La presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las principales dificultades que, a juicio del gremio, se han registrado en los establecimientos educacionales de la región tras la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Durante la entrevista, Aguilante señaló que el gremio ha recurrido a organismos fiscalizadores debido a situaciones que, según explicó, no han obtenido respuestas concretas en las distintas instancias de diálogo sostenidas con el empleador. “Nosotros a veces decimos, estamos cansados de sentarnos con el empleador, pero al final no sacamos nada, salimos de una reunión sin respuestas concretas y eso es lo que nos molesta y muchas veces lo hacemos público y ahora últimamente ya estamos presentando muchas denuncias y más que nada contraloría igual y superintendencia para que fiscalicen lo que está pasando con el empleador”, sostuvo. Uno de los principales puntos planteados fue la situación de los reemplazos docentes. La dirigenta afirmó que durante las últimas semanas han conocido casos en los que se han reducido horas docentes y no se estarían contratando oportunamente reemplazantes para cubrir licencias médicas o situaciones administrativas. “Ahora lo que estamos diciendo que los reemplazos no están llegando a los colegios, no están siendo contratados o reemplazos que corresponden estar, incluso cuando hay una licencia promedio, la ley dice que arriba de 17 días. Ya le quiere mandarse un reemplazo y no llegan en forma oportuna, llegan en forma tardía”, indicó. Aguilante vinculó esta situación con la continuidad de los procesos pedagógicos y señaló que la ausencia de profesores de determinadas asignaturas puede afectar la planificación de las clases. “O sea, no nos pidan que podamos subir los índices de lectura, de comprensión, si no están los profesores idóneos dentro de la sala”, expresó. La presidenta regional del gremio también se refirió al uso de docentes de educación diferencial y profesionales vinculados a los Programas de Integración Escolar (PIE) para cubrir horas de otras asignaturas. Si bien reconoció que pueden existir situaciones puntuales en las que un docente apoye frente a una ausencia, manifestó su preocupación cuando esta práctica se transforma en algo permanente. “Nosotros podemos comprender que pueden existir temas, digamos fortuitos. Que nadie está, no sé, pues tú te levantas un día y pasó un accidente equis y no pudiste llegar a tu trabajo. ¿El profesor diferencial está dispuesto a hacerlo y lo hace, muchas veces lo hace, pero qué es lo que pasa que se abusa?”, planteó. En ese contexto, Aguilante sostuvo que el gremio ha solicitado fiscalizaciones para determinar si se están cumpliendo las funciones y jornadas establecidas para los profesionales de educación diferencial. “Por eso nosotros acudimos a la Contraloría y a la Superintendencia de educación. Ellas son entidades que tienen que fiscalizar que para eso están. Nosotros lo que hacemos es denunciar, pues nuestro deber fiscalizar”, afirmó. Expectativas ante cambios en el SLEP Otro de los temas abordados fue el próximo cambio en la dirección ejecutiva del SLEP Magallanes. Aguilante señaló que el gremio espera que esta modificación permita abrir una nueva etapa para la institución, poniendo el énfasis en la resolución de los problemas pendientes y no en las personas que han ocupado los cargos. “Nosotros como Colegio de profesores esperamos que este cambio signifique una nueva etapa para el SLEP Magallanes. No se trata de una persona en particular, se trata de que necesitamos que la institución funcione. ¿Y que dé respuestas concretas a la comunidad educativa?”, manifestó. La dirigenta confirmó que ya han sostenido encuentros con Rodrigo Sepúlveda, quien asumiría la dirección ejecutiva subrogante, y afirmó que el gremio espera mantener una relación de diálogo, pero también de fiscalización. “Por eso esperamos que exista una relación de diálogo y trabajo, pero también de exigencia. Nosotros vamos a colaborar cuando corresponda, pero también vamos a seguir fiscalizando y levantando las situaciones que afectan a nuestros profesores y estudiantes dentro de la mirada y lo que nos corresponde como directorio regional”, señaló. Aguilante agregó que uno de los objetivos del gremio es que el SLEP pueda recuperar la confianza de las comunidades educativas de la región y entregar respuestas a las necesidades de las diez comunas. Llamado a parlamentarios por presupuesto de educación La presidenta regional del Colegio de Profesores también explicó el reciente llamado realizado a los parlamentarios de Magallanes, particularmente en el contexto de la discusión presupuestaria. Según Aguilante, el gremio ha enviado documentación y solicitado reuniones con representantes de la región, pero hasta el momento no habría recibido acercamientos posteriores a la publicación del comunicado. “Y qué lamentable. Sabes que lamentable porque supuestamente ellos son también parte importante, muy importante en lo que es la legislación y presupuesto, especialmente en educación en Magallanes, y no puede ser que solamente se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones”, sostuvo. La dirigenta enfatizó que el gremio espera que los representantes parlamentarios participen en la discusión de los recursos destinados a educación y conozcan las problemáticas existentes en los establecimientos de la región. Movilización nacional y posición regional Respecto de las movilizaciones convocadas a nivel nacional, Aguilante señaló que el directorio regional respalda la convocatoria, aunque aclaró que en Magallanes no se concretará una paralización. “Nosotros igual apoyamos esta convocatoria, dado que coincidimos en la urgencia defender la educación pública que hoy se encuentra amenazada”, afirmó. La dirigenta explicó que, en lugar de paralizar las actividades, el Colegio de Profesores de Magallanes prepara una carta y un comunicado que recogerían la posición de las distintas comunas frente a las preocupaciones por los recursos destinados a educación. Actividades por el Mes del Profesor Finalmente, Aguilante invitó a participar en las actividades organizadas por el Colegio de Profesores de Magallanes con motivo del Mes del Profesor. Entre ellas se encuentra una corrida familiar que se realizará este sábado y que busca generar un espacio de encuentro entre docentes y sus familias. “Como Colegio de profesores queremos que el mes del profesor nos no se reduzca solamente a la celebración de un día que es el 16 de octubre. Sino que podamos comenzar este mes tan significativo para nosotros, compartiendo y reuniendo a las y los docentes junto a su familia”, explicó. La programación contempla además un campeonato de baby fútbol para mujeres y hombres el 24 de octubre, mientras que el 16 de octubre las distintas comunas desarrollarán actividades de celebración para los docentes pertenecientes al Colegio de Profesores.
Con el objetivo de promover la difusión y apropiación de la Ley N°21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de Magallanes realizó una jornada dirigida a directores y equipos directivos de establecimientos educacionales de la región. La actividad se desarrolló el 11 de agosto en el gimnasio de la Escuela Portugal, establecimiento dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, y contó con la participación de representantes de distintas instituciones del sector educación. La instancia fue organizada por el Comité SAC de Magallanes, en el marco de las orientaciones entregadas por la Subsecretaría de Educación. Entre las autoridades asistentes estuvieron el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz; el subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico y encargado de Desarrollo Integral e Intersector del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño; el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha; y el director provincial de Educación, entre otros representantes del ámbito educacional. Durante la jornada se abordaron los principales contenidos de la Ley N°21.809, normativa que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, promoviendo entornos seguros, inclusivos y favorables para el aprendizaje y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. En representación de la Superintendencia de Educación, la directora regional de Magallanes, Mónica Miranda, expuso sobre los desafíos que implica la implementación de esta nueva normativa. Al respecto, señaló que “la implementación de la Ley 21.809 fortalece la institucionalidad porque promueve instancias de análisis y reflexión del propósito de la tarea de educar. Permitirá a los equipos directivos revisar sus instrumentos de gestión y sintonizarlos con las nuevas definiciones y contenidos que la ley exige”. La directora regional agregó que “este proceso de adecuación abrirá espacios de diálogo y formación para los diferentes actores de la comunidad educativa con el fin de definir objetivos y estrategias que permitan asegurar ambientes seguros y propicios para los aprendizajes”. La actividad convocó a representantes de establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, quienes pudieron conocer los alcances de la nueva legislación y compartir experiencias para su futura implementación en las comunidades educativas.
La Superintendencia de Educación culminó esta semana el ciclo de seminarios “Desafíos de la Convivencia Escolar: Una responsabilidad de toda la comunidad”, instancia que recorrió las 16 regiones del país con el objetivo de informar y profundizar los planes de implementación de la nueva Ley 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. La iniciativa, que finalizó este viernes en la Región de Magallanes, forma parte de las acciones de promoción impulsadas por la institución para fortalecer la convivencia en los establecimientos educacionales y difundir los principales cambios normativos que comienzan a regir el próximo 1 de julio. Además, se desarrollaron valiosas exposiciones sobre salud mental en las escuelas y responsabilidad penal adolescente. En total, se realizaron 16 seminarios a nivel nacional, con la participación de cerca de 600 establecimientos educacionales y una convocatoria aproximada de 3 mil personas, considerando asistencia presencial y conexiones en línea. La superintendenta (s) Pamela Adriazola participó en las jornadas realizadas en las regiones de Los Lagos —donde se dio inicio al ciclo—, Antofagasta y en el cierre que se desarrollaró en Magallanes, donde también actuó como expositora sobre la Ley 21.809, reforzando el carácter nacional de esta iniciativa. “Esta Ley representa un cambio de mirada. Nos invita a dejar atrás una lógica reactiva, centrada en la sanción, para avanzar hacia una convivencia basada en la prevención, en el cuidado y en la construcción conjunta de entornos educativos respetuosos y seguros”, señaló la autoridad. Los seminarios fueron organizados y ejecutados por cada Dirección Regional, permitiendo adaptar los contenidos a las realidades zonales y acercar el espíritu de la nueva normativa a docentes, equipos directivos, asistentes de la educación y estudiantes. A lo largo del país, las instancias contaron además con la participación de autoridades locales y representantes del ámbito académico y jurídico, quienes escucharon y abordaron los desafíos que implica avanzar hacia enfoques preventivos y colaborativos en materia de convivencia escolar. “ Como Superintendencia, no queremos ser solo un ente que fiscaliza. Queremos ser un aliado. Por eso, desplegamos este ciclo de seminarios en todo el país y seguiremos disponibles para apoyar a las comunidades educativas en este proceso de implementación: para que conozcan la ley, sus cambios, los plazos de adecuación, pero, sobre todo, para que puedan apropiarse de su sentido”, agregó Adriazola. El ciclo también puso énfasis en la corresponsabilidad de todos los actores del sistema educativo, destacando la importancia de generar una cultura de respeto y buen trato al interior de las comunidades escolares. “La convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa. No es tarea de una sola persona, ni de un solo estamento. Y más aún, es un desafío que trasciende la escuela, porque lo que ocurre dentro de ella es también reflejo de nuestra sociedad. Por eso, el trabajo en convivencia debe ser también intersectorial ”, concluyó la superintendenta (s). Con esta iniciativa, la Superintendencia de Educación reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades educativas en la implementación de la nueva Ley, promoviendo espacios de aprendizaje más seguros, inclusivos y respetuosos en todo el país.
La Superintendencia de Educación anunció la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, como parte de un proceso de actualización normativa que apunta a simplificar exigencias y reducir la carga administrativa en los establecimientos educacionales del país. La decisión se enmarca en la implementación de la Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que comenzará a regir el 1 de julio. La medida fue informada por la superintendenta (s) Pamela Adriazola, quien explicó que esta actualización responde a las inquietudes manifestadas por comunidades escolares ante el aumento de obligaciones normativas. Actualmente, los establecimientos deben cumplir cerca de 2.900 exigencias, lo que ha generado dificultades para compatibilizar tareas administrativas con el liderazgo pedagógico. Desde el Ministerio de Educación, la ministra María Paz Arzola destacó que esta decisión permitirá a docentes y equipos directivos enfocarse en los procesos de enseñanza y bienestar estudiantil. La autoridad subrayó que el objetivo es contar con una normativa más clara, coherente y pertinente, que funcione como un apoyo para las comunidades educativas. Asimismo, se informó que hasta el 30 de septiembre de 2027 la Superintendencia aplicará un enfoque formativo en sus procesos de fiscalización, privilegiando recomendaciones por sobre sanciones. Además, se dejará sin efecto el Dictamen N°65, considerando que la nueva ley autoriza el uso de tecnología para resguardar la seguridad en los recintos educativos.
La presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las principales dificultades que, a juicio del gremio, se han registrado en los establecimientos educacionales de la región tras la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Durante la entrevista, Aguilante señaló que el gremio ha recurrido a organismos fiscalizadores debido a situaciones que, según explicó, no han obtenido respuestas concretas en las distintas instancias de diálogo sostenidas con el empleador. “Nosotros a veces decimos, estamos cansados de sentarnos con el empleador, pero al final no sacamos nada, salimos de una reunión sin respuestas concretas y eso es lo que nos molesta y muchas veces lo hacemos público y ahora últimamente ya estamos presentando muchas denuncias y más que nada contraloría igual y superintendencia para que fiscalicen lo que está pasando con el empleador”, sostuvo. Uno de los principales puntos planteados fue la situación de los reemplazos docentes. La dirigenta afirmó que durante las últimas semanas han conocido casos en los que se han reducido horas docentes y no se estarían contratando oportunamente reemplazantes para cubrir licencias médicas o situaciones administrativas. “Ahora lo que estamos diciendo que los reemplazos no están llegando a los colegios, no están siendo contratados o reemplazos que corresponden estar, incluso cuando hay una licencia promedio, la ley dice que arriba de 17 días. Ya le quiere mandarse un reemplazo y no llegan en forma oportuna, llegan en forma tardía”, indicó. Aguilante vinculó esta situación con la continuidad de los procesos pedagógicos y señaló que la ausencia de profesores de determinadas asignaturas puede afectar la planificación de las clases. “O sea, no nos pidan que podamos subir los índices de lectura, de comprensión, si no están los profesores idóneos dentro de la sala”, expresó. La presidenta regional del gremio también se refirió al uso de docentes de educación diferencial y profesionales vinculados a los Programas de Integración Escolar (PIE) para cubrir horas de otras asignaturas. Si bien reconoció que pueden existir situaciones puntuales en las que un docente apoye frente a una ausencia, manifestó su preocupación cuando esta práctica se transforma en algo permanente. “Nosotros podemos comprender que pueden existir temas, digamos fortuitos. Que nadie está, no sé, pues tú te levantas un día y pasó un accidente equis y no pudiste llegar a tu trabajo. ¿El profesor diferencial está dispuesto a hacerlo y lo hace, muchas veces lo hace, pero qué es lo que pasa que se abusa?”, planteó. En ese contexto, Aguilante sostuvo que el gremio ha solicitado fiscalizaciones para determinar si se están cumpliendo las funciones y jornadas establecidas para los profesionales de educación diferencial. “Por eso nosotros acudimos a la Contraloría y a la Superintendencia de educación. Ellas son entidades que tienen que fiscalizar que para eso están. Nosotros lo que hacemos es denunciar, pues nuestro deber fiscalizar”, afirmó. Expectativas ante cambios en el SLEP Otro de los temas abordados fue el próximo cambio en la dirección ejecutiva del SLEP Magallanes. Aguilante señaló que el gremio espera que esta modificación permita abrir una nueva etapa para la institución, poniendo el énfasis en la resolución de los problemas pendientes y no en las personas que han ocupado los cargos. “Nosotros como Colegio de profesores esperamos que este cambio signifique una nueva etapa para el SLEP Magallanes. No se trata de una persona en particular, se trata de que necesitamos que la institución funcione. ¿Y que dé respuestas concretas a la comunidad educativa?”, manifestó. La dirigenta confirmó que ya han sostenido encuentros con Rodrigo Sepúlveda, quien asumiría la dirección ejecutiva subrogante, y afirmó que el gremio espera mantener una relación de diálogo, pero también de fiscalización. “Por eso esperamos que exista una relación de diálogo y trabajo, pero también de exigencia. Nosotros vamos a colaborar cuando corresponda, pero también vamos a seguir fiscalizando y levantando las situaciones que afectan a nuestros profesores y estudiantes dentro de la mirada y lo que nos corresponde como directorio regional”, señaló. Aguilante agregó que uno de los objetivos del gremio es que el SLEP pueda recuperar la confianza de las comunidades educativas de la región y entregar respuestas a las necesidades de las diez comunas. Llamado a parlamentarios por presupuesto de educación La presidenta regional del Colegio de Profesores también explicó el reciente llamado realizado a los parlamentarios de Magallanes, particularmente en el contexto de la discusión presupuestaria. Según Aguilante, el gremio ha enviado documentación y solicitado reuniones con representantes de la región, pero hasta el momento no habría recibido acercamientos posteriores a la publicación del comunicado. “Y qué lamentable. Sabes que lamentable porque supuestamente ellos son también parte importante, muy importante en lo que es la legislación y presupuesto, especialmente en educación en Magallanes, y no puede ser que solamente se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones”, sostuvo. La dirigenta enfatizó que el gremio espera que los representantes parlamentarios participen en la discusión de los recursos destinados a educación y conozcan las problemáticas existentes en los establecimientos de la región. Movilización nacional y posición regional Respecto de las movilizaciones convocadas a nivel nacional, Aguilante señaló que el directorio regional respalda la convocatoria, aunque aclaró que en Magallanes no se concretará una paralización. “Nosotros igual apoyamos esta convocatoria, dado que coincidimos en la urgencia defender la educación pública que hoy se encuentra amenazada”, afirmó. La dirigenta explicó que, en lugar de paralizar las actividades, el Colegio de Profesores de Magallanes prepara una carta y un comunicado que recogerían la posición de las distintas comunas frente a las preocupaciones por los recursos destinados a educación. Actividades por el Mes del Profesor Finalmente, Aguilante invitó a participar en las actividades organizadas por el Colegio de Profesores de Magallanes con motivo del Mes del Profesor. Entre ellas se encuentra una corrida familiar que se realizará este sábado y que busca generar un espacio de encuentro entre docentes y sus familias. “Como Colegio de profesores queremos que el mes del profesor nos no se reduzca solamente a la celebración de un día que es el 16 de octubre. Sino que podamos comenzar este mes tan significativo para nosotros, compartiendo y reuniendo a las y los docentes junto a su familia”, explicó. La programación contempla además un campeonato de baby fútbol para mujeres y hombres el 24 de octubre, mientras que el 16 de octubre las distintas comunas desarrollarán actividades de celebración para los docentes pertenecientes al Colegio de Profesores.
Con el objetivo de promover la difusión y apropiación de la Ley N°21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de Magallanes realizó una jornada dirigida a directores y equipos directivos de establecimientos educacionales de la región. La actividad se desarrolló el 11 de agosto en el gimnasio de la Escuela Portugal, establecimiento dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, y contó con la participación de representantes de distintas instituciones del sector educación. La instancia fue organizada por el Comité SAC de Magallanes, en el marco de las orientaciones entregadas por la Subsecretaría de Educación. Entre las autoridades asistentes estuvieron el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz; el subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico y encargado de Desarrollo Integral e Intersector del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño; el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha; y el director provincial de Educación, entre otros representantes del ámbito educacional. Durante la jornada se abordaron los principales contenidos de la Ley N°21.809, normativa que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, promoviendo entornos seguros, inclusivos y favorables para el aprendizaje y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. En representación de la Superintendencia de Educación, la directora regional de Magallanes, Mónica Miranda, expuso sobre los desafíos que implica la implementación de esta nueva normativa. Al respecto, señaló que “la implementación de la Ley 21.809 fortalece la institucionalidad porque promueve instancias de análisis y reflexión del propósito de la tarea de educar. Permitirá a los equipos directivos revisar sus instrumentos de gestión y sintonizarlos con las nuevas definiciones y contenidos que la ley exige”. La directora regional agregó que “este proceso de adecuación abrirá espacios de diálogo y formación para los diferentes actores de la comunidad educativa con el fin de definir objetivos y estrategias que permitan asegurar ambientes seguros y propicios para los aprendizajes”. La actividad convocó a representantes de establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, quienes pudieron conocer los alcances de la nueva legislación y compartir experiencias para su futura implementación en las comunidades educativas.
La Superintendencia de Educación culminó esta semana el ciclo de seminarios “Desafíos de la Convivencia Escolar: Una responsabilidad de toda la comunidad”, instancia que recorrió las 16 regiones del país con el objetivo de informar y profundizar los planes de implementación de la nueva Ley 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. La iniciativa, que finalizó este viernes en la Región de Magallanes, forma parte de las acciones de promoción impulsadas por la institución para fortalecer la convivencia en los establecimientos educacionales y difundir los principales cambios normativos que comienzan a regir el próximo 1 de julio. Además, se desarrollaron valiosas exposiciones sobre salud mental en las escuelas y responsabilidad penal adolescente. En total, se realizaron 16 seminarios a nivel nacional, con la participación de cerca de 600 establecimientos educacionales y una convocatoria aproximada de 3 mil personas, considerando asistencia presencial y conexiones en línea. La superintendenta (s) Pamela Adriazola participó en las jornadas realizadas en las regiones de Los Lagos —donde se dio inicio al ciclo—, Antofagasta y en el cierre que se desarrollaró en Magallanes, donde también actuó como expositora sobre la Ley 21.809, reforzando el carácter nacional de esta iniciativa. “Esta Ley representa un cambio de mirada. Nos invita a dejar atrás una lógica reactiva, centrada en la sanción, para avanzar hacia una convivencia basada en la prevención, en el cuidado y en la construcción conjunta de entornos educativos respetuosos y seguros”, señaló la autoridad. Los seminarios fueron organizados y ejecutados por cada Dirección Regional, permitiendo adaptar los contenidos a las realidades zonales y acercar el espíritu de la nueva normativa a docentes, equipos directivos, asistentes de la educación y estudiantes. A lo largo del país, las instancias contaron además con la participación de autoridades locales y representantes del ámbito académico y jurídico, quienes escucharon y abordaron los desafíos que implica avanzar hacia enfoques preventivos y colaborativos en materia de convivencia escolar. “ Como Superintendencia, no queremos ser solo un ente que fiscaliza. Queremos ser un aliado. Por eso, desplegamos este ciclo de seminarios en todo el país y seguiremos disponibles para apoyar a las comunidades educativas en este proceso de implementación: para que conozcan la ley, sus cambios, los plazos de adecuación, pero, sobre todo, para que puedan apropiarse de su sentido”, agregó Adriazola. El ciclo también puso énfasis en la corresponsabilidad de todos los actores del sistema educativo, destacando la importancia de generar una cultura de respeto y buen trato al interior de las comunidades escolares. “La convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa. No es tarea de una sola persona, ni de un solo estamento. Y más aún, es un desafío que trasciende la escuela, porque lo que ocurre dentro de ella es también reflejo de nuestra sociedad. Por eso, el trabajo en convivencia debe ser también intersectorial ”, concluyó la superintendenta (s). Con esta iniciativa, la Superintendencia de Educación reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades educativas en la implementación de la nueva Ley, promoviendo espacios de aprendizaje más seguros, inclusivos y respetuosos en todo el país.
La Superintendencia de Educación anunció la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, como parte de un proceso de actualización normativa que apunta a simplificar exigencias y reducir la carga administrativa en los establecimientos educacionales del país. La decisión se enmarca en la implementación de la Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que comenzará a regir el 1 de julio. La medida fue informada por la superintendenta (s) Pamela Adriazola, quien explicó que esta actualización responde a las inquietudes manifestadas por comunidades escolares ante el aumento de obligaciones normativas. Actualmente, los establecimientos deben cumplir cerca de 2.900 exigencias, lo que ha generado dificultades para compatibilizar tareas administrativas con el liderazgo pedagógico. Desde el Ministerio de Educación, la ministra María Paz Arzola destacó que esta decisión permitirá a docentes y equipos directivos enfocarse en los procesos de enseñanza y bienestar estudiantil. La autoridad subrayó que el objetivo es contar con una normativa más clara, coherente y pertinente, que funcione como un apoyo para las comunidades educativas. Asimismo, se informó que hasta el 30 de septiembre de 2027 la Superintendencia aplicará un enfoque formativo en sus procesos de fiscalización, privilegiando recomendaciones por sobre sanciones. Además, se dejará sin efecto el Dictamen N°65, considerando que la nueva ley autoriza el uso de tecnología para resguardar la seguridad en los recintos educativos.
