Un procedimiento realizado para recuperar una vivienda fiscal en Punta Arenas terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas un cerrajero y tres trabajadores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego de una denuncia presentada por un ex funcionario que ocupaba el inmueble. Según informó el organismo mediante un comunicado, la vivienda corresponde a una propiedad estatal ubicada en la intersección de las calles Andrés Stambuck y Manantiales, inmueble que era utilizado por Roberto Saldivia Llancapani, ex funcionario del Serviu que fue destituido a fines de 2024 tras un sumario administrativo que acreditó una falta grave a la probidad. Desde el servicio señalaron que, tras concretarse su desvinculación, se solicitó formalmente la restitución de la vivienda fiscal, dado que esta forma parte del patrimonio estatal administrado por el organismo. De acuerdo con los antecedentes entregados, el ex trabajador presentó posteriormente una demanda laboral, la que fue rechazada por la justicia. Más tarde interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acción judicial que actualmente continúa en tramitación. Una vez vencido el plazo establecido para la devolución del inmueble, personal del Serviu concurrió hasta la propiedad con el objetivo de ejecutar su recuperación. Sin embargo, el procedimiento derivó en una denuncia ante Carabineros realizada por el ex funcionario, situación que terminó con la detención de cuatro personas vinculadas al operativo. Los aprehendidos recuperaron posteriormente su libertad, quedando apercibidos y a la espera de una eventual citación por parte de la Fiscalía, organismo que deberá determinar si existen responsabilidades asociadas a los hechos denunciados. Tras lo ocurrido, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, instruyó la elaboración de un informe interno para evaluar la pertinencia de iniciar un sumario administrativo que permita esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento. El caso también volvió a instalar el debate sobre la administración de viviendas fiscales en la región. De acuerdo con antecedentes conocidos, en Punta Arenas existirían más de 50 viviendas fiscales pertenecientes a distintos organismos del Estado, sin considerar inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y las policías.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, a fines del año 2024, mediante un sumario administrativo, fue destituido por falta grave a la probidad el exfuncionario Roberto Saldivia Llancapani, quien tenía destinada una vivienda fiscal. Posteriormente a la destitución, el exfuncionario presentó una demanda laboral en contra del Servicio, la cual fue rechazada. Más tarde, entre fines de 2025 y principios de 2026, el exfuncionario presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que actualmente se encuentra en tramitación. En este contexto, y considerando la situación administrativa antes descrita, se ofició al exfuncionario para efectos de la devolución de la vivienda fiscal que ocupaba, otorgándose un plazo que venció hoy jueves 04 de junio de 2026. Personal del Servicio concurrió al inmueble para recuperar la vivienda fiscal. Esto derivó en una denuncia por parte del exfuncionario a Carabineros de Chile. A raíz de esta situación, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, solicitó un informe con el objeto de analizar el procedimiento efectuado y determinar la pertinencia de instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos ocurridos. Hasta el momento, el único antecedente confirmado por este Servicio es que los funcionarios involucrados comparecieron voluntariamente ante Carabineros para prestar declaración en el marco de la denuncia presentada por el exfuncionario. SERVIU Magallanes reitera que los antecedentes están siendo recopilados y analizados conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
La estabilidad laboral de los funcionarios públicos, el funcionamiento del MINVU y el SERVIU en Magallanes y los desafíos asociados a la fiscalización de viviendas fueron parte de una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, el programa recibió a Lorena Silva Sarabia, presidenta regional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del MINVU-SERVIU. Durante la conversación, la dirigenta explicó las diferencias entre ambas instituciones y precisó que el SERVIU es el organismo encargado de ejecutar obras, programas y políticas habitacionales en el territorio, mientras que la Seremi de Vivienda y Urbanismo desarrolla labores de planificación y coordinación regional. Silva destacó además la trayectoria de la asociación gremial que representa, la cual reúne a funcionarios de ambas entidades. En La voz de la ANEF en Magallanes, Lorena Silva abordó la preocupación de los trabajadores por la estabilidad laboral, especialmente en el caso de quienes se desempeñan a contrata. La dirigenta señaló que uno de los principales objetivos gremiales es avanzar en un proyecto de ley que permita regularizar las plantas funcionarias y generar mejores condiciones para quienes cumplen labores permanentes dentro del Estado. La entrevista también abordó el trabajo de fiscalización de viviendas en la región de Magallanes. Silva valoró la labor desarrollada por la unidad encargada de esta materia y planteó la necesidad de fortalecer los equipos destinados al trabajo en terreno, considerando la relevancia de verificar el uso adecuado de las soluciones habitacionales entregadas mediante programas públicos. Finalmente, la representante gremial se refirió al impacto de los ajustes presupuestarios en la ejecución de nuevos proyectos y destacó la importancia de revisar la distribución interna de los profesionales dentro del servicio. En el espacio de Polar Comunicaciones, recalcó que las asociaciones de funcionarios buscan actuar como contraparte de las autoridades, promoviendo el diálogo y el resguardo de los derechos laborales.
El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la situación habitacional del país durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y anunció una serie de medidas destinadas a reducir los tiempos de espera y ampliar el acceso a la vivienda. Según afirmó, cerca de 500 mil familias no cuentan con una solución habitacional y más de 120 mil viven en campamentos. El mandatario sostuvo que las familias que postulan a los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo esperan, en promedio, once años para acceder a una casa. Agregó que el 44% del déficit habitacional corresponde a personas de entre 18 y 40 años, por lo que planteó la necesidad de incorporar a la clase media en las políticas públicas del sector. Entre los principales anuncios, Kast informó que el gobierno propondrá ampliar el acceso a los programas habitacionales para familias de clase media, elevando el límite de postulación hasta las 4.000 UF y creando un fondo de garantía estatal. También señaló que se buscará reducir la burocracia, que, según indicó, representa cerca de dos tercios de los tiempos de espera asociados a la tramitación de los proyectos. El presidente anunció además la implementación de la denominada Operación Sitio 2.0, iniciativa que contempla el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de terrenos fiscales actualmente sin uso. El objetivo será fortalecer el banco de suelo público y habilitar espacios para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales. A estas medidas se sumará el programa Eriazo Cero, que permitirá a los municipios transformar sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias. La iniciativa busca recuperar espacios urbanos y mejorar la calidad de vida en los barrios. En materia de reconstrucción, Kast informó que se destinarán 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia para avanzar en la construcción de más de 4 mil viviendas destinadas a familias afectadas por los incendios registrados en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Durante el discurso no se anunciaron proyectos habitacionales específicos para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sin embargo, la implementación territorial de las medidas nacionales será relevante para las familias de la zona que esperan acceder a una vivienda, especialmente considerando las particularidades geográficas, climáticas y urbanas del extremo austral del país.
A través de una declaración, el diputado Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano) se refirió a una investigación relacionada con un presunto subsidio habitacional irregular obtenido por quien aseguró, en ese momento, era su expareja. Esto, pese a que la denuncia dice otra cosa. El parlamentario está siendo investigado por la Fiscalía por una eventual omisión de información en la postulación. Al respecto, el republicano dijo que se trata de antecedentes “falsos” que están siendo divulgados. En ese contexto, argumentó que dicho proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio del año 2021, antes de que él asumiera como regional y participara en política. “Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, dijo. A lo anterior, agregó que colaborará con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera. “Espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno”, complementó. Fuente: biobiochile.cl
Un procedimiento realizado para recuperar una vivienda fiscal en Punta Arenas terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas un cerrajero y tres trabajadores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego de una denuncia presentada por un ex funcionario que ocupaba el inmueble. Según informó el organismo mediante un comunicado, la vivienda corresponde a una propiedad estatal ubicada en la intersección de las calles Andrés Stambuck y Manantiales, inmueble que era utilizado por Roberto Saldivia Llancapani, ex funcionario del Serviu que fue destituido a fines de 2024 tras un sumario administrativo que acreditó una falta grave a la probidad. Desde el servicio señalaron que, tras concretarse su desvinculación, se solicitó formalmente la restitución de la vivienda fiscal, dado que esta forma parte del patrimonio estatal administrado por el organismo. De acuerdo con los antecedentes entregados, el ex trabajador presentó posteriormente una demanda laboral, la que fue rechazada por la justicia. Más tarde interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acción judicial que actualmente continúa en tramitación. Una vez vencido el plazo establecido para la devolución del inmueble, personal del Serviu concurrió hasta la propiedad con el objetivo de ejecutar su recuperación. Sin embargo, el procedimiento derivó en una denuncia ante Carabineros realizada por el ex funcionario, situación que terminó con la detención de cuatro personas vinculadas al operativo. Los aprehendidos recuperaron posteriormente su libertad, quedando apercibidos y a la espera de una eventual citación por parte de la Fiscalía, organismo que deberá determinar si existen responsabilidades asociadas a los hechos denunciados. Tras lo ocurrido, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, instruyó la elaboración de un informe interno para evaluar la pertinencia de iniciar un sumario administrativo que permita esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento. El caso también volvió a instalar el debate sobre la administración de viviendas fiscales en la región. De acuerdo con antecedentes conocidos, en Punta Arenas existirían más de 50 viviendas fiscales pertenecientes a distintos organismos del Estado, sin considerar inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y las policías.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, a fines del año 2024, mediante un sumario administrativo, fue destituido por falta grave a la probidad el exfuncionario Roberto Saldivia Llancapani, quien tenía destinada una vivienda fiscal. Posteriormente a la destitución, el exfuncionario presentó una demanda laboral en contra del Servicio, la cual fue rechazada. Más tarde, entre fines de 2025 y principios de 2026, el exfuncionario presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que actualmente se encuentra en tramitación. En este contexto, y considerando la situación administrativa antes descrita, se ofició al exfuncionario para efectos de la devolución de la vivienda fiscal que ocupaba, otorgándose un plazo que venció hoy jueves 04 de junio de 2026. Personal del Servicio concurrió al inmueble para recuperar la vivienda fiscal. Esto derivó en una denuncia por parte del exfuncionario a Carabineros de Chile. A raíz de esta situación, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, solicitó un informe con el objeto de analizar el procedimiento efectuado y determinar la pertinencia de instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos ocurridos. Hasta el momento, el único antecedente confirmado por este Servicio es que los funcionarios involucrados comparecieron voluntariamente ante Carabineros para prestar declaración en el marco de la denuncia presentada por el exfuncionario. SERVIU Magallanes reitera que los antecedentes están siendo recopilados y analizados conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
La estabilidad laboral de los funcionarios públicos, el funcionamiento del MINVU y el SERVIU en Magallanes y los desafíos asociados a la fiscalización de viviendas fueron parte de una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, el programa recibió a Lorena Silva Sarabia, presidenta regional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del MINVU-SERVIU. Durante la conversación, la dirigenta explicó las diferencias entre ambas instituciones y precisó que el SERVIU es el organismo encargado de ejecutar obras, programas y políticas habitacionales en el territorio, mientras que la Seremi de Vivienda y Urbanismo desarrolla labores de planificación y coordinación regional. Silva destacó además la trayectoria de la asociación gremial que representa, la cual reúne a funcionarios de ambas entidades. En La voz de la ANEF en Magallanes, Lorena Silva abordó la preocupación de los trabajadores por la estabilidad laboral, especialmente en el caso de quienes se desempeñan a contrata. La dirigenta señaló que uno de los principales objetivos gremiales es avanzar en un proyecto de ley que permita regularizar las plantas funcionarias y generar mejores condiciones para quienes cumplen labores permanentes dentro del Estado. La entrevista también abordó el trabajo de fiscalización de viviendas en la región de Magallanes. Silva valoró la labor desarrollada por la unidad encargada de esta materia y planteó la necesidad de fortalecer los equipos destinados al trabajo en terreno, considerando la relevancia de verificar el uso adecuado de las soluciones habitacionales entregadas mediante programas públicos. Finalmente, la representante gremial se refirió al impacto de los ajustes presupuestarios en la ejecución de nuevos proyectos y destacó la importancia de revisar la distribución interna de los profesionales dentro del servicio. En el espacio de Polar Comunicaciones, recalcó que las asociaciones de funcionarios buscan actuar como contraparte de las autoridades, promoviendo el diálogo y el resguardo de los derechos laborales.
El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la situación habitacional del país durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y anunció una serie de medidas destinadas a reducir los tiempos de espera y ampliar el acceso a la vivienda. Según afirmó, cerca de 500 mil familias no cuentan con una solución habitacional y más de 120 mil viven en campamentos. El mandatario sostuvo que las familias que postulan a los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo esperan, en promedio, once años para acceder a una casa. Agregó que el 44% del déficit habitacional corresponde a personas de entre 18 y 40 años, por lo que planteó la necesidad de incorporar a la clase media en las políticas públicas del sector. Entre los principales anuncios, Kast informó que el gobierno propondrá ampliar el acceso a los programas habitacionales para familias de clase media, elevando el límite de postulación hasta las 4.000 UF y creando un fondo de garantía estatal. También señaló que se buscará reducir la burocracia, que, según indicó, representa cerca de dos tercios de los tiempos de espera asociados a la tramitación de los proyectos. El presidente anunció además la implementación de la denominada Operación Sitio 2.0, iniciativa que contempla el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de terrenos fiscales actualmente sin uso. El objetivo será fortalecer el banco de suelo público y habilitar espacios para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales. A estas medidas se sumará el programa Eriazo Cero, que permitirá a los municipios transformar sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias. La iniciativa busca recuperar espacios urbanos y mejorar la calidad de vida en los barrios. En materia de reconstrucción, Kast informó que se destinarán 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia para avanzar en la construcción de más de 4 mil viviendas destinadas a familias afectadas por los incendios registrados en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Durante el discurso no se anunciaron proyectos habitacionales específicos para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sin embargo, la implementación territorial de las medidas nacionales será relevante para las familias de la zona que esperan acceder a una vivienda, especialmente considerando las particularidades geográficas, climáticas y urbanas del extremo austral del país.
A través de una declaración, el diputado Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano) se refirió a una investigación relacionada con un presunto subsidio habitacional irregular obtenido por quien aseguró, en ese momento, era su expareja. Esto, pese a que la denuncia dice otra cosa. El parlamentario está siendo investigado por la Fiscalía por una eventual omisión de información en la postulación. Al respecto, el republicano dijo que se trata de antecedentes “falsos” que están siendo divulgados. En ese contexto, argumentó que dicho proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio del año 2021, antes de que él asumiera como regional y participara en política. “Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, dijo. A lo anterior, agregó que colaborará con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera. “Espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno”, complementó. Fuente: biobiochile.cl
