El diputado Alejandro Riquelme Ducci remitió un oficio de fiscalización al Director Nacional (S) de SENDA, Eduardo Barros Ronda, y a la Superintendencia de Salud, solicitando información detallada sobre el cumplimiento del contrato adjudicado en mayo de 2026 al laboratorio Corthorn Health, encargado de realizar los exámenes toxicológicos capilares a autoridades de primer nivel del país. La solicitud se enmarca en la controversia surgida luego de que dicho laboratorio informara resultados positivos por consumo de drogas en dos exámenes practicados al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, los que posteriormente fueron contradichos por un tercer examen encargado a la Universidad Católica, cuyas muestras fueron analizadas en un laboratorio en Estados Unidos y arrojaron un resultado negativo. En su oficio, el parlamentario recuerda que en 2022 la SEREMI de Salud Metropolitana ya había detectado en las dependencias de Corthorn Health falencias relevantes en materia de control de calidad, supervisión profesional, infraestructura de descontaminación y manejo de la sala de toxicología. Por ello, Riquelme solicita a SENDA precisar si dichos antecedentes fueron considerados al momento de evaluar y adjudicar la licitación, e informar si el laboratorio cuenta con acreditación vigente como prestador institucional de salud ante la Superintendencia de Salud, particularmente en el área de toxicología. El oficio también pide conocer si el examen practicado al exsubsecretario se ajustó íntegramente a las bases técnicas y administrativas de la licitación, si existió una segunda validación de resultados, y si SENDA ha iniciado —o se compromete a iniciar— un proceso de supervisión y fiscalización contractual respecto del proveedor. Asimismo, solicita que se remitan a la Seremi de Salud y al Instituto de Salud Pública los antecedentes que correspondan, para efectos de la fiscalización sanitaria del laboratorio, e información agregada —sin individualizar a personas— sobre el número total de resultados positivos que Corthorn Health ha comunicado a organismos del Estado, entidad que mantiene o ha mantenido convenios con Gendarmería, la PDI, la Armada, la Municipalidad de Colina y la Defensoría Regional Metropolitana Norte, entre otros. Estas prácticas no solo pueden dejar sin trabajo a una persona, sino que afectan gravemente su honra, señaló el diputado Riquelme, Riquelme sostuvo que el interés público de esta materia es evidente, considerando que Corthorn Health mantiene contratos vigentes con múltiples reparticiones del Estado y que sus resultados pueden incidir directamente en la evaluación de autoridades y funcionarios públicos. Por ello, solicitó que SENDA y la Superintendencia de Salud respondan dentro de los plazos legales correspondientes, remitiendo la documentación técnica, administrativa y de acreditación pertinente.
El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en Magallanes y de la Antártica Chilena, Javier Labrín Jofré, se realizó de manera voluntaria un test de consumo de drogas, pese a que un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que los encargados de las Unidades Regionales Sectoriales (URS) no están obligados a someterse a este tipo de exámenes. La consulta fue realizada por la Subsecretaría del Interior debido a la naturaleza orgánica de las URS dentro de la estructura del Estado, solicitando un pronunciamiento sobre la aplicación del artículo 110 de la Ley N° 21.806, que establece la obligación de realizarse controles de consumo de drogas para determinadas autoridades, entre ellas ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio. Mediante el Dictamen N° D356/2026, emitido el 22 de julio de 2026, el contralor general (s), Víctor Hugo Merino Rojas, resolvió que los jefes o encargados de las unidades regionales no están expresamente contemplados en dicha normativa, por lo que la obligación legal no les resulta aplicable. Tras realizarse el examen, Javier Labrín Jofré señaló que toda persona que ostente un cargo de autoridad tiene el deber, legal o moral, de dar cuenta con transparencia a la ciudadanía. El test fue efectuado en el Laboratorio Magallanes mediante una muestra de orina, analizando la presencia de marihuana, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y opiáceos. Según la información entregada, el resultado fue negativo para todas las sustancias evaluadas.
El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano), abordó esta mañana diversos temas de interés regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde se refirió a la situación del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, la aplicación de exámenes de drogas a autoridades, el trabajo de fiscalización que realiza como parlamentario y las acciones que impulsa para obtener información sobre la administración de Zona Franca. Respecto a la preocupación manifestada por gremios del turismo y el comercio debido al futuro cierre temporal del aeródromo de Puerto Natales para ejecutar obras de reparación, el parlamentario sostuvo que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y a limitaciones técnicas. Tras reunirse con representantes gremiales, autoridades regionales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ministerio de Obras Públicas y expertos en pavimentos, aseguró que no existen alternativas viables para ejecutar los trabajos durante el invierno. Yo no soy populista, yo no les voy a decir lo que quieren escuchar, sino la información que he recabado yo en las reuniones con los organismos técnicos, con los organismos privados. (...) La pregunta es qué está primero la vida humana o el beneficio económico. Y yo creo que tiene que estar siempre primero la vida humana acá, afirmó. Asimismo, explicó que las restricciones climáticas impiden intervenir la pista fuera del período comprendido entre noviembre y marzo. Solamente se puede trabajar con asfalto, que es el tipo de construcción que tenemos hoy día, desde noviembre hasta marzo. (...) Si no lo arreglamos ahora nos arriesgamos a que tengamos cerrado por mucho más tiempo y eso no es un tema de estar de acuerdo o no, es la realidad técnica. Riquelme indicó además que el crecimiento sostenido del tráfico aéreo ha superado las condiciones para las cuales fue diseñado el aeródromo. Hoy día está operacionalizando aviones grandes siete veces al día. El crecimiento del aeródromo de Puerto Natales es cercano al 30%, ninguna otra terminal aérea en Chile tiene ese crecimiento en vuelos. En materia de probidad, el diputado destacó la implementación de exámenes de drogas a autoridades del Ejecutivo, asegurando que fue resultado de las fiscalizaciones que impulsó. Yo me hice el examen de drogas, yo salí negativo. (...) Oficié a todas las seremías, delegaciones presidenciales y municipalidades para que se hicieran este examen de drogas. (...) Hoy día la noticia es que todos los seremis y la delegada dieron exámenes negativos porque en su momento yo fiscalicé a mi propio gobierno para que se hicieran todos estos exámenes. Agregó que la nueva legislación obligará a diversas autoridades a someterse a este tipo de controles y manifestó que continuará revisando el cumplimiento de dicha normativa. Vamos a ir fiscalizando. No nos vamos a quedar tranquilos con que se diga que al 100% dio negativo, porque por ley ellos tienen que publicar los resultados de estos exámenes. Consultado por la situación del subsecretario de Hacienda, quien enfrenta cuestionamientos tras un examen antidrogas, Riquelme defendió el principio de presunción de inocencia, aunque reiteró que las autoridades deben ser apartadas de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. Ante cualquier cuestionamiento, los vamos a apartar de sus funciones hasta que se demuestre lo contrario. (...) Eso no significa que sean culpables, sino que simplemente mientras sea la investigación no pueden seguir en el Gobierno porque no pueden estar cuestionadas y son personas que toman decisiones. Durante la entrevista también abordó la relación entre autoridades en Puerto Natales, criticando el distanciamiento entre la alcaldesa de la comuna y el delegado presidencial provincial. Cuando la alcaldesa se amurra y dice 'yo no voy a hablar más con este', ¿quién es el que pierde? Pierde el habitante de la comuna. (...) Tiene que coordinarse con el Poder Ejecutivo, sino los únicos que pierden son los ciudadanos. En el tramo final de la conversación, el parlamentario reiteró sus cuestionamientos a la administración de Zona Franca, señalando que mantiene acciones ante el Consejo para la Transparencia para obtener antecedentes financieros de la concesionaria. Yo empecé a fiscalizar Zona Franca el año 2022. En dos ocasiones hemos pedido los antecedentes y no los han entregado. (...) Hoy día estamos en el Tribunal de Transparencia para que Zona Franca pase los números para poder fiscalizarlos. Finalmente, sostuvo que continuará impulsando las investigaciones que, a su juicio, buscan transparentar el uso de recursos públicos en la región. Si la Zona Franca quiere que no hagan juicios de valor respecto a su administración y que lo hagan sobre cifras reales, que entreguen los números, que no los oculten como lo han hecho durante tres años. (...) Vamos a seguir hasta el final con nuestro trabajo porque a mí no me eligieron para ser simpático; a mí me eligieron para hacer la pega y eso es lo que estoy haciendo.
La medición toxicológica aplicada a la Delegada Ericka Farías Guerra, a los Delegados Presidenciales Provinciales y a la totalidad de los Secretarios Regionales Ministeriales arrojó resultados negativos. La Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, junto a los Delegados Presidenciales Provinciales y a la totalidad de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de la región, se sometieron al examen toxicológico de pelo para la detección de consumo de sustancias ilícitas, obteniendo un 100% de resultados negativos. El procedimiento, aplicado de manera rigurosa a todo el gabinete regional, ratifica el compromiso de la máxima autoridad regional, de las autoridades provinciales y de sus Secretarios Ministeriales con la transparencia en el ejercicio de la función pública, evitando, aquellos factores externos que impidan a las autoridades desempeñarse con los estándares de probidad, requeridos en el Estado. Esta acción regional va en absoluta sintonía con la agenda de probidad y combate al narcotráfico impulsada desde el gobierno. Cabe destacar que recientemente el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca consagrar la obligación permanente de este examen para diversas autoridades del Estado —desde ministros y parlamentarios hasta alcaldes y concejales— y establecer el cese de funciones para quienes den positivo. “Como representantes del Presidente José Antonio Kast en la Región de Magallanes, tenemos la responsabilidad ética y legal de dar el ejemplo ante la ciudadanía. Hoy podemos confirmar con total certeza y satisfacción que tanto los delegados presidenciales como el 100% de nuestros Seremis hemos dado negativo al test de drogas. Frente al flagelo del narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas no puede haber espacio para dobles discursos ni ambigüedades. Respaldamos decididamente la reforma constitucional presentada por nuestro Presidente para exigir estos exámenes de manera permanente y sancionar con el cese del cargo a quien infrinja la norma. La ciudadanía nos exige máxima transparencia, probidad y estar al 100% enfocados en trabajar por el desarrollo de Magallanes. Tolerancia cero y respaldo a la reforma constitucional El resultado negativo de los delegados presidenciales y el gabinete se alinea con los esfuerzos de la administración por unificar y endurecer los marcos normativos sobre exámenes toxicológicos obligatorios, con el objeto de evitar la dependencia de sustancias ilícitas que impidan los estándares requeridos en todo servidor público. Tal como ha sostenido el Ejecutivo, la presencia de drogas en la administración pública constituye un riesgo para las instituciones democráticas, por lo que el cumplimiento de estos controles aleatorios y obligatorios continuará siendo una prioridad permanente en la gestión de la Delegación Presidencial Regional.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lamentó este viernes la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien presentó su renuncia luego de arrojar un resultado positivo en un test de drogas. La exautoridad ha señalado que no consume drogas y se encuentra a la espera del resultado de una contramuestra. Consultado por la situación, Quiroz destacó el trabajo desarrollado por Rodríguez durante su gestión y evitó cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo. Ha sido un tremendo aporte al ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no hubiesen sido posibles sin su colaboración. Yo creo que en esa materia es mejor siempre esperar a que el proceso termine, señaló. Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la aplicación de controles a las autoridades, indicando que quienes ejercen funciones públicas deben someterse a este tipo de exámenes y que es necesario mantener un criterio estricto frente al consumo de drogas. En tanto, desde la oposición solicitaron al Ejecutivo transparentar si otras autoridades sometidas a estos controles también han registrado resultados positivos. De acuerdo con Radio Bío Bío, en el Gobierno estiman que mantener al exsubsecretario en el cargo mientras se esperaba el resultado de la contramuestra era una situación inviable debido a la responsabilidad del puesto y a que el examen terminaría siendo de conocimiento público. Con la salida de Juan Pablo Rodríguez, suman 32 las autoridades que han dejado la administración del presidente José Antonio Kast.
El diputado Alejandro Riquelme Ducci remitió un oficio de fiscalización al Director Nacional (S) de SENDA, Eduardo Barros Ronda, y a la Superintendencia de Salud, solicitando información detallada sobre el cumplimiento del contrato adjudicado en mayo de 2026 al laboratorio Corthorn Health, encargado de realizar los exámenes toxicológicos capilares a autoridades de primer nivel del país. La solicitud se enmarca en la controversia surgida luego de que dicho laboratorio informara resultados positivos por consumo de drogas en dos exámenes practicados al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, los que posteriormente fueron contradichos por un tercer examen encargado a la Universidad Católica, cuyas muestras fueron analizadas en un laboratorio en Estados Unidos y arrojaron un resultado negativo. En su oficio, el parlamentario recuerda que en 2022 la SEREMI de Salud Metropolitana ya había detectado en las dependencias de Corthorn Health falencias relevantes en materia de control de calidad, supervisión profesional, infraestructura de descontaminación y manejo de la sala de toxicología. Por ello, Riquelme solicita a SENDA precisar si dichos antecedentes fueron considerados al momento de evaluar y adjudicar la licitación, e informar si el laboratorio cuenta con acreditación vigente como prestador institucional de salud ante la Superintendencia de Salud, particularmente en el área de toxicología. El oficio también pide conocer si el examen practicado al exsubsecretario se ajustó íntegramente a las bases técnicas y administrativas de la licitación, si existió una segunda validación de resultados, y si SENDA ha iniciado —o se compromete a iniciar— un proceso de supervisión y fiscalización contractual respecto del proveedor. Asimismo, solicita que se remitan a la Seremi de Salud y al Instituto de Salud Pública los antecedentes que correspondan, para efectos de la fiscalización sanitaria del laboratorio, e información agregada —sin individualizar a personas— sobre el número total de resultados positivos que Corthorn Health ha comunicado a organismos del Estado, entidad que mantiene o ha mantenido convenios con Gendarmería, la PDI, la Armada, la Municipalidad de Colina y la Defensoría Regional Metropolitana Norte, entre otros. Estas prácticas no solo pueden dejar sin trabajo a una persona, sino que afectan gravemente su honra, señaló el diputado Riquelme, Riquelme sostuvo que el interés público de esta materia es evidente, considerando que Corthorn Health mantiene contratos vigentes con múltiples reparticiones del Estado y que sus resultados pueden incidir directamente en la evaluación de autoridades y funcionarios públicos. Por ello, solicitó que SENDA y la Superintendencia de Salud respondan dentro de los plazos legales correspondientes, remitiendo la documentación técnica, administrativa y de acreditación pertinente.
El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en Magallanes y de la Antártica Chilena, Javier Labrín Jofré, se realizó de manera voluntaria un test de consumo de drogas, pese a que un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que los encargados de las Unidades Regionales Sectoriales (URS) no están obligados a someterse a este tipo de exámenes. La consulta fue realizada por la Subsecretaría del Interior debido a la naturaleza orgánica de las URS dentro de la estructura del Estado, solicitando un pronunciamiento sobre la aplicación del artículo 110 de la Ley N° 21.806, que establece la obligación de realizarse controles de consumo de drogas para determinadas autoridades, entre ellas ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio. Mediante el Dictamen N° D356/2026, emitido el 22 de julio de 2026, el contralor general (s), Víctor Hugo Merino Rojas, resolvió que los jefes o encargados de las unidades regionales no están expresamente contemplados en dicha normativa, por lo que la obligación legal no les resulta aplicable. Tras realizarse el examen, Javier Labrín Jofré señaló que toda persona que ostente un cargo de autoridad tiene el deber, legal o moral, de dar cuenta con transparencia a la ciudadanía. El test fue efectuado en el Laboratorio Magallanes mediante una muestra de orina, analizando la presencia de marihuana, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y opiáceos. Según la información entregada, el resultado fue negativo para todas las sustancias evaluadas.
El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano), abordó esta mañana diversos temas de interés regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde se refirió a la situación del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, la aplicación de exámenes de drogas a autoridades, el trabajo de fiscalización que realiza como parlamentario y las acciones que impulsa para obtener información sobre la administración de Zona Franca. Respecto a la preocupación manifestada por gremios del turismo y el comercio debido al futuro cierre temporal del aeródromo de Puerto Natales para ejecutar obras de reparación, el parlamentario sostuvo que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y a limitaciones técnicas. Tras reunirse con representantes gremiales, autoridades regionales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ministerio de Obras Públicas y expertos en pavimentos, aseguró que no existen alternativas viables para ejecutar los trabajos durante el invierno. Yo no soy populista, yo no les voy a decir lo que quieren escuchar, sino la información que he recabado yo en las reuniones con los organismos técnicos, con los organismos privados. (...) La pregunta es qué está primero la vida humana o el beneficio económico. Y yo creo que tiene que estar siempre primero la vida humana acá, afirmó. Asimismo, explicó que las restricciones climáticas impiden intervenir la pista fuera del período comprendido entre noviembre y marzo. Solamente se puede trabajar con asfalto, que es el tipo de construcción que tenemos hoy día, desde noviembre hasta marzo. (...) Si no lo arreglamos ahora nos arriesgamos a que tengamos cerrado por mucho más tiempo y eso no es un tema de estar de acuerdo o no, es la realidad técnica. Riquelme indicó además que el crecimiento sostenido del tráfico aéreo ha superado las condiciones para las cuales fue diseñado el aeródromo. Hoy día está operacionalizando aviones grandes siete veces al día. El crecimiento del aeródromo de Puerto Natales es cercano al 30%, ninguna otra terminal aérea en Chile tiene ese crecimiento en vuelos. En materia de probidad, el diputado destacó la implementación de exámenes de drogas a autoridades del Ejecutivo, asegurando que fue resultado de las fiscalizaciones que impulsó. Yo me hice el examen de drogas, yo salí negativo. (...) Oficié a todas las seremías, delegaciones presidenciales y municipalidades para que se hicieran este examen de drogas. (...) Hoy día la noticia es que todos los seremis y la delegada dieron exámenes negativos porque en su momento yo fiscalicé a mi propio gobierno para que se hicieran todos estos exámenes. Agregó que la nueva legislación obligará a diversas autoridades a someterse a este tipo de controles y manifestó que continuará revisando el cumplimiento de dicha normativa. Vamos a ir fiscalizando. No nos vamos a quedar tranquilos con que se diga que al 100% dio negativo, porque por ley ellos tienen que publicar los resultados de estos exámenes. Consultado por la situación del subsecretario de Hacienda, quien enfrenta cuestionamientos tras un examen antidrogas, Riquelme defendió el principio de presunción de inocencia, aunque reiteró que las autoridades deben ser apartadas de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. Ante cualquier cuestionamiento, los vamos a apartar de sus funciones hasta que se demuestre lo contrario. (...) Eso no significa que sean culpables, sino que simplemente mientras sea la investigación no pueden seguir en el Gobierno porque no pueden estar cuestionadas y son personas que toman decisiones. Durante la entrevista también abordó la relación entre autoridades en Puerto Natales, criticando el distanciamiento entre la alcaldesa de la comuna y el delegado presidencial provincial. Cuando la alcaldesa se amurra y dice 'yo no voy a hablar más con este', ¿quién es el que pierde? Pierde el habitante de la comuna. (...) Tiene que coordinarse con el Poder Ejecutivo, sino los únicos que pierden son los ciudadanos. En el tramo final de la conversación, el parlamentario reiteró sus cuestionamientos a la administración de Zona Franca, señalando que mantiene acciones ante el Consejo para la Transparencia para obtener antecedentes financieros de la concesionaria. Yo empecé a fiscalizar Zona Franca el año 2022. En dos ocasiones hemos pedido los antecedentes y no los han entregado. (...) Hoy día estamos en el Tribunal de Transparencia para que Zona Franca pase los números para poder fiscalizarlos. Finalmente, sostuvo que continuará impulsando las investigaciones que, a su juicio, buscan transparentar el uso de recursos públicos en la región. Si la Zona Franca quiere que no hagan juicios de valor respecto a su administración y que lo hagan sobre cifras reales, que entreguen los números, que no los oculten como lo han hecho durante tres años. (...) Vamos a seguir hasta el final con nuestro trabajo porque a mí no me eligieron para ser simpático; a mí me eligieron para hacer la pega y eso es lo que estoy haciendo.
La medición toxicológica aplicada a la Delegada Ericka Farías Guerra, a los Delegados Presidenciales Provinciales y a la totalidad de los Secretarios Regionales Ministeriales arrojó resultados negativos. La Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, junto a los Delegados Presidenciales Provinciales y a la totalidad de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de la región, se sometieron al examen toxicológico de pelo para la detección de consumo de sustancias ilícitas, obteniendo un 100% de resultados negativos. El procedimiento, aplicado de manera rigurosa a todo el gabinete regional, ratifica el compromiso de la máxima autoridad regional, de las autoridades provinciales y de sus Secretarios Ministeriales con la transparencia en el ejercicio de la función pública, evitando, aquellos factores externos que impidan a las autoridades desempeñarse con los estándares de probidad, requeridos en el Estado. Esta acción regional va en absoluta sintonía con la agenda de probidad y combate al narcotráfico impulsada desde el gobierno. Cabe destacar que recientemente el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca consagrar la obligación permanente de este examen para diversas autoridades del Estado —desde ministros y parlamentarios hasta alcaldes y concejales— y establecer el cese de funciones para quienes den positivo. “Como representantes del Presidente José Antonio Kast en la Región de Magallanes, tenemos la responsabilidad ética y legal de dar el ejemplo ante la ciudadanía. Hoy podemos confirmar con total certeza y satisfacción que tanto los delegados presidenciales como el 100% de nuestros Seremis hemos dado negativo al test de drogas. Frente al flagelo del narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas no puede haber espacio para dobles discursos ni ambigüedades. Respaldamos decididamente la reforma constitucional presentada por nuestro Presidente para exigir estos exámenes de manera permanente y sancionar con el cese del cargo a quien infrinja la norma. La ciudadanía nos exige máxima transparencia, probidad y estar al 100% enfocados en trabajar por el desarrollo de Magallanes. Tolerancia cero y respaldo a la reforma constitucional El resultado negativo de los delegados presidenciales y el gabinete se alinea con los esfuerzos de la administración por unificar y endurecer los marcos normativos sobre exámenes toxicológicos obligatorios, con el objeto de evitar la dependencia de sustancias ilícitas que impidan los estándares requeridos en todo servidor público. Tal como ha sostenido el Ejecutivo, la presencia de drogas en la administración pública constituye un riesgo para las instituciones democráticas, por lo que el cumplimiento de estos controles aleatorios y obligatorios continuará siendo una prioridad permanente en la gestión de la Delegación Presidencial Regional.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lamentó este viernes la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien presentó su renuncia luego de arrojar un resultado positivo en un test de drogas. La exautoridad ha señalado que no consume drogas y se encuentra a la espera del resultado de una contramuestra. Consultado por la situación, Quiroz destacó el trabajo desarrollado por Rodríguez durante su gestión y evitó cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo. Ha sido un tremendo aporte al ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no hubiesen sido posibles sin su colaboración. Yo creo que en esa materia es mejor siempre esperar a que el proceso termine, señaló. Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la aplicación de controles a las autoridades, indicando que quienes ejercen funciones públicas deben someterse a este tipo de exámenes y que es necesario mantener un criterio estricto frente al consumo de drogas. En tanto, desde la oposición solicitaron al Ejecutivo transparentar si otras autoridades sometidas a estos controles también han registrado resultados positivos. De acuerdo con Radio Bío Bío, en el Gobierno estiman que mantener al exsubsecretario en el cargo mientras se esperaba el resultado de la contramuestra era una situación inviable debido a la responsabilidad del puesto y a que el examen terminaría siendo de conocimiento público. Con la salida de Juan Pablo Rodríguez, suman 32 las autoridades que han dejado la administración del presidente José Antonio Kast.
