El Pleno del Consejo Constitucional se encuentra votando cada una de las observaciones que la Comisión Experta, designada por el Congreso, hizo a su propuesta de nueva Carta Magna.

Los 50 consejeros, que fueron elegidos en las urnas en mayo e iniciaron su trabajo en junio, comenzaron a deliberar desde pasadas las 10:30 horas si aprobaban o rechazaban las 210 recomendaciones formuladas por los 24 comisionados al borrador que en unas semanas presentarán oficialmente y que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Todas las sugerencias que no lleguen a consensos -se necesitan 30 votos para aprobarlas o 33 para rechazarlas– pasarán a una Comisión Mixta integrada por seis consejeros y seis expertos, que tendrá la última palabra y fijará los contenidos definitivos del texto constitucional.

Hasta la publicación de esta nota, 27 observaciones no han sido visadas ni desechadas por el Consejo y, por lo tanto, deberán ir a la instancia híbrida para ser discutidas por última vez.

Tal es el caso de enmiendas que suprimen algunos «caballitos de batalla» del Partido Republicano, como la «objeción de conciencia institucional», la expulsión «en el menor tiempo posible» de migrantes que hayan ingresado al país por pasos no habilitados y la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda.

Otra indicación que será zanjada en la Mixta es la que regresa a su versión original el verbo rector de la norma que incentiva la participación equitativa de mujeres en mandatos electorales y cargos de elección popular, pasando de «la ley promoverá» a «la ley asegurará».

El consejero Antonio Barchiesi (Partido Republicano) sostuvo que «hay temas que son tremendamente sensibles para la ciudadanía. Yo entiendo que desde distintos sectores puede haber una cierta preocupación por la redacción de estas normas y quizás un intento por buscar una redacción un poco distinta. En ese sentido, yo no tengo dudas de que la Comisión Mixta va a lograr, tanto en contribuciones como en expulsión de inmigrantes ilegales, una redacción de estas normas que pueda ser aprobada y que estas normas puedan quedar incorporadas en la propuesta constitucional».

«Aquí lo importante no es la redacción exacta; lo importante es lo sustantivo de la norma, la idea, el concepto, y, en ese sentido, por supuesto que podemos encontrar una redacción mejor lograda que logre el mismo objetivo», añadió.

Por su parte, el consejero Christian Suárez (Partido Socialista) dijo que le parece «bien que pasen estos temas a Comisión Mixta y que podamos llegar a una solución razonable, pero me hubiese parecido mucho mejor que hubiésemos llegado a un acuerdo de Constitución razonable sobre aquellos puntos en que estamos en desacuerdo, pues los chileros se merecen una Constitución razonable que nos represente a todos y creo que eso lamentablemente no lo estamos logrando hasta el momento».

«En algunas materias como éstas, lo que tenemos que hacer es control de daños para que no se adopten decisiones que no son sensatas -voy a tratar de decirlo de manera suave-. que no son técnicamente adecuadas y que parecen más bien una opción populista del Partido Republicano para obtener votos», comentó.

ESTADO SOCIAL VUELVE AL ARTÍCULO 1

Durante esta jornada, el Pleno del Consejo aprobó la enmienda de los expertos que devolvió al artículo uno del borrador constitucional que «el Estado de Chile es social y democrático de derecho«, el que había sido desplazado al segundo lugar por los consejeros durante la etapa previa. 

Asimismo, se visó la defensa penal gratuita a imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o falta y que carezcan de defensa letrada, además de que el Estado cuente con una Defensoría de Víctimas.

También se aprobó incorporar la autonomía de los gobiernos regionales y comunales para la gestión de sus competencias, la promoción de la ley a la descentralización y el desarrollo equitativo entre regiones, provincias y comunas, con especial atención a territorios especiales.

Igualmente, se visó la observación que sustituye el artículo 10 por «es deber del Estado resguardar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional, y es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política».