25 de junio de 2007
FAMILIA PRATS PIDE ENTREVISTA CON GENERAL IZURIETA POR DOCUMENTOS SECRETOS DEL EJÉRCITO
A fin de corroborar la eventual existencia de otros documentos sobre el atentado dinamitero que costo la vida a sus padres, María Angélica Prats, solicitó una audiencia al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, luego de la reapertura […]
A fin de corroborar la eventual existencia de otros documentos sobre el atentado dinamitero que costo la vida a sus padres, María Angélica Prats, solicitó una audiencia al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, luego de la reapertura de la investigación que sustancia el ministro en visita Alejandro Solís.
La reunión fue requerida tras conocerse de los documentos reservados sobre los seguimientos que hizo la institución al malogrado general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en los días previos a sus homicidios, en 30 de septiembre de 1974.
La descendiente del otrora jefe castrense dijo confiar en que Izurieta Ferrer pueda recibirla una vez que regrese al país, aduciendo que «es triste que los militares chilenos, recibiendo ese tipo de orden, no hayan tenido la posibilidad de tener su propia postura frente al tema».
En tanto, el abogado Cristián Heerwagen, representante del noveno procesado en la causa, coronel (r) Juan Morales, sostuvo que su defendido se encuentra afectado por la resolución del juez Solís, debido a que sólo cumplió órdenes superiores al realizar los seguimientos.
El jurista dijo que «a esas alturas no existía ningún vínculo ni él podía pensar de que iban a matar al general Prats».
Actualmente, el imputado se encuentra preso en el Regimiento de Policía Militar por su implicancia en el caso Calle Conferencia, plan desplegado por el organismo para neutralizar a la cúpula clandestina del Partido Comunista (PC).
Solís determinó que el jubilado oficial tuvo responsabilidad directa en el asesinato del otrora jefe castrense y su cónyuge, en hechos acontecidos el 30 de septiembre de 1974, en la ciudad de Buenos Aires.
En su dictamen, el juez estimó que existen «presunciones fundadas para estimar que Morales Salgado ha tenido participación, en calidad de autor, como miembro, en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni (….)».
Asimismo rechazó concederle la libertad provisional al procesado por considerar que constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, «de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, atendida la naturaleza de los delitos que se le atribuyen, así como la gravedad de la pena asignada a los ilícitos referidos».
Solís fundamentó la encargatoria de reo en que pudo determinarse la vigilancia previa y amenazas efectuadas al general Prats por parte de miembros de la policía secreta del régimen militar.
Los abogados Hernán Quezada y Pamela Pereira destacaron la resolución puesto que permitió conocer que el Ejército sabía del oficio mediante el cual las autoridades del régimen de facto ordenaron el seguimiento, en Buenos Aires, del ex comandante en jefe de la institución.
Ambos juristas subrayaron que las ramas castrenses deben dar explicaciones al país de porqué mantuvieron oculto, hasta el año 2004, el documento en el cual se instruye a los agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), vigilar los pasos de Prats y su esposa en la capital argentina.
Carta al director.
Carta al director.
