Hace una semana, el Ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero Vega, presentó el “Plan de Trabajo Condiciones Carcelarias de Mujeres Privadas de Libertad” junto al Subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo Falcón. La medida se enfoca en mejorar integralmente la situación carcelaria de la población penal femenina y contempla medidas, compromisos y mecanismos con enfoque de género a corto, mediano y largo plazo, en materias de infraestructura y de reinserción social.

Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, destacó que una política de Gobierno priorice a una de las poblaciones más vulnerables que existen en Chile, como lo son las mujeres en conflicto con la justicia, cuyas historias de vida generalmente están marcadas por la violencia, discriminación y abusos a nivel familiar. Esto, sin olvidar que la mayoría de ellas son madres, lo cual les acarrea duras consecuencias al estar privadas de libertad, siendo clave para sus procesos de reinserción el poder optar a más y mejores oportunidades en capacitación, empleabilidad, educación, salud y recreación.

El anunciado Plan de Trabajo se basa en informes de visitas realizadas por Fiscales Judiciales y jueces de Garantías, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura. Además, toma en cuenta observaciones de organismos internacionales como UNICEF, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y organismos de la sociedad civil como Leasur y la Red de Acción Carcelaria, así como académicos y académicas. Como tal, consta de cinco ejes prioritarios que abarcan este Plan: condiciones de habitabilidad e infraestructura, atención de salud integral, prestaciones de reinserción social, procedimientos penitenciarios y medidas para grupos de especial consideración.

A nivel regional, desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos, se han enfocado los esfuerzos en brindar una mayor oferta en materia de reinserción, con pertinencia y perspectiva de género para las mujeres que se encuentran en las unidades penales. Y, más allá de ello, gran parte de este esfuerzo apunta a mejorar las condiciones de infraestructura de las mujeres privadas de libertad, aspecto esencial para lograr procesos exitosos en materia de reinserción, al tratarse por lo demás de una población penal con bajo compromiso delictual.

En ese sentido, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos señaló: “Es así como esperamos a fin de año terminar con una ampliación y remodelación de la sección femenina en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, con espacios en talleres disponibles para distintos tipos de actividades de reinserción, también educativas y, por supuesto, en materia de salud mental y deportiva para las internas”. Asimismo, se espera materializar también este año una mejora significativa del espacio que utilizan en el Centro de Detención Provisoria de Puerto Natales, iniciativa impulsada por Gendarmería de Chile.

La Seremi destacó el apoyo del intersector en la concreción de estos proyectos señalando: “En ambos casos, a través del compromiso interinstitucional de otros actores, entre ellos el Gobierno Regional, damos pasos importantes y significativos en materia de reducir la brecha de género al interior de las cárceles como un compromiso, no solamente de esta cartera sino que del Estado en su conjunto”.

En Chile existen poco más de 4 mil mujeres privadas de libertad, mientras que otras 8 mil trescientas cumplen penas sustitutivas o alternativas a la reclusión, y más de 2 mil se encuentran en un proceso post penitenciario. En total, suman alrededor de 14 mil cuatrocientas, lo que constituye más del 10 por ciento de la población penal en nuestro país.