Una nueva vivienda social fue recuperada este jueves por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el marco del Plan Integral de Fiscalización que desarrolla la institución en la región de Magallanes para verificar el correcto uso de los beneficios habitacionales y resguardar que estos lleguen a las familias que realmente los necesitan. El procedimiento se realizó en el conjunto habitacional Monte Tarn de Punta Arenas, donde la persona que mantenía la ocupación irregular hizo entrega voluntaria de las llaves del inmueble, permitiendo su recuperación sin necesidad de ejecutar un desalojo con fuerza pública. Posteriormente, con el apoyo de Carabineros de Chile, se efectuó el cambio de chapas y la restitución material del inmueble. El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que esta intervención forma parte del trabajo permanente que desarrolla el Ministerio para resguardar el adecuado uso de las viviendas sociales, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el adecuado uso de los recursos públicos y en la transparencia de los programas habitacionales. Este trabajo forma parte del Plan Integral de Fiscalización que impulsa el Minvu a través de Serviu Magallanes, cuyo objetivo es verificar el correcto uso de las viviendas sociales y asegurar que sean ocupadas por familias que tengan una real necesidad habitacional. Con esta intervención ya sumamos cinco inmuebles recuperados, además de 2.470 fiscalizaciones realizadas, 552 casos en seguimiento y 22 procedimientos iniciados. Nuestro propósito es resguardar estos beneficios para que lleguen a quienes realmente los necesitan, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría. El titular del Minvu en la región agregó que este procedimiento concluyó exitosamente gracias a la coordinación entre las instituciones participantes. “La recuperación de viviendas sociales permite fortalecer la política habitacional en la región, incorporando nuevamente estos inmuebles al sistema público para que puedan beneficiar a familias que cumplen los requisitos establecidos. Hoy salió todo bien y tenemos una vivienda recuperada, que eso es lo importante, comentó. Fiscalización permanente El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el Plan Integral de Fiscalización considera un trabajo permanente para detectar distintos tipos de irregularidades asociadas al uso de viviendas sociales. Nuestro equipo detecta casos donde existe ocupación irregular, viviendas arrendadas o cedidas y también situaciones en que las declaraciones presentadas al momento de postular contienen inconsistencias que pueden derivar en un procedimiento administrativo y eventualmente en la caducidad del subsidio. En este caso notificamos a las personas que ocupaban el inmueble y, afortunadamente, hicieron entrega voluntaria de la vivienda, indicó. Asimismo, el director (s) del Serviu destacó que el proceso de recuperación se desarrolla en toda la región, respetando todas las garantías administrativas y en coordinación con otras instituciones del Estado. Una vez determinado que corresponde la restitución del inmueble, trabajamos en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y Carabineros de Chile para concretar la recuperación conforme al procedimiento establecido”, dijo Omar González, agregando que “cada vivienda social recuperada representa una oportunidad para una familia que espera acceder a una solución habitacional. Nuestro compromiso es resguardar el correcto uso de estos beneficios . Durante el operativo, Carabineros de Chile brindó apoyo para resguardar el procedimiento. El subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Punta Arenas, capitán Michael Daza Romero, explicó que la recuperación se desarrolló de manera completamente pacífica. Al mantenerse la llave del domicilio no fue necesario el uso de la fuerza. Solo se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes para ingresar al inmueble sin causar daños ni perturbar a los vecinos. Fue una recuperación pacífica y sin generar molestias a los vecinos, señaló el oficial. Desde la implementación del Plan Integral de Fiscalización, Serviu Magallanes ha fiscalizado 2.470 viviendas sociales, mantiene 552 casos en seguimiento e inició 22 procedimientos administrativos, alcanzando con esta intervención un total de cinco viviendas recuperadas, tres de ellas mediante la modalidad de entrega voluntaria de llaves. Estas acciones buscan proteger el patrimonio público y asegurar que las viviendas sociales cumplan el propósito para el cual fueron construidas: beneficiar a las familias que más lo necesitan.
Como parte de su labor permanente de fiscalización para resguardar el correcto uso de los beneficios del Estado, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes llevó adelante un procedimiento administrativo que concluyó con la caducidad de un subsidio habitacional correspondiente al proyecto Altos del Cabo de Hornos, en Puerto Williams. El proceso se inició tras una denuncia recibida por el Servicio, la que dio origen a una revisión de los antecedentes presentados por una de las beneficiarias del proyecto. Luego del análisis realizado, se detectaron inconsistencias en la información entregada al momento de la postulación, lo que motivó el inicio del procedimiento administrativo contemplado en la normativa vigente. Posteriormente, la beneficiaria recurrió ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que confirmó lo resuelto por el Serviu. Actualmente, el Servicio se encuentra a la espera de que la sentencia quede firme y ejecutoriada para proceder a la reasignación de la vivienda. Como parte de nuestra labor de fiscalización, se recibió una denuncia en el proyecto Altos del Cabo de Hornos de Puerto Williams, respecto de una beneficiaria que no estaría residiendo en la comuna. A raíz de ello, se inició un procedimiento administrativo que terminó con la caducidad del subsidio, debido a las inconsistencias verificadas al momento de la postulación, señaló el director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo. Fiscalización permanente La recuperación de esta vivienda forma parte del trabajo permanente que desarrolla Serviu Magallanes para asegurar el correcto uso de los beneficios habitacionales financiados con recursos públicos y garantizar que estos lleguen a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Durante el último año, el Servicio de Vivienda y Urbanización fiscalizó 2.470 viviendas sociales correspondientes a 28 conjuntos habitacionales ubicados en Punta Arenas, Puerto Natales, Cabo de Hornos y Torres del Paine. Como resultado de este trabajo, en el periodo se detectaron 552 casos que pasaron a seguimiento y se iniciaron 22 procedimientos administrativos tras detectarse eventuales incumplimientos a la normativa. Gracias a estas acciones fue posible recuperar tres viviendas, permitiendo su reasignación a familias que realmente necesitan una solución habitacional. En ese contexto, el director (s) Omar González destacó que la fiscalización continúa desarrollándose en toda la región y en cada conjunto habitacional entregado, resguardando así que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan. Actualmente tenemos 48 casos activos en seguimiento y diez procedimientos administrativos en curso, en distintas etapas de tramitación. Estos procedimientos eventualmente podrían terminar con la caducidad del subsidio, permitiendo que esas viviendas sean reasignadas a familias de nuestra región que realmente las requieran, concluyó.
Un procedimiento realizado para recuperar una vivienda fiscal en Punta Arenas terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas un cerrajero y tres trabajadores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego de una denuncia presentada por un ex funcionario que ocupaba el inmueble. Según informó el organismo mediante un comunicado, la vivienda corresponde a una propiedad estatal ubicada en la intersección de las calles Andrés Stambuck y Manantiales, inmueble que era utilizado por Roberto Saldivia Llancapani, ex funcionario del Serviu que fue destituido a fines de 2024 tras un sumario administrativo que acreditó una falta grave a la probidad. Desde el servicio señalaron que, tras concretarse su desvinculación, se solicitó formalmente la restitución de la vivienda fiscal, dado que esta forma parte del patrimonio estatal administrado por el organismo. De acuerdo con los antecedentes entregados, el ex trabajador presentó posteriormente una demanda laboral, la que fue rechazada por la justicia. Más tarde interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acción judicial que actualmente continúa en tramitación. Una vez vencido el plazo establecido para la devolución del inmueble, personal del Serviu concurrió hasta la propiedad con el objetivo de ejecutar su recuperación. Sin embargo, el procedimiento derivó en una denuncia ante Carabineros realizada por el ex funcionario, situación que terminó con la detención de cuatro personas vinculadas al operativo. Los aprehendidos recuperaron posteriormente su libertad, quedando apercibidos y a la espera de una eventual citación por parte de la Fiscalía, organismo que deberá determinar si existen responsabilidades asociadas a los hechos denunciados. Tras lo ocurrido, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, instruyó la elaboración de un informe interno para evaluar la pertinencia de iniciar un sumario administrativo que permita esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento. El caso también volvió a instalar el debate sobre la administración de viviendas fiscales en la región. De acuerdo con antecedentes conocidos, en Punta Arenas existirían más de 50 viviendas fiscales pertenecientes a distintos organismos del Estado, sin considerar inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y las policías.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, a fines del año 2024, mediante un sumario administrativo, fue destituido por falta grave a la probidad el exfuncionario Roberto Saldivia Llancapani, quien tenía destinada una vivienda fiscal. Posteriormente a la destitución, el exfuncionario presentó una demanda laboral en contra del Servicio, la cual fue rechazada. Más tarde, entre fines de 2025 y principios de 2026, el exfuncionario presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que actualmente se encuentra en tramitación. En este contexto, y considerando la situación administrativa antes descrita, se ofició al exfuncionario para efectos de la devolución de la vivienda fiscal que ocupaba, otorgándose un plazo que venció hoy jueves 04 de junio de 2026. Personal del Servicio concurrió al inmueble para recuperar la vivienda fiscal. Esto derivó en una denuncia por parte del exfuncionario a Carabineros de Chile. A raíz de esta situación, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, solicitó un informe con el objeto de analizar el procedimiento efectuado y determinar la pertinencia de instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos ocurridos. Hasta el momento, el único antecedente confirmado por este Servicio es que los funcionarios involucrados comparecieron voluntariamente ante Carabineros para prestar declaración en el marco de la denuncia presentada por el exfuncionario. SERVIU Magallanes reitera que los antecedentes están siendo recopilados y analizados conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
La estabilidad laboral de los funcionarios públicos, el funcionamiento del MINVU y el SERVIU en Magallanes y los desafíos asociados a la fiscalización de viviendas fueron parte de una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, el programa recibió a Lorena Silva Sarabia, presidenta regional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del MINVU-SERVIU. Durante la conversación, la dirigenta explicó las diferencias entre ambas instituciones y precisó que el SERVIU es el organismo encargado de ejecutar obras, programas y políticas habitacionales en el territorio, mientras que la Seremi de Vivienda y Urbanismo desarrolla labores de planificación y coordinación regional. Silva destacó además la trayectoria de la asociación gremial que representa, la cual reúne a funcionarios de ambas entidades. En La voz de la ANEF en Magallanes, Lorena Silva abordó la preocupación de los trabajadores por la estabilidad laboral, especialmente en el caso de quienes se desempeñan a contrata. La dirigenta señaló que uno de los principales objetivos gremiales es avanzar en un proyecto de ley que permita regularizar las plantas funcionarias y generar mejores condiciones para quienes cumplen labores permanentes dentro del Estado. La entrevista también abordó el trabajo de fiscalización de viviendas en la región de Magallanes. Silva valoró la labor desarrollada por la unidad encargada de esta materia y planteó la necesidad de fortalecer los equipos destinados al trabajo en terreno, considerando la relevancia de verificar el uso adecuado de las soluciones habitacionales entregadas mediante programas públicos. Finalmente, la representante gremial se refirió al impacto de los ajustes presupuestarios en la ejecución de nuevos proyectos y destacó la importancia de revisar la distribución interna de los profesionales dentro del servicio. En el espacio de Polar Comunicaciones, recalcó que las asociaciones de funcionarios buscan actuar como contraparte de las autoridades, promoviendo el diálogo y el resguardo de los derechos laborales.
Una nueva vivienda social fue recuperada este jueves por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el marco del Plan Integral de Fiscalización que desarrolla la institución en la región de Magallanes para verificar el correcto uso de los beneficios habitacionales y resguardar que estos lleguen a las familias que realmente los necesitan. El procedimiento se realizó en el conjunto habitacional Monte Tarn de Punta Arenas, donde la persona que mantenía la ocupación irregular hizo entrega voluntaria de las llaves del inmueble, permitiendo su recuperación sin necesidad de ejecutar un desalojo con fuerza pública. Posteriormente, con el apoyo de Carabineros de Chile, se efectuó el cambio de chapas y la restitución material del inmueble. El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que esta intervención forma parte del trabajo permanente que desarrolla el Ministerio para resguardar el adecuado uso de las viviendas sociales, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el adecuado uso de los recursos públicos y en la transparencia de los programas habitacionales. Este trabajo forma parte del Plan Integral de Fiscalización que impulsa el Minvu a través de Serviu Magallanes, cuyo objetivo es verificar el correcto uso de las viviendas sociales y asegurar que sean ocupadas por familias que tengan una real necesidad habitacional. Con esta intervención ya sumamos cinco inmuebles recuperados, además de 2.470 fiscalizaciones realizadas, 552 casos en seguimiento y 22 procedimientos iniciados. Nuestro propósito es resguardar estos beneficios para que lleguen a quienes realmente los necesitan, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría. El titular del Minvu en la región agregó que este procedimiento concluyó exitosamente gracias a la coordinación entre las instituciones participantes. “La recuperación de viviendas sociales permite fortalecer la política habitacional en la región, incorporando nuevamente estos inmuebles al sistema público para que puedan beneficiar a familias que cumplen los requisitos establecidos. Hoy salió todo bien y tenemos una vivienda recuperada, que eso es lo importante, comentó. Fiscalización permanente El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el Plan Integral de Fiscalización considera un trabajo permanente para detectar distintos tipos de irregularidades asociadas al uso de viviendas sociales. Nuestro equipo detecta casos donde existe ocupación irregular, viviendas arrendadas o cedidas y también situaciones en que las declaraciones presentadas al momento de postular contienen inconsistencias que pueden derivar en un procedimiento administrativo y eventualmente en la caducidad del subsidio. En este caso notificamos a las personas que ocupaban el inmueble y, afortunadamente, hicieron entrega voluntaria de la vivienda, indicó. Asimismo, el director (s) del Serviu destacó que el proceso de recuperación se desarrolla en toda la región, respetando todas las garantías administrativas y en coordinación con otras instituciones del Estado. Una vez determinado que corresponde la restitución del inmueble, trabajamos en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y Carabineros de Chile para concretar la recuperación conforme al procedimiento establecido”, dijo Omar González, agregando que “cada vivienda social recuperada representa una oportunidad para una familia que espera acceder a una solución habitacional. Nuestro compromiso es resguardar el correcto uso de estos beneficios . Durante el operativo, Carabineros de Chile brindó apoyo para resguardar el procedimiento. El subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Punta Arenas, capitán Michael Daza Romero, explicó que la recuperación se desarrolló de manera completamente pacífica. Al mantenerse la llave del domicilio no fue necesario el uso de la fuerza. Solo se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes para ingresar al inmueble sin causar daños ni perturbar a los vecinos. Fue una recuperación pacífica y sin generar molestias a los vecinos, señaló el oficial. Desde la implementación del Plan Integral de Fiscalización, Serviu Magallanes ha fiscalizado 2.470 viviendas sociales, mantiene 552 casos en seguimiento e inició 22 procedimientos administrativos, alcanzando con esta intervención un total de cinco viviendas recuperadas, tres de ellas mediante la modalidad de entrega voluntaria de llaves. Estas acciones buscan proteger el patrimonio público y asegurar que las viviendas sociales cumplan el propósito para el cual fueron construidas: beneficiar a las familias que más lo necesitan.
Como parte de su labor permanente de fiscalización para resguardar el correcto uso de los beneficios del Estado, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes llevó adelante un procedimiento administrativo que concluyó con la caducidad de un subsidio habitacional correspondiente al proyecto Altos del Cabo de Hornos, en Puerto Williams. El proceso se inició tras una denuncia recibida por el Servicio, la que dio origen a una revisión de los antecedentes presentados por una de las beneficiarias del proyecto. Luego del análisis realizado, se detectaron inconsistencias en la información entregada al momento de la postulación, lo que motivó el inicio del procedimiento administrativo contemplado en la normativa vigente. Posteriormente, la beneficiaria recurrió ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que confirmó lo resuelto por el Serviu. Actualmente, el Servicio se encuentra a la espera de que la sentencia quede firme y ejecutoriada para proceder a la reasignación de la vivienda. Como parte de nuestra labor de fiscalización, se recibió una denuncia en el proyecto Altos del Cabo de Hornos de Puerto Williams, respecto de una beneficiaria que no estaría residiendo en la comuna. A raíz de ello, se inició un procedimiento administrativo que terminó con la caducidad del subsidio, debido a las inconsistencias verificadas al momento de la postulación, señaló el director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo. Fiscalización permanente La recuperación de esta vivienda forma parte del trabajo permanente que desarrolla Serviu Magallanes para asegurar el correcto uso de los beneficios habitacionales financiados con recursos públicos y garantizar que estos lleguen a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Durante el último año, el Servicio de Vivienda y Urbanización fiscalizó 2.470 viviendas sociales correspondientes a 28 conjuntos habitacionales ubicados en Punta Arenas, Puerto Natales, Cabo de Hornos y Torres del Paine. Como resultado de este trabajo, en el periodo se detectaron 552 casos que pasaron a seguimiento y se iniciaron 22 procedimientos administrativos tras detectarse eventuales incumplimientos a la normativa. Gracias a estas acciones fue posible recuperar tres viviendas, permitiendo su reasignación a familias que realmente necesitan una solución habitacional. En ese contexto, el director (s) Omar González destacó que la fiscalización continúa desarrollándose en toda la región y en cada conjunto habitacional entregado, resguardando así que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan. Actualmente tenemos 48 casos activos en seguimiento y diez procedimientos administrativos en curso, en distintas etapas de tramitación. Estos procedimientos eventualmente podrían terminar con la caducidad del subsidio, permitiendo que esas viviendas sean reasignadas a familias de nuestra región que realmente las requieran, concluyó.
Un procedimiento realizado para recuperar una vivienda fiscal en Punta Arenas terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas un cerrajero y tres trabajadores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego de una denuncia presentada por un ex funcionario que ocupaba el inmueble. Según informó el organismo mediante un comunicado, la vivienda corresponde a una propiedad estatal ubicada en la intersección de las calles Andrés Stambuck y Manantiales, inmueble que era utilizado por Roberto Saldivia Llancapani, ex funcionario del Serviu que fue destituido a fines de 2024 tras un sumario administrativo que acreditó una falta grave a la probidad. Desde el servicio señalaron que, tras concretarse su desvinculación, se solicitó formalmente la restitución de la vivienda fiscal, dado que esta forma parte del patrimonio estatal administrado por el organismo. De acuerdo con los antecedentes entregados, el ex trabajador presentó posteriormente una demanda laboral, la que fue rechazada por la justicia. Más tarde interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acción judicial que actualmente continúa en tramitación. Una vez vencido el plazo establecido para la devolución del inmueble, personal del Serviu concurrió hasta la propiedad con el objetivo de ejecutar su recuperación. Sin embargo, el procedimiento derivó en una denuncia ante Carabineros realizada por el ex funcionario, situación que terminó con la detención de cuatro personas vinculadas al operativo. Los aprehendidos recuperaron posteriormente su libertad, quedando apercibidos y a la espera de una eventual citación por parte de la Fiscalía, organismo que deberá determinar si existen responsabilidades asociadas a los hechos denunciados. Tras lo ocurrido, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, instruyó la elaboración de un informe interno para evaluar la pertinencia de iniciar un sumario administrativo que permita esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento. El caso también volvió a instalar el debate sobre la administración de viviendas fiscales en la región. De acuerdo con antecedentes conocidos, en Punta Arenas existirían más de 50 viviendas fiscales pertenecientes a distintos organismos del Estado, sin considerar inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y las policías.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, a fines del año 2024, mediante un sumario administrativo, fue destituido por falta grave a la probidad el exfuncionario Roberto Saldivia Llancapani, quien tenía destinada una vivienda fiscal. Posteriormente a la destitución, el exfuncionario presentó una demanda laboral en contra del Servicio, la cual fue rechazada. Más tarde, entre fines de 2025 y principios de 2026, el exfuncionario presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que actualmente se encuentra en tramitación. En este contexto, y considerando la situación administrativa antes descrita, se ofició al exfuncionario para efectos de la devolución de la vivienda fiscal que ocupaba, otorgándose un plazo que venció hoy jueves 04 de junio de 2026. Personal del Servicio concurrió al inmueble para recuperar la vivienda fiscal. Esto derivó en una denuncia por parte del exfuncionario a Carabineros de Chile. A raíz de esta situación, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, solicitó un informe con el objeto de analizar el procedimiento efectuado y determinar la pertinencia de instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos ocurridos. Hasta el momento, el único antecedente confirmado por este Servicio es que los funcionarios involucrados comparecieron voluntariamente ante Carabineros para prestar declaración en el marco de la denuncia presentada por el exfuncionario. SERVIU Magallanes reitera que los antecedentes están siendo recopilados y analizados conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
La estabilidad laboral de los funcionarios públicos, el funcionamiento del MINVU y el SERVIU en Magallanes y los desafíos asociados a la fiscalización de viviendas fueron parte de una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, el programa recibió a Lorena Silva Sarabia, presidenta regional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del MINVU-SERVIU. Durante la conversación, la dirigenta explicó las diferencias entre ambas instituciones y precisó que el SERVIU es el organismo encargado de ejecutar obras, programas y políticas habitacionales en el territorio, mientras que la Seremi de Vivienda y Urbanismo desarrolla labores de planificación y coordinación regional. Silva destacó además la trayectoria de la asociación gremial que representa, la cual reúne a funcionarios de ambas entidades. En La voz de la ANEF en Magallanes, Lorena Silva abordó la preocupación de los trabajadores por la estabilidad laboral, especialmente en el caso de quienes se desempeñan a contrata. La dirigenta señaló que uno de los principales objetivos gremiales es avanzar en un proyecto de ley que permita regularizar las plantas funcionarias y generar mejores condiciones para quienes cumplen labores permanentes dentro del Estado. La entrevista también abordó el trabajo de fiscalización de viviendas en la región de Magallanes. Silva valoró la labor desarrollada por la unidad encargada de esta materia y planteó la necesidad de fortalecer los equipos destinados al trabajo en terreno, considerando la relevancia de verificar el uso adecuado de las soluciones habitacionales entregadas mediante programas públicos. Finalmente, la representante gremial se refirió al impacto de los ajustes presupuestarios en la ejecución de nuevos proyectos y destacó la importancia de revisar la distribución interna de los profesionales dentro del servicio. En el espacio de Polar Comunicaciones, recalcó que las asociaciones de funcionarios buscan actuar como contraparte de las autoridades, promoviendo el diálogo y el resguardo de los derechos laborales.
