativas en beneficio de la comunidad. Las organizaciones también hicieron referencia a recientes visitas de autoridades regionales a Puerto Williams, entre ellas representantes de las seremías de Salud, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, además de la Delegada Presidencial Regional y el gerente de TABSA. Según señalaron, en dichas instancias no se habría considerado un acercamiento directo con las organizaciones sociales, las que afirman haber debido solicitar reiteradamente espacios para exponer problemáticas locales. Asimismo, plantearon inquietudes respecto del reciente viaje realizado por el Delegado Presidencial Provincial a Santiago junto al Presidente de la República, indicando que desconocen si las necesidades y demandas de la comuna fueron abordadas durante esa instancia. También señalaron que una solicitud enviada en abril al alcalde de Cabo de Hornos, relacionada con información sobre el trabajo que desarrollan las concejalas de la comuna, aún no ha recibido respuesta. Las agrupaciones agregaron que han sostenido reuniones con autoridades locales y presentado oficios sobre materias vinculadas al transporte y la salud, pero afirman no haber sido consideradas en instancias de coordinación orientadas a canalizar estas necesidades ante organismos regionales. Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, solicitando una comunicación más fluida y espacios efectivos de participación para las organizaciones que representan distintos sectores de Puerto Williams.
El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero. El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales). Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes. El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado. A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales. En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas. El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos. Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041. Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión. El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión. Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión. Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo. A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto). Fuente: theclinic.cl
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 102 votos a favor y uno en contra la Solicitud de Resolución N°1573, presentada por la diputada Javiera Morales Alvarado, que pide al Presidente de la República adoptar medidas urgentes para asegurar la ejecución efectiva del Plan de Zonas Rezagadas de Puerto Edén, ante su baja ejecución y serios problemas de implementación. La resolución pide al Ejecutivo adelantar la evaluación de medio término del plan por parte de la Subdere, introducir las modificaciones necesarias a su diseño y gobernanza, y asegurar íntegramente los recursos comprometidos, que alcanzan cerca de 22 mil millones de pesos destinados a obras fundamentales para esta localidad aislada de la comuna de Natales. Puerto Edén, comunidad mayoritariamente kawésqar y una de las localidades más aisladas del país, fue incorporada al Plan de Zonas Rezagadas tras años de demanda de sus habitantes. Sin embargo, según información entregada por la propia Subdere en la Comisión de Zonas Extremas, a cuatro años de iniciado el plan solo se ha ejecutado un 4%, poniendo en riesgo proyectos clave como electrificación, alcantarillado, conectividad digital y servicios básicos. Al respecto, la diputada Javiera Morales señaló que la aprobación de esta resolución “es una señal política clara: el Estado no puede seguir fallándole a Puerto Edén. Estamos hablando de derechos básicos, de justicia territorial y de una deuda histórica con una comunidad indígena que ha esperado demasiado”. La parlamentaria enfatizó además que la resolución cobra especial relevancia tras los cuestionamientos de probidad conocidos recientemente en torno a proyectos en la localidad, lo que ha profundizado la desconfianza de la comunidad y retrasado aún más la inversión comprometida. Con esta aprobación, la Cámara solicita formalmente al Presidente de la República instruir a la Subdere a corregir las fallas del plan, permitir mayor participación de actores con presencia territorial —como el municipio de Natales— y extender excepcionalmente los plazos de ejecución, evitando que los recursos se pierdan por razones administrativas. La diputada Morales recalcó que continuará fiscalizando el cumplimiento de esta resolución: “Puerto Edén no necesita más diagnósticos, necesita que el Estado cumpla. Vamos a seguir presionando hasta que las obras lleguen y el bienestar de las familias también”.
Diversas organizaciones sociales de Puerto Williams manifestaron públicamente su preocupación por la falta de respuestas a solicitudes y requerimientos que, según indican, han presentado durante los últimos meses a distintas autoridades y organismos públicos. A través de una declaración, las agrupaciones señalaron que históricamente han mantenido una disposición al diálogo y al trabajo colaborativo con autoridades de distintos niveles de gobierno. Sin embargo, sostienen que varias inquietudes planteadas formalmente mediante cartas y oficios continúan sin respuesta, situación que consideran preocupante para el desarrollo de iniciativas en beneficio de la comunidad. Las organizaciones también hicieron referencia a recientes visitas de autoridades regionales a Puerto Williams, entre ellas representantes de las seremías de Salud, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, además de la Delegada Presidencial Regional y el gerente de TABSA. Según señalaron, en dichas instancias no se habría considerado un acercamiento directo con las organizaciones sociales, las que afirman haber debido solicitar reiteradamente espacios para exponer problemáticas locales. Asimismo, plantearon inquietudes respecto del reciente viaje realizado por el Delegado Presidencial Provincial a Santiago junto al Presidente de la República, indicando que desconocen si las necesidades y demandas de la comuna fueron abordadas durante esa instancia. También señalaron que una solicitud enviada en abril al alcalde de Cabo de Hornos, relacionada con información sobre el trabajo que desarrollan las concejalas de la comuna, aún no ha recibido respuesta. Las agrupaciones agregaron que han sostenido reuniones con autoridades locales y presentado oficios sobre materias vinculadas al transporte y la salud, pero afirman no haber sido consideradas en instancias de coordinación orientadas a canalizar estas necesidades ante organismos regionales. Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, solicitando una comunicación más fluida y espacios efectivos de participación para las organizaciones que representan distintos sectores de Puerto Williams.
El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero. El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales). Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes. El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado. A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales. En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas. El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos. Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041. Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión. El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión. Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión. Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo. A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto). Fuente: theclinic.cl
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 102 votos a favor y uno en contra la Solicitud de Resolución N°1573, presentada por la diputada Javiera Morales Alvarado, que pide al Presidente de la República adoptar medidas urgentes para asegurar la ejecución efectiva del Plan de Zonas Rezagadas de Puerto Edén, ante su baja ejecución y serios problemas de implementación. La resolución pide al Ejecutivo adelantar la evaluación de medio término del plan por parte de la Subdere, introducir las modificaciones necesarias a su diseño y gobernanza, y asegurar íntegramente los recursos comprometidos, que alcanzan cerca de 22 mil millones de pesos destinados a obras fundamentales para esta localidad aislada de la comuna de Natales. Puerto Edén, comunidad mayoritariamente kawésqar y una de las localidades más aisladas del país, fue incorporada al Plan de Zonas Rezagadas tras años de demanda de sus habitantes. Sin embargo, según información entregada por la propia Subdere en la Comisión de Zonas Extremas, a cuatro años de iniciado el plan solo se ha ejecutado un 4%, poniendo en riesgo proyectos clave como electrificación, alcantarillado, conectividad digital y servicios básicos. Al respecto, la diputada Javiera Morales señaló que la aprobación de esta resolución “es una señal política clara: el Estado no puede seguir fallándole a Puerto Edén. Estamos hablando de derechos básicos, de justicia territorial y de una deuda histórica con una comunidad indígena que ha esperado demasiado”. La parlamentaria enfatizó además que la resolución cobra especial relevancia tras los cuestionamientos de probidad conocidos recientemente en torno a proyectos en la localidad, lo que ha profundizado la desconfianza de la comunidad y retrasado aún más la inversión comprometida. Con esta aprobación, la Cámara solicita formalmente al Presidente de la República instruir a la Subdere a corregir las fallas del plan, permitir mayor participación de actores con presencia territorial —como el municipio de Natales— y extender excepcionalmente los plazos de ejecución, evitando que los recursos se pierdan por razones administrativas. La diputada Morales recalcó que continuará fiscalizando el cumplimiento de esta resolución: “Puerto Edén no necesita más diagnósticos, necesita que el Estado cumpla. Vamos a seguir presionando hasta que las obras lleguen y el bienestar de las familias también”.
