El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Jessica Karina Ojeda Nahuelneri a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de $20.000.000, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de contrabando. Ilícito perpetrado entre 2018 y 2023, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. En fallo unánime (causa rol 113-2025), el tribunal –integrado por los jueces Octavio Salinas Cabrera (presidente), Guillermo Cádiz Vatcky y Julio Álvarez Toro (redactor)– condenó, además, a Ojeda Nahuelneri a 3 años y un día de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y pago de una multa de 20 UTM, como autora del delito consumado de lavado de activos; más 818 días de reclusión y la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, por asociación ilícita. En tanto, Yohel Alejandro Leal Rojas deberá cumplir 7 años y 183 días de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena y el pago de una multa de $15.000.000, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de contrabando, perpetrado entre junio y noviembre de 2023. Leal Rojas deberá purgar 3 años y un día de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 45 UTM a beneficio fiscal, en calidad de autor del delito consumado de lavado de activos; más 818 días reclusión, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita. Libertad vigilada y remisión condicional Debido a su menor participación en los hechos acreditados, el tribunal condenó a los acusados Edward Enrique Valvuena Vera, Fernando José Méndez Domínguez, Yamil Alberto Bohórquez Durán, Israel de Jesús Díaz Moreno, Hugo Adalberto Olmedo Rolón, Aníbal Olmedo Rolón, Emigdio Colman Mencia, Jesús Ramón Aguilera Cuenca y Víctor Julián Villalba Gómez a sendas pena de 3 años y un día de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional, accesorias legales y el pago de una multa de 20 UTM a beneficio fiscal cada uno, en calidad de autores del delito consumado de lavado de activos. Penas sustitutivas condicionado al cumplimiento estricto de planes de intervención que deberá elaborar el Área de Reinserción Social de Gendarmería. Grupo de condenados que, junto al acusado Juan Manuel Villar, además, se les aplicaron penas de 541 y 61 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional, accesoria legal de suspensión para ejercer cargo u oficio público mientras duren las condenas y el pago de multa de $5.000.000 a beneficio fiscal, en calidad de autores del delito consumado de contrabando y asociación ilícita. Igual beneficio recibieron Óscar Isaías Oyarzún Barría, condenado a 3 años y un día de reclusión y al pago de una multa de dos millones de pesos a beneficio fiscal, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado y reiterado de contrabando; más 61 días de privación de libertad más la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, en calidad de auto del delito consumado de asociación ilícita. Bárbara Alejandra Miranda Villegas, condenada a 3 años y un día de reclusión, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 10 UTM a beneficio fiscal, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de lavado de activos; más 541 días de presidio, accesorias y el pago de una multa de dos millones de pesos a beneficio fiscal, como autora del delito consumado de contrabando; más a 61 días y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autora del delito consumado de asociación ilícita. Finalmente, la acusada Rosario Irene Muñoz Velásquez fue condenada, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, a 818 días de reclusión y al pago de una multa de 20 UTM y la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de cómplice del delito consumado de lavado de activos. En la causa, el tribunal ordenó el comiso y destrucción de la mercancía (cigarrillos); y el comiso de los vehículos, teléfonos celulares y dineros incautados en el procedimiento. El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que entre 2018 y 2023, los sentenciados coordinaron el traslado de 15 cargamentos ilícitos de cigarrillos desde Argentina, para luego venderlos a menor precio en comercios no establecidos (ambulantes) de la región y cuyas ganancias utilizaron (lavaron) para la adquisición de bienes.
El recorrido del ministro comenzó a primera hora del lunes 12 de enero pasado, con una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic Antinopai, y con las y los ministros del pleno del tribunal de alzada y fiscal judicial. Asimismo, el ministro Prado visitó a los tres juzgados de Letras de la capital regional, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los juzgados de Garantía, Letras del Trabajo y Familia de Punta Arenas. En ese contexto, además, el ministro cruzó el Estrecho de Magallanes para conocer el Juzgado de Competencia Común de Porvenir, en Tierra del Fuego. Allí se interiorizó sobre el proyecto de construcción del nuevo edificio que albergará a ese tribunal y que se encuentra en etapa de licitación vigente, entre otros temas. Además, el ministro Prado se desplazó a la Provincia de Última Esperanza, donde se reunió con los integrantes del Juzgado de Competencia Común de Puerto Natales. El ministro finalizó su primera etapa de la visita a tribunales el viernes 16 de enero pasado, con una valoración positiva del servicio judicial que se brinda a usuarios de la jurisdicción. “La conclusión, en medio de estos vientos magallánicos, de ñirres, cohiues y lengas, es el provecho que significa para un ministro visitador el poder entrevistar a las personas que componen la acción y reafirman la acción cotidiana nuestra de hacer y llevar la justicia a todos los rincones del país”, sostuvo. El magistrado regresará en marzo, para visitar el Juzgado de Cabo de Hornos en Puerto Williams, y con ello finalizar la visita anual a la jurisdicción Punta Arenas.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Jessica Karina Ojeda Nahuelneri a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de $20.000.000, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de contrabando. Ilícito perpetrado entre 2018 y 2023, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. En fallo unánime (causa rol 113-2025), el tribunal –integrado por los jueces Octavio Salinas Cabrera (presidente), Guillermo Cádiz Vatcky y Julio Álvarez Toro (redactor)– condenó, además, a Ojeda Nahuelneri a 3 años y un día de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y pago de una multa de 20 UTM, como autora del delito consumado de lavado de activos; más 818 días de reclusión y la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, por asociación ilícita. En tanto, Yohel Alejandro Leal Rojas deberá cumplir 7 años y 183 días de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena y el pago de una multa de $15.000.000, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de contrabando, perpetrado entre junio y noviembre de 2023. Leal Rojas deberá purgar 3 años y un día de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 45 UTM a beneficio fiscal, en calidad de autor del delito consumado de lavado de activos; más 818 días reclusión, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita. Libertad vigilada y remisión condicional Debido a su menor participación en los hechos acreditados, el tribunal condenó a los acusados Edward Enrique Valvuena Vera, Fernando José Méndez Domínguez, Yamil Alberto Bohórquez Durán, Israel de Jesús Díaz Moreno, Hugo Adalberto Olmedo Rolón, Aníbal Olmedo Rolón, Emigdio Colman Mencia, Jesús Ramón Aguilera Cuenca y Víctor Julián Villalba Gómez a sendas pena de 3 años y un día de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional, accesorias legales y el pago de una multa de 20 UTM a beneficio fiscal cada uno, en calidad de autores del delito consumado de lavado de activos. Penas sustitutivas condicionado al cumplimiento estricto de planes de intervención que deberá elaborar el Área de Reinserción Social de Gendarmería. Grupo de condenados que, junto al acusado Juan Manuel Villar, además, se les aplicaron penas de 541 y 61 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional, accesoria legal de suspensión para ejercer cargo u oficio público mientras duren las condenas y el pago de multa de $5.000.000 a beneficio fiscal, en calidad de autores del delito consumado de contrabando y asociación ilícita. Igual beneficio recibieron Óscar Isaías Oyarzún Barría, condenado a 3 años y un día de reclusión y al pago de una multa de dos millones de pesos a beneficio fiscal, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado y reiterado de contrabando; más 61 días de privación de libertad más la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, en calidad de auto del delito consumado de asociación ilícita. Bárbara Alejandra Miranda Villegas, condenada a 3 años y un día de reclusión, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 10 UTM a beneficio fiscal, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de lavado de activos; más 541 días de presidio, accesorias y el pago de una multa de dos millones de pesos a beneficio fiscal, como autora del delito consumado de contrabando; más a 61 días y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autora del delito consumado de asociación ilícita. Finalmente, la acusada Rosario Irene Muñoz Velásquez fue condenada, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, a 818 días de reclusión y al pago de una multa de 20 UTM y la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de cómplice del delito consumado de lavado de activos. En la causa, el tribunal ordenó el comiso y destrucción de la mercancía (cigarrillos); y el comiso de los vehículos, teléfonos celulares y dineros incautados en el procedimiento. El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que entre 2018 y 2023, los sentenciados coordinaron el traslado de 15 cargamentos ilícitos de cigarrillos desde Argentina, para luego venderlos a menor precio en comercios no establecidos (ambulantes) de la región y cuyas ganancias utilizaron (lavaron) para la adquisición de bienes.
El recorrido del ministro comenzó a primera hora del lunes 12 de enero pasado, con una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic Antinopai, y con las y los ministros del pleno del tribunal de alzada y fiscal judicial. Asimismo, el ministro Prado visitó a los tres juzgados de Letras de la capital regional, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los juzgados de Garantía, Letras del Trabajo y Familia de Punta Arenas. En ese contexto, además, el ministro cruzó el Estrecho de Magallanes para conocer el Juzgado de Competencia Común de Porvenir, en Tierra del Fuego. Allí se interiorizó sobre el proyecto de construcción del nuevo edificio que albergará a ese tribunal y que se encuentra en etapa de licitación vigente, entre otros temas. Además, el ministro Prado se desplazó a la Provincia de Última Esperanza, donde se reunió con los integrantes del Juzgado de Competencia Común de Puerto Natales. El ministro finalizó su primera etapa de la visita a tribunales el viernes 16 de enero pasado, con una valoración positiva del servicio judicial que se brinda a usuarios de la jurisdicción. “La conclusión, en medio de estos vientos magallánicos, de ñirres, cohiues y lengas, es el provecho que significa para un ministro visitador el poder entrevistar a las personas que componen la acción y reafirman la acción cotidiana nuestra de hacer y llevar la justicia a todos los rincones del país”, sostuvo. El magistrado regresará en marzo, para visitar el Juzgado de Cabo de Hornos en Puerto Williams, y con ello finalizar la visita anual a la jurisdicción Punta Arenas.
