La Superintendencia del Medio Ambiente inició el 2026 con el envío de notificaciones preventivas a titulares de Centros de Engorda de Salmones, medida que busca reforzar el cumplimiento ambiental y evitar que las operaciones excedan los límites productivos autorizados en sus permisos ambientales. La acción alcanzó a 263 centros ubicados en la zona austral del país, de los cuales 45 corresponden a la Región de Magallanes, además de 98 en Los Lagos y 120 en Aysén. Cada titular recibió un reporte con una estimación de su nivel actual de producción en comparación con el máximo permitido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que el objetivo es promover un enfoque preventivo. Según indicó, los informes permiten advertir oportunamente a las empresas sobre su situación productiva, evitando eventuales incumplimientos asociados a la sobreproducción en la industria salmonera. Las notificaciones se sustentan en herramientas tecnológicas que analizan información del Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) de SERNAPESCA, incorporando datos como ubicación del centro, código RNA, límite autorizado y producción estimada a la fecha. Desde la SMA precisaron que estos reportes tienen carácter preventivo y anteceden a la verificación formal del cumplimiento ambiental anual.
Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector salmonicultor, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES), que refuerza el modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta sancionatoria frente a eventuales incumplimientos, priorizando un enfoque preventivo, basado en riesgo y dentro de sus competencias legales. Esta estrategia -que ya se encuentra disponible en el sitio web de la SMA- aborda materias asociadas a la producción, posicionamiento, conexiones en línea y posibles situaciones de elusión a la normativa ambiental por parte de centros de cultivo de salmones, poniendo el foco en la detección y corrección temprana de desviaciones, así como en la aplicación oportuna de acciones correctivas o sancionatorias cuando corresponda. Cabe precisar que esta estrategia integra acciones que la SMA ha desarrollado a través del tiempo y su implementación considera un horizonte de tres años, entre 2026 y 2028, con evaluaciones periódicas que permitan ajustar y fortalecer las acciones definidas. Al respecto, la Superintendenta Marie Claude Plumer señaló quelo que estamos presentando hoy refleja una forma de trabajo que hemos venido fortaleciendo como institución en los últimos años: anticiparnos a los riesgos, usar mejor la información disponible, incorporar fuertemente la tecnología y actuar de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En un sector de alta relevancia ambiental y económica para el país como la salmonicultura, nuestro foco está puesto en la detección temprana de desviaciones a fin de evitar incumplimientos y con ello avanzar en protección ambiental. La estrategia considera la sistematización permanente de información relevante, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización y la asistencia continua al sector regulado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Además, incorpora nuevas líneas de acción asociadas a otras problemáticas del sector, como manejo de residuos, basura en playas y eventuales situaciones de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El enfoque del trabajo responde a las características y desafíos del sector salmonicultor, entre ellos la alta concentración territorial de centros de engorda en zonas de difícil acceso y ambientalmente sensibles, las denuncias recibidas por la institución y los riesgos asociados a los impactos sobre el medio marino. En este contexto, la SMA ha reforzado el uso de herramientas de monitoreo continuo de variables ambientales claves, con el fin de prevenir impactos significativos y actuar de manera temprana frente a posibles incumplimientos. Este enfoque preventivo y proporcional nos permite resguardar de mejor manera el medioambiente y la salud de las personas, especialmente en territorios de alta sensibilidad ambiental, y al mismo tiempo entregar mayor certeza regulatoria al sector que posee más de dos mil Resoluciones de Calificación Ambiental, promoviendo un cumplimiento ambiental efectivo y sostenible en el tiempo, agregó la Superintendenta. La estrategia se construye sobre la base de la coordinación con otros organismos del Estado, en particular con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), fortaleciendo el trabajo de fiscalización conjunto, coordinado y eficiente, con mayor cobertura e incidencia, orientada a la protección del medioambiente y el interés público. Descarga la Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones en este enlace .
Directo a la Sala, se dirige el proyecto iniciado en mensaje, que fortalece la Superintendencia de Salud. Esto luego que la Comisión de Salud aprobara -por unanimidad- en general el texto y comenzara a delinear las primeras indicaciones. Durante sesiones sucesivas, l a senadora Ximena Ordenes y sus pares Iván Flores (presidente), Juan Luis Castro, Francisco Chahuán y Sergio Gahona escucharon a actores relacionados con este cambio a la institucionalidad incluyendo al actual Superintendente, Víctor Torres. En esta semana, la Comisión de Salud escuchó a la presidenta del Colegio Médico (COLMED), Anamaría Arriagada; el presidente de la Asociación de Clínicas, Javier Fuenzalida; la Superintendenta de Seguridad Social (SUSESO), Andrea Soto; el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic; y la académica de la PUC, Lorena Camus. En la última sesión recibió las impresiones de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza. Dado que se observaron un gran número de coincidencias respecto a las fortalezas y debilidades de la iniciativa, la Comisión acordó generar una mesa técnica para empezar a consensuar indicaciones. La idea es que cuando vuelva el proyecto a la Comisión de Salud, se destrabe rápido y pase a la Comisión de Hacienda , y de allí sea despachado a Sala. PROYECTO Cabe consignar que el proyecto busca modernizar y fortalecer el rol regulador de la Superintendencia de Salud, mediante una reestructuración institucional orientada a mejorar su eficiencia y eficacia, para lo que se crea un órgano colegiado de carácter técnico que la apoye en la toma de decisiones. Asimismo, se amplían las facultades interpretativas y fiscalizadoras de la Intendencia de Prestadores de Salud -equiparándolas con las de la Intendencia de Fondos- y se corrigen las asimetrías en la resolución de controversias entre prestadores y pacientes. Asimismo, se plantea perfeccionar los mecanismos de protección de los derechos de las personas en el ámbito sanitario y modernizar el sistema de acreditación de prestadores, asegurando estándares de calidad a través de una supervisión continua y la aplicación de sanciones proporcionales, a los infractores. PROS Y CONTRAS Luego de dejar en evidencia los pros y contras de la propuesta que ya recibió cambios en su primer trámite, los expertos hicieron las siguientes recomendaciones: · Sincerar el informe financiero . La propuesta habla de contratar a 25 personas en la Superintendencia de Salud, lo que genera una serie de dudas dado una gran cantidad de cambios institucionales que se plantean. · Construir mejores indicadores de transparencia de los prestadores y seguros . Tanto la Intendencia de Prestadores de Salud como la Intendencia de Seguros y Fondos Previsionales, en el proyecto, deberán potenciar el trabajo de la Superintendencia en cuanto a proteger derechos de pacientes, mejorar la resolución de conflictos y aumentar la fiscalización. Al respecto, los expositores solicitaron explicitar mejor los indicadores. De hecho, se pidió que la norma tenga un enfoque más informativo que punitivo puesto que “con el afán de transparentar los litigios, se termina dañando la imagen de los prestadores individuales (médicos y profesionales sanitarios) e institucionales (clínicas, laboratorios, etc.)”. A su vez, se advirtió el peligro que puede significar publicar estados de resultados y balances financieros. · Separar roles . La Superintendencia deberá fiscalizar, dictar normas y arbitrar conflictos, de esta manera se cuestionó dicha concentración considerando el riesgo de discrecionalidad. · Evaluar el impacto de la creación de un Registro de Prestadores Sancionados . Se hizo ver el impacto que podría tener en la reputación de los prestadores públicos y privados puesto que los afectados estarán en esta nómina 5 años. · Fortalecer los procesos de mediación que hoy realiza la Superintendencia pensando en el rol de árbitro arbitrador. Y en cuanto a esto último, se admitió el “el aumento excesivo del derecho administrativo del proceso sancionatorio”. · Revisar la gobernanza del Consejo Asesor. En las audiencias, los distintos actores reconocieron que esta entidad debería tener autonomía haciendo el parangón con el modelo de la Comisión de Mercado Financiero (CMF). También se propuso rotar su presidencia, permitirle dictar normas generales, que sus miembros sean ratificados por el Congreso Nacional y que tenga un rol vinculante.
Hasta el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, establecimiento con más de 100 años de historia, llegó la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, en el marco de su visita a la región de Magallanes. Acompañada por el fiscal de la institución, Miguel Zárate, y por la directora regional de la Supereduc, Mónica Miranda, participó de un conversatorio con las y los estudiantes de educación vespertina, equipos directivo y docente, que encabeza el director del liceo, Néstor Ríos. En el encuentro, realizado el lunes por la tarde-noche, se habló de la importancia de la modalidad de Tercera Jornada, en recintos que durante el día funcionan como escuelas y liceos, y que en las jornadas vespertinas ofrecen Educación de Adultos, además de los desafíos que implica lograr complementar la educación con las obligaciones laborales. “Que decidan continuar con sus estudios a pesar de haber tenido interrupciones a lo largo de su trayectoria educativa, es muy destacable. Este establecimiento demuestra el derecho a la educación que tienen las personas en cualquier momento de su vida”, afirmó Loreto Orellana, quien por primera vez asistió a un establecimiento de estas características. El martes, en tanto, en la Escuela Elba Ojeda Gómez, que imparte enseñanza desde la Educación Parvularia hasta Octavo Año Básico en Jornada Escolar Completa, la autoridad recorrió las instalaciones del recinto y participó de una exposición donde las propias niñas y niños dieron cuenta de las iniciativas que desarrollan para mejorar la convivencia escolar. “Estoy gratamente sorprendida de las distintas iniciativas de convivencia que tienen en la escuela. Esta visita nos permitió conocer desde la propia voz de sus niñas y niños la importancia de la convivencia y de contar con ambientes de buen trato y de relaciones positivas. Destaco también que acá se le da espacio a un alto porcentaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, lo que sin duda enriquece los espacios de inclusión en la escuela”, sostuvo la autoridad nacional. Para cerrar las jornadas de diálogo con comunidades educativas, las autoridades de la Supereduc sostuvieron un provechoso encuentro con una decena de centros de alumnos de distintos establecimientos de la región, públicos y particulares subvencionados. El objetivo fue generar un espacio de información y orientación, para conocer inquietudes del estudiantado, debatir sobre sus reglamentos internos y establecer un marco de acción con la misma participación de ellos Agenda sectorial Durante su estadía en Magallanes, la superintendenta Orellana, junto con el fiscal Zárate y la directora Miranda se reunieron con el seremi de Educación, Valentín Aguilera, y con la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación, Mónica Cerro. En el encuentro, las autoridades dialogaron respecto al estado de las denuncias relacionadas a convivencia, debido a que se han registrado algunos hechos de violencia en la región, y se abordaron las estrategias de coordinación que funcionan entre las distintas instituciones del sistema educativo ante hechos graves o de connotación pública. “Actualmente está funcionando en la región una mesa que dirige el delegado presidencial, donde hay toda una estrategia para que tengamos espacios seguros en las comunidades educativas. Hoy yo también invito a la ciudadanía a poder informarse de eso y, en caso de que alguno de ustedes se vea enfrentado a esto, acudan a los organismos como la Seremi de Educación, la Delegación Presidencial o la Superintendencia de Educación, porque allí van a poder recibir orientación y acompañamiento en aquellos temas”, señaló la principal autoridad de la Supereduc. Además, entre otras materias, se abordó como un objeto de análisis, el desarrollo del SLEP de Magallanes tras su primer año de funcionamiento. A su vez, el Seremi destacó la importante inversión en infraestructura que están desarrollando las autoridades nacionales y locales, a través del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, lo que se verá reflejado en los establecimientos públicos de la región. La visita a la zona contempló también un encuentro con las y los funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes, con el objetivo de revisar el cumplimiento de distintas metas institucionales, asociadas a fiscalización, protección de derechos, concientización y educación parvularia, entre otros temas.
Como se expone en el informe, la Supereduc impulsa un nuevo modelo de atención ciudadana que prioriza la resolución temprana y colaborativa de conflictos, fortaleciendo el diálogo y la respuesta efectiva a las comunidades educativas. En el marco de su aniversario institucional, la Superintendencia de Educación publicó el informe “Denuncias en la educación escolar y parvularia (2014–2024): evolución y nuevo enfoque de gestión” , que sistematiza un decenio de trabajo en la atención de requerimientos ciudadanos. El documento, presentado por la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta, busca entregar una mirada integral sobre las principales temáticas reportadas por las comunidades educativas, así como orientar los lineamientos futuros en materia de convivencia, atención de denuncias y respuesta oportuna. La actividad, realizada en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y transmitida a través de YouTube, contó, además, con la participación de un panel de expertas/os que analizó los resultados del informe. Este conversatorio fue moderado por Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Supereduc, y contó con la participación de: Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva; Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa; y Marisol Latorre, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El acto contó con la presencia de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien valoró el trabajo realizado por la Supereduc en la elaboración de este estudio. La autoridad destacó que el informe “muestra elementos bien interesantes, con una mirada de mediano plazo. Mirar un poco en perspectiva ayuda mucho a entender cómo han ido evolucionando los procesos en nuestro país (…) Es importante observar bien la evolución general de la cantidad de denuncias, las dimensiones principales en que se mantienen. En particular la necesidad de atender todos los temas relacionados con la convivencia educativa”. Durante la presentación, la superintendenta Orellana mostró información relevante obtenida de este análisis. Por ejemplo, que entre los años 2014 y 2024 se identificó un aumento sostenido de denuncias desde la creación del Servicio (133.357), alcanzando un primer máximo en 2018, con el ingreso de 15.017 denuncias, y la mayoría se concentró en la convivencia escolar, donde 7 de cada 10 denuncias corresponden a esta categoría. En cuanto a la subtemática más reportada, si bien el maltrato a estudiantes encabeza la lista con 7.935 casos en 2024 (57% del total), emergen temáticas transversales como las denuncias asociadas a autismo, con un aumento de un 149% entre los años 2022 y 2024. Respecto a la dependencia administrativa de los establecimientos, se evidencia que la distribución de las denuncias de convivencia muestra diferencias significativas tanto en volumen como en tendencia, como es el caso de los establecimientos particulares subvencionados que concentran la mayor cantidad de denuncias por volumen, lo cual se explica también por su participación mayoritaria en el sistema educativo. Ahora bien, al analizar la tasa por cada 10.000 estudiantes, los resultados del informe revelan que la concentración de conflictos no se explica solo por volumen de estudiantes. La situación que plantea la necesidad de fortalecer capacidades de gestión y mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Otro aspecto que destacar en los resultados de las denuncias tiene relación con que nueve de cada diez establecimientos denunciados en 2024 ya habían registrado denuncias en años anteriores, y el promedio de denuncias por establecimiento denunciado alcanzó 3,2 en 2024. Otro escenario de gestión A raíz de estos hallazgos, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, sostuvo que “ el comportamiento de estas denuncias puede considerarse un indicador indirecto de tensiones y demandas en las comunidades educativas. Por otra parte, también apunta a una comunidad educativa más consciente de sus derechos y con mayores herramientas para defender sus posturas, gracias a un marco legal que se ha ido ampliando en el ámbito de la educación ”. Dado que se observan conflictos cada vez más diversos, un creciente volumen de denuncias y una reincidencia concentrada en un núcleo de establecimientos, la autoridad nacional enfatizó que desde la Superintendencia de Educación se ha impulsado un rediseño del procedimiento de atención de requerimientos ciudadanos. “La experiencia acumulada en 2023 y 2024 ha permitido diseñar un nuevo procedimiento de atención de denuncias que formaliza el rol de la Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC) y refuerza su aplicación. El nuevo esquema prioriza la resolución temprana y dialogada en los casos que no requieren avanzar hacia una etapa sancionatoria, lo que permite descongestionar la gestión institucional y concentrar recursos en situaciones más críticas y/o reiteradas ”, indicó la superintendenta Orellana. En ese mismo enfoque, la máxima autoridad de la Supereduc recalcó que las cifras de denuncias y las nuevas temáticas de convivencia hablan de un escenario que se instaló en esta materia. “No solo apuntan a un número mayor o menor de denuncias. También hablan de una mayor complejización de éstas, ya que, positivamente, la norma también ha ido ampliando la protección de derechos en las comunidades educativas. En ese sentido, la Superintendencia desarrolla nuevos procesos de gestión y acompañamiento, más acordes al actual contexto y que no solo apuntan a un acto fiscalizador o sancionatorio”, enfatizó Loreto Orellana.
La Superintendencia del Medio Ambiente inició el 2026 con el envío de notificaciones preventivas a titulares de Centros de Engorda de Salmones, medida que busca reforzar el cumplimiento ambiental y evitar que las operaciones excedan los límites productivos autorizados en sus permisos ambientales. La acción alcanzó a 263 centros ubicados en la zona austral del país, de los cuales 45 corresponden a la Región de Magallanes, además de 98 en Los Lagos y 120 en Aysén. Cada titular recibió un reporte con una estimación de su nivel actual de producción en comparación con el máximo permitido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que el objetivo es promover un enfoque preventivo. Según indicó, los informes permiten advertir oportunamente a las empresas sobre su situación productiva, evitando eventuales incumplimientos asociados a la sobreproducción en la industria salmonera. Las notificaciones se sustentan en herramientas tecnológicas que analizan información del Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) de SERNAPESCA, incorporando datos como ubicación del centro, código RNA, límite autorizado y producción estimada a la fecha. Desde la SMA precisaron que estos reportes tienen carácter preventivo y anteceden a la verificación formal del cumplimiento ambiental anual.
Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector salmonicultor, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES), que refuerza el modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta sancionatoria frente a eventuales incumplimientos, priorizando un enfoque preventivo, basado en riesgo y dentro de sus competencias legales. Esta estrategia -que ya se encuentra disponible en el sitio web de la SMA- aborda materias asociadas a la producción, posicionamiento, conexiones en línea y posibles situaciones de elusión a la normativa ambiental por parte de centros de cultivo de salmones, poniendo el foco en la detección y corrección temprana de desviaciones, así como en la aplicación oportuna de acciones correctivas o sancionatorias cuando corresponda. Cabe precisar que esta estrategia integra acciones que la SMA ha desarrollado a través del tiempo y su implementación considera un horizonte de tres años, entre 2026 y 2028, con evaluaciones periódicas que permitan ajustar y fortalecer las acciones definidas. Al respecto, la Superintendenta Marie Claude Plumer señaló quelo que estamos presentando hoy refleja una forma de trabajo que hemos venido fortaleciendo como institución en los últimos años: anticiparnos a los riesgos, usar mejor la información disponible, incorporar fuertemente la tecnología y actuar de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En un sector de alta relevancia ambiental y económica para el país como la salmonicultura, nuestro foco está puesto en la detección temprana de desviaciones a fin de evitar incumplimientos y con ello avanzar en protección ambiental. La estrategia considera la sistematización permanente de información relevante, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización y la asistencia continua al sector regulado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Además, incorpora nuevas líneas de acción asociadas a otras problemáticas del sector, como manejo de residuos, basura en playas y eventuales situaciones de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El enfoque del trabajo responde a las características y desafíos del sector salmonicultor, entre ellos la alta concentración territorial de centros de engorda en zonas de difícil acceso y ambientalmente sensibles, las denuncias recibidas por la institución y los riesgos asociados a los impactos sobre el medio marino. En este contexto, la SMA ha reforzado el uso de herramientas de monitoreo continuo de variables ambientales claves, con el fin de prevenir impactos significativos y actuar de manera temprana frente a posibles incumplimientos. Este enfoque preventivo y proporcional nos permite resguardar de mejor manera el medioambiente y la salud de las personas, especialmente en territorios de alta sensibilidad ambiental, y al mismo tiempo entregar mayor certeza regulatoria al sector que posee más de dos mil Resoluciones de Calificación Ambiental, promoviendo un cumplimiento ambiental efectivo y sostenible en el tiempo, agregó la Superintendenta. La estrategia se construye sobre la base de la coordinación con otros organismos del Estado, en particular con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), fortaleciendo el trabajo de fiscalización conjunto, coordinado y eficiente, con mayor cobertura e incidencia, orientada a la protección del medioambiente y el interés público. Descarga la Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones en este enlace .
Directo a la Sala, se dirige el proyecto iniciado en mensaje, que fortalece la Superintendencia de Salud. Esto luego que la Comisión de Salud aprobara -por unanimidad- en general el texto y comenzara a delinear las primeras indicaciones. Durante sesiones sucesivas, l a senadora Ximena Ordenes y sus pares Iván Flores (presidente), Juan Luis Castro, Francisco Chahuán y Sergio Gahona escucharon a actores relacionados con este cambio a la institucionalidad incluyendo al actual Superintendente, Víctor Torres. En esta semana, la Comisión de Salud escuchó a la presidenta del Colegio Médico (COLMED), Anamaría Arriagada; el presidente de la Asociación de Clínicas, Javier Fuenzalida; la Superintendenta de Seguridad Social (SUSESO), Andrea Soto; el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic; y la académica de la PUC, Lorena Camus. En la última sesión recibió las impresiones de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza. Dado que se observaron un gran número de coincidencias respecto a las fortalezas y debilidades de la iniciativa, la Comisión acordó generar una mesa técnica para empezar a consensuar indicaciones. La idea es que cuando vuelva el proyecto a la Comisión de Salud, se destrabe rápido y pase a la Comisión de Hacienda , y de allí sea despachado a Sala. PROYECTO Cabe consignar que el proyecto busca modernizar y fortalecer el rol regulador de la Superintendencia de Salud, mediante una reestructuración institucional orientada a mejorar su eficiencia y eficacia, para lo que se crea un órgano colegiado de carácter técnico que la apoye en la toma de decisiones. Asimismo, se amplían las facultades interpretativas y fiscalizadoras de la Intendencia de Prestadores de Salud -equiparándolas con las de la Intendencia de Fondos- y se corrigen las asimetrías en la resolución de controversias entre prestadores y pacientes. Asimismo, se plantea perfeccionar los mecanismos de protección de los derechos de las personas en el ámbito sanitario y modernizar el sistema de acreditación de prestadores, asegurando estándares de calidad a través de una supervisión continua y la aplicación de sanciones proporcionales, a los infractores. PROS Y CONTRAS Luego de dejar en evidencia los pros y contras de la propuesta que ya recibió cambios en su primer trámite, los expertos hicieron las siguientes recomendaciones: · Sincerar el informe financiero . La propuesta habla de contratar a 25 personas en la Superintendencia de Salud, lo que genera una serie de dudas dado una gran cantidad de cambios institucionales que se plantean. · Construir mejores indicadores de transparencia de los prestadores y seguros . Tanto la Intendencia de Prestadores de Salud como la Intendencia de Seguros y Fondos Previsionales, en el proyecto, deberán potenciar el trabajo de la Superintendencia en cuanto a proteger derechos de pacientes, mejorar la resolución de conflictos y aumentar la fiscalización. Al respecto, los expositores solicitaron explicitar mejor los indicadores. De hecho, se pidió que la norma tenga un enfoque más informativo que punitivo puesto que “con el afán de transparentar los litigios, se termina dañando la imagen de los prestadores individuales (médicos y profesionales sanitarios) e institucionales (clínicas, laboratorios, etc.)”. A su vez, se advirtió el peligro que puede significar publicar estados de resultados y balances financieros. · Separar roles . La Superintendencia deberá fiscalizar, dictar normas y arbitrar conflictos, de esta manera se cuestionó dicha concentración considerando el riesgo de discrecionalidad. · Evaluar el impacto de la creación de un Registro de Prestadores Sancionados . Se hizo ver el impacto que podría tener en la reputación de los prestadores públicos y privados puesto que los afectados estarán en esta nómina 5 años. · Fortalecer los procesos de mediación que hoy realiza la Superintendencia pensando en el rol de árbitro arbitrador. Y en cuanto a esto último, se admitió el “el aumento excesivo del derecho administrativo del proceso sancionatorio”. · Revisar la gobernanza del Consejo Asesor. En las audiencias, los distintos actores reconocieron que esta entidad debería tener autonomía haciendo el parangón con el modelo de la Comisión de Mercado Financiero (CMF). También se propuso rotar su presidencia, permitirle dictar normas generales, que sus miembros sean ratificados por el Congreso Nacional y que tenga un rol vinculante.
Hasta el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, establecimiento con más de 100 años de historia, llegó la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, en el marco de su visita a la región de Magallanes. Acompañada por el fiscal de la institución, Miguel Zárate, y por la directora regional de la Supereduc, Mónica Miranda, participó de un conversatorio con las y los estudiantes de educación vespertina, equipos directivo y docente, que encabeza el director del liceo, Néstor Ríos. En el encuentro, realizado el lunes por la tarde-noche, se habló de la importancia de la modalidad de Tercera Jornada, en recintos que durante el día funcionan como escuelas y liceos, y que en las jornadas vespertinas ofrecen Educación de Adultos, además de los desafíos que implica lograr complementar la educación con las obligaciones laborales. “Que decidan continuar con sus estudios a pesar de haber tenido interrupciones a lo largo de su trayectoria educativa, es muy destacable. Este establecimiento demuestra el derecho a la educación que tienen las personas en cualquier momento de su vida”, afirmó Loreto Orellana, quien por primera vez asistió a un establecimiento de estas características. El martes, en tanto, en la Escuela Elba Ojeda Gómez, que imparte enseñanza desde la Educación Parvularia hasta Octavo Año Básico en Jornada Escolar Completa, la autoridad recorrió las instalaciones del recinto y participó de una exposición donde las propias niñas y niños dieron cuenta de las iniciativas que desarrollan para mejorar la convivencia escolar. “Estoy gratamente sorprendida de las distintas iniciativas de convivencia que tienen en la escuela. Esta visita nos permitió conocer desde la propia voz de sus niñas y niños la importancia de la convivencia y de contar con ambientes de buen trato y de relaciones positivas. Destaco también que acá se le da espacio a un alto porcentaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, lo que sin duda enriquece los espacios de inclusión en la escuela”, sostuvo la autoridad nacional. Para cerrar las jornadas de diálogo con comunidades educativas, las autoridades de la Supereduc sostuvieron un provechoso encuentro con una decena de centros de alumnos de distintos establecimientos de la región, públicos y particulares subvencionados. El objetivo fue generar un espacio de información y orientación, para conocer inquietudes del estudiantado, debatir sobre sus reglamentos internos y establecer un marco de acción con la misma participación de ellos Agenda sectorial Durante su estadía en Magallanes, la superintendenta Orellana, junto con el fiscal Zárate y la directora Miranda se reunieron con el seremi de Educación, Valentín Aguilera, y con la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación, Mónica Cerro. En el encuentro, las autoridades dialogaron respecto al estado de las denuncias relacionadas a convivencia, debido a que se han registrado algunos hechos de violencia en la región, y se abordaron las estrategias de coordinación que funcionan entre las distintas instituciones del sistema educativo ante hechos graves o de connotación pública. “Actualmente está funcionando en la región una mesa que dirige el delegado presidencial, donde hay toda una estrategia para que tengamos espacios seguros en las comunidades educativas. Hoy yo también invito a la ciudadanía a poder informarse de eso y, en caso de que alguno de ustedes se vea enfrentado a esto, acudan a los organismos como la Seremi de Educación, la Delegación Presidencial o la Superintendencia de Educación, porque allí van a poder recibir orientación y acompañamiento en aquellos temas”, señaló la principal autoridad de la Supereduc. Además, entre otras materias, se abordó como un objeto de análisis, el desarrollo del SLEP de Magallanes tras su primer año de funcionamiento. A su vez, el Seremi destacó la importante inversión en infraestructura que están desarrollando las autoridades nacionales y locales, a través del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, lo que se verá reflejado en los establecimientos públicos de la región. La visita a la zona contempló también un encuentro con las y los funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes, con el objetivo de revisar el cumplimiento de distintas metas institucionales, asociadas a fiscalización, protección de derechos, concientización y educación parvularia, entre otros temas.
Como se expone en el informe, la Supereduc impulsa un nuevo modelo de atención ciudadana que prioriza la resolución temprana y colaborativa de conflictos, fortaleciendo el diálogo y la respuesta efectiva a las comunidades educativas. En el marco de su aniversario institucional, la Superintendencia de Educación publicó el informe “Denuncias en la educación escolar y parvularia (2014–2024): evolución y nuevo enfoque de gestión” , que sistematiza un decenio de trabajo en la atención de requerimientos ciudadanos. El documento, presentado por la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta, busca entregar una mirada integral sobre las principales temáticas reportadas por las comunidades educativas, así como orientar los lineamientos futuros en materia de convivencia, atención de denuncias y respuesta oportuna. La actividad, realizada en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y transmitida a través de YouTube, contó, además, con la participación de un panel de expertas/os que analizó los resultados del informe. Este conversatorio fue moderado por Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Supereduc, y contó con la participación de: Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva; Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa; y Marisol Latorre, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El acto contó con la presencia de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien valoró el trabajo realizado por la Supereduc en la elaboración de este estudio. La autoridad destacó que el informe “muestra elementos bien interesantes, con una mirada de mediano plazo. Mirar un poco en perspectiva ayuda mucho a entender cómo han ido evolucionando los procesos en nuestro país (…) Es importante observar bien la evolución general de la cantidad de denuncias, las dimensiones principales en que se mantienen. En particular la necesidad de atender todos los temas relacionados con la convivencia educativa”. Durante la presentación, la superintendenta Orellana mostró información relevante obtenida de este análisis. Por ejemplo, que entre los años 2014 y 2024 se identificó un aumento sostenido de denuncias desde la creación del Servicio (133.357), alcanzando un primer máximo en 2018, con el ingreso de 15.017 denuncias, y la mayoría se concentró en la convivencia escolar, donde 7 de cada 10 denuncias corresponden a esta categoría. En cuanto a la subtemática más reportada, si bien el maltrato a estudiantes encabeza la lista con 7.935 casos en 2024 (57% del total), emergen temáticas transversales como las denuncias asociadas a autismo, con un aumento de un 149% entre los años 2022 y 2024. Respecto a la dependencia administrativa de los establecimientos, se evidencia que la distribución de las denuncias de convivencia muestra diferencias significativas tanto en volumen como en tendencia, como es el caso de los establecimientos particulares subvencionados que concentran la mayor cantidad de denuncias por volumen, lo cual se explica también por su participación mayoritaria en el sistema educativo. Ahora bien, al analizar la tasa por cada 10.000 estudiantes, los resultados del informe revelan que la concentración de conflictos no se explica solo por volumen de estudiantes. La situación que plantea la necesidad de fortalecer capacidades de gestión y mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Otro aspecto que destacar en los resultados de las denuncias tiene relación con que nueve de cada diez establecimientos denunciados en 2024 ya habían registrado denuncias en años anteriores, y el promedio de denuncias por establecimiento denunciado alcanzó 3,2 en 2024. Otro escenario de gestión A raíz de estos hallazgos, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, sostuvo que “ el comportamiento de estas denuncias puede considerarse un indicador indirecto de tensiones y demandas en las comunidades educativas. Por otra parte, también apunta a una comunidad educativa más consciente de sus derechos y con mayores herramientas para defender sus posturas, gracias a un marco legal que se ha ido ampliando en el ámbito de la educación ”. Dado que se observan conflictos cada vez más diversos, un creciente volumen de denuncias y una reincidencia concentrada en un núcleo de establecimientos, la autoridad nacional enfatizó que desde la Superintendencia de Educación se ha impulsado un rediseño del procedimiento de atención de requerimientos ciudadanos. “La experiencia acumulada en 2023 y 2024 ha permitido diseñar un nuevo procedimiento de atención de denuncias que formaliza el rol de la Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC) y refuerza su aplicación. El nuevo esquema prioriza la resolución temprana y dialogada en los casos que no requieren avanzar hacia una etapa sancionatoria, lo que permite descongestionar la gestión institucional y concentrar recursos en situaciones más críticas y/o reiteradas ”, indicó la superintendenta Orellana. En ese mismo enfoque, la máxima autoridad de la Supereduc recalcó que las cifras de denuncias y las nuevas temáticas de convivencia hablan de un escenario que se instaló en esta materia. “No solo apuntan a un número mayor o menor de denuncias. También hablan de una mayor complejización de éstas, ya que, positivamente, la norma también ha ido ampliando la protección de derechos en las comunidades educativas. En ese sentido, la Superintendencia desarrolla nuevos procesos de gestión y acompañamiento, más acordes al actual contexto y que no solo apuntan a un acto fiscalizador o sancionatorio”, enfatizó Loreto Orellana.
