La Superintendencia de Educación anunció la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, como parte de un proceso de actualización normativa que apunta a simplificar exigencias y reducir la carga administrativa en los establecimientos educacionales del país. La decisión se enmarca en la implementación de la Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que comenzará a regir el 1 de julio. La medida fue informada por la superintendenta (s) Pamela Adriazola, quien explicó que esta actualización responde a las inquietudes manifestadas por comunidades escolares ante el aumento de obligaciones normativas. Actualmente, los establecimientos deben cumplir cerca de 2.900 exigencias, lo que ha generado dificultades para compatibilizar tareas administrativas con el liderazgo pedagógico. Desde el Ministerio de Educación, la ministra María Paz Arzola destacó que esta decisión permitirá a docentes y equipos directivos enfocarse en los procesos de enseñanza y bienestar estudiantil. La autoridad subrayó que el objetivo es contar con una normativa más clara, coherente y pertinente, que funcione como un apoyo para las comunidades educativas. Asimismo, se informó que hasta el 30 de septiembre de 2027 la Superintendencia aplicará un enfoque formativo en sus procesos de fiscalización, privilegiando recomendaciones por sobre sanciones. Además, se dejará sin efecto el Dictamen N°65, considerando que la nueva ley autoriza el uso de tecnología para resguardar la seguridad en los recintos educativos.
La Superintendencia de Educación se encuentra trabajando en la actualización de los lineamientos sobre el uso de tecnologías de seguridad en establecimientos educacionales, en el contexto de la próxima promulgación de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Esta normativa establecerá un nuevo marco para la implementación de herramientas como cámaras, pórticos y detectores de metales. La nueva regulación permitirá a los sostenedores implementar estos dispositivos, siempre que exista acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Además, se fijarán condiciones de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y equipos educativos, junto con asegurar el respeto a sus derechos. En este escenario, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, señaló que el enfoque está puesto en la prevención y la convivencia. “La violencia no se enfrenta con sanción, sino que con prevención, acompañamiento y orientación a las comunidades educativas”, indicó la autoridad, agregando que “no hay aprendizajes posibles sin convivencia”. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el actual Dictamen N°65 dejará de aplicarse en materias relacionadas con el uso de tecnologías de seguridad, aunque se mantendrá vigente en lo referido a la revisión de mochilas y artículos personales, aspecto que podría ser modificado en futuras reformas legales. Paralelamente, la Superintendencia trabaja junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de reglamentos que definirán la aplicación práctica de la normativa. Estos incluirán mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y criterios técnicos para la implementación de las medidas en los establecimientos.
El 24 de marzo de 2026, Pamela Adriazola Rojas, Magíster en Gestión y Liderazgo y profesora en Castellano y Comunicación, inició formalmente sus funciones como superintendenta subrogante de Educación, en virtud del Decreto Exento N° 219 del Ministerio de Educación, emitido el 20 de marzo de 2026 y firmado por la ministra de Educación, María Paz Arzola. La nueva autoridad, con 15 años de trayectoria en el ámbito educacional, se desempeñaba hasta la fecha señalada en el cargo de directora regional de la Superintendencia de Educación en Aysén. En relación con el nombramiento de Adriazola Rojas, el Decreto Exento N°219, en su artículo segundo, indica que “ por razones impostergables de buen servicio, se hará efectiva esta subrogación en forma inmediata, sin esperar su total tramitación”. Durante su recorrido profesional en el sector público y educacional, ha destacado por su reconocida experiencia en docencia, dirección escolar, gestión técnico-pedagógica y administración pública. Se suma a esto su amplia trayectoria en liderazgo directivo, fiscalización, regulación educacional y gestión estratégica de sistemas educativos. En esa misma línea, en 2019 asumió la responsabilidad de ser directora regional de este Servicio en Aysén. “Asumo este desafío con la convicción de que la Superintendencia debe estar al servicio de la educación, fortaleciendo su rol no solo fiscalizador, sino también de acompañamiento permanente a los establecimientos. Nuestro foco será una fiscalización eficiente, que reduzca la sobrecarga administrativa y entregue mayor autonomía a los recintos educativos, para que puedan concentrarse en lo esencial: los aprendizajes, el fortalecimiento de los equipos docentes, la gestión de sus recursos pedagógicos y la convivencia escolar”, comentó la superintendenta (s) Pamela Adriazola. Además, sostuvo que “tras siete años de trabajo en la institución, he podido constatar su impacto real en el mejoramiento de la calidad educativa, y ese será el estándar que seguiremos consolidando. Porque una buena educación se construye con instituciones que orientan, acompañan y exigen con sentido”.
La publicación busca orientar acciones preventivas que permitan a las comunidades educativas garantizar ambientes seguros sin perder de vista el derecho a la educación de las y los estudiantes. En 2024, las expulsiones superaron a las cancelaciones de matrícula, consolidándose como la medida más frecuente y representando más de la mitad de los casos reportados de este tipo. El informe advierte que estas sanciones afectan principalmente a estudiantes en situación de vulnerabilidad y tienen repercusiones profundas en sus trayectorias educativas. La Superintendencia de Educación publicó el informe “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, un documento que analiza tendencias, perfiles y causales de estas sanciones en el sistema escolar chileno. El estudio se enmarca en el debate público sobre la tensión que enfrentan los establecimientos entre garantizar ambientes seguros y resguardar el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se revisaron más de 8.200 expedientes notificados a la Supereduc, junto con bases de datos del Ministerio de Educación. Los resultados muestran un aumento sostenido en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, los casos se triplicaron, pasando de 741 a 2.423. El incremento es particularmente notorio en la etapa pospandemia, con un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble del período 2016-2019. El dato más relevante es que las expulsiones se multiplicaron por ocho en el período, pasando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida superó a la cancelación de matrícula y se consolidó como la principal sanción, representando el 53,8% de los expedientes en 2024. Al respecto, la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta afirmó : “Lo que nos muestra este informe es que hoy los equipos directivos de los establecimientos están ejerciendo su facultad de acuerdo con la normativa vigente. Los datos revisados evidencian que la enorme mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se basan en fundamentos establecidos en la Ley Aula Segura. Entonces, es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando. Lo que se requiere es que los procesos también busquen resguardar trayectorias educativas”. El informe revela que las sanciones se concentran en establecimientos con mayor proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones ocurrieron en recintos donde más del 60% del estudiantado es prioritario. En contextos vulnerables las tasas aumentan, mientras que en establecimientos de baja vulnerabilidad las cifras son marginales. Para la realización de este estudio, se analizaron principalmente establecimientos públicos y particulares subvencionados, debido a que los particulares pagados no tenían la obligación de informar procesos sancionatorios de este tipo, situación que cambia con la publicación de la nueva Circular N°782, de medidas formativas y disciplinarias. Asimismo, se observa una sobrerrepresentación de hombres en ambas medidas (más del 75% en 2024), con predominio en Educación Media y perfiles académicos deteriorados: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas frágiles. En ese sentido, la superintendenta Orellana agregó: “Las cifras muestran que quienes son sancionados ya enfrentaban dificultades previas: bajo rendimiento, ausentismo, repitencia. Para que estas medidas no se conviertan en un punto de quiebre irreversible debemos fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han desarrollado en contexto de reactivación educativa, como el programa Chile Presente de Mineduc. De esta forma, por ejemplo, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación bajó, logrando que 10 mil estudiantes, aproximadamente, se mantuvieran en el sistema”. En cuanto a las causales, la agresión física a estudiantes es la más frecuente, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se registra un aumento en hechos de mayor connotación, como porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de los escenarios escolares. El análisis longitudinal confirma que estas sanciones tienen repercusiones profundas en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, frente a menos del 10% en la población general. La superintendenta Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es fundamental. No buscamos alarmar, sino entregar evidencia para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que las y los estudiantes permanezcan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Y en lo posible, prevenir casos graves que supongan una potencial expulsión, trabajando en la profundización de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos”. La Supereduc destaca que junto con la publicación del informe continuará promoviendo capacitaciones en gestión de convivencia, estrategias de prevención y articulación intersectorial. El objetivo es que los establecimientos cuenten con herramientas para anticipar conflictos y acompañar a las y los estudiantes en riesgo de exclusión, aplicando no solo medidas disciplinarias sino también formativas. Finalmente, la institución subraya que este informe busca aportar evidencia para fortalecer la política educativa y asegurar que cada estudiante, sin importar su contexto, pueda ejercer su derecho a la educación en un entorno seguro y respetuoso.
La Superintendencia de Educación publicó de la nueva Circular N°781, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos en Establecimientos de Educación Básica y Media. El texto reemplaza la versión de 2018 y se actualiza conforme a las leyes y políticas que han fortalecido la protección de derechos y la convivencia escolar en los últimos años. La nueva circular entra en vigencia a partir del inicio del año escolar 2026. Sin perjuicio de ello, los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio del mismo año para adecuar el contenido de sus reglamentos internos. El Reglamento Interno es el instrumento central de cada comunidad educativa, pues regula las relaciones entre sus integrantes y permite ejercer derechos y deberes de manera efectiva. La actualización responde a un escenario normativo distinto al de hace siete años, marcado por la Ley N° 21.430 sobre garantías de la niñez y adolescencia, la Ley N° 21.675 contra la violencia hacia las mujeres y la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030. A esto se suma el aumento sostenido de denuncias relacionadas con convivencia escolar y la aparición de problemáticas como el acoso virtual, la discriminación y la vulneración de derechos, que requieren respuestas más claras y oportunas. En ese sentido, es importante recalcar que este nuevo documento abarca únicamente a establecimientos de Educación Básica y Media, ya que la Supereduc está trabajando en la generación de una circular específica para recintos de Educación Parvularia, la que debería publicarse próximamente. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “con esta actualización buscamos que los reglamentos internos reflejen de manera más clara y moderna los principios que guían la vida educativa, fortaleciendo la convivencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, avanzar en un reglamento específico para establecimientos de educación parvularia será fundamental para reconocer las particularidades de esa etapa y asegurar que cuente con marcos normativos que resguarden el bienestar y desarrollo integral de la primera infancia”. El nuevo documento introduce avances sustantivos. Precisa que el Reglamento Interno es un único instrumento, aunque compuesto de diversos capítulos; incorpora principios como la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género y el enfoque formativo; y reconoce expresamente el deber de cuidado de los sostenedores respecto de la integridad, seguridad y salud física y mental de las y los estudiantes. También recopila y sistematiza procedimientos que antes estaban dispersos en distintos cuerpos normativos, como el reconocimiento de identidad de género, la desregulación emocional y conductual, el suministro de medicamentos y los apoyos en actividades de la vida diaria. Asimismo, releva la importancia de las instancias de participación y de los mecanismos de coordinación entre ellas. La Circular establece que la activación de los protocolos responde al deber de cuidado del sostenedor y tiene como objetivo resguardar la integridad de las comunidades educativas, sin que ello esté necesariamente vinculado al ejercicio de la potestad disciplinaria. De esta manera, no se requiere activar un protocolo para aplicar medidas formativas o disciplinarias, y viceversa. Los protocolos se presentan en un capítulo con lineamientos generales transversales, lo que simplifica la lectura y reduce la carga burocrática, entregando herramientas más oportunas para la gestión de la convivencia escolar. En cuanto a sus contenidos mínimos, se eliminan los anexos que antes se ubicaban al final de la Circular, trasladando su regulación a la sección de aspectos particulares de cada protocolo, con el fin de facilitar la comprensión. En paralelo, los establecimientos podrán implementar procedimientos propios para solucionar colaborativamente los conflictos que afecten la convivencia, así como para determinar responsabilidades disciplinarias cuando corresponda. La superintendenta Orellana subrayó que “ la Circular entrega a las comunidades educativas reglas más pertinentes y comprensibles, adaptadas a los desafíos actuales de la educación básica y media”. Esta actualización beneficiará a las comunidades educativas al recoger las transformaciones normativas de los últimos años, presentar una nueva forma de abordar la convivencia educativa y sistematizar procedimientos dispersos, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de todas y todos sus integrantes.
La Superintendencia de Educación anunció la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, como parte de un proceso de actualización normativa que apunta a simplificar exigencias y reducir la carga administrativa en los establecimientos educacionales del país. La decisión se enmarca en la implementación de la Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que comenzará a regir el 1 de julio. La medida fue informada por la superintendenta (s) Pamela Adriazola, quien explicó que esta actualización responde a las inquietudes manifestadas por comunidades escolares ante el aumento de obligaciones normativas. Actualmente, los establecimientos deben cumplir cerca de 2.900 exigencias, lo que ha generado dificultades para compatibilizar tareas administrativas con el liderazgo pedagógico. Desde el Ministerio de Educación, la ministra María Paz Arzola destacó que esta decisión permitirá a docentes y equipos directivos enfocarse en los procesos de enseñanza y bienestar estudiantil. La autoridad subrayó que el objetivo es contar con una normativa más clara, coherente y pertinente, que funcione como un apoyo para las comunidades educativas. Asimismo, se informó que hasta el 30 de septiembre de 2027 la Superintendencia aplicará un enfoque formativo en sus procesos de fiscalización, privilegiando recomendaciones por sobre sanciones. Además, se dejará sin efecto el Dictamen N°65, considerando que la nueva ley autoriza el uso de tecnología para resguardar la seguridad en los recintos educativos.
La Superintendencia de Educación se encuentra trabajando en la actualización de los lineamientos sobre el uso de tecnologías de seguridad en establecimientos educacionales, en el contexto de la próxima promulgación de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Esta normativa establecerá un nuevo marco para la implementación de herramientas como cámaras, pórticos y detectores de metales. La nueva regulación permitirá a los sostenedores implementar estos dispositivos, siempre que exista acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Además, se fijarán condiciones de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y equipos educativos, junto con asegurar el respeto a sus derechos. En este escenario, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, señaló que el enfoque está puesto en la prevención y la convivencia. “La violencia no se enfrenta con sanción, sino que con prevención, acompañamiento y orientación a las comunidades educativas”, indicó la autoridad, agregando que “no hay aprendizajes posibles sin convivencia”. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el actual Dictamen N°65 dejará de aplicarse en materias relacionadas con el uso de tecnologías de seguridad, aunque se mantendrá vigente en lo referido a la revisión de mochilas y artículos personales, aspecto que podría ser modificado en futuras reformas legales. Paralelamente, la Superintendencia trabaja junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de reglamentos que definirán la aplicación práctica de la normativa. Estos incluirán mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y criterios técnicos para la implementación de las medidas en los establecimientos.
El 24 de marzo de 2026, Pamela Adriazola Rojas, Magíster en Gestión y Liderazgo y profesora en Castellano y Comunicación, inició formalmente sus funciones como superintendenta subrogante de Educación, en virtud del Decreto Exento N° 219 del Ministerio de Educación, emitido el 20 de marzo de 2026 y firmado por la ministra de Educación, María Paz Arzola. La nueva autoridad, con 15 años de trayectoria en el ámbito educacional, se desempeñaba hasta la fecha señalada en el cargo de directora regional de la Superintendencia de Educación en Aysén. En relación con el nombramiento de Adriazola Rojas, el Decreto Exento N°219, en su artículo segundo, indica que “ por razones impostergables de buen servicio, se hará efectiva esta subrogación en forma inmediata, sin esperar su total tramitación”. Durante su recorrido profesional en el sector público y educacional, ha destacado por su reconocida experiencia en docencia, dirección escolar, gestión técnico-pedagógica y administración pública. Se suma a esto su amplia trayectoria en liderazgo directivo, fiscalización, regulación educacional y gestión estratégica de sistemas educativos. En esa misma línea, en 2019 asumió la responsabilidad de ser directora regional de este Servicio en Aysén. “Asumo este desafío con la convicción de que la Superintendencia debe estar al servicio de la educación, fortaleciendo su rol no solo fiscalizador, sino también de acompañamiento permanente a los establecimientos. Nuestro foco será una fiscalización eficiente, que reduzca la sobrecarga administrativa y entregue mayor autonomía a los recintos educativos, para que puedan concentrarse en lo esencial: los aprendizajes, el fortalecimiento de los equipos docentes, la gestión de sus recursos pedagógicos y la convivencia escolar”, comentó la superintendenta (s) Pamela Adriazola. Además, sostuvo que “tras siete años de trabajo en la institución, he podido constatar su impacto real en el mejoramiento de la calidad educativa, y ese será el estándar que seguiremos consolidando. Porque una buena educación se construye con instituciones que orientan, acompañan y exigen con sentido”.
La publicación busca orientar acciones preventivas que permitan a las comunidades educativas garantizar ambientes seguros sin perder de vista el derecho a la educación de las y los estudiantes. En 2024, las expulsiones superaron a las cancelaciones de matrícula, consolidándose como la medida más frecuente y representando más de la mitad de los casos reportados de este tipo. El informe advierte que estas sanciones afectan principalmente a estudiantes en situación de vulnerabilidad y tienen repercusiones profundas en sus trayectorias educativas. La Superintendencia de Educación publicó el informe “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, un documento que analiza tendencias, perfiles y causales de estas sanciones en el sistema escolar chileno. El estudio se enmarca en el debate público sobre la tensión que enfrentan los establecimientos entre garantizar ambientes seguros y resguardar el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se revisaron más de 8.200 expedientes notificados a la Supereduc, junto con bases de datos del Ministerio de Educación. Los resultados muestran un aumento sostenido en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, los casos se triplicaron, pasando de 741 a 2.423. El incremento es particularmente notorio en la etapa pospandemia, con un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble del período 2016-2019. El dato más relevante es que las expulsiones se multiplicaron por ocho en el período, pasando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida superó a la cancelación de matrícula y se consolidó como la principal sanción, representando el 53,8% de los expedientes en 2024. Al respecto, la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta afirmó : “Lo que nos muestra este informe es que hoy los equipos directivos de los establecimientos están ejerciendo su facultad de acuerdo con la normativa vigente. Los datos revisados evidencian que la enorme mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se basan en fundamentos establecidos en la Ley Aula Segura. Entonces, es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando. Lo que se requiere es que los procesos también busquen resguardar trayectorias educativas”. El informe revela que las sanciones se concentran en establecimientos con mayor proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones ocurrieron en recintos donde más del 60% del estudiantado es prioritario. En contextos vulnerables las tasas aumentan, mientras que en establecimientos de baja vulnerabilidad las cifras son marginales. Para la realización de este estudio, se analizaron principalmente establecimientos públicos y particulares subvencionados, debido a que los particulares pagados no tenían la obligación de informar procesos sancionatorios de este tipo, situación que cambia con la publicación de la nueva Circular N°782, de medidas formativas y disciplinarias. Asimismo, se observa una sobrerrepresentación de hombres en ambas medidas (más del 75% en 2024), con predominio en Educación Media y perfiles académicos deteriorados: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas frágiles. En ese sentido, la superintendenta Orellana agregó: “Las cifras muestran que quienes son sancionados ya enfrentaban dificultades previas: bajo rendimiento, ausentismo, repitencia. Para que estas medidas no se conviertan en un punto de quiebre irreversible debemos fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han desarrollado en contexto de reactivación educativa, como el programa Chile Presente de Mineduc. De esta forma, por ejemplo, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación bajó, logrando que 10 mil estudiantes, aproximadamente, se mantuvieran en el sistema”. En cuanto a las causales, la agresión física a estudiantes es la más frecuente, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se registra un aumento en hechos de mayor connotación, como porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de los escenarios escolares. El análisis longitudinal confirma que estas sanciones tienen repercusiones profundas en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, frente a menos del 10% en la población general. La superintendenta Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es fundamental. No buscamos alarmar, sino entregar evidencia para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que las y los estudiantes permanezcan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Y en lo posible, prevenir casos graves que supongan una potencial expulsión, trabajando en la profundización de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos”. La Supereduc destaca que junto con la publicación del informe continuará promoviendo capacitaciones en gestión de convivencia, estrategias de prevención y articulación intersectorial. El objetivo es que los establecimientos cuenten con herramientas para anticipar conflictos y acompañar a las y los estudiantes en riesgo de exclusión, aplicando no solo medidas disciplinarias sino también formativas. Finalmente, la institución subraya que este informe busca aportar evidencia para fortalecer la política educativa y asegurar que cada estudiante, sin importar su contexto, pueda ejercer su derecho a la educación en un entorno seguro y respetuoso.
La Superintendencia de Educación publicó de la nueva Circular N°781, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos en Establecimientos de Educación Básica y Media. El texto reemplaza la versión de 2018 y se actualiza conforme a las leyes y políticas que han fortalecido la protección de derechos y la convivencia escolar en los últimos años. La nueva circular entra en vigencia a partir del inicio del año escolar 2026. Sin perjuicio de ello, los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio del mismo año para adecuar el contenido de sus reglamentos internos. El Reglamento Interno es el instrumento central de cada comunidad educativa, pues regula las relaciones entre sus integrantes y permite ejercer derechos y deberes de manera efectiva. La actualización responde a un escenario normativo distinto al de hace siete años, marcado por la Ley N° 21.430 sobre garantías de la niñez y adolescencia, la Ley N° 21.675 contra la violencia hacia las mujeres y la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030. A esto se suma el aumento sostenido de denuncias relacionadas con convivencia escolar y la aparición de problemáticas como el acoso virtual, la discriminación y la vulneración de derechos, que requieren respuestas más claras y oportunas. En ese sentido, es importante recalcar que este nuevo documento abarca únicamente a establecimientos de Educación Básica y Media, ya que la Supereduc está trabajando en la generación de una circular específica para recintos de Educación Parvularia, la que debería publicarse próximamente. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “con esta actualización buscamos que los reglamentos internos reflejen de manera más clara y moderna los principios que guían la vida educativa, fortaleciendo la convivencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, avanzar en un reglamento específico para establecimientos de educación parvularia será fundamental para reconocer las particularidades de esa etapa y asegurar que cuente con marcos normativos que resguarden el bienestar y desarrollo integral de la primera infancia”. El nuevo documento introduce avances sustantivos. Precisa que el Reglamento Interno es un único instrumento, aunque compuesto de diversos capítulos; incorpora principios como la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género y el enfoque formativo; y reconoce expresamente el deber de cuidado de los sostenedores respecto de la integridad, seguridad y salud física y mental de las y los estudiantes. También recopila y sistematiza procedimientos que antes estaban dispersos en distintos cuerpos normativos, como el reconocimiento de identidad de género, la desregulación emocional y conductual, el suministro de medicamentos y los apoyos en actividades de la vida diaria. Asimismo, releva la importancia de las instancias de participación y de los mecanismos de coordinación entre ellas. La Circular establece que la activación de los protocolos responde al deber de cuidado del sostenedor y tiene como objetivo resguardar la integridad de las comunidades educativas, sin que ello esté necesariamente vinculado al ejercicio de la potestad disciplinaria. De esta manera, no se requiere activar un protocolo para aplicar medidas formativas o disciplinarias, y viceversa. Los protocolos se presentan en un capítulo con lineamientos generales transversales, lo que simplifica la lectura y reduce la carga burocrática, entregando herramientas más oportunas para la gestión de la convivencia escolar. En cuanto a sus contenidos mínimos, se eliminan los anexos que antes se ubicaban al final de la Circular, trasladando su regulación a la sección de aspectos particulares de cada protocolo, con el fin de facilitar la comprensión. En paralelo, los establecimientos podrán implementar procedimientos propios para solucionar colaborativamente los conflictos que afecten la convivencia, así como para determinar responsabilidades disciplinarias cuando corresponda. La superintendenta Orellana subrayó que “ la Circular entrega a las comunidades educativas reglas más pertinentes y comprensibles, adaptadas a los desafíos actuales de la educación básica y media”. Esta actualización beneficiará a las comunidades educativas al recoger las transformaciones normativas de los últimos años, presentar una nueva forma de abordar la convivencia educativa y sistematizar procedimientos dispersos, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de todas y todos sus integrantes.
