El presidente de TACOPA, Marcelino Aguayo Concha, manifestó su preocupación por la conversión ilegal de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) en Punta Arenas, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El dirigente señaló que, si bien actualmente existe mayor oferta para realizar conversiones de vehículos a GNC, existe inquietud por prácticas irregulares que se estarían desarrollando en algunos lugares de la ciudad. “me parece grave que hay un % lo desconozco pero de conversión ilegal al tema del GNC y eso nos preocupa porque si las estaciones de servicio no se pide las certificaciones de inspección o instalación de los estanques, es preocupante”, afirmó. Aguayo también apuntó a la falta de controles en los puntos de carga. “falta fiscalización en los surtidores de GNC”, sostuvo, agregando que existe una desigualdad en la exigencia de requisitos. “a nosotros se nos vence la revisión técnica y no nos cargan gas, pero no es así con los ilegales”, indicó. En esa línea, hizo un llamado a que quienes utilicen este sistema lo hagan respetando la normativa vigente. “quienes carguen GNC que carguen cumpliendo con las normativas respectivas”, expresó. El presidente de TACOPA advirtió además sobre los riesgos que implica operar vehículos sin certificación adecuada, tanto para los usuarios como para las propias estaciones de servicio. “las estaciones de servicio no toman resguardo en esto, se les va a echar a perder el negocio si revienta un auto o si se le prende fuego a una estación de servicio por operar un vehículo que no esta en condiciones o bajo la norma”, concluyó.
La Municipalidad de Punta Arenas informó que el proceso de remate de vehículos declarados en abandono, realizado durante el mes de enero y conforme a las bases administrativas previamente publicadas, finalizó sin la presentación de oferentes, lo que impidió concretar la subasta en las fechas establecidas. El director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza, explicó que el procedimiento contemplaba tres fechas posibles para efectuar el remate, fijadas para los días 9, 16 y 23 de enero. Sin embargo, ninguna de estas jornadas registró interesados en participar. “Al no presentarse oferentes en ninguna de las fechas establecidas, no fue posible realizar el remate, por lo que corresponde iniciar un nuevo procedimiento”, señaló. Sanhueza detalló que el proceso consideraba el remate de un total de 694 vehículos que se mantienen actualmente en el corral municipal y que fueron declarados en abandono, indicando que el objetivo de la subasta era su conversión en chatarra y posterior retiro fuera de la región. El funcionario precisó además que el remate no contemplaba la posibilidad de que los vehículos volvieran a circular, ya que estaba dirigido exclusivamente a personas o empresas dedicadas a la chatarrería o desarmaduría, cumpliendo con las resoluciones sanitarias y normativas vigentes. Desde la administración comunal reiteraron que este tipo de procesos forman parte de una gestión permanente orientada al ordenamiento del corral municipal y al cumplimiento de la normativa, adelantando que el remate será reprogramado en una nueva fecha, incorporando ajustes técnicos al procedimiento administrativo.
Su satisfacción manifestó este martes el diputado Christian Matheson, luego que se aprobara por unanimidad, el proyecto de ley de su autoría, que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos, para reforzar la respuesta frente a conductas de conducción que pone en peligro la vida de los vecinos, en particular aquellas vinculadas a las denominadas carreras ilegales de vehículos motorizados. Al respecto, el legislador magallánico señaló que el objetivo de proyecto de ley es reformar el tipo penal de 'carreras no autorizadas' contenido en el artículo 197 ter de la Ley de Tránsito, reemplazando los elementos subjetivos relacionados con la competencia o desafío entre vehículos, por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas En ese sentido, la iniciativa fortalece el principio de legalidad y tipicidad penal, al reemplazar descripciones excesivamente restrictivas por un catálogo más claro y operativo de conductas objetivamente peligrosas. La norma redefine el catálogo de conductas sancionadas, reduciéndolo a dos hipótesis. La primera es conducir excediendo la velocidad permitida mediante desplazamientos simultáneos o sucesivos con otros vehículos. Y la segunda, realizar maniobras peligrosas (destrezas, derrapes, deslizamientos u otras) que pongan en riesgo la vida o integridad física de terceros. Se elimina la referencia a carreras o competencias y se centra el tipo en conductas objetivamente riesgosas, incrementando además las multas que pueden llegar a 50 UTM ( $ 3.500.000 aproximadamente). Esto no sólo mejora la certeza jurídica, sino que permite una aplicación más coherente y consistente de la norma por parte de los órganos persecutores y jurisdiccionales, explicó Matheson, junto con avanzar en una lógica preventiva y disuasiva adecuada, reforzando las sanciones y ampliando herramientas como el uso de medios tecnológicos de fiscalización. El parlamentario subrayó que las medidas propuestas en el proyecto se alinean con estándares modernos de seguridad vial y con compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado de Chile en esta materia, pero principalmente con lo que sucede a diario y especialmente los fines de semana en las ciudades de nuestra Región. Cabe destacar que la iniciativa no criminaliza conductas de manera desproporcionada, sino que focaliza la respuesta del sistema en aquellas acciones que, por su gravedad, ponen en riesgo directo la vida y la integridad física de nuestros vecinos. Por otro lado, el fortalecimiento de la fiscalización y la posibilidad de imputar responsabilidad cuando no es posible identificar al conductor permiten superar obstáculos prácticos que hoy debilitan la aplicación de la ley, especialmente en contextos urbanos, concluyó el diputado Matheson. El proyecto continuará ahora su discusión en el Senado, en su segundo trámite constitucional.
El presidente de TACOPA, Marcelino Aguayo Concha, manifestó su preocupación por la conversión ilegal de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) en Punta Arenas, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El dirigente señaló que, si bien actualmente existe mayor oferta para realizar conversiones de vehículos a GNC, existe inquietud por prácticas irregulares que se estarían desarrollando en algunos lugares de la ciudad. “me parece grave que hay un % lo desconozco pero de conversión ilegal al tema del GNC y eso nos preocupa porque si las estaciones de servicio no se pide las certificaciones de inspección o instalación de los estanques, es preocupante”, afirmó. Aguayo también apuntó a la falta de controles en los puntos de carga. “falta fiscalización en los surtidores de GNC”, sostuvo, agregando que existe una desigualdad en la exigencia de requisitos. “a nosotros se nos vence la revisión técnica y no nos cargan gas, pero no es así con los ilegales”, indicó. En esa línea, hizo un llamado a que quienes utilicen este sistema lo hagan respetando la normativa vigente. “quienes carguen GNC que carguen cumpliendo con las normativas respectivas”, expresó. El presidente de TACOPA advirtió además sobre los riesgos que implica operar vehículos sin certificación adecuada, tanto para los usuarios como para las propias estaciones de servicio. “las estaciones de servicio no toman resguardo en esto, se les va a echar a perder el negocio si revienta un auto o si se le prende fuego a una estación de servicio por operar un vehículo que no esta en condiciones o bajo la norma”, concluyó.
La Municipalidad de Punta Arenas informó que el proceso de remate de vehículos declarados en abandono, realizado durante el mes de enero y conforme a las bases administrativas previamente publicadas, finalizó sin la presentación de oferentes, lo que impidió concretar la subasta en las fechas establecidas. El director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza, explicó que el procedimiento contemplaba tres fechas posibles para efectuar el remate, fijadas para los días 9, 16 y 23 de enero. Sin embargo, ninguna de estas jornadas registró interesados en participar. “Al no presentarse oferentes en ninguna de las fechas establecidas, no fue posible realizar el remate, por lo que corresponde iniciar un nuevo procedimiento”, señaló. Sanhueza detalló que el proceso consideraba el remate de un total de 694 vehículos que se mantienen actualmente en el corral municipal y que fueron declarados en abandono, indicando que el objetivo de la subasta era su conversión en chatarra y posterior retiro fuera de la región. El funcionario precisó además que el remate no contemplaba la posibilidad de que los vehículos volvieran a circular, ya que estaba dirigido exclusivamente a personas o empresas dedicadas a la chatarrería o desarmaduría, cumpliendo con las resoluciones sanitarias y normativas vigentes. Desde la administración comunal reiteraron que este tipo de procesos forman parte de una gestión permanente orientada al ordenamiento del corral municipal y al cumplimiento de la normativa, adelantando que el remate será reprogramado en una nueva fecha, incorporando ajustes técnicos al procedimiento administrativo.
Su satisfacción manifestó este martes el diputado Christian Matheson, luego que se aprobara por unanimidad, el proyecto de ley de su autoría, que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos, para reforzar la respuesta frente a conductas de conducción que pone en peligro la vida de los vecinos, en particular aquellas vinculadas a las denominadas carreras ilegales de vehículos motorizados. Al respecto, el legislador magallánico señaló que el objetivo de proyecto de ley es reformar el tipo penal de 'carreras no autorizadas' contenido en el artículo 197 ter de la Ley de Tránsito, reemplazando los elementos subjetivos relacionados con la competencia o desafío entre vehículos, por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas En ese sentido, la iniciativa fortalece el principio de legalidad y tipicidad penal, al reemplazar descripciones excesivamente restrictivas por un catálogo más claro y operativo de conductas objetivamente peligrosas. La norma redefine el catálogo de conductas sancionadas, reduciéndolo a dos hipótesis. La primera es conducir excediendo la velocidad permitida mediante desplazamientos simultáneos o sucesivos con otros vehículos. Y la segunda, realizar maniobras peligrosas (destrezas, derrapes, deslizamientos u otras) que pongan en riesgo la vida o integridad física de terceros. Se elimina la referencia a carreras o competencias y se centra el tipo en conductas objetivamente riesgosas, incrementando además las multas que pueden llegar a 50 UTM ( $ 3.500.000 aproximadamente). Esto no sólo mejora la certeza jurídica, sino que permite una aplicación más coherente y consistente de la norma por parte de los órganos persecutores y jurisdiccionales, explicó Matheson, junto con avanzar en una lógica preventiva y disuasiva adecuada, reforzando las sanciones y ampliando herramientas como el uso de medios tecnológicos de fiscalización. El parlamentario subrayó que las medidas propuestas en el proyecto se alinean con estándares modernos de seguridad vial y con compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado de Chile en esta materia, pero principalmente con lo que sucede a diario y especialmente los fines de semana en las ciudades de nuestra Región. Cabe destacar que la iniciativa no criminaliza conductas de manera desproporcionada, sino que focaliza la respuesta del sistema en aquellas acciones que, por su gravedad, ponen en riesgo directo la vida y la integridad física de nuestros vecinos. Por otro lado, el fortalecimiento de la fiscalización y la posibilidad de imputar responsabilidad cuando no es posible identificar al conductor permiten superar obstáculos prácticos que hoy debilitan la aplicación de la ley, especialmente en contextos urbanos, concluyó el diputado Matheson. El proyecto continuará ahora su discusión en el Senado, en su segundo trámite constitucional.
