24 de mayo de 2025
Junto con reiterar su llamado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República a utilizar las herramientas legales que establece la ley para que se restituyan los recursos utilizados por 5.980 funcionarios públicos de la región que salieron del país estando con licencia médica, el diputado Christian Matheson, emplazó a los jefes de servicios de los distintos organismos del Estado para realizar las denuncias respectivas ante la propia Contraloría y el Ministerio Público “tal como lo establece la legislación vigente”.
El legislador recordó que las autoridades tienen “la obligación de adoptar medidas de acuerdo con la letra a) del Artículo 64 del Estatuto Administrativo, sino infringen su deber funcionario”, junto con recalcar que “la gravedad de la infracción es indiscutible, porque causa perjuicio al Estado y la ciudadanía”.
“En el caso de las licencias médicas, que a todas luces son fraudulentas, existe una clara infracción a la probidad, porque el funcionario a sabiendas, ya que no puede argumentar no saberlo, usa un derecho funcionario para su beneficio particular, en circunstancias que la probidad obliga a anteponer el interés general sobre el interés particular”, recalcó el parlamentario magallánico.
Por último, el diputado Matheson subrayó que también la Fiscalía tiene “la obligación de investigar las posibles licencias fraudulentas otorgadas por médicos, porque de no hacerlo serían cómplices de fraude al Fisco, lo que constituye un acto delictivo”.
Se trata de 32 personas en la Municipalidad y 250 en la Corporación Municipal de Punta Arenas
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