27 de junio de 2025
MESA DE TRATA DE PERSONAS SUMA DIVERSAS ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO
El año pasado se llevaron adelante operativos de fiscalización en los muelles Mardones, Asmar Magallanes, Tres Puentes y caleta de pescadores de Barranco Amarillo con la DIRECTEMAR de la Armada.
Más que un delito, la trata de personas constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, la que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Para visibilizar, prevenir y generar conciencia sobre este grave flagelo -conocido como la “esclavitud moderna”- funciona en Magallanes la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (MITP), instancia de carácter permanente que integran representantes de instituciones del Estado, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.
En consonancia con el actual Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas (2023-2026), Michelle Peutat Alvarado, Seremi de Justicia y DD.HH. (quien preside la Mesa MITP), destaca el mayor posicionamiento que alcanza su trabajo coordinado intersectorial, siendo un aspecto fundamental el de involucrar activamente a toda la ciudadanía. Al respecto, en diciembre de 2024 se capacitó a funcionarias y funcionarios públicos de las OIRS, en torno a mecanismos de prevención y atención a víctimas de la trata de personas.
El año pasado se llevaron adelante operativos de fiscalización en los muelles Mardones, Asmar Magallanes, Tres Puentes y caleta de pescadores de Barranco Amarillo con la DIRECTEMAR de la Armada. En mayo pasado se retomaron operativos en terreno a locales nocturnos por parte de la Dirección Regional del Trabajo, con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), para otorgar información, orientación y también fiscalizar el correcto cumplimiento de la Ley Laboral, Ley de Migración y Extranjería, además de la Ley de Alcoholes. El año pasado fueron fiscalizados 18 establecimientos nocturnos en la región.
Durante el presente año, la autoridad regional señala que esta mesa técnica -que sesiona en forma bimensual- se ha centrado en actualizar el contexto normativo internacional y nacional sobre el delito de trata de personas, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Ley 20.507. Esto, acompañado de un seguimiento de la evolución del Plan de Acción Nacional, con énfasis en la prevención, asistencia a víctimas, control y persecución del delito, “muchas veces invisibilizado, al tratarse de personas que son traídas a nuestro territorio para ser utilizadas con fines de explotación laboral o sexual, en condiciones similares a las de estar secuestradas”.
Para encarar mejor la complejidad del fenómeno, se desarrolla un trabajo en subcomisiones, que son tres: Subcomisión de Fiscalización Preventiva, que busca identificar y priorizar zonas y sectores económicos donde puedan existir condiciones de trata de personas; Subcomisión de Prevención, Capacitación y Difusión, vinculada a poder sensibilizar a la población acerca del delito; y Subcomisión de Asistencia a Víctimas, que realiza el análisis y seguimiento de casos e implementa el protocolo de atención a través del Centro de Atención de Víctimas.
Agrega que dentro de su Planificación 2025, esta mesa técnica -que sesiona en forma bimensual- trabaja con un énfasis en coordinación intersectorial, la generación de mecanismos de comunicación eficientes y el desarrollo de estrategias específicas de sensibilización.
En la región suman 17 casos de trata de personas con condenas efectivas en poco más de una década.
Un escenario marcado por la incertidumbre fue el que se instaló en el pleno del Consejo esta tarde, tras la exposición de TABSA sobre el sostenido incremento en el precio del diésel y sus consecuencias en la conectividad marítima.
Un escenario marcado por la incertidumbre fue el que se instaló en el pleno del Consejo esta tarde, tras la exposición de TABSA sobre el sostenido incremento en el precio del diésel y sus consecuencias en la conectividad marítima.
