PROTEGER A QUIENES NOS PROTEGEN: UN COMPROMISO CON LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Magallanes es una región donde el viento sopla fuerte, pero también lo hacen las convicciones. Nuestra historia da cuenta de ello: desde los levantamientos obreros hasta el Puntarenazo, esta tierra ha visto emerger voces decididas a defender la dignidad, los derechos sociales y el territorio. Hoy, muchas de esas voces —aunque cambiadas de generación y causa— siguen vivas en quienes defienden el medioambiente, la memoria, los derechos indígenas o la justicia social.

Son personas defensoras de derechos humanos. Y es nuestro deber como Estado, protegerlas.

En América Latina, la situación es crítica: según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, más de 1.300 defensores han sido asesinados entre 2015 y 2019, siendo nuestro continente el más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, y los defensores ambientales los más atacados. En muchos casos, estos ataques quedan impunes, y la soledad con la que enfrentan amenazas, hostigamientos o estigmatización es alarmante.

Frente a este panorama, el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en junio de 2024, marca un hito en nuestro país. Se trata de una política pública concreta que responde a los compromisos adquiridos por Chile al suscribir el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que reconoce expresamente la necesidad de proteger a quienes nos protegen. Este protocolo —que nace del trabajo conjunto con organizaciones sociales, organismos públicos y expertos— establece medidas claras de protección, canales de denuncia, rutas de atención diferenciada y criterios de activación preventiva ante eventuales riesgos. Todo comienza con el formulario de activación ciudadana que se puede descargar de la página de internet www.derechoshumanos.gob.cl/ y, posteriormente, debe remitirse al correo [email protected]

Como Ministerio y como Seremi, no entendemos la defensa de los derechos humanos como un ejercicio abstracto. Es una práctica concreta, arraigada en los territorios, que requiere de garantías, resguardo institucional y acompañamiento. Y desde Magallanes —una región donde se busca el equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad— esta herramienta cobra especial relevancia.

Proteger a quienes alzan la voz por el bien común no solo es un imperativo ético y legal: es también una condición indispensable para una democracia sana y robusta. Porque allí donde se acalla una voz crítica, donde se persigue a quien defiende un río, un bosque o una comunidad, no solo se vulneran derechos individuales: se daña el tejido cívico y se erosiona la confianza pública.