Hasta el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, establecimiento con más de 100 años de historia, llegó la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, en el marco de su visita a la región de Magallanes. Acompañada por el fiscal de la institución, Miguel Zárate, y por la directora regional de la Supereduc, Mónica Miranda, participó de un conversatorio con las y los estudiantes de educación vespertina, equipos directivo y docente, que encabeza el director del liceo, Néstor Ríos. En el encuentro, realizado el lunes por la tarde-noche, se habló de la importancia de la modalidad de Tercera Jornada, en recintos que durante el día funcionan como escuelas y liceos, y que en las jornadas vespertinas ofrecen Educación de Adultos, además de los desafíos que implica lograr complementar la educación con las obligaciones laborales. “Que decidan continuar con sus estudios a pesar de haber tenido interrupciones a lo largo de su trayectoria educativa, es muy destacable. Este establecimiento demuestra el derecho a la educación que tienen las personas en cualquier momento de su vida”, afirmó Loreto Orellana, quien por primera vez asistió a un establecimiento de estas características. El martes, en tanto, en la Escuela Elba Ojeda Gómez, que imparte enseñanza desde la Educación Parvularia hasta Octavo Año Básico en Jornada Escolar Completa, la autoridad recorrió las instalaciones del recinto y participó de una exposición donde las propias niñas y niños dieron cuenta de las iniciativas que desarrollan para mejorar la convivencia escolar. “Estoy gratamente sorprendida de las distintas iniciativas de convivencia que tienen en la escuela. Esta visita nos permitió conocer desde la propia voz de sus niñas y niños la importancia de la convivencia y de contar con ambientes de buen trato y de relaciones positivas. Destaco también que acá se le da espacio a un alto porcentaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, lo que sin duda enriquece los espacios de inclusión en la escuela”, sostuvo la autoridad nacional. Para cerrar las jornadas de diálogo con comunidades educativas, las autoridades de la Supereduc sostuvieron un provechoso encuentro con una decena de centros de alumnos de distintos establecimientos de la región, públicos y particulares subvencionados. El objetivo fue generar un espacio de información y orientación, para conocer inquietudes del estudiantado, debatir sobre sus reglamentos internos y establecer un marco de acción con la misma participación de ellos Agenda sectorial Durante su estadía en Magallanes, la superintendenta Orellana, junto con el fiscal Zárate y la directora Miranda se reunieron con el seremi de Educación, Valentín Aguilera, y con la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación, Mónica Cerro. En el encuentro, las autoridades dialogaron respecto al estado de las denuncias relacionadas a convivencia, debido a que se han registrado algunos hechos de violencia en la región, y se abordaron las estrategias de coordinación que funcionan entre las distintas instituciones del sistema educativo ante hechos graves o de connotación pública. “Actualmente está funcionando en la región una mesa que dirige el delegado presidencial, donde hay toda una estrategia para que tengamos espacios seguros en las comunidades educativas. Hoy yo también invito a la ciudadanía a poder informarse de eso y, en caso de que alguno de ustedes se vea enfrentado a esto, acudan a los organismos como la Seremi de Educación, la Delegación Presidencial o la Superintendencia de Educación, porque allí van a poder recibir orientación y acompañamiento en aquellos temas”, señaló la principal autoridad de la Supereduc. Además, entre otras materias, se abordó como un objeto de análisis, el desarrollo del SLEP de Magallanes tras su primer año de funcionamiento. A su vez, el Seremi destacó la importante inversión en infraestructura que están desarrollando las autoridades nacionales y locales, a través del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, lo que se verá reflejado en los establecimientos públicos de la región. La visita a la zona contempló también un encuentro con las y los funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes, con el objetivo de revisar el cumplimiento de distintas metas institucionales, asociadas a fiscalización, protección de derechos, concientización y educación parvularia, entre otros temas.
Como se expone en el informe, la Supereduc impulsa un nuevo modelo de atención ciudadana que prioriza la resolución temprana y colaborativa de conflictos, fortaleciendo el diálogo y la respuesta efectiva a las comunidades educativas. En el marco de su aniversario institucional, la Superintendencia de Educación publicó el informe “Denuncias en la educación escolar y parvularia (2014–2024): evolución y nuevo enfoque de gestión” , que sistematiza un decenio de trabajo en la atención de requerimientos ciudadanos. El documento, presentado por la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta, busca entregar una mirada integral sobre las principales temáticas reportadas por las comunidades educativas, así como orientar los lineamientos futuros en materia de convivencia, atención de denuncias y respuesta oportuna. La actividad, realizada en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y transmitida a través de YouTube, contó, además, con la participación de un panel de expertas/os que analizó los resultados del informe. Este conversatorio fue moderado por Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Supereduc, y contó con la participación de: Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva; Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa; y Marisol Latorre, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El acto contó con la presencia de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien valoró el trabajo realizado por la Supereduc en la elaboración de este estudio. La autoridad destacó que el informe “muestra elementos bien interesantes, con una mirada de mediano plazo. Mirar un poco en perspectiva ayuda mucho a entender cómo han ido evolucionando los procesos en nuestro país (…) Es importante observar bien la evolución general de la cantidad de denuncias, las dimensiones principales en que se mantienen. En particular la necesidad de atender todos los temas relacionados con la convivencia educativa”. Durante la presentación, la superintendenta Orellana mostró información relevante obtenida de este análisis. Por ejemplo, que entre los años 2014 y 2024 se identificó un aumento sostenido de denuncias desde la creación del Servicio (133.357), alcanzando un primer máximo en 2018, con el ingreso de 15.017 denuncias, y la mayoría se concentró en la convivencia escolar, donde 7 de cada 10 denuncias corresponden a esta categoría. En cuanto a la subtemática más reportada, si bien el maltrato a estudiantes encabeza la lista con 7.935 casos en 2024 (57% del total), emergen temáticas transversales como las denuncias asociadas a autismo, con un aumento de un 149% entre los años 2022 y 2024. Respecto a la dependencia administrativa de los establecimientos, se evidencia que la distribución de las denuncias de convivencia muestra diferencias significativas tanto en volumen como en tendencia, como es el caso de los establecimientos particulares subvencionados que concentran la mayor cantidad de denuncias por volumen, lo cual se explica también por su participación mayoritaria en el sistema educativo. Ahora bien, al analizar la tasa por cada 10.000 estudiantes, los resultados del informe revelan que la concentración de conflictos no se explica solo por volumen de estudiantes. La situación que plantea la necesidad de fortalecer capacidades de gestión y mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Otro aspecto que destacar en los resultados de las denuncias tiene relación con que nueve de cada diez establecimientos denunciados en 2024 ya habían registrado denuncias en años anteriores, y el promedio de denuncias por establecimiento denunciado alcanzó 3,2 en 2024. Otro escenario de gestión A raíz de estos hallazgos, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, sostuvo que “ el comportamiento de estas denuncias puede considerarse un indicador indirecto de tensiones y demandas en las comunidades educativas. Por otra parte, también apunta a una comunidad educativa más consciente de sus derechos y con mayores herramientas para defender sus posturas, gracias a un marco legal que se ha ido ampliando en el ámbito de la educación ”. Dado que se observan conflictos cada vez más diversos, un creciente volumen de denuncias y una reincidencia concentrada en un núcleo de establecimientos, la autoridad nacional enfatizó que desde la Superintendencia de Educación se ha impulsado un rediseño del procedimiento de atención de requerimientos ciudadanos. “La experiencia acumulada en 2023 y 2024 ha permitido diseñar un nuevo procedimiento de atención de denuncias que formaliza el rol de la Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC) y refuerza su aplicación. El nuevo esquema prioriza la resolución temprana y dialogada en los casos que no requieren avanzar hacia una etapa sancionatoria, lo que permite descongestionar la gestión institucional y concentrar recursos en situaciones más críticas y/o reiteradas ”, indicó la superintendenta Orellana. En ese mismo enfoque, la máxima autoridad de la Supereduc recalcó que las cifras de denuncias y las nuevas temáticas de convivencia hablan de un escenario que se instaló en esta materia. “No solo apuntan a un número mayor o menor de denuncias. También hablan de una mayor complejización de éstas, ya que, positivamente, la norma también ha ido ampliando la protección de derechos en las comunidades educativas. En ese sentido, la Superintendencia desarrolla nuevos procesos de gestión y acompañamiento, más acordes al actual contexto y que no solo apuntan a un acto fiscalizador o sancionatorio”, enfatizó Loreto Orellana.
La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió rechazar la apelación presentada por Procesadora Dumestre, titular de la planta procesadora de salmones Puerto Demaistre en Puerto Natales, confirmando así el fallo del Tercer Tribunal Ambiental que en enero de este año había anulado la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa Australis Seafoods para responder por la infracción grave cometida entre 2019 y 2021. El reciente fallo argumenta que las medidas contempladas en el PdC (entre las que estaban control satelital de camiones, mejoras en seguridad vial y humectación de rutas para reducir el polvo) no cumplen con el criterio de eficacia exigido por la ley, ya que la obligación de usar rutas autorizadas aplicaba únicamente durante la etapa de construcción, la que ya finalizó. Por lo tanto, las acciones propuestas para la fase operativa no pueden reparar ni revertir el incumplimiento cometido, según indicó ONG Fima. Frente a esto, desde Australis Seafoods señalaron a Salmonexpert que esto “es una nueva manifestación de la judicialización sistemática de la acuicultura en la región de Magallanes. En este caso, en contra de un programa de cumplimiento ya aprobado por la SMA, que contenía distintas medidas en aspectos viales de la operación de la Planta Dumestre en Puerto Natales”. Para la compañía, en tanto, “estas acciones judiciales sin duda debilitan los instrumentos de incentivo al cumplimiento creados por la nueva institucionalidad ambiental para salvaguardar los objetivos de protección ambiental, los cuales resultan muchas veces más rápidos y eficientes que la vía sancionatoria tradicional”. La infracción apelada, se remonta a la etapa de construcción de la planta, cuando la SMA recibió denuncias por las eventuales irregularidades. Las fiscalizaciones comprobaron, de acuerdo con lo que se detalla, “que la empresa extrajo áridos desde canteras distintas a las aprobadas en su RCA y utilizó rutas no autorizadas para el transporte, incluyendo la Ruta 9, la Ruta Y-340 y la costanera de Puerto Natales. Estos caminos atraviesan la Zona de Interés Turístico “Destino Torres del Paine”, lo que incrementó el tránsito pesado en áreas de alto valor ambiental y turístico. La RCA autorizaba la extracción de 31.000 metros cúbicos de áridos desde una cantera ubicada a 500 metros del sitio de construcción. Sin embargo, la SMA constató que se utilizaron 62.000 metros cúbicos, de los cuales más de la mitad provino de otras canteras. La infracción fue calificada como grave y se sumó a otra de carácter leve, relacionada con la intervención de un área mayor a la permitida. Para evitar sanciones, la firma presentó un Plan de Cumplimiento, el que fue aprobado por la SMA en marzo de 2024. Ante esto, desde la organización A.C.U.E, presentaron reclamación, dando a conocer que el plan no servía para corregir la infracción principal, ya que las acciones propuestas se aplicarían en la etapa de operación, cuando el incumplimiento había ocurrido exclusivamente en la fase de construcción. Fuente: salmonexpert.cl
La Superintendencia de Educación dio a conocer el segundo reporte trimestral del año sobre denuncias relacionadas al ámbito de convivencia. Los datos, disponibles en el Portal de Datos Abiertos Supereduc , revelan que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, la institución recibió un total de 8.678 denuncias a nivel nacional, lo que representa un aumento general de 1.194 casos respecto del mismo periodo de 2024. De ese total, el 70,8% (6.148 casos) corresponde al ámbito de convivencia, lo que implica un incremento de 1.055 casos y un aumento de 20,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Para la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, los datos confirman que “ se mantiene la tendencia al alza de denuncias que se ha registrado en los años posteriores a la pandemia, por lo que es fundamental que las comunidades educativas actúen preventivamente e implementen estrategias de diálogo para evitar que los conflictos escalen y resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes”. “A las familias, la recomendación es siempre agotar el conducto regular con el establecimiento y para esto es crucial que exista claridad sobre los canales de comunicación y disposición a llegar a acuerdos para resolver las divergencias o situaciones de conflicto”, detalló la superintendenta (s) de Educación. Mayoría de casos corresponden a maltrato entre estudiantes Las denuncias por convivencia consideran casos de maltrato a distintos miembros de la comunidad educativa, situaciones de discriminación por diversas razones, aplicación de medidas disciplinarias, hechos de connotación sexual, vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, entre otras materias. Dentro de estos temas, la categoría que concentra la mayor cantidad de denuncias es “Maltrato a párvulos y/o estudiantes” con 3.422 casos y 2.026 de ellos correspondieron a situaciones de maltrato entre estudiantes, sin considerar al nivel parvulario. En menor medida, aparecen las denuncias por maltrato de personas adultas hacia estudiantes y/o párvulos, con 1.289 casos, y las situaciones de conflicto entre párvulos que afectan la convivencia, como golpes, mordeduras, empujones, rasguños, tirones de pelo, con 107 denuncias. Por su parte, los casos de discriminación alcanzaron 1.024 denuncias hasta el 30 de junio, lo que equivale a un 16,7% de las denuncias por convivencia. De esta cifra, 473 denuncias corresponden a situaciones de discriminación por Necesidades Educativas Especiales Permanentes y/o Transitorias, registrándose un aumento del 50,6% respecto al mismo periodo de 2024. Para la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, “identificar a tiempo situaciones de tensión entre estudiantes, comunicar e involucrar a las familias en la resolución de las diferencias o aplicar herramientas como la mediación y la conciliación, no solo evita que puedan derivar en algún tipo de maltrato, sino que también deja una enseñanza valiosa y replicable en la comunidad”. “Por eso desde la Superintendencia estamos trabajando en fortalecer la gestión colaborativa de conflictos e instalar capacidades en las comunidades educativas a través de la capacitación, la mediación y estrategias de conciliación al primer contacto, que apuntan a entregar soluciones en menor tiempo y orientar a los establecimientos en la aplicación de la normativa educacional vigente”, profundizó Muñoz. Maltrato a adultos/as alcanza un 4,3% de los casos Un 4,3% de las denuncias por convivencia recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 se refieren a situaciones de maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, categoría que considera tanto a directivos, docentes, asistentes de la educación como a madres, padres y apoderadas/os. Estos casos experimentaron un aumento de 57,5%, pasando de 167 denuncias en el mismo periodo de 2024 a 263 este año. Dentro de esta categoría, los casos más recurrentes – 85 denuncias- correspondieron a situaciones de maltrato de personal del establecimiento a padre, madre y/o apoderado/a. En este sentido, la superintendenta (s) Marggie Muñoz instó a las comunidades educativas a “ revisar, actualizar y difundir permanentemente sus reglamentos internos y protocolos de actuación, pero sobre todo a cumplir sus planes de gestión de la convivencia y a estar alertas ante las situaciones que puedan transformarse en conflictos para tomar medidas a tiempo”. La autoridad también instó a las comunidades educativas a sumarse a la Jornada Nacional “Presentes contra la violencia”, convocada por el Ministerio de Educación para este miércoles 30 de julio. “Invitamos a todos los establecimientos del nivel parvulario y de enseñanza básica y media a participar de esta importante jornada de reflexión y diálogo, aprovechemos este espacio para generar compromisos concretos y para aprender a diferenciar entre problemas de convivencia – que son la mayoría de las denuncias que recibe la Superintendencia-, situaciones de violencia y hechos que pueden ser constitutivos de delitos. No son lo mismo y no se abordan de la misma manera, es importante que todas y todos lo sepamos para que jardines, escuelas y liceos sean espacios protegidos y ambientes propicios para el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, enfatizó la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz. Encuentra más información sobre las estadísticas de denuncias que recibe la Superintendencia de Educación en el Portal de Datos Abiertos Supereduc.
Esta mañana, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz Verón, presentó la Cuenta Pública Participativa 2025 de la Superintendencia de Educación, instancia en la que entregó un balance de las acciones desarrolladas durante la gestión e informó los avances institucionales del último año. La actividad, realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República y transmitida a través de YouTube, reunió a autoridades, directores/as regionales, jefes de servicio, representantes de la sociedad civil y del gremio, además de funcionarios y funcionarias. En la ocasión, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, se refirió a la importancia de fortalecer el desarrollo de capacidades en las comunidades educativas desde lo pedagógico, lo formativo y lo relacional, dejando atrás un enfoque punitivo. En ese sentido, reconoció el rol de la Superintendencia y calificó como “muy valioso pasar desde una lógica más centrada en la sanción a una más centrada en la prevención, en el fortalecimiento de capacidades”. Por su parte, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, comenzó la presentación repasando los ejes que guiaron la labor durante estos años, recordando las dificultades que enfrentaba el sistema educativo tras la pandemia y cómo desde las facultades de la institución se ha contribuido a su reactivación. Uno de los mayores desafíos ha sido responder a una alta demanda de requerimientos ciudadanos, alcanzando en 2024 un total de 19.198 denuncias. Para cumplir con su labor y enfrentar este contexto, la superintendenta señaló que se mejoraron procesos internos, se promovió la formación y capacitación de los equipos y se establecieron vínculos y alianzas con otras instituciones. Foco en la prevención Entre las acciones de prevención de conflictos de convivencia y acompañamiento a las comunidades educativas, se destacó la creación de la primera Estrategia de Promoción y Concientización, cuyo objetivo fue instalar capacidades en las comunidades y entregar conocimiento sobre los derechos educacionales, aplicación de la normativa y buen uso de recursos. Solo en 2024 se capacitó a 672 entidades sostenedoras, lo que equivale a 4.980 establecimientos educacionales, donde está matriculado el 54% de estudiantes del país. En esta línea también destacan los avances normativos para la protección de derechos de estudiantes autistas, como la Circular N° 586, que imparte instrucciones a establecimientos educacionales para su inclusión y el dictamen N° 74, que permite destinar recursos de la Subvención Escolar Preferencial en apoyo de párvulos y estudiantes que presentan necesidades educativas especiales En el nivel parvulario, la superintendenta destacó el Programa de Apropiación Normativa, con visitas técnicas a 140 establecimientos, además de acciones de difusión que convocaron a alrededor de 4.500 personas en torno a la convivencia y el resguardo de derechos en la primera infancia. Denuncias que se atienden más rápido En cuanto a la gestión de requerimientos ciudadanos, la autoridad nacional destacó que la institución recibió 65.400 requerimientos durante 2024, lo que considera solicitudes de denuncias, consultas, mediación y expedientes de expulsión, entre otros. Pese a la elevada cifra, aseveró que “logramos disminuir los tiempos de respuestas en la primera etapa de tramitación de denuncias de 80 a 53 días”. “Esta medida se consiguió con un nuevo procedimiento para casos de tramitación urgente y vulneración graves de derechos, con un monitoreo constante de casos de arrastre en todas las direcciones regionales, y con la implementación de dos pilotos: conciliación en primera instancia y procedimiento simplificado de gestión de denuncias”, recalcó la superintendenta Muñoz. En esta línea, también se refirió a que la Superintendencia de Educación ha priorizado la Gestión Colaborativa de Conflictos con el fin de instalar mayor capacidad resolutiva en las comunidades educativas. “Implementamos un nuevo modelo de gestión de requerimientos ciudadanos, que busca fortalecer una gestión oportuna, efectiva y centrada en el resguardo de derechos. Esta actualización del modelo instala la gestión colaborativa de conflictos en tres niveles: Formulario de contacto directo, Conciliación y Mediación”, sostuvo. Fiscalización con mirada formativa Desde su rol, la Superintendencia aplica un modelo de fiscalización con enfoque de derechos, que tras 6 años de implementación se ha perfeccionado, incorporando el nuevo marco de protección de derechos de la niñez y fortaleciendo la articulación con otras instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Además, la superintendenta recalcó el cambio de mirada que se llevó a cabo en la fiscalización de denuncias mediante el dictamen N°72 de 2024, que permitió aplicar acciones formativas reguladas, fundadas técnicamente y orientadas a facilitar el cumplimiento normativo. “Esta fiscalización no busca castigar, sino promover entornos seguros y protectores”, sostuvo. Durante el 2024, la Superintendencia de Educación desarrolló 21.563 acciones de fiscalización, con lo que sumó más de 60 mil fiscalizaciones en los últimos tres años y una cobertura de un 69% de los establecimientos educacionales que cuentan con Reconocimiento Oficial del Estado. En materia de fiscalización de uso de recursos públicos en educación, destacó la recuperación de 4.800 millones de pesos de saldos de subvenciones para el fisco, gracias a la implementación de un proceso de determinación de saldos finales para sostenedores municipales que fueron traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y establecimientos particulares que pierden o renuncian al reconocimiento oficial. Respecto a la Nueva Educación Pública, Muñoz señaló que para apoyar la instalación de nuevos SLEP y los cierres de gestión en municipios traspasados, se realizaron capacitaciones en procesos declarativos y buen uso de recursos, además de programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de compromisos de convenios de ejecución. Al finalizar la cuenta pública, la superintendenta recalcó la importancia de continuar avanzando “en prevención y acompañamiento a las comunidades educativas, en responder oportuna y eficazmente a los requerimientos de la ciudadanía y en una fiscalización integral con enfoque de derechos, que impulse la mejora continua y contribuya, en definitiva, a asegurar la calidad de la educación en nuestro país”. Revise aquí la transmisión de la Cuenta Pública Participativa 2025 de Superintendencia de Educación .
Hasta el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, establecimiento con más de 100 años de historia, llegó la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, en el marco de su visita a la región de Magallanes. Acompañada por el fiscal de la institución, Miguel Zárate, y por la directora regional de la Supereduc, Mónica Miranda, participó de un conversatorio con las y los estudiantes de educación vespertina, equipos directivo y docente, que encabeza el director del liceo, Néstor Ríos. En el encuentro, realizado el lunes por la tarde-noche, se habló de la importancia de la modalidad de Tercera Jornada, en recintos que durante el día funcionan como escuelas y liceos, y que en las jornadas vespertinas ofrecen Educación de Adultos, además de los desafíos que implica lograr complementar la educación con las obligaciones laborales. “Que decidan continuar con sus estudios a pesar de haber tenido interrupciones a lo largo de su trayectoria educativa, es muy destacable. Este establecimiento demuestra el derecho a la educación que tienen las personas en cualquier momento de su vida”, afirmó Loreto Orellana, quien por primera vez asistió a un establecimiento de estas características. El martes, en tanto, en la Escuela Elba Ojeda Gómez, que imparte enseñanza desde la Educación Parvularia hasta Octavo Año Básico en Jornada Escolar Completa, la autoridad recorrió las instalaciones del recinto y participó de una exposición donde las propias niñas y niños dieron cuenta de las iniciativas que desarrollan para mejorar la convivencia escolar. “Estoy gratamente sorprendida de las distintas iniciativas de convivencia que tienen en la escuela. Esta visita nos permitió conocer desde la propia voz de sus niñas y niños la importancia de la convivencia y de contar con ambientes de buen trato y de relaciones positivas. Destaco también que acá se le da espacio a un alto porcentaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, lo que sin duda enriquece los espacios de inclusión en la escuela”, sostuvo la autoridad nacional. Para cerrar las jornadas de diálogo con comunidades educativas, las autoridades de la Supereduc sostuvieron un provechoso encuentro con una decena de centros de alumnos de distintos establecimientos de la región, públicos y particulares subvencionados. El objetivo fue generar un espacio de información y orientación, para conocer inquietudes del estudiantado, debatir sobre sus reglamentos internos y establecer un marco de acción con la misma participación de ellos Agenda sectorial Durante su estadía en Magallanes, la superintendenta Orellana, junto con el fiscal Zárate y la directora Miranda se reunieron con el seremi de Educación, Valentín Aguilera, y con la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación, Mónica Cerro. En el encuentro, las autoridades dialogaron respecto al estado de las denuncias relacionadas a convivencia, debido a que se han registrado algunos hechos de violencia en la región, y se abordaron las estrategias de coordinación que funcionan entre las distintas instituciones del sistema educativo ante hechos graves o de connotación pública. “Actualmente está funcionando en la región una mesa que dirige el delegado presidencial, donde hay toda una estrategia para que tengamos espacios seguros en las comunidades educativas. Hoy yo también invito a la ciudadanía a poder informarse de eso y, en caso de que alguno de ustedes se vea enfrentado a esto, acudan a los organismos como la Seremi de Educación, la Delegación Presidencial o la Superintendencia de Educación, porque allí van a poder recibir orientación y acompañamiento en aquellos temas”, señaló la principal autoridad de la Supereduc. Además, entre otras materias, se abordó como un objeto de análisis, el desarrollo del SLEP de Magallanes tras su primer año de funcionamiento. A su vez, el Seremi destacó la importante inversión en infraestructura que están desarrollando las autoridades nacionales y locales, a través del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, lo que se verá reflejado en los establecimientos públicos de la región. La visita a la zona contempló también un encuentro con las y los funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes, con el objetivo de revisar el cumplimiento de distintas metas institucionales, asociadas a fiscalización, protección de derechos, concientización y educación parvularia, entre otros temas.
Como se expone en el informe, la Supereduc impulsa un nuevo modelo de atención ciudadana que prioriza la resolución temprana y colaborativa de conflictos, fortaleciendo el diálogo y la respuesta efectiva a las comunidades educativas. En el marco de su aniversario institucional, la Superintendencia de Educación publicó el informe “Denuncias en la educación escolar y parvularia (2014–2024): evolución y nuevo enfoque de gestión” , que sistematiza un decenio de trabajo en la atención de requerimientos ciudadanos. El documento, presentado por la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta, busca entregar una mirada integral sobre las principales temáticas reportadas por las comunidades educativas, así como orientar los lineamientos futuros en materia de convivencia, atención de denuncias y respuesta oportuna. La actividad, realizada en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y transmitida a través de YouTube, contó, además, con la participación de un panel de expertas/os que analizó los resultados del informe. Este conversatorio fue moderado por Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Supereduc, y contó con la participación de: Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva; Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa; y Marisol Latorre, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El acto contó con la presencia de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien valoró el trabajo realizado por la Supereduc en la elaboración de este estudio. La autoridad destacó que el informe “muestra elementos bien interesantes, con una mirada de mediano plazo. Mirar un poco en perspectiva ayuda mucho a entender cómo han ido evolucionando los procesos en nuestro país (…) Es importante observar bien la evolución general de la cantidad de denuncias, las dimensiones principales en que se mantienen. En particular la necesidad de atender todos los temas relacionados con la convivencia educativa”. Durante la presentación, la superintendenta Orellana mostró información relevante obtenida de este análisis. Por ejemplo, que entre los años 2014 y 2024 se identificó un aumento sostenido de denuncias desde la creación del Servicio (133.357), alcanzando un primer máximo en 2018, con el ingreso de 15.017 denuncias, y la mayoría se concentró en la convivencia escolar, donde 7 de cada 10 denuncias corresponden a esta categoría. En cuanto a la subtemática más reportada, si bien el maltrato a estudiantes encabeza la lista con 7.935 casos en 2024 (57% del total), emergen temáticas transversales como las denuncias asociadas a autismo, con un aumento de un 149% entre los años 2022 y 2024. Respecto a la dependencia administrativa de los establecimientos, se evidencia que la distribución de las denuncias de convivencia muestra diferencias significativas tanto en volumen como en tendencia, como es el caso de los establecimientos particulares subvencionados que concentran la mayor cantidad de denuncias por volumen, lo cual se explica también por su participación mayoritaria en el sistema educativo. Ahora bien, al analizar la tasa por cada 10.000 estudiantes, los resultados del informe revelan que la concentración de conflictos no se explica solo por volumen de estudiantes. La situación que plantea la necesidad de fortalecer capacidades de gestión y mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Otro aspecto que destacar en los resultados de las denuncias tiene relación con que nueve de cada diez establecimientos denunciados en 2024 ya habían registrado denuncias en años anteriores, y el promedio de denuncias por establecimiento denunciado alcanzó 3,2 en 2024. Otro escenario de gestión A raíz de estos hallazgos, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, sostuvo que “ el comportamiento de estas denuncias puede considerarse un indicador indirecto de tensiones y demandas en las comunidades educativas. Por otra parte, también apunta a una comunidad educativa más consciente de sus derechos y con mayores herramientas para defender sus posturas, gracias a un marco legal que se ha ido ampliando en el ámbito de la educación ”. Dado que se observan conflictos cada vez más diversos, un creciente volumen de denuncias y una reincidencia concentrada en un núcleo de establecimientos, la autoridad nacional enfatizó que desde la Superintendencia de Educación se ha impulsado un rediseño del procedimiento de atención de requerimientos ciudadanos. “La experiencia acumulada en 2023 y 2024 ha permitido diseñar un nuevo procedimiento de atención de denuncias que formaliza el rol de la Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC) y refuerza su aplicación. El nuevo esquema prioriza la resolución temprana y dialogada en los casos que no requieren avanzar hacia una etapa sancionatoria, lo que permite descongestionar la gestión institucional y concentrar recursos en situaciones más críticas y/o reiteradas ”, indicó la superintendenta Orellana. En ese mismo enfoque, la máxima autoridad de la Supereduc recalcó que las cifras de denuncias y las nuevas temáticas de convivencia hablan de un escenario que se instaló en esta materia. “No solo apuntan a un número mayor o menor de denuncias. También hablan de una mayor complejización de éstas, ya que, positivamente, la norma también ha ido ampliando la protección de derechos en las comunidades educativas. En ese sentido, la Superintendencia desarrolla nuevos procesos de gestión y acompañamiento, más acordes al actual contexto y que no solo apuntan a un acto fiscalizador o sancionatorio”, enfatizó Loreto Orellana.
La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió rechazar la apelación presentada por Procesadora Dumestre, titular de la planta procesadora de salmones Puerto Demaistre en Puerto Natales, confirmando así el fallo del Tercer Tribunal Ambiental que en enero de este año había anulado la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa Australis Seafoods para responder por la infracción grave cometida entre 2019 y 2021. El reciente fallo argumenta que las medidas contempladas en el PdC (entre las que estaban control satelital de camiones, mejoras en seguridad vial y humectación de rutas para reducir el polvo) no cumplen con el criterio de eficacia exigido por la ley, ya que la obligación de usar rutas autorizadas aplicaba únicamente durante la etapa de construcción, la que ya finalizó. Por lo tanto, las acciones propuestas para la fase operativa no pueden reparar ni revertir el incumplimiento cometido, según indicó ONG Fima. Frente a esto, desde Australis Seafoods señalaron a Salmonexpert que esto “es una nueva manifestación de la judicialización sistemática de la acuicultura en la región de Magallanes. En este caso, en contra de un programa de cumplimiento ya aprobado por la SMA, que contenía distintas medidas en aspectos viales de la operación de la Planta Dumestre en Puerto Natales”. Para la compañía, en tanto, “estas acciones judiciales sin duda debilitan los instrumentos de incentivo al cumplimiento creados por la nueva institucionalidad ambiental para salvaguardar los objetivos de protección ambiental, los cuales resultan muchas veces más rápidos y eficientes que la vía sancionatoria tradicional”. La infracción apelada, se remonta a la etapa de construcción de la planta, cuando la SMA recibió denuncias por las eventuales irregularidades. Las fiscalizaciones comprobaron, de acuerdo con lo que se detalla, “que la empresa extrajo áridos desde canteras distintas a las aprobadas en su RCA y utilizó rutas no autorizadas para el transporte, incluyendo la Ruta 9, la Ruta Y-340 y la costanera de Puerto Natales. Estos caminos atraviesan la Zona de Interés Turístico “Destino Torres del Paine”, lo que incrementó el tránsito pesado en áreas de alto valor ambiental y turístico. La RCA autorizaba la extracción de 31.000 metros cúbicos de áridos desde una cantera ubicada a 500 metros del sitio de construcción. Sin embargo, la SMA constató que se utilizaron 62.000 metros cúbicos, de los cuales más de la mitad provino de otras canteras. La infracción fue calificada como grave y se sumó a otra de carácter leve, relacionada con la intervención de un área mayor a la permitida. Para evitar sanciones, la firma presentó un Plan de Cumplimiento, el que fue aprobado por la SMA en marzo de 2024. Ante esto, desde la organización A.C.U.E, presentaron reclamación, dando a conocer que el plan no servía para corregir la infracción principal, ya que las acciones propuestas se aplicarían en la etapa de operación, cuando el incumplimiento había ocurrido exclusivamente en la fase de construcción. Fuente: salmonexpert.cl
La Superintendencia de Educación dio a conocer el segundo reporte trimestral del año sobre denuncias relacionadas al ámbito de convivencia. Los datos, disponibles en el Portal de Datos Abiertos Supereduc , revelan que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, la institución recibió un total de 8.678 denuncias a nivel nacional, lo que representa un aumento general de 1.194 casos respecto del mismo periodo de 2024. De ese total, el 70,8% (6.148 casos) corresponde al ámbito de convivencia, lo que implica un incremento de 1.055 casos y un aumento de 20,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Para la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, los datos confirman que “ se mantiene la tendencia al alza de denuncias que se ha registrado en los años posteriores a la pandemia, por lo que es fundamental que las comunidades educativas actúen preventivamente e implementen estrategias de diálogo para evitar que los conflictos escalen y resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes”. “A las familias, la recomendación es siempre agotar el conducto regular con el establecimiento y para esto es crucial que exista claridad sobre los canales de comunicación y disposición a llegar a acuerdos para resolver las divergencias o situaciones de conflicto”, detalló la superintendenta (s) de Educación. Mayoría de casos corresponden a maltrato entre estudiantes Las denuncias por convivencia consideran casos de maltrato a distintos miembros de la comunidad educativa, situaciones de discriminación por diversas razones, aplicación de medidas disciplinarias, hechos de connotación sexual, vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, entre otras materias. Dentro de estos temas, la categoría que concentra la mayor cantidad de denuncias es “Maltrato a párvulos y/o estudiantes” con 3.422 casos y 2.026 de ellos correspondieron a situaciones de maltrato entre estudiantes, sin considerar al nivel parvulario. En menor medida, aparecen las denuncias por maltrato de personas adultas hacia estudiantes y/o párvulos, con 1.289 casos, y las situaciones de conflicto entre párvulos que afectan la convivencia, como golpes, mordeduras, empujones, rasguños, tirones de pelo, con 107 denuncias. Por su parte, los casos de discriminación alcanzaron 1.024 denuncias hasta el 30 de junio, lo que equivale a un 16,7% de las denuncias por convivencia. De esta cifra, 473 denuncias corresponden a situaciones de discriminación por Necesidades Educativas Especiales Permanentes y/o Transitorias, registrándose un aumento del 50,6% respecto al mismo periodo de 2024. Para la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, “identificar a tiempo situaciones de tensión entre estudiantes, comunicar e involucrar a las familias en la resolución de las diferencias o aplicar herramientas como la mediación y la conciliación, no solo evita que puedan derivar en algún tipo de maltrato, sino que también deja una enseñanza valiosa y replicable en la comunidad”. “Por eso desde la Superintendencia estamos trabajando en fortalecer la gestión colaborativa de conflictos e instalar capacidades en las comunidades educativas a través de la capacitación, la mediación y estrategias de conciliación al primer contacto, que apuntan a entregar soluciones en menor tiempo y orientar a los establecimientos en la aplicación de la normativa educacional vigente”, profundizó Muñoz. Maltrato a adultos/as alcanza un 4,3% de los casos Un 4,3% de las denuncias por convivencia recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 se refieren a situaciones de maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, categoría que considera tanto a directivos, docentes, asistentes de la educación como a madres, padres y apoderadas/os. Estos casos experimentaron un aumento de 57,5%, pasando de 167 denuncias en el mismo periodo de 2024 a 263 este año. Dentro de esta categoría, los casos más recurrentes – 85 denuncias- correspondieron a situaciones de maltrato de personal del establecimiento a padre, madre y/o apoderado/a. En este sentido, la superintendenta (s) Marggie Muñoz instó a las comunidades educativas a “ revisar, actualizar y difundir permanentemente sus reglamentos internos y protocolos de actuación, pero sobre todo a cumplir sus planes de gestión de la convivencia y a estar alertas ante las situaciones que puedan transformarse en conflictos para tomar medidas a tiempo”. La autoridad también instó a las comunidades educativas a sumarse a la Jornada Nacional “Presentes contra la violencia”, convocada por el Ministerio de Educación para este miércoles 30 de julio. “Invitamos a todos los establecimientos del nivel parvulario y de enseñanza básica y media a participar de esta importante jornada de reflexión y diálogo, aprovechemos este espacio para generar compromisos concretos y para aprender a diferenciar entre problemas de convivencia – que son la mayoría de las denuncias que recibe la Superintendencia-, situaciones de violencia y hechos que pueden ser constitutivos de delitos. No son lo mismo y no se abordan de la misma manera, es importante que todas y todos lo sepamos para que jardines, escuelas y liceos sean espacios protegidos y ambientes propicios para el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, enfatizó la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz. Encuentra más información sobre las estadísticas de denuncias que recibe la Superintendencia de Educación en el Portal de Datos Abiertos Supereduc.
Esta mañana, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz Verón, presentó la Cuenta Pública Participativa 2025 de la Superintendencia de Educación, instancia en la que entregó un balance de las acciones desarrolladas durante la gestión e informó los avances institucionales del último año. La actividad, realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República y transmitida a través de YouTube, reunió a autoridades, directores/as regionales, jefes de servicio, representantes de la sociedad civil y del gremio, además de funcionarios y funcionarias. En la ocasión, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, se refirió a la importancia de fortalecer el desarrollo de capacidades en las comunidades educativas desde lo pedagógico, lo formativo y lo relacional, dejando atrás un enfoque punitivo. En ese sentido, reconoció el rol de la Superintendencia y calificó como “muy valioso pasar desde una lógica más centrada en la sanción a una más centrada en la prevención, en el fortalecimiento de capacidades”. Por su parte, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, comenzó la presentación repasando los ejes que guiaron la labor durante estos años, recordando las dificultades que enfrentaba el sistema educativo tras la pandemia y cómo desde las facultades de la institución se ha contribuido a su reactivación. Uno de los mayores desafíos ha sido responder a una alta demanda de requerimientos ciudadanos, alcanzando en 2024 un total de 19.198 denuncias. Para cumplir con su labor y enfrentar este contexto, la superintendenta señaló que se mejoraron procesos internos, se promovió la formación y capacitación de los equipos y se establecieron vínculos y alianzas con otras instituciones. Foco en la prevención Entre las acciones de prevención de conflictos de convivencia y acompañamiento a las comunidades educativas, se destacó la creación de la primera Estrategia de Promoción y Concientización, cuyo objetivo fue instalar capacidades en las comunidades y entregar conocimiento sobre los derechos educacionales, aplicación de la normativa y buen uso de recursos. Solo en 2024 se capacitó a 672 entidades sostenedoras, lo que equivale a 4.980 establecimientos educacionales, donde está matriculado el 54% de estudiantes del país. En esta línea también destacan los avances normativos para la protección de derechos de estudiantes autistas, como la Circular N° 586, que imparte instrucciones a establecimientos educacionales para su inclusión y el dictamen N° 74, que permite destinar recursos de la Subvención Escolar Preferencial en apoyo de párvulos y estudiantes que presentan necesidades educativas especiales En el nivel parvulario, la superintendenta destacó el Programa de Apropiación Normativa, con visitas técnicas a 140 establecimientos, además de acciones de difusión que convocaron a alrededor de 4.500 personas en torno a la convivencia y el resguardo de derechos en la primera infancia. Denuncias que se atienden más rápido En cuanto a la gestión de requerimientos ciudadanos, la autoridad nacional destacó que la institución recibió 65.400 requerimientos durante 2024, lo que considera solicitudes de denuncias, consultas, mediación y expedientes de expulsión, entre otros. Pese a la elevada cifra, aseveró que “logramos disminuir los tiempos de respuestas en la primera etapa de tramitación de denuncias de 80 a 53 días”. “Esta medida se consiguió con un nuevo procedimiento para casos de tramitación urgente y vulneración graves de derechos, con un monitoreo constante de casos de arrastre en todas las direcciones regionales, y con la implementación de dos pilotos: conciliación en primera instancia y procedimiento simplificado de gestión de denuncias”, recalcó la superintendenta Muñoz. En esta línea, también se refirió a que la Superintendencia de Educación ha priorizado la Gestión Colaborativa de Conflictos con el fin de instalar mayor capacidad resolutiva en las comunidades educativas. “Implementamos un nuevo modelo de gestión de requerimientos ciudadanos, que busca fortalecer una gestión oportuna, efectiva y centrada en el resguardo de derechos. Esta actualización del modelo instala la gestión colaborativa de conflictos en tres niveles: Formulario de contacto directo, Conciliación y Mediación”, sostuvo. Fiscalización con mirada formativa Desde su rol, la Superintendencia aplica un modelo de fiscalización con enfoque de derechos, que tras 6 años de implementación se ha perfeccionado, incorporando el nuevo marco de protección de derechos de la niñez y fortaleciendo la articulación con otras instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Además, la superintendenta recalcó el cambio de mirada que se llevó a cabo en la fiscalización de denuncias mediante el dictamen N°72 de 2024, que permitió aplicar acciones formativas reguladas, fundadas técnicamente y orientadas a facilitar el cumplimiento normativo. “Esta fiscalización no busca castigar, sino promover entornos seguros y protectores”, sostuvo. Durante el 2024, la Superintendencia de Educación desarrolló 21.563 acciones de fiscalización, con lo que sumó más de 60 mil fiscalizaciones en los últimos tres años y una cobertura de un 69% de los establecimientos educacionales que cuentan con Reconocimiento Oficial del Estado. En materia de fiscalización de uso de recursos públicos en educación, destacó la recuperación de 4.800 millones de pesos de saldos de subvenciones para el fisco, gracias a la implementación de un proceso de determinación de saldos finales para sostenedores municipales que fueron traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y establecimientos particulares que pierden o renuncian al reconocimiento oficial. Respecto a la Nueva Educación Pública, Muñoz señaló que para apoyar la instalación de nuevos SLEP y los cierres de gestión en municipios traspasados, se realizaron capacitaciones en procesos declarativos y buen uso de recursos, además de programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de compromisos de convenios de ejecución. Al finalizar la cuenta pública, la superintendenta recalcó la importancia de continuar avanzando “en prevención y acompañamiento a las comunidades educativas, en responder oportuna y eficazmente a los requerimientos de la ciudadanía y en una fiscalización integral con enfoque de derechos, que impulse la mejora continua y contribuya, en definitiva, a asegurar la calidad de la educación en nuestro país”. Revise aquí la transmisión de la Cuenta Pública Participativa 2025 de Superintendencia de Educación .
