La acción se funda en el dictamen de la Contraloría General de la República, A.O. N° 266.385/2026, de fecha 28 de abril de 2026, que imparte instrucciones sobre la implementación del artículo 110 de la ley N° 21.806 en relación a la glosa 03 de la Ley de Presupuestos 2026, estableciendo la obligatoriedad de dar cumplimiento a estas disposiciones en resguardo del principio de probidad administrativa y la confianza pública. “El estándar debe ser uno solo: transparencia total. No basta con cumplir la ley en lo formal, aquí también se deben dar garantías reales a la ciudadanía”, señaló el parlamentario. En esa línea, Riquelme fue enfático en señalar que no solo exigirá la realización de los test de drogas conforme a la ley, sino también la entrega y publicidad de sus resultados, en los casos en que la normativa así lo establece. “Los resultados deben ser públicos cuando la ley lo permite. La ciudadanía tiene derecho a saber si sus autoridades están en condiciones adecuadas para ejercer sus cargos”, agregó. El diputado recordó además que esta materia no es nueva en su agenda. Durante su período como consejero regional, el año 2023, impulsó una moción que fue aprobada por el Consejo Regional de Magallanes para que todos los consejeros se sometieran a test de drogas. Sin embargo, dicha medida no fue implementada por el Gobernador Regional, lo que —a su juicio— evidenció una falta de voluntad para avanzar en estándares de transparencia. “Esto no partió hoy. Ya en 2023 impulsamos que los consejeros regionales se sometieran a estos exámenes, y esa decisión del Consejo no fue cumplida. Hoy, con el dictamen de la Contraloría, ya no hay espacio para excusas: no solo se deben realizar los test, sino que además sus resultados deben ser públicos”, afirmó. El parlamentario precisó que esta exigencia es transversal y abarca a la Delegada Presidencial y los Secretarios Regionales Ministeriales, al Gobernador Regional junto a los consejeros regionales, y a todos los alcaldes y concejales de la región de Magallanes. Asimismo, mediante los oficios enviados, se solicitó informar las medidas adoptadas, los mecanismos de control implementados y el estado actual de aplicación de estos exámenes en cada institución. “El cumplimiento de la ley no es opcional. Y cuando hablamos de autoridades públicas, el estándar debe ser aún más alto. Vamos a fiscalizar y exigir que esto se cumpla en todos los niveles”, enfatizó. Finalmente, Riquelme indicó que, en caso de detectarse incumplimientos, no descarta remitir los antecedentes nuevamente a la Contraloría General de la República para que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.
Intervenciones especializadas para favorecer la prevención del consumo de alcohol y drogas en la población escolar es parte del trabajo conjunto entre el SLEP Magallanes y SENDA, instituciones que hoy dieron un paso adelante para profundizar esta misión en tres establecimientos de educación pública. La Escuela Pedro Pablo Lemaitre, el Instituto Superior de Comercio y el Liceo Polivalente Sara Braun son los tres recintos considerados en esta etapa de trabajo preventivo con estrategias para la totalidad del alumnado, así como para casos particulares que requieran apoyo focalizado. La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, explicó que “nosotros instalamos apoyo profesional dentro de los establecimientos educacionales, se hacen algunas actividades grupales, en algunos casos también intervención individual que permitan desarrollar estrategias para que los jóvenes puedan prevenir el consumo de alcohol y otro tipo de drogas”. El acuerdo de trabajo involucra varias iniciativas que van desde la prevención universal con componentes que benefician al estudiantado en general, hasta instancias focalizadas a través del Programa Prepara2. Esta estrategia, que es la que se aplicará en los tres establecimientos educacionales, buscar fortalecer la cultura preventiva mediante la creación de protocolos, capacitación a funcionarios, intervenciones grupales con estudiantes y trabajo individual en ciertos casos. Al respecto, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, explicó que las intervenciones incluyen al establecimiento educacional, a estudiantes que lo requieran y también a las familias.
La decisión de aplicar test de drogas no es nueva. En enero ya se exigieron pruebas como requisito para integrar el gabinete, pero hoy la medida se amplía y se proyecta de forma permanente. Esta política busca reforzar los estándares de probidad en la función pública y se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la administración de José Antonio Kast Según fuentes de Radio Bío Bío, junto con estos exámenes también se realizará una revisión de antecedentes. Lo anterior, con el objetivo de evitar la presencia de funcionarios sin los estándares requeridos. Cabe recordar que, durante la instalación del gabinete, se aplicaron exámenes como el test de pelo, que permite detectar consumo en periodos prolongados. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró la medida y aseguró que es una forma de dar señales de transparencia y fortalecer la confianza ciudadana. Ahora, esta decisión se formaliza y amplía, incorporando no solo a ministros, sino también a subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos exámenes de manera periódica durante las próximas semanas. El instructivo de la Contraloría establece que estas acciones se vinculan con otras obligaciones en materia de probidad, como la declaración de patrimonio, intereses y posibles conflictos. En esa línea, el analista político Rodrigo Meléndez, subeditor ejecutivo del Instituto Res Pública, sostuvo que este tipo de controles se aplican en distintos países con diversos objetivos. Además, advirtió que experiencias como las de México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico. Desde el Ejecutivo señalan que esta política responde a la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, en medio de cuestionamientos a controles en administraciones anteriores. En la oposición, el diputado Cristián Tapia, del PPD, sostuvo que la medida debería extenderse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también la valoró y señaló que entrega una señal frente al avance del narcotráfico. La implementación de estos test se proyecta como una nueva señal en materia de transparencia, aunque abre el debate sobre su alcance real y su impacto en la fiscalización de las autoridades. Fuente: biobiochile.cl
La acción se funda en el dictamen de la Contraloría General de la República, A.O. N° 266.385/2026, de fecha 28 de abril de 2026, que imparte instrucciones sobre la implementación del artículo 110 de la ley N° 21.806 en relación a la glosa 03 de la Ley de Presupuestos 2026, estableciendo la obligatoriedad de dar cumplimiento a estas disposiciones en resguardo del principio de probidad administrativa y la confianza pública. “El estándar debe ser uno solo: transparencia total. No basta con cumplir la ley en lo formal, aquí también se deben dar garantías reales a la ciudadanía”, señaló el parlamentario. En esa línea, Riquelme fue enfático en señalar que no solo exigirá la realización de los test de drogas conforme a la ley, sino también la entrega y publicidad de sus resultados, en los casos en que la normativa así lo establece. “Los resultados deben ser públicos cuando la ley lo permite. La ciudadanía tiene derecho a saber si sus autoridades están en condiciones adecuadas para ejercer sus cargos”, agregó. El diputado recordó además que esta materia no es nueva en su agenda. Durante su período como consejero regional, el año 2023, impulsó una moción que fue aprobada por el Consejo Regional de Magallanes para que todos los consejeros se sometieran a test de drogas. Sin embargo, dicha medida no fue implementada por el Gobernador Regional, lo que —a su juicio— evidenció una falta de voluntad para avanzar en estándares de transparencia. “Esto no partió hoy. Ya en 2023 impulsamos que los consejeros regionales se sometieran a estos exámenes, y esa decisión del Consejo no fue cumplida. Hoy, con el dictamen de la Contraloría, ya no hay espacio para excusas: no solo se deben realizar los test, sino que además sus resultados deben ser públicos”, afirmó. El parlamentario precisó que esta exigencia es transversal y abarca a la Delegada Presidencial y los Secretarios Regionales Ministeriales, al Gobernador Regional junto a los consejeros regionales, y a todos los alcaldes y concejales de la región de Magallanes. Asimismo, mediante los oficios enviados, se solicitó informar las medidas adoptadas, los mecanismos de control implementados y el estado actual de aplicación de estos exámenes en cada institución. “El cumplimiento de la ley no es opcional. Y cuando hablamos de autoridades públicas, el estándar debe ser aún más alto. Vamos a fiscalizar y exigir que esto se cumpla en todos los niveles”, enfatizó. Finalmente, Riquelme indicó que, en caso de detectarse incumplimientos, no descarta remitir los antecedentes nuevamente a la Contraloría General de la República para que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.
Intervenciones especializadas para favorecer la prevención del consumo de alcohol y drogas en la población escolar es parte del trabajo conjunto entre el SLEP Magallanes y SENDA, instituciones que hoy dieron un paso adelante para profundizar esta misión en tres establecimientos de educación pública. La Escuela Pedro Pablo Lemaitre, el Instituto Superior de Comercio y el Liceo Polivalente Sara Braun son los tres recintos considerados en esta etapa de trabajo preventivo con estrategias para la totalidad del alumnado, así como para casos particulares que requieran apoyo focalizado. La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, explicó que “nosotros instalamos apoyo profesional dentro de los establecimientos educacionales, se hacen algunas actividades grupales, en algunos casos también intervención individual que permitan desarrollar estrategias para que los jóvenes puedan prevenir el consumo de alcohol y otro tipo de drogas”. El acuerdo de trabajo involucra varias iniciativas que van desde la prevención universal con componentes que benefician al estudiantado en general, hasta instancias focalizadas a través del Programa Prepara2. Esta estrategia, que es la que se aplicará en los tres establecimientos educacionales, buscar fortalecer la cultura preventiva mediante la creación de protocolos, capacitación a funcionarios, intervenciones grupales con estudiantes y trabajo individual en ciertos casos. Al respecto, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, explicó que las intervenciones incluyen al establecimiento educacional, a estudiantes que lo requieran y también a las familias.
La decisión de aplicar test de drogas no es nueva. En enero ya se exigieron pruebas como requisito para integrar el gabinete, pero hoy la medida se amplía y se proyecta de forma permanente. Esta política busca reforzar los estándares de probidad en la función pública y se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la administración de José Antonio Kast Según fuentes de Radio Bío Bío, junto con estos exámenes también se realizará una revisión de antecedentes. Lo anterior, con el objetivo de evitar la presencia de funcionarios sin los estándares requeridos. Cabe recordar que, durante la instalación del gabinete, se aplicaron exámenes como el test de pelo, que permite detectar consumo en periodos prolongados. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró la medida y aseguró que es una forma de dar señales de transparencia y fortalecer la confianza ciudadana. Ahora, esta decisión se formaliza y amplía, incorporando no solo a ministros, sino también a subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos exámenes de manera periódica durante las próximas semanas. El instructivo de la Contraloría establece que estas acciones se vinculan con otras obligaciones en materia de probidad, como la declaración de patrimonio, intereses y posibles conflictos. En esa línea, el analista político Rodrigo Meléndez, subeditor ejecutivo del Instituto Res Pública, sostuvo que este tipo de controles se aplican en distintos países con diversos objetivos. Además, advirtió que experiencias como las de México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico. Desde el Ejecutivo señalan que esta política responde a la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, en medio de cuestionamientos a controles en administraciones anteriores. En la oposición, el diputado Cristián Tapia, del PPD, sostuvo que la medida debería extenderse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también la valoró y señaló que entrega una señal frente al avance del narcotráfico. La implementación de estos test se proyecta como una nueva señal en materia de transparencia, aunque abre el debate sobre su alcance real y su impacto en la fiscalización de las autoridades. Fuente: biobiochile.cl
