La Tesorería General de la República emitió una declaración pública para aclarar el alcance del Dictamen N° OF91153 de 2026 de la Contraloría General de la República, luego de la publicación de una nota en El Mercurio titulada “Contraloría revoca retención de impuestos realizada por la TGR para compensar deudas por el CAE”. Según explicó la institución, el dictamen no elimina ni restringe las facultades generales de cobranza respecto de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). La TGR indicó que el pronunciamiento se refiere exclusivamente a un caso vinculado a fondos con destino previsional preferente, relacionado con la aplicación del artículo 6° del Estatuto Orgánico de Tesorería. Asimismo, la Tesorería sostuvo que continúan plenamente vigentes las facultades de cobro establecidas en el Código Tributario, incluyendo la posibilidad de compensar deudas del CAE con créditos fiscales. También precisó que el dictamen no aborda la calidad del Fisco como acreedor ni la naturaleza del CAE como crédito del sector público. Finalmente, el organismo señaló que el propio pronunciamiento de Contraloría mantiene vigente la doctrina establecida anteriormente en el Dictamen N° 30.802 de 2019, reafirmando los criterios administrativos aplicables a la cobranza de este tipo de obligaciones por parte de la Tesorería General de la República.
El diputado Carlos Bianchi solicitó de manera urgente un pronunciamiento formal y la eventual apertura de una investigación respecto de graves irregularidades detectadas en cobros de impuestos que estarían afectando a contribuyentes, particularmente a micro, pequeñas y medianas empresas en la Región de Magallanes. La solicitud se da luego de conocerse antecedentes concretos de duplicidad en el cobro de impuestos y errores de cálculo, situación que incluso habría sido reconocida por el propio Servicio de Impuestos Internos en su oficina de Punta Arenas. “En Magallanes hemos conocido situaciones que son derechamente inaceptables. Hay antecedentes serios de dobles cobros y errores de cálculo por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, que están golpeando injustamente a nuestras Mipymes”, señaló el parlamentario. Ante la Comisión de Hacienda, esta tarde, El diputado fue enfático: “Esto no es un problema administrativo menor. Estamos hablando de personas que han sido perseguidas, embargadas y ahogadas económicamente por deudas que, en muchos casos, simplemente no corresponden”. Ante este escenario, la Comisión, a solicitud del diputado Bianchi, acordó oficiar formalmente a ambas instituciones para exigir respuestas claras y medidas concretas: Que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República informen si han detectado y corregido cobros duplicados. Además que la Tesorería explique por qué se han realizado cobros y embargos sobre montos que no corresponderían, lo que podría constituir una actuación ilegal; Que se suspendan de inmediato todas las acciones de cobro, hasta que cada contribuyente tenga claridad sobre su situación tributaria real y que se levanten los embargos vigentes en aquellos casos donde existan errores atribuibles al propio Estado. El parlamentario explicó que en marzo de 2026, tras revisar un libro de ventas en la oficina del SII en Punta Arenas, se detectaron inconsistencias relevantes, particularmente en los registros asociados al código 39 (boletas electrónicas) y código 48 (pagos electrónicos), donde el propio servicio identificó duplicidades en la información. Carlos Bianchi advirtió que esta situación no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la viabilidad de cientos de emprendimientos y que podría extenderse a todo el país. “Estamos frente a un problema serio, donde el propio Estado podría estar generando perjuicios económicos graves a contribuyentes. Aquí no basta con explicaciones: se requiere actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) cumplió cuatro años desde que puso a disposición sus servicios digitales el 24 de febrero de 2022, consolidándose como un organismo clave en la defensa de los derechos tributarios en Chile. En este periodo ha atendido 6.657 requerimientos relacionados con situaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República (TGR). Los casos abordados han ido desde orientación básica en materias tributarias hasta defensa administrativa y judicial por eventuales vulneraciones de derechos. Entre los principales temas resueltos se encuentran problemas asociados a la Operación Renta, fiscalizaciones mal aplicadas, diferencias en el cobro de impuesto territorial y avaluaciones, bloqueo de claves tributarias e impuestos mal aplicados. Durante 2025, la DEDECON presentó aproximadamente 133 recursos y peticiones administrativas ante el SII, de los cuales 102 ya fueron resueltos, alcanzando un 74% de efectividad. Según explicó el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, esto permitió dejar sin efecto liquidaciones y giros improcedentes, subsanar observaciones y regularizar situaciones tributarias. En materia de educación tributaria, la institución ha llegado a 31.628 personas a través de charlas y capacitaciones en todo el país, dirigidas a pymes, emprendedores, feriantes, municipios y funcionarios públicos. Además, ha emitido 16 informes técnicos sistémicos para abordar problemas estructurales del sistema tributario. Aunque opera principalmente en modalidad digital, la Defensoría mantiene una alianza con el IPS para brindar atención presencial en las 206 oficinas de ChileAtiende a nivel nacional, ampliando el acceso para los contribuyentes. A cuatro años de su creación, la institución proyecta continuar fortaleciendo la educación tributaria y la defensa administrativa y judicial como herramientas para avanzar hacia una mayor justicia en el sistema tributario chileno.
La Tesorería General de la República emitió una declaración pública para aclarar el alcance del Dictamen N° OF91153 de 2026 de la Contraloría General de la República, luego de la publicación de una nota en El Mercurio titulada “Contraloría revoca retención de impuestos realizada por la TGR para compensar deudas por el CAE”. Según explicó la institución, el dictamen no elimina ni restringe las facultades generales de cobranza respecto de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). La TGR indicó que el pronunciamiento se refiere exclusivamente a un caso vinculado a fondos con destino previsional preferente, relacionado con la aplicación del artículo 6° del Estatuto Orgánico de Tesorería. Asimismo, la Tesorería sostuvo que continúan plenamente vigentes las facultades de cobro establecidas en el Código Tributario, incluyendo la posibilidad de compensar deudas del CAE con créditos fiscales. También precisó que el dictamen no aborda la calidad del Fisco como acreedor ni la naturaleza del CAE como crédito del sector público. Finalmente, el organismo señaló que el propio pronunciamiento de Contraloría mantiene vigente la doctrina establecida anteriormente en el Dictamen N° 30.802 de 2019, reafirmando los criterios administrativos aplicables a la cobranza de este tipo de obligaciones por parte de la Tesorería General de la República.
El diputado Carlos Bianchi solicitó de manera urgente un pronunciamiento formal y la eventual apertura de una investigación respecto de graves irregularidades detectadas en cobros de impuestos que estarían afectando a contribuyentes, particularmente a micro, pequeñas y medianas empresas en la Región de Magallanes. La solicitud se da luego de conocerse antecedentes concretos de duplicidad en el cobro de impuestos y errores de cálculo, situación que incluso habría sido reconocida por el propio Servicio de Impuestos Internos en su oficina de Punta Arenas. “En Magallanes hemos conocido situaciones que son derechamente inaceptables. Hay antecedentes serios de dobles cobros y errores de cálculo por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, que están golpeando injustamente a nuestras Mipymes”, señaló el parlamentario. Ante la Comisión de Hacienda, esta tarde, El diputado fue enfático: “Esto no es un problema administrativo menor. Estamos hablando de personas que han sido perseguidas, embargadas y ahogadas económicamente por deudas que, en muchos casos, simplemente no corresponden”. Ante este escenario, la Comisión, a solicitud del diputado Bianchi, acordó oficiar formalmente a ambas instituciones para exigir respuestas claras y medidas concretas: Que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República informen si han detectado y corregido cobros duplicados. Además que la Tesorería explique por qué se han realizado cobros y embargos sobre montos que no corresponderían, lo que podría constituir una actuación ilegal; Que se suspendan de inmediato todas las acciones de cobro, hasta que cada contribuyente tenga claridad sobre su situación tributaria real y que se levanten los embargos vigentes en aquellos casos donde existan errores atribuibles al propio Estado. El parlamentario explicó que en marzo de 2026, tras revisar un libro de ventas en la oficina del SII en Punta Arenas, se detectaron inconsistencias relevantes, particularmente en los registros asociados al código 39 (boletas electrónicas) y código 48 (pagos electrónicos), donde el propio servicio identificó duplicidades en la información. Carlos Bianchi advirtió que esta situación no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la viabilidad de cientos de emprendimientos y que podría extenderse a todo el país. “Estamos frente a un problema serio, donde el propio Estado podría estar generando perjuicios económicos graves a contribuyentes. Aquí no basta con explicaciones: se requiere actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) cumplió cuatro años desde que puso a disposición sus servicios digitales el 24 de febrero de 2022, consolidándose como un organismo clave en la defensa de los derechos tributarios en Chile. En este periodo ha atendido 6.657 requerimientos relacionados con situaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República (TGR). Los casos abordados han ido desde orientación básica en materias tributarias hasta defensa administrativa y judicial por eventuales vulneraciones de derechos. Entre los principales temas resueltos se encuentran problemas asociados a la Operación Renta, fiscalizaciones mal aplicadas, diferencias en el cobro de impuesto territorial y avaluaciones, bloqueo de claves tributarias e impuestos mal aplicados. Durante 2025, la DEDECON presentó aproximadamente 133 recursos y peticiones administrativas ante el SII, de los cuales 102 ya fueron resueltos, alcanzando un 74% de efectividad. Según explicó el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, esto permitió dejar sin efecto liquidaciones y giros improcedentes, subsanar observaciones y regularizar situaciones tributarias. En materia de educación tributaria, la institución ha llegado a 31.628 personas a través de charlas y capacitaciones en todo el país, dirigidas a pymes, emprendedores, feriantes, municipios y funcionarios públicos. Además, ha emitido 16 informes técnicos sistémicos para abordar problemas estructurales del sistema tributario. Aunque opera principalmente en modalidad digital, la Defensoría mantiene una alianza con el IPS para brindar atención presencial en las 206 oficinas de ChileAtiende a nivel nacional, ampliando el acceso para los contribuyentes. A cuatro años de su creación, la institución proyecta continuar fortaleciendo la educación tributaria y la defensa administrativa y judicial como herramientas para avanzar hacia una mayor justicia en el sistema tributario chileno.
