​Ochocientos estudiantes estarían a la fecha sin matrícula en Chile. No tres mil, como se denunció inicialmente en un número que la autoridad declarado desconocer. El gobierno ha explicado que se trata de un problema que tiene sus causas en fenómenos migratorios y falta de establecimientos, y que si bien el Estado no es responsable de crear oferta educativa, se está ocupando del tema.
Dentro de las explicaciones, salta un dato elocuente y que se vincula a una ausencia mucho más masiva, pero que no parece importarle a nadie: los 227 mil niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar y que, post pandemia, han ido aumentando a razón de 50 mil cada año.
Es un enorme contingente de excluidos que tienen vulnerado el derecho esencial a la educación, y que no cuenta con la escuela como factor protector, encontrándose a merced de la tentadora oferta del narco y la delincuencia.
Hace poco, una dirigente vecinal de Bajos de Mena comentaba el caso de una niña de 9 años que quería que la llamaran “Paty Fácil”, emulando a una influencer que la inspiraba. Encontraba que así no tendría para qué ir al colegio. No es la única. Hoy muchas niñas sueñan con conquistar al “mariscal de campo”, al más choro de los choros del barrio, y para eso hacen esfuerzos estéticos inauditos. Eso, mientras ellos se suman al que les ofrece plata fácil y alto riesgo como rápido camino al éxito.
El dato dramático en relación a los 800 que quieren estudiar y cuentan con el apoyo de sus familias para lograrlo, es que la mayor parte de los que están sin matrícula, se ubican entre octavo básico y primero medio. Es decir, en el momento de quiebre de la continuidad escuela-liceo, que es una de las causas de abandono escolar más común. Otras son las necesidades económicas, la maternidad-paternidad adolescente, los cada vez más presentes problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar, el consumo y comercio de drogas y alcohol, y el capital cultural y nivel socioeconómico de las familias.
La exclusión escolar involucra al 6,5% de la matrícula total de estudiantes en todo Chile, que son cerca de tres y medio millones de niños, niñas y jóvenes. Frente a eso, los 800 representan el 0,02% del total, pero tienen un respaldo, el apoyo de sus padres y apoderados, quienes siguen creyendo en el efecto protector de la escuela y en la educación como herramienta de promoción social. Por eso exigen los cupos que requieren.
Así, mientras los 800 afligen al Ejecutivo y estimulan desgastadoras amenazas de acusaciones constitucionales contra la autoridad ministerial, los 227 mil siguen ahí, incrementándose sin que a nadie le preocupe el tema.
En 2020, el Consejo Nacional de Educación aprobó la creación de la modalidad de reingreso, para ofrecer a esos excluidos desencantados con el sistema una alternativa ad hoc a su realidad: menos rígida, más comprensiva de su situación social y económica, orientada a reparar experiencias educativas traumáticas. Al año siguiente, 2021, el Ministerio de Educación ingresó el proyecto de ley que crea la modalidad de reingreso y tras su discusión fue aprobado por la Cámara de Diputados. En el Senado el proyecto se estancó y pasó a engrosar el listado de proyectos de ley no prioritarios mientras los jóvenes siguen esperando.
Este 24 de abril, a las 11 de la mañana, en el programa vía streaming que hacemos en la señal de Youtube del Hogar de Cristo, una profesora de Bajos de Mena nos contará cómo intenta generar un espacio de protección en un departamento tomado de la población Marta Brunet, para treinta niños y niñas de entre 5 y 15 años, que después del colegio están solos e indefensos. Una iniciativa individual admirable que se sostiene en la conciencia de una profe que cree que salvar a un niño y devolverle su derecho a la educación es salvar el mundo.