29 de mayo de 2025
Una ley para readecuar los requisitos que se le imponen a los radares ubicados en rutas provinciales de Neuquén obtuvo despecho este miércoles en la Legislatura y aunque todavía faltan más pasos para su llegada al recinto, ya comenzaron las dudas sobre la situación con las multas aplicadas hasta ahora, porque entre otros efectos, la normativa suspenderá el funcionamiento de los equipos por 180 días. El proyecto, impulsado por la diputada Gisselle Stillger de Arriba Neuquén, obtuvo despacho unánime ayer en la comisión de Asuntos Municipales y Transporte. La semana que viene pasará por las de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, para otra revisión.
Centralmente, el texto propone condiciones para poder colocar los radares y determina qué se hará con el dinero de las multas, una de las principales fuentes de recaudación de los municipios que los tienen en sus ejidos. Al ser consultada por Diario RÍO NEGRO sobre la situación de las multas ya aplicadas por esos dispositivos, que de aprobarse la ley quedarán suspendidos por un semestre, la diputada Stillger aclaró que la ley no será retroactiva y que los procedimientos anteriores continuarán su avance normal contra los infractores. De esta manera, las multas solo se considerarán inválidas una vez aprobada y reglamentada la normativa, algo que se espera suceda próximamente.
Con el objetivo de regular la «colocación, operación y autorización» de los sistemas, el periodo de suspensión por 180 días servirá para «hacer borrón y cuenta nueva», obligando a los municipios interesados a presentarse ante la autoridad correspondiente para pedir autorización. Durante su vigencia,los radares quedarán fuera del funcionamientoy no podrán emitir ningún tipo.
Acerca del destino del dinero recaudado,
el proyecto establece que el 50% se destinará «programas educativos sobre seguridad vial». En Neuquén actualmente hay ocho radares en rutas provinciales pero solo tres habilitados:
El alcalde Radonich y el gobernador Santana instaron al MOP a priorizar la Ruta 7 para asegurar soberanía territorial y logística en el extremo sur de Chile.
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