En un hito legislativo para el desarrollo urbano del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial (N°17251-14). Esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que inició su tramitación en noviembre de 2024, permitirá que los planes reguladores se elaboren en plazos razonables de manera de responder oportunamente a los desafíos de sus territorios. La nueva normativa introduce cambios en la gestión urbana, destacando la reducción de los plazos para la elaboración de planes reguladores a un periodo de entre 18 y 24 meses. Esta celeridad permitirá actualizar instrumentos de planificación que hoy se encuentran obsoletos y que actúan como un freno para la inversión y la construcción de viviendas. Asimismo, el proyecto establece reglas claras para todos los actores del sector, fortaleciendo la rendición de cuentas de las autoridades y garantizando una gestión transparente y eficiente. Creo que el sistema de planificación chileno requiere muchas modificaciones. Aquí se han aprobado un conjunto de mecanismos, instrumentos y procedimientos para hacer más expeditos los procesos, para llegar a resultados más rápidos, para tener planes más cercanos a lo que es la realidad y no llegar tan tarde. Y junto con eso se mantienen lo que son las orientaciones fundamentales para tener ciudades más equilibradas, ciudades más justas. Estos son instrumentos para tener más capacidad de influir en los procesos reales, en los procesos de las ciudades y en ese sentido es un paso muy significativo, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras la votación. El nuevo marco legal ofrecerá mayores certezas para el desarrollo urbano, permitiendo además establecer densidades mínimas en zonas estratégicas que cuenten con acceso a transporte y servicios. El objetivo central es evitar el crecimiento segregado en la periferia y asegurar que las familias vivan en entornos conectados y con calidad de vida. Por otra parte, la ley amplía las herramientas de gestión urbana para el desarrollo urbano. Por ejemplo, la ley consolida los mecanismos de asociatividad entre el Serviu y entidades públicas o privadas, uniendo esfuerzos para enfrentar de manera el déficit habitacional del país mediante proyectos de gran escala, la habilitación normativa o los planes de remodelación. La futura ley, además, incorpora programas obligatorios de capacitación para concejales y consejeros regionales. Al fortalecer las capacidades técnicas en los territorios y exigir una actualización constante de los planes, el Estado garantiza que el derecho a vivir mejor se sustente en una planificación urbana moderna y con certezas para todos los ciudadanos.
Un monto de 12 mil 658 UF del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. N°27) del MINVU, será destinado a las obras de mejoramiento y asistencia técnica del condominio Altavista I, ubicado en Avenida Martínez de Aldunate con calle Santa Juana, al sur poniente de Punta Arenas. “Este condominio de 100 departamentos fue uno de los primeros entregados por el Minvu el año 2014 a través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49). Con este financiamiento de 503 millones de pesos estamos apoyando a las familias propietarias que necesitan realizar mejoras en sus viviendas, principalmente en la techumbre de los edificios que enfrentan Avenida Martínez de Aldunate los que se han visto afectados durante temporales de viento, por lo que comprometimos nuestro apoyo el año pasado, lo cual se concretó con esta asignación”, indicó el Seremi Marco Uribe Saldivia. Las mejoras en la cubierta incluirán los aleros, frontones, e instalación de canaletas y bajadas de aguas lluvias. Además, se realizará cambio de ventanas a sistema doble vidriado, reposición de bombas de agua potable y tablero eléctrico. Los daños más críticos se registraron el 2018 y el 2025, con el desprendimiento de la techumbre de uno de los edificios, lo que se originó por un temporal de viento sostenido superior a los 100 kilómetros por hora, un diseño de cubierta que no se adapta de forma eficiente al clima local y a la falta de mantenimiento de la misma. Tras el último evento, un equipo de profesionales del Serviu Regional se reunió con los representantes de la copropiedad para orientar a los vecinos en la obtención de financiamiento a través del programa D.S. N°27. Respecto a la postulación e inicio de las faenas, el director regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo, indicó “Felicitamos la organización de los vecinos y vecinas que siguieron los pasos necesarios para contar con un prestador se servicios de asistencia técnica que elaborara su proyecto, el que fue seleccionado a fines del año pasado. Esperamos que la empresa inicie los trabajos próximamente, en los que cumpliremos el rol de unidad técnica”. Ley de Copropiedad Inmobiliaria Cabe señalar que la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S.N°27) considera un componente de Asistencia Técnica mediante la cual se apoya a la comunidad en la modificación y actualización de su reglamento conforme a la nueva Ley de Copropiedad inmobiliaria N°21.442. Esto es de gran importancia ya que contar con un reglamento actualizado, les permite mejorar la convivencia, prevenir conflictos y facilitar la administración del condominio. Asimismo, el reglamento establece normas claras respecto del uso de los espacios comunes, la aplicación de sanciones y la administración de los fondos comunes destinados a la mantención del inmueble.
Tras una investigación realizada por detectives de la Brigada de Robos Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, fue detenido un sujeto de 35 años, de nacionalidad chilena, por el robo ocurrido el 19 de diciembre en una vivienda, desde donde fueron sustraídos aproximadamente 25 millones de pesos en dinero en efectivo.
Un 60% de los consultados respalda la propuesta del presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de manera gradual en un plazo de cuatro años. Así lo revela la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de enero. De acuerdo con el sondeo, el apoyo es especialmente alto entre quienes se identifican socioeconómicamente con la derecha, segmento en el que el respaldo alcanza un 86%. El estudio de opinión también indagó sobre el alcance que debería tener la medida en caso de implementarse. Un 52% de los consultados considera que la eliminación de las contribuciones debería aplicarse a todo propietario de una primera vivienda, mientras que un 38% estima que el beneficio debiera concentrarse exclusivamente en los mayores de 65 años. Un 10% señaló no saber o no respondió. En paralelo, la encuesta Cadem muestra un clima de moderado optimismo frente al inicio del nuevo mandato. Un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 21% opina que le irá regular y un 20% considera que le irá mal. Estas cifras se mantienen sin cambios significativos respecto de la semana anterior. Una promesa de Kast La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no es una idea nueva en el ideario del hoy presidente electo. Tal como recogió La Tercera hace un mes, se trata de una promesa que ha acompañado a Kast durante varias campañas y que incluso fue incorporada por el Partido Republicano en el proceso constitucional, aunque finalmente fue rechazada junto con esa propuesta. En su programa, el Mandatario electo ha defendido que el impuesto territorial constituye una forma de doble tributación, al gravar bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuestos como el IVA o el impuesto a la renta. Además, su equipo ha enfatizado que, al tratarse de un tributo aplicado al “stock” y no al flujo de ingresos, puede forzar a propietarios con bajos recursos -especialmente adultos mayores- a vender sus viviendas ante la imposibilidad de pagar. Impacto fiscal y preocupación municipal El debate en torno a la iniciativa no se limita al respaldo ciudadano. Uno de los principales puntos de controversia es su efecto sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia en gran parte con los ingresos provenientes de las contribuciones. Según cifras oficiales, este impuesto representa más del 50% de los recursos que alimentan dicho fondo, clave para la redistribución entre municipios. Desde el comando de Kast han sostenido que cualquier menor recaudación será compensada desde el Presupuesto de la Nación, con el fin de no afectar el funcionamiento de las municipalidades. No obstante, expertos han advertido que la medida podría tener efectos regresivos y abrir espacios de elusión y evasión, especialmente si se extiende a viviendas de mayor valor. Fuente: latercera.com
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del equipo de Fiscalización del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, realizó hoy un nuevo operativo de recuperación de una propiedad correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49). Se trata de la cuarta vivienda recuperada en la región durante el periodo 2024–2025 y la segunda en el transcurso de la última semana, como resultado del fortalecimiento de los procesos de control y seguimiento del uso de los subsidios habitacionales. La acción se enmarca en el Plan Regional de Fiscalización impulsado por el Minvu, cuyo objetivo es verificar la ocupación efectiva de las viviendas sociales y resguardar que estas soluciones cumplan su función, llegando a familias que presentan una real necesidad habitacional. “Como Ministerio estamos muy atentos al correcto uso de las viviendas sociales. Hemos fiscalizado más de 1.800 viviendas entregadas durante nuestra administración y el 75% cumple correctamente con el uso del beneficio. El resto se encuentra en análisis por parte del equipo de fiscalización, en una tarea mandatada por el Presidente Gabriel Boric para generar mayor conciencia y responsabilidad en el uso de estos subsidios”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia. Durante el periodo, el SERVIU de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha fiscalizado 1.839 viviendas en 20 conjuntos habitacionales de la región. De ese total, un 25% permanece en seguimiento por eventuales incumplimientos, como desocupación prolongada, arriendos informales o cesión a terceros sin autorización, situaciones que pueden derivar en procedimientos administrativos y, de ser necesario, en la restitución del inmueble. “A través de nuestra Unidad de Fiscalización hemos recuperado una nueva vivienda. En este caso fue necesario coordinar acciones con la Seremi de Seguridad, la Delegación Presidencial y Carabineros para hacer ingreso al inmueble mediante fuerza pública, ya que el ocupante no correspondía al beneficiario y existían denuncias por ocupación irregular y conexiones ilegales”, explicó el Director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo. Desde el SERVIU se informó que el inmueble recuperado será sometido a una evaluación técnica para determinar las reparaciones necesarias, con el objetivo de reasignarlo posteriormente a una familia beneficiaria del programa DS49, dando continuidad al Plan de Emergencia Habitacional y al uso eficiente de los recursos públicos. “Este trabajo refleja el compromiso de las y los funcionarios del SERVIU y ha permitido recuperar dos viviendas en menos de diez días, que podrán ser destinadas a familias con una real urgencia habitacional en la región”, añadió González. Respecto de los bienes encontrados en el inmueble al momento del operativo, la Unidad de Fiscalización del SERVIU informó que estos quedaron debidamente inventariados y bajo custodia. El propietario contará con un plazo de 30 días corridos para coordinar su retiro. Las autoridades reiteraron que la fiscalización permanente es una herramienta clave para prevenir el mal uso de los subsidios habitacionales, fortalecer la transparencia y asegurar que las viviendas sociales cumplan su propósito de mejorar la calidad de vida de las familias.
En un hito legislativo para el desarrollo urbano del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial (N°17251-14). Esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que inició su tramitación en noviembre de 2024, permitirá que los planes reguladores se elaboren en plazos razonables de manera de responder oportunamente a los desafíos de sus territorios. La nueva normativa introduce cambios en la gestión urbana, destacando la reducción de los plazos para la elaboración de planes reguladores a un periodo de entre 18 y 24 meses. Esta celeridad permitirá actualizar instrumentos de planificación que hoy se encuentran obsoletos y que actúan como un freno para la inversión y la construcción de viviendas. Asimismo, el proyecto establece reglas claras para todos los actores del sector, fortaleciendo la rendición de cuentas de las autoridades y garantizando una gestión transparente y eficiente. Creo que el sistema de planificación chileno requiere muchas modificaciones. Aquí se han aprobado un conjunto de mecanismos, instrumentos y procedimientos para hacer más expeditos los procesos, para llegar a resultados más rápidos, para tener planes más cercanos a lo que es la realidad y no llegar tan tarde. Y junto con eso se mantienen lo que son las orientaciones fundamentales para tener ciudades más equilibradas, ciudades más justas. Estos son instrumentos para tener más capacidad de influir en los procesos reales, en los procesos de las ciudades y en ese sentido es un paso muy significativo, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras la votación. El nuevo marco legal ofrecerá mayores certezas para el desarrollo urbano, permitiendo además establecer densidades mínimas en zonas estratégicas que cuenten con acceso a transporte y servicios. El objetivo central es evitar el crecimiento segregado en la periferia y asegurar que las familias vivan en entornos conectados y con calidad de vida. Por otra parte, la ley amplía las herramientas de gestión urbana para el desarrollo urbano. Por ejemplo, la ley consolida los mecanismos de asociatividad entre el Serviu y entidades públicas o privadas, uniendo esfuerzos para enfrentar de manera el déficit habitacional del país mediante proyectos de gran escala, la habilitación normativa o los planes de remodelación. La futura ley, además, incorpora programas obligatorios de capacitación para concejales y consejeros regionales. Al fortalecer las capacidades técnicas en los territorios y exigir una actualización constante de los planes, el Estado garantiza que el derecho a vivir mejor se sustente en una planificación urbana moderna y con certezas para todos los ciudadanos.
Un monto de 12 mil 658 UF del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. N°27) del MINVU, será destinado a las obras de mejoramiento y asistencia técnica del condominio Altavista I, ubicado en Avenida Martínez de Aldunate con calle Santa Juana, al sur poniente de Punta Arenas. “Este condominio de 100 departamentos fue uno de los primeros entregados por el Minvu el año 2014 a través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49). Con este financiamiento de 503 millones de pesos estamos apoyando a las familias propietarias que necesitan realizar mejoras en sus viviendas, principalmente en la techumbre de los edificios que enfrentan Avenida Martínez de Aldunate los que se han visto afectados durante temporales de viento, por lo que comprometimos nuestro apoyo el año pasado, lo cual se concretó con esta asignación”, indicó el Seremi Marco Uribe Saldivia. Las mejoras en la cubierta incluirán los aleros, frontones, e instalación de canaletas y bajadas de aguas lluvias. Además, se realizará cambio de ventanas a sistema doble vidriado, reposición de bombas de agua potable y tablero eléctrico. Los daños más críticos se registraron el 2018 y el 2025, con el desprendimiento de la techumbre de uno de los edificios, lo que se originó por un temporal de viento sostenido superior a los 100 kilómetros por hora, un diseño de cubierta que no se adapta de forma eficiente al clima local y a la falta de mantenimiento de la misma. Tras el último evento, un equipo de profesionales del Serviu Regional se reunió con los representantes de la copropiedad para orientar a los vecinos en la obtención de financiamiento a través del programa D.S. N°27. Respecto a la postulación e inicio de las faenas, el director regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo, indicó “Felicitamos la organización de los vecinos y vecinas que siguieron los pasos necesarios para contar con un prestador se servicios de asistencia técnica que elaborara su proyecto, el que fue seleccionado a fines del año pasado. Esperamos que la empresa inicie los trabajos próximamente, en los que cumpliremos el rol de unidad técnica”. Ley de Copropiedad Inmobiliaria Cabe señalar que la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S.N°27) considera un componente de Asistencia Técnica mediante la cual se apoya a la comunidad en la modificación y actualización de su reglamento conforme a la nueva Ley de Copropiedad inmobiliaria N°21.442. Esto es de gran importancia ya que contar con un reglamento actualizado, les permite mejorar la convivencia, prevenir conflictos y facilitar la administración del condominio. Asimismo, el reglamento establece normas claras respecto del uso de los espacios comunes, la aplicación de sanciones y la administración de los fondos comunes destinados a la mantención del inmueble.
Tras una investigación realizada por detectives de la Brigada de Robos Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, fue detenido un sujeto de 35 años, de nacionalidad chilena, por el robo ocurrido el 19 de diciembre en una vivienda, desde donde fueron sustraídos aproximadamente 25 millones de pesos en dinero en efectivo.
Un 60% de los consultados respalda la propuesta del presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de manera gradual en un plazo de cuatro años. Así lo revela la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de enero. De acuerdo con el sondeo, el apoyo es especialmente alto entre quienes se identifican socioeconómicamente con la derecha, segmento en el que el respaldo alcanza un 86%. El estudio de opinión también indagó sobre el alcance que debería tener la medida en caso de implementarse. Un 52% de los consultados considera que la eliminación de las contribuciones debería aplicarse a todo propietario de una primera vivienda, mientras que un 38% estima que el beneficio debiera concentrarse exclusivamente en los mayores de 65 años. Un 10% señaló no saber o no respondió. En paralelo, la encuesta Cadem muestra un clima de moderado optimismo frente al inicio del nuevo mandato. Un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 21% opina que le irá regular y un 20% considera que le irá mal. Estas cifras se mantienen sin cambios significativos respecto de la semana anterior. Una promesa de Kast La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no es una idea nueva en el ideario del hoy presidente electo. Tal como recogió La Tercera hace un mes, se trata de una promesa que ha acompañado a Kast durante varias campañas y que incluso fue incorporada por el Partido Republicano en el proceso constitucional, aunque finalmente fue rechazada junto con esa propuesta. En su programa, el Mandatario electo ha defendido que el impuesto territorial constituye una forma de doble tributación, al gravar bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuestos como el IVA o el impuesto a la renta. Además, su equipo ha enfatizado que, al tratarse de un tributo aplicado al “stock” y no al flujo de ingresos, puede forzar a propietarios con bajos recursos -especialmente adultos mayores- a vender sus viviendas ante la imposibilidad de pagar. Impacto fiscal y preocupación municipal El debate en torno a la iniciativa no se limita al respaldo ciudadano. Uno de los principales puntos de controversia es su efecto sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia en gran parte con los ingresos provenientes de las contribuciones. Según cifras oficiales, este impuesto representa más del 50% de los recursos que alimentan dicho fondo, clave para la redistribución entre municipios. Desde el comando de Kast han sostenido que cualquier menor recaudación será compensada desde el Presupuesto de la Nación, con el fin de no afectar el funcionamiento de las municipalidades. No obstante, expertos han advertido que la medida podría tener efectos regresivos y abrir espacios de elusión y evasión, especialmente si se extiende a viviendas de mayor valor. Fuente: latercera.com
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del equipo de Fiscalización del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, realizó hoy un nuevo operativo de recuperación de una propiedad correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49). Se trata de la cuarta vivienda recuperada en la región durante el periodo 2024–2025 y la segunda en el transcurso de la última semana, como resultado del fortalecimiento de los procesos de control y seguimiento del uso de los subsidios habitacionales. La acción se enmarca en el Plan Regional de Fiscalización impulsado por el Minvu, cuyo objetivo es verificar la ocupación efectiva de las viviendas sociales y resguardar que estas soluciones cumplan su función, llegando a familias que presentan una real necesidad habitacional. “Como Ministerio estamos muy atentos al correcto uso de las viviendas sociales. Hemos fiscalizado más de 1.800 viviendas entregadas durante nuestra administración y el 75% cumple correctamente con el uso del beneficio. El resto se encuentra en análisis por parte del equipo de fiscalización, en una tarea mandatada por el Presidente Gabriel Boric para generar mayor conciencia y responsabilidad en el uso de estos subsidios”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia. Durante el periodo, el SERVIU de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha fiscalizado 1.839 viviendas en 20 conjuntos habitacionales de la región. De ese total, un 25% permanece en seguimiento por eventuales incumplimientos, como desocupación prolongada, arriendos informales o cesión a terceros sin autorización, situaciones que pueden derivar en procedimientos administrativos y, de ser necesario, en la restitución del inmueble. “A través de nuestra Unidad de Fiscalización hemos recuperado una nueva vivienda. En este caso fue necesario coordinar acciones con la Seremi de Seguridad, la Delegación Presidencial y Carabineros para hacer ingreso al inmueble mediante fuerza pública, ya que el ocupante no correspondía al beneficiario y existían denuncias por ocupación irregular y conexiones ilegales”, explicó el Director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo. Desde el SERVIU se informó que el inmueble recuperado será sometido a una evaluación técnica para determinar las reparaciones necesarias, con el objetivo de reasignarlo posteriormente a una familia beneficiaria del programa DS49, dando continuidad al Plan de Emergencia Habitacional y al uso eficiente de los recursos públicos. “Este trabajo refleja el compromiso de las y los funcionarios del SERVIU y ha permitido recuperar dos viviendas en menos de diez días, que podrán ser destinadas a familias con una real urgencia habitacional en la región”, añadió González. Respecto de los bienes encontrados en el inmueble al momento del operativo, la Unidad de Fiscalización del SERVIU informó que estos quedaron debidamente inventariados y bajo custodia. El propietario contará con un plazo de 30 días corridos para coordinar su retiro. Las autoridades reiteraron que la fiscalización permanente es una herramienta clave para prevenir el mal uso de los subsidios habitacionales, fortalecer la transparencia y asegurar que las viviendas sociales cumplan su propósito de mejorar la calidad de vida de las familias.
