8 de julio de 2017
Leer la normativa para establecimientos de educación parvularia publicada el 19 de mayo del 2017 y firmada por el superintendente de educación, genera, por decir lo menos, una gran sorpresa. Independiente de los aspectos administrativos que se pueden evaluar, llama la atención esta intención fiscalizadora de la Superintendencia de Educación (SIE) y su rol de garante de derechos educacionales desde la primera infancia.
Convengamos que el derecho a la educación no es sólo el derecho a asistir a un establecimiento educacional, sino que debe garantizar además la calidad de dicho espacio educativo. Lamentablemente, la SIE acoge un enfoque de derechos que consiste en un sistema de resguardo del cumplimiento de la normativa educacional y puesto que esta normativa carece de exigencias que garanticen la educación de calidad, es posible pensar que no se está resguardando el derecho a la educación de toda niña y niño chilenos.
En efecto, aun reconociendo algunos elementos que pueden ser considerados como adecuados (alimentación, normas sanitarias, entre otros), hay aspectos que son cruciales en la calidad de la educación y que no están siendo exigidos con la debida cautela y rigor.
Uno de ellos es el coeficiente técnico: es sabido que la cantidad de niños /as por educador determina en gran medida la calidad de la educación que ellos/as reciben. Es humanamente imposible atender con la debida rigurosidad afectiva y cognitiva a más de 15 o 20 niños /as.
Con aglomeración de personas, se facilita la violencia. Atender la diversidad, reconocer capacidades y saberes previos se dificulta, ya que el número de estudiantes es excesivo y en consecuencia, el tiempo dedicado a la real enseñanza de cada sub grupo se deteriora.
No es casual que Finlandia y Cuba, a quienes podríamos emular en algunos aspectos, son dos de los países con mejores resultados educativos y no sólo en aspectos medibles, sin no en ámbitos cualitativos como convivencia y otros. Se considera, como elementos centrales de la calidad y equidad en educación, la atención individualizada a la diversidad en el aula, cautelando realmente el aprendizaje de todos y todas. Ello les ha llevado, junto con profesionalizar a los /as educadores (deben estar en posesión de maestría), a disminuir la cantidad de niñas y niños por docente.
Pese a toda la evidencia, que por lo demás podría sustentarse en autores de larga data, la normativa establece la cifra de 42 niños en sala cuna por educadora y una técnico cada 7 niños. 32 en nivel medio menor. Por otra parte, no se presentan exigencias de calidad de los docentes y quienes dirigen los establecimientos no son educadores especialistas. En este momento, la sorpresa se transforma en rabia y tristeza. El enfoque de derechos de la SIE parece no estar claro.
El Proyecto contempla una vida útil de 25 años y generará un importante impacto en el empleo: se estima un máximo de 10.000 trabajadores durante la fase de construcción y alrededor de 1.000 durante la operación.
El Proyecto contempla una vida útil de 25 años y generará un importante impacto en el empleo: se estima un máximo de 10.000 trabajadores durante la fase de construcción y alrededor de 1.000 durante la operación.