5 de diciembre de 2023
A través de un seminario dirigido a oficiales, suboficiales, gendarmes, así como a profesionales y técnicos, Gendarmería buscó internalizar y afianzar las medidas que deben adoptar sus funcionarios ante eventuales vulneraciones de derechos que puedan afectar a las y los privados de libertad.
En su rol de agentes del Estado, y por lo tanto garantes de los Derechos Humanos, funcionarios de Gendarmería de distintas unidades penales y especiales de la región formaron parte de un seminario sobre el tema en el marco del plan anual de la institución sobre este principio fundamental.
Por eso, funcionarios que tienen capacidad de toma de decisiones importantes en las distintas unidades penales, así como una relación laboral directa con personas privadas de libertad, abordaron a través de este seminario la normativa sobre el tratamiento a personas trans que se encuentren bajo custodia institucional, así como otras instrucciones de Gendarmería de Chile sobre acciones de protección que deben llevar a cabo los funcionarios frente a una eventual vulneración de derechos de internas o internos.
Así lo explicó Elizabeth Briones, encargada de gestión del departamento de promoción y protección de los Derechos Humanos de la dirección nacional de Gendarmería, profesional que encabezó esta instancia.
«También participaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos en materia de tortura, así como la Defensoría Penal Pública de Magallanes, quienes por su parte abordaron las muertes de personas privadas de libertad mientras se encuentran bajo custodia del Estado», explicó la encargada de gestión y prevención de Derechos Humanos de Gendarmería.
Para el director regional, coronel Dan Toro, «este tipo de instancias son fuertemente impulsadas al interior de nuestra institución porque refuerzan entre nuestros funcionarios el respeto por algo tan fundamental en nuestra labor, y que viene a profesionalizar aún más la difícil pero noble misión que tenemos en la sociedad, y que en el caso de Magallanes desarrollamos con estricto apego».
Las nuevas instalaciones policiales fueron financiadas con fondos municipales por un monto de alrededor de $95 millones.
Las nuevas instalaciones policiales fueron financiadas con fondos municipales por un monto de alrededor de $95 millones.