La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables. Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O'Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales. La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos acusó la dirigente. Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores. La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias. En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados. Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.
En el programa Buenos Días Región, el consejero regional Arturo Díaz Valderrama abordó la polémica en torno a los viáticos de los integrantes del Consejo Regional (Core), explicando que los montos varían según la comuna de origen de cada autoridad. Señaló que este miércoles sostendrán una comisión de Régimen Interior para planificar el inicio de sesiones y comisiones, y enfatizó que los gastos más altos responden principalmente a traslados desde comunas como Puerto Williams, Última Esperanza o Tierra del Fuego, donde solo en pasajes aéreos y estadía pueden bordear los 400 a 500 mil pesos por sesión. Díaz cuestionó los “rankings” publicados sin contexto, indicando que generan una percepción errónea en la ciudadanía. Explicó que mientras consejeros de Punta Arenas pueden asistir caminando —sin costo de traslado—, quienes viven en zonas extremas deben viajar incluso un día antes y permanecer varias jornadas en la capital regional. “Hay que ser justos”, sostuvo, agregando que los viáticos están regulados y que incluso se han limitado en ciertos casos, señalando que actividades como festivales deben financiarse con recursos personales y no con fondos públicos. En la conversación también abordó el retraso en la transferencia de recursos desde el nivel central hacia los gobiernos regionales, lo que ha impactado la ejecución de proyectos. Atribuyó esta lentitud al aumento de controles tras el denominado “caso convenios”, valorando la mayor fiscalización, pero reconociendo que ha generado demoras en pagos y en la concreción de iniciativas, incluida la asignación del 8 % para organizaciones sociales. Finalmente, el consejero realizó un balance político del actual gobierno, destacando avances en pensiones y otras materias sociales, aunque manifestó preocupación frente al próximo mandato. Planteó la necesidad de mayor diálogo entre parlamentarios de Magallanes para priorizar proyectos regionales por sobre diferencias ideológicas y llamó a ejercer una política con responsabilidad, evitando la confrontación permanente y la desinformación.
La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables. Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O'Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales. La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos acusó la dirigente. Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores. La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias. En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados. Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.
En el programa Buenos Días Región, el consejero regional Arturo Díaz Valderrama abordó la polémica en torno a los viáticos de los integrantes del Consejo Regional (Core), explicando que los montos varían según la comuna de origen de cada autoridad. Señaló que este miércoles sostendrán una comisión de Régimen Interior para planificar el inicio de sesiones y comisiones, y enfatizó que los gastos más altos responden principalmente a traslados desde comunas como Puerto Williams, Última Esperanza o Tierra del Fuego, donde solo en pasajes aéreos y estadía pueden bordear los 400 a 500 mil pesos por sesión. Díaz cuestionó los “rankings” publicados sin contexto, indicando que generan una percepción errónea en la ciudadanía. Explicó que mientras consejeros de Punta Arenas pueden asistir caminando —sin costo de traslado—, quienes viven en zonas extremas deben viajar incluso un día antes y permanecer varias jornadas en la capital regional. “Hay que ser justos”, sostuvo, agregando que los viáticos están regulados y que incluso se han limitado en ciertos casos, señalando que actividades como festivales deben financiarse con recursos personales y no con fondos públicos. En la conversación también abordó el retraso en la transferencia de recursos desde el nivel central hacia los gobiernos regionales, lo que ha impactado la ejecución de proyectos. Atribuyó esta lentitud al aumento de controles tras el denominado “caso convenios”, valorando la mayor fiscalización, pero reconociendo que ha generado demoras en pagos y en la concreción de iniciativas, incluida la asignación del 8 % para organizaciones sociales. Finalmente, el consejero realizó un balance político del actual gobierno, destacando avances en pensiones y otras materias sociales, aunque manifestó preocupación frente al próximo mandato. Planteó la necesidad de mayor diálogo entre parlamentarios de Magallanes para priorizar proyectos regionales por sobre diferencias ideológicas y llamó a ejercer una política con responsabilidad, evitando la confrontación permanente y la desinformación.
