22 de diciembre de 2023
CONVENIO CAJ-SENADIS: ACCESO A LA JUSTICIA CON INCLUSIÓN
Visibilizar la vulneración de un derecho humano como el de la discriminación sufrida por algún usuario o usuaria con discapacidad, es la esencia del trabajo que desarrolla la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), tanto en Magallanes como en el resto […]
Visibilizar la vulneración de un derecho humano como el de la discriminación sufrida por algún usuario o usuaria con discapacidad, es la esencia del trabajo que desarrolla la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), tanto en Magallanes como en el resto del país, a través de su programa de acceso a la justicia a personas con discapacidad, conocido como convenio CAJ-Senadis.
Esta herramienta, vigente hace más de 10 años, permite a la Corporación –como servicio dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH.- contar también en Magallanes con una abogada con dedicación exclusiva en la atención de este segmento de público. Carla Aedo Arancibia es la profesional ejecutora del convenio CAJ-Senadis, desde agosto 2023, encargada de otorgar asesoría jurídica y representación judicial de manera gratuita a toda persona cuyos derechos hubieren sido vulnerados debido a su discapacidad.
Al respecto, destaca que la CAJ brinda acceso a la justicia a toda persona, y en esta temática “es fundamental ponerse en el lugar del otro, no verlo como algo ajeno”. Al hablar de DD.HH., en tratados internacionales y a nivel constitucional aparece consagrado el derecho de toda persona a tener una defensa letrada (Artículo 19, N°3). En el ámbito específico de su quehacer, subraya el aporte de la Ley N°20.422 (que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad) junto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas: “Estas leyes finalmente dan el marco regulatorio que hace que se crean otras leyes a partir de esta convención, como la Ley TEA, que entró en vigencia en marzo este año; la Ley Zamudio también establece la no discriminación”.
Dentro de las situaciones de discapacidad que atiende la CAJ, figuran denuncias referidas al ámbito de la educación como la no realización de ajustes razonables a niños de educación básica con trastorno espectro autista. La amplitud de las materias susceptibles de vulneraciones es tan dinámica como lo es hoy el concepto de discapacidad, el cual puede alcanzar también a personas diagnosticadas con esclerosis múltiple o fibromialgia, dolencias que no eran visibles bajo el tradicional lente de la discapacidad.
En esta tarea de “equiparar la cancha” a quienes se ven excluidos por su condición, la abogada señala que la condición previa para determinar si una persona tiene discapacidad en Chile, que es ciega o sorda -y que ahora es más amplio-, es que “debe pasar por la calificación y certificación de una comisión médica”, en este caso la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez). Luego de eso se remiten los antecedentes al Registro Civil, y de ahí se obtiene una credencial de discapacidad”.
Agrega que es sumamente importante disponer de dicho carné, “porque con eso uno puede acceder a los beneficios del Estado y también ser parte de la oferta programática que tiene Senadis o del Fosis (para personas con discapacidad). El Servicio Nacional de la Discapacidad trabaja también en convenio con el Serviu, en temas como subsidio de arriendo y mejoras de las viviendas».
Por parte, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, destaca los alcances de este servicio especializado a los usuarios y usuarias del Senadis, y cuyo quehacer busca operar los ajustes razonables en materia de no discriminación y de poder contribuir a un cambio cultural, haciendo uso de las distintas acciones que la ley otorga.
Frente al nuevo estado de excepción El 61% prefiere que el mecanismo pueda ser solicitado por el Presidente de la República, pero requiera autorización del Congreso, frente a 31% que apoya que se decrete solo por el Mandatario.
Frente al nuevo estado de excepción El 61% prefiere que el mecanismo pueda ser solicitado por el Presidente de la República, pero requiera autorización del Congreso, frente a 31% que apoya que se decrete solo por el Mandatario.
